DECRETO LEY 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contrataci髇 p鷅lica

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• Pre醡bulo
• Art韈ulo 1燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
• Art韈ulo 2燙ontratos de gesti髇 de servicios p鷅licos y de concesi髇 de obra p鷅lica
• Art韈ulo 3燙醠culo del valor estimado de las concesiones
• Art韈ulo 4燚ocumentaci髇 acreditativa del cumplimiento de requisitos de capacidad y solvencia
• Art韈ulo 5燚ivisi髇 del contrato en lotes
• Art韈ulo 6燰aloraci髇 de las proposiciones
• Art韈ulo 7燩rocedimiento negociado
• Art韈ulo 8燤edidas de gesti髇 eficiente en la tramitaci髇
• Art韈ulo 9燙ausas de modificaci髇 de los contratos
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
  • Quinta
  • Sexta
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera
  • Segunda
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1.1 El objeto de este Decreto ley es establecer medidas en relaci髇 con la aplicaci髇 de determinadas disposiciones de la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicaci髇 de contratos de concesi髇, y la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contrataci髇 p鷅lica y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE.

1.2 El 醡bito de aplicaci髇 de este Decreto ley abarca los contratos del sector p鷅lico sujetos y no sujetos a regulaci髇 armonizada que tramiten los poderes adjudicadores de la Generalidad de Catalu馻 y su sector p鷅lico y los entes locales de Catalu馻 y su sector p鷅lico.

Art韈ulo 2 Contratos de gesti髇 de servicios p鷅licos y de concesi髇 de obra p鷅lica

2.1 Los contratos de concesi髇 de obra p鷅lica y de gesti髇 de servicios p鷅licos en la modalidad de concesi髇 se definen por la transferencia a la empresa concesionaria del riesgo operacional en la explotaci髇 de las obras o de los servicios. Se entiende que se ha transferido el riesgo operacional cuando no se garantice a la empresa concesionaria, en condiciones normales de funcionamiento, la recuperaci髇 de las inversiones o los gastos que haya efectuado en el marco de la concesi髇.

2.2 El plazo de duraci髇 de las concesiones no podr� ser superior a cinco a駉s. No obstante, los pliegos o los documentos que rigen las contrataciones previas a la adjudicaci髇 pueden establecer un plazo superior que no exceda del razonablemente necesario para que la empresa concesionaria recupere las inversiones, extremo que se tiene que justificar mediante un informe econ髆ico que debe constar en el expediente.

Art韈ulo 3 C醠culo del valor estimado de las concesiones

3.1. En los contratos de gesti髇 de servicios p鷅licos en la modalidad de concesi髇 y de concesi髇 de obra p鷅lica, el valor estimado del contrato se calcula en base al volumen de negocio estimado de la futura empresa concesionaria, como consecuencia de la adjudicaci髇 de la concesi髇, excluyendo el IVA y cualquier otro tributo que fuera de aplicaci髇.

3.2 El m閠odo de c醠culo para determinar el valor estimado de la concesi髇 se debe incluir en el pliego de cl醬sulas administrativas particulares o documentos que rigen las contrataciones, y tiene que tener en cuenta, como m韓imo:

• - El valor de las posibles modificaciones y las pr髍rogas.
• - Las rentas procedentes del abono de las tarifas por parte de los usuarios, cuando no sean tarifas, tasas o precios p鷅licos recaudados a cuenta y a ingresar al 髍gano contratante.
• - Los pagos, subvenciones o ventajas financieras que se abonen a la empresa concesionaria por parte del 髍gano de contrataci髇 o de terceros, derivados de la concesi髇.
• - Las rentas derivadas de la venta o arrendamiento de cualquier bien o activo que forme parte de la concesi髇.
• - El valor de todos los bienes, suministros y servicios que el 髍gano de contrataci髇 ponga a disposici髇 de la empresa concesionaria, siempre que sean necesarios para la prestaci髇 del servicio o la ejecuci髇 de las obras.
• - Las primas o pagos a los candidatos o empresas licitadoras.

Art韈ulo 4 Documentaci髇 acreditativa del cumplimiento de requisitos de capacidad y solvencia

...

Art韈ulo 5 Divisi髇 del contrato en lotes

5.1 En los contratos en que no hay divisi髇 por lotes, se tendr� que incluir en el expediente un informe que justifique los motivos, y hacerlo constar en el pliego de cl醬sulas administrativas particulares o documentos que rigen las contrataciones.

5.2 En los pliegos o documentos que rigen las contrataciones se podr� establecer un n鷐ero m醲imo de lotes a los que una misma empresa puede licitar, o limitar el n鷐ero de lotes que se pueden adjudicar a un 鷑ico licitador. En este 鷏timo caso, es necesario que se establezcan los criterios para determinar cu醠es o cu醤tos lotes se pueden adjudicar a una misma empresa licitadora en caso de que presente la oferta m醩 ventajosa.

Art韈ulo 6 Valoraci髇 de las proposiciones

6.1 La oferta econ髆icamente m醩 ventajosa se tendr� que determinar sobre la base del precio o coste teniendo en cuenta la relaci髇 coste-eficacia de acuerdo con la totalidad de la proposici髇, mediante, si procede, el c醠culo del coste del ciclo de vida. La valoraci髇 podr� tener en cuenta la relaci髇 calidad-precio.

6.2 Para la valoraci髇 del ciclo de vida hay que valorar todas las fases necesarias para la ejecuci髇 del contrato, tales como:

• a) Los trabajos o estudios de investigaci髇 y desarrollo.
• b) La fase de producci髇 del bien o servicio.
• c) La comercializaci髇 y el transporte.
• d) El uso del bien o servicio, incluido el consumo de energ韆, y los requerimientos de mantenimiento, durante toda la vida 鷗il, desde la compra de materias primas hasta los costes de eliminaci髇 y desmantelamiento.
• e) Los gastos de adquisici髇.
• f) Los costes ambientales y energ閠icos.

6.3 El 髍gano de contrataci髇 podr� establecer un sistema de valoraci髇 de las proposiciones por el cual se establezca un precio fijo respecto del cual las empresas licitadoras no puedan presentar una baja econ髆ica, y compitan s髄o en funci髇 de criterios de calidad. En la valoraci髇 de estos criterios de calidad se tendr� que dar preponderancia a los valorables mediante f髍mulas, en los t閞minos que establece la normativa aplicable a los contratos del sector p鷅lico.

Art韈ulo 7 Procedimiento negociado

Los contratos del sector p鷅lico se podr醤 adjudicar por procedimiento negociado, con independencia de la cuant韆, s髄o cuando se d� alguno de los supuestos de los siguientes art韈ulos del Texto refundido de la Ley de contratos del sector p鷅lico:

• - Art韈ulo 170.a); art韈ulo 170.c); art韈ulo 170.d); art韈ulo 170.e); art韈ulo 171.c); art韈ulo 172.a); art韈ulo 172.c); art韈ulo 173.b); art韈ulo 173.c); art韈ulo 173.d); art韈ulo 173.e); art韈ulo 174.a); art韈ulo 174.c); y art韈ulo 174.d).

Art韈ulo 8 Medidas de gesti髇 eficiente en la tramitaci髇

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Art韈ulo 9 Causas de modificaci髇 de los contratos

9.1 Los contratos se podr醤 modificar cuando sea necesario realizar prestaciones adicionales que 鷑icamente pueda llevar a cabo el contratista por razones econ髆icas o t閏nicas o porque una nueva adjudicaci髇 pueda generar inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la Administraci髇. En cualquier caso, el l韒ite m醲imo global de una modificaci髇 por esta causa ser� del 50% del valor inicial del contrato.

9.2 La sucesi髇 en la persona del contratista por fusi髇, absorci髇, escisi髇, aportaci髇 o transmisi髇 de empresa o rama de actividad, as� como la revisi髇 de precios y la cesi髇 del contrato en caso que, en estos 鷏timos supuestos, se admitan en los pliegos, se deber醤 tramitar como modificaci髇 de contrato.

9.3 En cualquier caso, las modificaciones del contrato se deben ajustar a lo que establecen las directivas comunitarias.

Primera

La Generalidad de Catalu馻, los entes locales y el sector p鷅lico, en los sistemas de transmisi髇 y recepci髇 electr髇ica de ofertas y recepci髇 electr髇ica de solicitudes de participaci髇, tienen que garantizar lo que establece el anexo IV y el cumplimiento de las normas del art韈ulo 22.6 de la Directiva 2014/24/UE. Cuando se requiera, ser� suficiente el uso de la firma electr髇ica avanzada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma electr髇ica en los t閞minos previstos en el Reglamento n鷐ero 910/2014/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificaci髇 electr髇ica y los servicios de confianza para las transacciones electr髇icas en el mercado interior y por los cuales se deroga la Directiva 1999/93/CE.

Segunda

Aquellos contratos que pudieran ser calificados como contratos de concesi髇 de obra p鷅lica o de gesti髇 de servicios p鷅licos en la modalidad de concesi髇, que se liciten a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley, y donde no haya transferencia del riesgo operacional en los t閞minos definidos en la Directiva 2014/23/UE, relativa a los contratos de concesi髇, se deben calificar como contratos de obra o contratos de servicios, respectivamente.

En caso de que el contenido de las prestaciones no pueda ser incluido en ninguna de estas dos calificaciones, ni tampoco en ninguna de las otras previstas en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico, se podr醤 calificar como contratos administrativos especiales en los t閞minos que establece la legislaci髇 vigente.

La calificaci髇 como contrato de obras o de servicios no impide la posibilidad de aplicar determinadas disposiciones de los contratos de gesti髇 de servicios p鷅licos, siempre que no afecten a la naturaleza del contrato ni a sus elementos esenciales.

Tercera

De acuerdo con lo que establece la consideraci髇 s閜tima de la Directiva 2014/24/UE y la consideraci髇 sexta de la Directiva 2014/23/UE, en relaci髇 con el art韈ulo 14 del Tratado Fundacional de la Uni髇 Europea y el Protocolo n鷐ero 26 sobre los servicios de inter閟 general, los servicios sociales regulados en la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, se podr醤 gestionar mediante f髍mulas no contractuales, tal como se define a continuaci髇:

• 1. Concierto social: la prestaci髇 de servicios sociales de la red de servicios sociales de atenci髇 p鷅lica a trav閟 de terceros titulares de los servicios y establecimientos en los que se presten servicios con financiaci髇, acceso y control p鷅licos.

  En el establecimiento de los conciertos sociales para la provisi髇 de servicios sociales se tienen que atender los principios de atenci髇 personalizada e integral, arraigo de la persona al entorno de atenci髇 social, elecci髇 de la persona y continuidad en la atenci髇 y la calidad. Por eso, se podr醤 establecer como requisitos, cl醬sulas, medidas de preferencia o medidas de discriminaci髇 positiva, criterios sociales, de calidad, de experiencia y trayectoria acreditada, y otros que se determinen reglamentariamente.

• 2. Gesti髇 delegada: la prestaci髇 de servicios sociales de la red de servicios sociales de atenci髇 p鷅lica en establecimientos de titularidad de la Administraci髇 p鷅lica, a trav閟 de terceros, en los t閞minos y en las condiciones que le encomiende la Administraci髇 p鷅lica titular del establecimiento o servicio.
• 3. Podr醤 ser objeto de concierto social:
  • a) La reserva y el empleo de plazas, en centros de iniciativa privada, para uso exclusivo de las personas usuarias de servicios sociales de responsabilidad p鷅lica, el acceso a los cuales sea autorizado por las administraciones p鷅licas mediante la aplicaci髇 de los criterios previstos en la normativa vigente.
  • b) La gesti髇 integral de prestaciones t閏nicas, tecnol骻icas o de servicios en centros de iniciativa privada.
• 4. Podr醤 ser objeto de gesti髇 delegada la gesti髇 integral de plazas en establecimientos de titularidad p鷅lica o de servicios de titularidad p鷅lica.
• 5. El concierto social y la gesti髇 delegada se fundamentan en un sistema de convocatoria y solicitud, y obligan al titular de la entidad privada proveedora a prestar el servicio en las condiciones estipuladas en la legislaci髇 aplicable y en el pliego t閏nico que forma parte del concierto o de la gesti髇 delegada.
• 6. Para poder suscribir conciertos y gestiones delegadas, las entidades tendr醤 que contar con la oportuna acreditaci髇 administrativa de sus centros y servicios y figurar inscritas en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de servicios sociales, as� como cumplir los otros requisitos espec韋icos que se determinen reglamentariamente.
• 7. Las entidades tendr醤 que acreditar, en todo caso, la disposici髇 de medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada servicio, as� como el cumplimiento de la normativa que con car醕ter general o espec韋ico les sea aplicable, tanto por la naturaleza jur韉ica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concierto social o gesti髇 delegada.

  Las entidades proveedoras no podr醤 exigir ninguna contraprestaci髇 econ髆ica, fuera del marco legal aplicable, a las personas usuarias por las prestaciones b醩icas propias de los servicios de la red de servicios sociales de atenci髇 p鷅lica.

• 8. Aquellas entidades con las cuales se suscriban conciertos sociales de plazas tendr醤 que acreditar la titularidad del centro o su disponibilidad por cualquier t韙ulo jur韉ico v醠ido por un periodo no inferior al de vigencia del concierto.
• 9. Para el establecimiento de conciertos sociales, se dar� prioridad, cuando existan an醠ogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, a las entidades sin 醤imo de lucro.
• 10. Los conciertos sociales y las gestiones delegadas podr醤 establecerse sobre una base plurianual con la finalidad de garantizar la estabilidad en su provisi髇, sin perjuicio de que se puedan determinar aspectos concretos que tengan que ser objeto de revisi髇 y, si procede, de modificaci髇 antes de concluir su vigencia.
• 11. La vigencia m醲ima de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas, as� como las condiciones de renovaci髇 o pr髍roga, se establecer醤 reglamentariamente.
• 12. Una vez concluida la vigencia del concierto social o la gesti髇 delegada, independientemente de su causa, las administraciones p鷅licas garantizar醤 que los derechos de las personas usuarias de las prestaciones concertadas no se vean perjudicados por su finalizaci髇.
• 13. La formalizaci髇 de los conciertos y de las gestiones delegadas se efectuar� mediante un documento administrativo con la forma y el contenido que se determinen reglamentariamente.
• 14. Se podr� suscribir un 鷑ico concierto para la reserva y el empleo de plazas en diversos centros o para la gesti髇 integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular. Esta suscripci髇 se efectuar� en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
• 15. Las entidades prestamistas de servicios sociales pueden gestionar servicios sociales de titularidad p鷅lica mediante el establecimiento con la administraci髇 competente de los conciertos sociales y de las gestiones delegadas previstas en este Decreto ley. En este caso, pasan a formar parte de la red de servicios sociales de atenci髇 p鷅lica.
• 16. El Gobierno de la Generalidad de Catalu馻 desarrollar� reglamentariamente el sistema de tramitaci髇 de solicitudes, la vigencia o la duraci髇 m醲ima, las causas de extinci髇, las obligaciones de las entidades que presten el servicio y de las administraciones p鷅licas que hayan otorgado el concierto social o la gesti髇 delegada, la sumisi髇 al derecho administrativo, el n鷐ero de plazas concertadas o de gesti髇 delegada y otras condiciones a las cuales se tendr醤 que someter los conciertos sociales y las gestiones delegadas, que deber醤 respetar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminaci髇.

V閍se D 69/2020, 14 julio, de acreditaci髇, concierto social y gesti髇 delegada en la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica (獶.O.G.C.� 16 julio).LE0000670917_20210430

Cuarta

A los conciertos que se puedan suscribir en el marco de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenaci髇 del sistema de empleo y del Servicio P鷅lico de Empleo de Catalu馻, para la prestaci髇 de servicios ocupacionales, en tanto que el derecho al empleo de las personas se considera tambi閚 un derecho esencial, les ser� de aplicaci髇 aquello previsto en la disposici髇 adicional tercera de este Decreto ley, salvo aquellas cuestiones que por su contenido afecten estrictamente al 醡bito propio de los servicios sociales, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos, por parte de las entidades, de la normativa correspondiente para cada una de las actuaciones que puedan ser concertadas en el 醡bito ocupacional, y de lo que se establezca en el despliegue reglamentario.

V閍se la Res. de 14 de marzo de 2017, de la Secretar韆 de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con el D.-ley de la Generalitat de Catalu馻 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contrataci髇 p鷅lica (獴.O.E.� 27 marzo).LE0000594030_20170328

Quinta

La interpretaci髇 y aplicaci髇 de la normativa vigente de contrataci髇 p鷅lica se tiene que hacer, en todo caso, de conformidad con lo que establecen las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y el resto de normativa comunitaria de aplicaci髇.

Sexta

Los poderes adjudicadores que no sean administraci髇 p鷅lica tendr醤 que adaptar sus instrucciones internas a lo que dispone este Decreto ley en un plazo m醲imo de tres meses.

Primera

Hasta que no se regulen los procedimientos de licitaci髇 para los contratos de concesi髇 de obra p鷅lica y de gesti髇 de servicios p鷅licos en la modalidad de concesi髇, as� como los de los contratos relativos a servicios sociales y otros servicios espec韋icos del art韈ulo 74 de la Directiva 2014/24/UE, ser� de aplicaci髇 a estos contratos y concesiones lo que establece el Texto refundido de la Ley de contratos del sector p鷅lico con las especialidades reguladas en este Decreto ley.

Segunda

Vistos los principios de atenci髇 personalizada e integral, arraigo de la persona al entorno de atenci髇 social, elecci髇 de la persona y continuidad en la atenci髇 y la calidad, los conciertos sociales establecer醤 f髍mulas que garanticen la continuidad en la prestaci髇 de estos servicios por parte de las entidades que les ven韆n prestando a las personas usuarias. Mientras no se apruebe la normativa de desarrollo, con el fin de garantizar la continuidad de los actuales contratos, convenios y autorizaciones para la gesti髇 de los servicios sociales, los 髍ganos competentes podr醤 utilizar f髍mulas como la pr髍roga, la ampliaci髇 de plazos o cualquier otra f髍mula que permita la legislaci髇 vigente, siempre que se justifique en el expediente.

Disposici髇 final

Este Decreto ley entrar� en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.