DECRETO LEY 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

�1. El planeamiento urban韘tico, en coherencia con las determinaciones de la planificaci髇 y la programaci髇 en materia de vivienda, tiene que calificar en el medio urbano suelo adecuado y suficiente para el uso de vivienda destinado al domicilio habitual de la poblaci髇 residente.�

• 玠) Vivienda vac韆: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de m醩 de dos a駉s. A este efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situaci髇 de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de p閞dida de poblaci髇 y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resoluci髇. La ocupaci髇 sin t韙ulo leg韙imo no impide que se pueda considerar vac韆 una vivienda.�

• 玝) Permanezcan desocupadas de manera permanente e injustificada por un plazo de m醩 de dos a駉s. Ni la ocupaci髇 de estas viviendas sin t韙ulo habilitante ni la transmisi髇 de su titularidad alteran la situaci髇 de incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad.�

• 玠) No se destine a residencia habitual y permanente de personas, si es una vivienda con protecci髇 oficial o una vivienda reservada por el planeamiento urban韘tico a este tipo de residencia.�

�2 bis. Los supuestos de las letras b y d del apartado 2 suponen un incumplimiento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenaci髇 territorial y urban韘tica.�

玈in embargo, las administraciones competentes pueden declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad de las viviendas cuando, requeridos los propietarios para que adopten las medidas necesarias para cumplir con la funci髇 mencionada, estos incumplan el requerimiento en el plazo que se establezca. La declaraci髇 del incumplimiento de la funci髇 social puede comportar la adopci髇 de las medidas de ejecuci髇 forzosa que la legislaci髇 en materia de vivienda establece y, en los supuestos del apartado 2 bis, las establecidas en la legislaci髇 en materia de suelo, incluida la expropiaci髇 forzosa en los casos establecidos legalmente.�

�2. Adem醩 de las competencias de promoci髇 y gesti髇 que les reconoce la legislaci髇 de r間imen local y las competencias de control, inspecci髇, ejecuci髇 forzosa, sanci髇 y otros que les reconoce esta ley, los entes locales pueden concertar pol韙icas propias de vivienda con la Administraci髇 de la Generalidad, en el marco de los instrumentos locales y supralocales de planificaci髇 que establecen esta ley y la legislaci髇 urban韘tica, y pueden pedir la creaci髇 de consorcios u oficinas locales de vivienda para la gesti髇 conjunta de funciones y servicios vinculados a la vivienda.�

• 玜) La desocupaci髇 permanente e injustificada a que hace referencia el art韈ulo 5.2.b. Se asimila a esta utilizaci髇 an髆ala la de los edificios inacabados con destinaci髇 final a vivienda, con m醩 del ochenta por ciento de las obras de construcci髇 ejecutadas, despu閟 de que hayan transcurrido m醩 de dos a駉s desde la conclusi髇 del plazo m醲imo para acabarlos.�

�3. El departamento competente en materia de vivienda y los municipios son competentes para:

• a) Instruir los procedimientos para comprobar si una vivienda o un edificio de viviendas se utilizan de una manera an髆ala o est醤 en una situaci髇 an髆ala y, con la audiencia previa de las personas interesadas, declarar la utilizaci髇 o situaci髇 an髆ala y requerir a la persona responsable para que adopte las medidas necesarias para corregir esta utilizaci髇 o situaci髇 en el plazo que se establezca. En el requerimiento se tiene que advertir a la persona responsable de las posibles medidas a adoptar frente al incumplimiento, entre ellas, la imposici髇 de las multas coercitivas previstas en esta ley.
• b) Ordenar la ejecuci髇 forzosa de las medidas necesarias para corregir la utilizaci髇 o situaci髇 an髆ala y determinar el medio de ejecuci髇.
• c) Sancionar a la persona responsable cuando la utilizaci髇 o la situaci髇 an髆alas sean constitutivas de una infracci髇 en materia de vivienda de acuerdo con esta Ley.

Los procedimientos mencionados caducan, una vez transcurrido el plazo m醲imo de seis meses para dictar la resoluci髇, si esta no ha sido dictada y notificada. Este plazo queda interrumpido en los supuestos a que se refiere la legislaci髇 de procedimiento administrativo com鷑, y por todo el tiempo que haga falta para hacer las notificaciones mediante edictos, si procede.

A menos que un municipio manifieste su voluntad de ejercer, con car醕ter general y preferente, las competencias mencionadas, el ejercicio de la competencia por parte de las administraciones mencionadas se concreta y coordina de manera concertada.�

�1. La Generalidad, en coordinaci髇, si procede, con las administraciones locales, tienen que impulsar pol韙icas de fomento para potenciar la incorporaci髇 al mercado, preferentemente de alquiler, de las viviendas vac韆s o permanentemente desocupadas. Con esta finalidad, deben velar para evitar situaciones de desocupaci髇 permanente de viviendas y aprobar los programas de inspecci髇 correspondientes.�

�6. Sin embargo, en el caso de viviendas titularidad de personas jur韉icas privadas, cuando la Administraci髇 requiera a la persona responsable que adopte las medidas necesarias para ocupar legal y efectivamente una o varias viviendas con el fin de que constituyan la residencia de personas, tiene que advertirle en la misma resoluci髇 que, si la vivienda no se ocupa legal y efectivamente en el plazo que establezca, se podr� exigir la ejecuci髇 forzosa de las medidas requeridas mediante la imposici髇 de una multa coercitiva de mil euros por cada vivienda por lapsos de tiempo de un mes mientras permanezcan desocupadas, con un importe m醲imo total del 50 por ciento del precio estimado de la vivienda. En la situaci髇 asimilada relativa a los edificios de viviendas inacabadas, el requerimiento mencionado debe incluir las medidas necesarias para acabar previamente las obras de edificaci髇.

7. En los supuestos establecidos legalmente, la advertencia a que hace referencia el apartado 6 tiene que incluir la posibilidad de declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad a efectos de iniciar el procedimiento para su expropiaci髇 forzosa.

8. En el caso de transmisi髇 de la vivienda, el nuevo propietario se subroga en la posici髇 del anterior a efectos de asumir las consecuencias del incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad, con independencia de cu醤do se inici� la desocupaci髇.�

�1. La Administraci髇 que requiera a la persona obligada para que lleve a cabo o deje de hacer una acci髇 de acuerdo con esta Ley, en caso de incumplimiento del requerimiento en el plazo que se establezca, puede imponer multas coercitivas para su ejecuci髇 forzosa, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo que haya ordenado. La multa coercitiva es independiente y compatible con la sanci髇 que corresponda por la infracci髇 administrativa en materia de vivienda que se haya podido cometer.

2. El importe m醲imo total de las multas coercitivas relacionadas con la ejecuci髇 forzosa de obras no puede superar el 50 por ciento del coste estimado para ejecutarlas. En otros supuestos, el importe mencionado no puede superar el 50 por ciento de la multa sancionadora establecida para el tipo de infracci髇 cometida, sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el art韈ulo 42.6.�

• 玥) Incumplir un requerimiento para que se ocupe legal y efectivamente una vivienda con el fin de que constituya la residencia de personas.�

�1. La transmisi髇 de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria que hayan sido adquiridos despu閟 de la entrada en vigor de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, est� sujeta al derecho de tanteo y retracto de la Administraci髇 de la Generalidad. Este derecho de adquisici髇 preferente afecta a la primera y posteriores transmisiones de las viviendas durante la vigencia de este Decreto ley.�

• 玤) El plazo para formalizar la adquisici髇 de las viviendas es de tres meses a contar desde la notificaci髇 al titular transmisor de la resoluci髇 de ejercicio del derecho de tanteo o del retracto.�

獿as medidas de intervenci髇 previstas en los art韈ulos 2 y 4 se establecen con car醕ter temporal y se limita su ejercicio a los 12 a駉s siguientes a la entrada en vigor de este Decreto ley.�

• 玧) Alojamiento dotacional: el alojamiento que, de acuerdo con la legislaci髇 urban韘tica, se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitaci髇 de las personas, en r間imen de uso compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento con otros usuarios, o en r間imen de uso privativo de una vivienda completa, por raz髇 de dificultades de emancipaci髇, de requerimientos de acogimiento o asistencia sanitaria o social, de trabajo o estudio, o de afectaci髇 por una actuaci髇 urban韘tica. En este sentido, requieren asistencia residencial, entre otros, las personas j髒enes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres v韈timas de la violencia de g閚ero, los inmigrantes, las personas separadas o divorciadas que hayan perdido el derecho al uso de la vivienda compartida, las personas pendientes de realojamiento por operaciones p鷅licas de sustituci髇 de viviendas o por actuaciones de ejecuci髇 del planeamiento urban韘tico o las personas sin hogar. La superficie de estos alojamientos es determinada por las necesidades que se tienen que satisfacer. Pueden ser considerados alojamientos dotacionales los destinados a estancias de corta duraci髇 de personas con necesidad de acompa馻miento para asegurar la inserci髇 social, con tipolog韆s y dise駉s que permitan el uso compartido por personas sin lazos familiares.�

• 玣) se incumpla la obligaci髇 de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial en los t閞minos que establece la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.�

1. Los municipios que est醤 obligados, seg鷑 la legislaci髇 urban韘tica, a hacer reservas para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica tambi閚 tienen que efectuarlas para el sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad p鷅lica que establece dicha legislaci髇, de acuerdo con la memoria social.

2. Tanto los ayuntamientos como la Administraci髇 de la Generalidad, mediante el Instituto Catal醤 del Suelo, pueden ser titulares de suelos calificados como sistema de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional.

3. En aplicaci髇 de la legislaci髇 urban韘tica, los ayuntamientos pueden obtener suelo de titularidad privada destinado al sistema de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad p鷅lica por cesi髇 obligatoria y gratuita, por expropiaci髇 o por cesi髇 onerosa acordada con el propietario o propietaria. En este 鷏timo caso, como contraprestaci髇 de la cesi髇, se tiene que constituir un derecho de superficie o de concesi髇 administrativa a favor del cedente para construir y explotar los equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional. La Administraci髇 de la Generalidad puede adquirir, por expropiaci髇 forzosa y en ejecuci髇 del planeamiento urban韘tico, suelos con destino al sistema de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad p鷅lica, los cuales quedan incorporados directamente al patrimonio propio del Instituto Catal醤 del Suelo.

4. El Instituto Catal醤 del Suelo puede adquirir bienes a t韙ulo oneroso y puede recibir terrenos por cesi髇 gratuita directamente de otras administraciones p鷅licas para su patrimonio propio, los cuales se tienen que destinar al sistema de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional para construir y explotar alojamientos dotacionales de titularidad p鷅lica.

5. Los equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional se pueden promover en r間imen de alquiler, sometidos al r間imen jur韉ico de las viviendas con protecci髇 oficial, y se pueden acoger a las medidas de financiaci髇 de actuaciones protegidas en materia de vivienda.

6. La Administraci髇 o el ente p鷅lico titular del suelo puede construir y gestionar directamente los alojamientos dotacionales p鷅licos o puede otorgar un derecho de superficie o una concesi髇 administrativa a terceros para que los construyan y gestionen.�

• 珁) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos en que lo requiere la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.�

• 玧) Incumplir en la formulaci髇 de la propuesta obligatoria de alquiler social los requisitos que establece la definici髇 del alquiler social del art韈ulo 5.7 y del apartado 2 de la disposici髇 adicional primera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica.�

�1. Se crea el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, con car醕ter administrativo, que depende de la Agencia de la Vivienda de Catalu馻, en la cual tienen que ser objeto de inscripci髇 las viviendas que se indiquen por reglamento y, en todo caso, las viviendas siguientes:

• a) Las adquiridas en un proceso de ejecuci髇 hipotecaria o mediante compensaci髇 o pago de deuda con garant韆 hipotecaria que no est閚 ocupadas por personas con t韙ulo habilitante.
• b) Las de titularidad de personas jur韉icas privadas que, de acuerdo con esta Ley, se encuentren en situaci髇 de utilizaci髇 an髆ala por su desocupaci髇 permanente o en situaci髇 de utilizaci髇 asimilada de acuerdo con el art韈ulo 41.1.a.

La inscripci髇 se tiene que llevar a cabo en la forma y los plazos que determine el reglamento que regule el funcionamiento del Registro.�

�4. La oferta obligatoria de alquiler social a que hacen referencia los apartados 1 y 2 se tiene que comunicar, en un plazo de tres d韆s h醔iles desde su realizaci髇, al ayuntamiento del municipio en que se encuentra situada la vivienda y a la Agencia de la Vivienda de Catalu馻.�

• 玝) Las personas jur韉icas que, por s� solas o por medio de un grupo de empresas, sean titulares de m醩 de 15 viviendas, con las excepciones siguientes:
  • 1� Los promotores sociales a que hacen referencia las letras a y b del art韈ulo 51.2 de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
  • 2� Las personas que tengan m醩 de un 15 por ciento de la superficie habitable de la propiedad calificado como viviendas con protecci髇 oficial destinadas a alquiler.�

• 玞) Que el propietario haya incumplido el requerimiento relativo a la obligaci髇 de que la vivienda est� ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas, en que se advert韆 que, si no acreditaba la ocupaci髇 en un plazo m醲imo de un mes, se podr韆 declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para su cesi髇 obligatoria en los t閞minos que regula este art韈ulo.�

En los casos de alquiler social que lleguen al fin del plazo contractual marcado, las personas o unidades familiares afectadas tienen derecho a la formalizaci髇, por una 鷑ica vez, de un nuevo contrato seg鷑 las condiciones que establece la ley, siempre que se sigan encontrando dentro de los par醡etros de exclusi髇 residencial establecidos en el art韈ulo 5.7 y as� sea acreditado por los propios afectados. A este efecto, el titular de la vivienda tiene que requerir a los afectados para que presenten la documentaci髇 que lo corrobore con una antelaci髇 de cuatro meses antes de la fecha de expiraci髇 del contrato.�

1. La obligaci髇 a que hace referencia el art韈ulo 5.2, de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, se hace extensiva en los mismos t閞minos a cualquier acci髇 ejecutiva derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes:

• a) Por vencimiento de la duraci髇 del t韙ulo jur韉ico que habilita la ocupaci髇 de la vivienda. La propuesta de alquiler social es exigible durante un periodo de tres a駉s contadores a partir de la entrada en vigor del Decreto ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
• b) Por falta de t韙ulo jur韉ico que habilite la ocupaci髇, cuando el demandante tenga la condici髇 de gran tenedor de acuerdo con la letra a del apartado 9 del art韈ulo 5 y con la letra a del apartado 3 de esta disposici髇, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
  • 1� Que la vivienda se encuentre en la situaci髇 de utilizaci髇 an髆ala a que hace referencia el art韈ulo 41.1.a de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
  • 2� Que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho que la ocupaci髇 sin t韙ulo se inici�, como m韓imo, seis meses antes de la entrada en vigor del Decreto ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
  • 3� Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opci髇 de realojamiento social en los 鷏timos dos a駉s ofrecida por cualquier Administraci髇 p鷅lica o de acuerdo con el art韈ulo 5.2.
  • 4� Que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cumplimiento, por parte de los ocupantes, de los par醡etros de riesgo de exclusi髇 residencial y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal.

2. La duraci髇 m韓ima de los contratos de alquiler social a suscribir de acuerdo con lo que establece esta Ley tiene que ser como m韓imo igual que la prevista en la legislaci髇 de arrendamientos urbanos y, en cualquier caso, no puede ser inferior a cinco a駉s, en caso de que el titular de la vivienda sea una persona f韘ica, y a siete a駉s si lo es una persona jur韉ica.

3. La definici髇 de gran tenedor a que hace referencia el art韈ulo 5.9 se hace extensiva en los mismos t閞minos a:

• a) Los fondos de capital riesgo y de titulizaci髇 de activos.
• b) Las personas f韘icas que dispongan de la titularidad de m醩 de 15 viviendas, con las mismas excepciones que para las personas jur韉icas prev� la letra b del art韈ulo 5.9.�

A efectos del apartado 3 del art韈ulo 7, las condiciones econ髆icas de la cesi髇 de la vivienda a la Administraci髇 se corresponden con las que las partes acuerden atendiendo a los criterios de alquiler social del art韈ulo 5.7. Si no hay acuerdo, la compensaci髇 econ髆ica se corresponde con el 40 por ciento de la renta m醲ima que corresponder韆 a la vivienda si estuviera calificada con protecci髇 oficial, teniendo en cuenta que, mientras no se dicte la orden a que hace referencia el apartado 5 del art韈ulo 83 bis de la Ley 18/2007, de 28 de septiembre, del derecho a la vivienda, la renta mencionada es la que le corresponder韆 si la calificaci髇 fuera de r間imen especial.�

Expropiaci髇 forzosa de viviendas�

�1. Se puede aplicar la expropiaci髇 forzosa por causa de inter閟 social a efectos de dotar las administraciones competentes en la materia de un parque social de viviendas asequibles de alquiler para atender con car醕ter preferente las necesidades de vivienda de las personas que se encuentran o est醤 en riesgo de encontrarse en situaci髇 de exclusi髇 residencial. Con esta finalidad, es causa de inter閟 social el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad, relativa a la ocupaci髇 legal y efectiva de la vivienda para que constituya la residencia de las personas. Cuando la expropiaci髇 forzosa sea s髄o del uso de la vivienda, su duraci髇 tiene que ser por un periodo de diez a駉s como m醲imo.�

�2. Para aplicar la expropiaci髇 forzosa por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad a que hace referencia el apartado 1, hace falta la concurrencia de los requisitos siguientes:

• a) Que los inmuebles est閚 situados en las 醨eas indicadas por el art韈ulo 12.5 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, o en los municipios que el Gobierno declare por decreto atendiendo a las necesidades de vivienda y al parque de viviendas disponibles. Para determinar estos municipios, se tiene que dar audiencia a las entidades locales afectadas y tener en cuenta la participaci髇 del Consejo de Gobiernos Locales o de las organizaciones asociativas de los entes locales m醩 representativos.
• b) Que las viviendas est閚 inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, o sean susceptibles de estar inscritas, o pertenezcan a personas jur韉icas que las hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

3. En el supuesto a que hace referencia el apartado 1, son administraciones expropiantes los municipios y el departamento competente en materia de vivienda. Pueden ser beneficiarias las entidades de derecho p鷅lico que gestionen el parque social de viviendas y las entidades privadas sin 醤imo de lucro que, de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, gestionen viviendas de inserci髇 o tengan la condici髇 de promotor social de viviendas. Las administraciones expropiantes o, si procede, las beneficiarias quedan obligadas a cumplir con la funci髇 social de las viviendas adquiridas en el plazo de un mes a partir del momento en que est閚 en condiciones de uso efectivo y adecuado.

4. Es requisito para iniciar el procedimiento de expropiaci髇 a que hace referencia el apartado 2 requerir previamente a la persona titular de la vivienda afectada para que cumpla con la obligaci髇 que sea ocupada legalmente para constituir la residencia de las personas, con la advertencia de que, si no acredita la ocupaci髇 en un plazo m醲imo de un mes, se podr� declarar el incumplimiento de la funci髇 social de la vivienda a efectos de iniciar el procedimiento para su expropiaci髇 y que, de conformidad con el art韈ulo 49.3 del texto refundido de la Ley de suelo y de rehabilitaci髇 urbana, el contenido del derecho de propiedad se reducir� en un 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la Administraci髇 expropiante. La Administraci髇 y la persona titular de la vivienda pueden convenir la adquisici髇 de la vivienda o de su uso temporal libremente y por acuerdo mutuo para destinarlo al alquiler social en el plazo de tres meses, supuesto en el cual concluye el procedimiento de expropiaci髇 que se hubiera iniciado y la cesi髇 se vuelve amistosa.

5. Atendiendo a la necesidad urgente que haya que satisfacer, la resoluci髇 de inicio del expediente de expropiaci髇 forzosa lleva impl韈ita la declaraci髇 de ocupaci髇 urgente, a los efectos de lo que establece el art韈ulo 52 de la Ley sobre expropiaci髇 forzosa.

6. Para determinar el precio justo mediante el acuerdo de las partes, se deben tener en cuenta los criterios de alquiler social establecidos por el art韈ulo 5.7 de la Ley 24/2015. Si no hay acuerdo, el precio justo tiene que ser fijado por el Jurado de Expropiaci髇 de Catalu馻 de acuerdo con su normativa reguladora. En la determinaci髇 del precio justo se debe tener en cuenta el coste de la adecuaci髇 de la vivienda para conservarla en las condiciones exigibles, de acuerdo con el art韈ulo 30 de la Ley 18/2007.�

�8. El plazo a que hace referencia el apartado 1 en caso de expropiaci髇 temporal del uso cuenta a partir de la ocupaci髇 efectiva de la vivienda, una vez este se ha adecuado.�

• 玝) La ejecuci髇 hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria y el desahucio por impago de las rentas de alquiler.�

�3. Est醤 obligados, como 鷏tima medida, a ofrecer a los ocupantes que se encuentren en las condiciones a que hace referencia el apartado 1 el realojamiento en una vivienda de su titularidad, en r間imen de alquiler y por un plazo igual a la duraci髇 m韓ima prevista en la legislaci髇 de arrendamientos urbanos en funci髇 del tipo de arrendador, los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos judiciales de ejecuci髇 hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamaci髇 de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de rentas de alquiler a que hacen referencia las letras a y b que, al mismo tiempo, sean, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, grandes tenedores titulares de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vac韆s y de viviendas ocupadas sin t韙ulo habilitante, o susceptibles de ser inscritas, o personas jur韉icas titulares de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulizaci髇 de activos o que la adquisici髇 se haya efectuado mediante la transmisi髇 de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.�

�6. La vigencia de las medidas establecidas por este art韈ulo se establece con un car醕ter temporal m醲imo de cinco a駉s a partir del d韆 siguiente al de la entrada en vigor de esta ley, sin perjuicio de la duraci髇 de los contratos de alquiler concertados al amparo de este art韈ulo.�

1. En situaciones de emergencia social de las personas en riesgo de exclusi髇 residencial, de acuerdo con la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 醡bito de la vivienda y la pobreza energ閠ica, el alojamiento de estas personas se efect鷄, con car醕ter provisional, en un alojamiento dotacional que forme parte del sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios o, si no hay alojamiento de este tipo, en otros alojamientos gestionados por las administraciones competentes en las mismas condiciones de temporalidad reguladas para los alojamientos dotacionales.

2. Las resoluciones sobre la adjudicaci髇 de alojamiento provisional a que hace referencia el apartado 1, a propuesta de las mesas de valoraci髇 de situaciones de emergencia social y econ髆ica, tienen que tener en cuenta:

• a) Las situaciones de convivencia vecinal pac韋ica. A este efecto, se tienen que valorar los informes emitidos por los 髍ganos competentes de los ayuntamientos correspondientes o de los cuerpos policiales y, si procede, las alegaciones hechas por las comunidades de propietarios interesadas.
• b) La disponibilidad, por parte de las personas afectadas, de otra vivienda o inmueble por cualquier t韙ulo que habilite su ocupaci髇.

3. En situaciones de emergencia social de las personas ocupantes sin t韙ulo habilitado de viviendas adquiridas o gestionadas por las administraciones competentes, su alojamiento se puede efectuar en las mismas condiciones a que hacen referencia los apartados 1 y 2. Sin embargo, en el caso de ocupaciones anteriores a la adquisici髇 o gesti髇 de la vivienda por parte de la Administraci髇, se puede considerar la posibilidad de atender provisionalmente la necesidad de alojamiento en la misma vivienda ocupada si se cumplen las condiciones siguientes:

• a) Que la unidad familiar ocupante tenga resoluci髇 favorable de la mesa de valoraci髇 de situaciones de emergencia social y econ髆ica.
• b) Que no se haya iniciado el procedimiento para la adjudicaci髇 definitiva de las viviendas ocupadas.
• c) Que su ocupaci髇 sea, como m韓imo, seis meses anterior a la fecha de adquisici髇 de las viviendas o de inicio de su gesti髇 por parte de la Administraci髇. Esta circunstancia se debe acreditar por cualquier medio admitido en derecho.
• d) Que no hayan renunciado a la adjudicaci髇 de una vivienda de emergencia social los 鷏timos dos a駉s.

4. La situaci髇 de alojamiento provisional de conformidad con este art韈ulo no da a las personas adjudicatarias preferencia por s� misma en el procedimiento de adjudicaci髇 definitiva de vivienda del parque p鷅lico o gestionado por las administraciones p鷅licas.

5. Con el fin de hacer efectivas las resoluciones de adjudicaci髇 definitiva de las viviendas de las administraciones p鷅licas o gestionadas por estas que tengan ocupantes sin t韙ulo habilitante, se pueden utilizar los mecanismos de ejecuci髇 forzosa de los actos administrativos u otros mecanismos legales que permitan la ocupaci髇 de la vivienda por parte de las personas adjudicatarias.�

�2 bis. En el marco de las competencias de promoci髇 y gesti髇 de la vivienda de protecci髇 p鷅lica a que hace referencia el apartado 2, los entes locales ejercen las funciones siguientes:

• a) El encargo de los proyectos de edificaci髇 sobre suelos de titularidad municipal o sobre los que tenga disponibilidad para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica, la licitaci髇 y la ejecuci髇 de las obras.
• b) La definici髇 de los criterios y procedimientos de adjudicaci髇 de las viviendas promovidas por los entes locales y la selecci髇 de las personas adjudicatarias de las viviendas.
• c) La gesti髇 de las viviendas promovidas por los entes locales en r間imen de alquiler y su mantenimiento.
• d) La ejecuci髇 de los programas y l韓eas de actuaci髇 que define este Ley o los planes de vivienda, con la finalidad de incrementar el parque de viviendas de titularidad o gesti髇 municipal.�

�1. El planeamiento urban韘tico, mediante el establecimiento de la calificaci髇 urban韘tica de vivienda de protecci髇 p鷅lica y la determinaci髇 de los porcentajes de techo que los sectores de planeamiento derivado tienen que reservar para esta destinaci髇, vinculan el suelo al r間imen de protecci髇 oficial que esta ley establece, de conformidad con la legislaci髇 urban韘tica, el planeamiento territorial y la memoria social. La calificaci髇 urban韘tica del suelo de vivienda de protecci髇 p鷅lica, de car醕ter gen閞ico o espec韋ico, que establezca el planeamiento urban韘tico vincula en los mismos t閞minos la calificaci髇 de vivienda con protecci髇 oficial.�

�5. El planeamiento urban韘tico general de nueva implantaci髇, sin perjuicio del cumplimiento de los est醤dares de reserva m韓ima destinada a viviendas de protecci髇 p鷅lica que establece la legislaci髇 urban韘tica, tiene que garantizar y justificar que no se reduce en el conjunto del plan el total de techo calificado de vivienda de protecci髇 p鷅lica por el planeamiento anterior, a menos que se justifique adecuadamente en la memoria social que se han producido cambios estructurales en la demanda de vivienda que permitan reconsiderar las calificaciones con esta destinaci髇 y, en los municipios incluidos en un 醨ea de demanda residencial fuerte y acreditada, que se cumple el objetivo de solidaridad urbana. Esta 鷏tima posibilidad tiene car醕ter excepcional y siempre se tiene que respetar la duraci髇 de la sujeci髇 al r間imen jur韉ico de protecci髇 establecida en la calificaci髇 de las viviendas con protecci髇 oficial que est閚 edificadas.

6. Las modificaciones puntuales del planeamiento urban韘tico general que afecten a la calificaci髇 urban韘tica del suelo de vivienda de protecci髇 p鷅lica y que comporten la reducci髇 del techo con esta destinaci髇 tienen car醕ter excepcional y se deben justificar adecuadamente, sea por la necesidad de creaci髇 de sistemas urban韘ticos de titularidad p鷅lica, sea por los cambios estructurales producidos en la demanda de vivienda. En este 鷏timo caso, si se trata de un municipio incluido en un 醨ea de demanda residencial fuerte y acreditada, se debe justificar que se cumple el objetivo de solidaridad urbana. En todo caso, estas modificaciones tienen que respetar la duraci髇 de la sujeci髇 al r間imen jur韉ico de protecci髇 establecida en la calificaci髇 de las viviendas con protecci髇 oficial que est閚 edificadas.�

1. Es vivienda con protecci髇 oficial la que, de acuerdo con esta Ley, los reglamentos que la despliegan y los planes de vivienda, se sujeta a un r間imen de protecci髇 p鷅lica que permite establecer como m韓imo el precio m醲imo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, y que un acto administrativo dictado por el departamento competente en materia de vivienda califica como tal de acuerdo con el procedimiento espec韋ico establecido por reglamento. La protecci髇 oficial se puede extender a garajes, anexos, trasteros y otros elementos diferentes de la vivienda, pero que est閚 vinculados. Esta extensi髇 de la protecci髇 oficial se tiene que regular por reglamento.

2. La funci髇 esencial de las viviendas con protecci髇 oficial es satisfacer la necesidad de vivienda de las personas usuarias que las ocupan legalmente para que constituyan la residencia habitual.

3. La calificaci髇 de vivienda con protecci髇 oficial es:

• a) Gen閞ica, cuando el acceso a la vivienda de las personas usuarias pueda estar en r間imen de propiedad, de arrendamiento u otro r間imen de cesi髇 del uso sin transmisi髇 de la propiedad.
• b) Espec韋ica, cuando el acceso a la vivienda de las personas usuarias est� s髄o en r間imen de arrendamiento.

4. Los promotores tienen que inscribir en el Registro de la Propiedad la calificaci髇 definitiva gen閞ica o espec韋ica de las viviendas con protecci髇 oficial.�

1. La calificaci髇 de las viviendas con protecci髇 oficial es vigente mientras concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Que el planeamiento urban韘tico las reserve al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica.
• b) Que est閚 integradas en un patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.

2. En otros supuestos a que hace referencia el apartado 1, la vigencia de la calificaci髇 de las viviendas con protecci髇 oficial puede ser de duraci髇 determinada de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, considerando si se han otorgado ayudas p鷅licas o no para su promoci髇 y la naturaleza de estas, incluida la cesi髇 gratuita del suelo o el vuelo afectados o por un precio inferior a su valor.

3. Mientras se den las circunstancias legales y reglamentarias que determinan la vigencia de la calificaci髇 de vivienda con protecci髇 oficial, s髄o se puede descalificar a iniciativa de la misma Administraci髇 por razones de inter閟 p鷅lico vinculadas a las necesidades de la vivienda y siempre que la calificaci髇 urban韘tica del suelo no la destine al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica.

4. La resoluci髇 que, si procede, autorice la descalificaci髇 conforme a lo que se prev� en el apartado 3 puede fijar como condici髇 la necesidad de devoluci髇 de todas o de parte de las ayudas percibidas.�

Precios de venta y rentas m醲imos de las viviendas con protecci髇 oficial

1. Las viviendas con protecci髇 oficial se sujetan al r間imen de precios de venta y de rentas que corresponde abonar a los usuarios como m醲imo, determinados de acuerdo con los art韈ulos 83 bis en 83 ter.

2. Corresponde a la Administraci髇 competente para calificar las viviendas con protecci髇 oficial determinar el precio o la renta m醲imos en el momento de calificarlos. Cada vez que se formalice un contrato que permita a los usuarios ocupar una vivienda con protecci髇 oficial, las partes tienen que hacer constar en el contrato el precio y la renta m醲imos vigentes en aquel momento, sin perjuicio de que puedan pactar un precio o una renta inferiores.�

1. El precio de venta m醲imo de una vivienda con protecci髇 oficial se determina aplicando al precio de venta b醩ico los factores de localizaci髇 y de caracter韘ticas de la vivienda.

2. El precio de venta b醩ico de las viviendas con protecci髇 oficial, expresado en euros por metro cuadrado de superficie 鷗il, es 鷑ico para todo el territorio y se determina atendiendo:

• a) El valor m韓imo de los terrenos no transformados urban韘ticamente pr髕imos a n鷆leo de poblaci髇, que se establece en 7,5 euros por metro cuadrado de suelo. Este valor se puede actualizar mediante la ley de acompa馻miento a la Ley de presupuestos de la Generalidad.
• b) Los gastos ordinarios para la urbanizaci髇 de los terrenos mencionados.
• c) Los costes de construcci髇 de una vivienda en un edificio plurifamiliar, de calidad media y de caracter韘ticas est醤dares.

3. El factor de localizaci髇 permite corregir al alza el precio de venta b醩ico atendiendo a la demanda residencial existente en cada municipio.

4. El factor de caracter韘ticas de la vivienda pondera sus condiciones espec韋icas en materia de eficiencia energ閠ica y, con respecto a las viviendas usadas, las circunstancias de antig黣dad as� como su estado de conservaci髇, que, valoradas en su conjunto, influyan significativamente en el precio. Corresponde a este factor un valor entre 0,9 y 1,1 teniendo en cuenta que el valor 1 se corresponde con una vivienda de caracter韘ticas est醤dar.

5. Corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda establecer peri骴icamente el precio de venta b醩ico y el factor de localizaci髇 mediante orden.�

1. La renta m醲ima de una vivienda con protecci髇 oficial se determina aplicando al precio de venta m醲imo obtenido una tasa anual de rentabilidad del 4,8 por ciento. Esta tasa se puede actualizar mediante la ley de acompa馻miento a la Ley de presupuestos de la Generalidad. La renta m醲ima obtenida se tiene que reducir en funci髇 de lo que establezcan las ayudas p鷅licas, incluida la cesi髇 de suelo, que se hubieran obtenido para la promoci髇 de la actuaci髇 si procede.

2. En los contratos se puede pactar la actualizaci髇 anual de la renta, sin que se pueda prever un incremento superior a lo que resultar韆 de aplicar la variaci髇 porcentual experimentada por el 韓dice de precios al consumo en la fecha de la actualizaci髇.

3. Las administraciones p鷅licas competentes pueden establecer bonificaciones a la renta en funci髇 del nivel de ingresos de los usuarios. En el caso de promociones privadas de las viviendas, las bonificaciones que se establezcan se tienen que compensar a la cedente del uso de la vivienda. Estas bonificaciones son revisables anualmente de acuerdo con la variaci髇 de la situaci髇 econ髆ica de las personas usuarias.�

�9. La inscripci髇 en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protecci髇 Oficial caduca, previa advertencia de la Administraci髇 que gestiona el Registro, en el plazo de un a駉, a menos que sea renovada antes del transcurso de este plazo mediante la presentaci髇 de una declaraci髇 responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.�

• 玞) La renuncia a participar en un procedimiento de adjudicaci髇 y la renuncia a la vivienda con protecci髇 oficial adjudicada, por una sola vez, sin causa justificada.�

• 玣) La caducidad de la inscripci髇 por falta de renovaci髇.�

�1. Los promotores de viviendas con protecci髇 oficial gestionan el proceso de adjudicaci髇 de acuerdo con este art韈ulo, considerando las particularidades del art韈ulo 101 bis y sin perjuicio de los reg韒enes especiales regulados en los art韈ulos 102 y 103 y del derecho de realojamiento de las personas afectadas por la ejecuci髇 de una actuaci髇 urban韘tica.�

�2bis.

En el caso de promociones p鷅licas de vivienda con protecci髇 oficial, corresponde a la Administraci髇 promotora aprobar las bases y gestionar el procedimiento de adjudicaci髇. En caso de que la mencionada Administraci髇 promotora no sea la municipal, las bases se tienen que elaborar teniendo en cuenta los criterios y necesidades que indique la Administraci髇 municipal.�

1. En el supuesto de promociones privadas de viviendas con protecci髇 oficial con ayudas p鷅licas, el proceso de adjudicaci髇 se rige por las condiciones y los criterios de selecci髇 de los adjudicatarios que establezca la Administraci髇 otorgante de la ayuda. Si esta Administraci髇 no se reserva para s� la gesti髇 del proceso de adjudicaci髇 de las viviendas, corresponde a los promotores privados gestionarlo.

En el caso de viviendas en r間imen de alquiler, las primeras y posteriores adjudicaciones se tienen que llevar a cabo por orden de preferencia seg鷑 la mayor antig黣dad de la inscripci髇 en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protecci髇 Oficial de acuerdo con la lista proporcionada por la Administraci髇 competente.

2. En el supuesto de promociones privadas de viviendas con protecci髇 oficial en r間imen de alquiler, sin ayudas p鷅licas, sobre terrenos destinados urban韘ticamente al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica, corresponde a los promotores privados gestionar el proceso de adjudicaci髇 a partir de la lista proporcionada por la Administraci髇 competente de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protecci髇 Oficial de acuerdo con el procedimiento que se establezca por reglamento. En caso de que se produzcan vacantes o renuncias, la adjudicaci髇 posterior de las viviendas afectadas a otros solicitantes se tiene que efectuar de acuerdo con el art韈ulo 103.

3. Para obtener la lista de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protecci髇 Oficial, los promotores privados que gestionen el proceso de adjudicaci髇 lo tienen que solicitar ante el 髍gano gestor del Registro, indicando las condiciones relativas a los ingresos econ髆icos u otros que, si procede, sean exigibles a las adjudicatarias de conformidad con esta Ley. La Administraci髇 dispone de un plazo m醲imo de un mes para facilitar este listado, que tiene que estar integrado por la relaci髇 de las personas inscritas que re鷑an las condiciones exigidas para ser adjudicatarias y, si procede, ordenada por antig黣dad de su inscripci髇 al Registro.�

獿as viviendas con protecci髇 oficial promovidas sin ayudas p鷅licas y sin que la calificaci髇 urban韘tica del suelo imponga esta destinaci髇 son adjudicadas por los promotores por el procedimiento que libremente escojan, respetando en todo caso los requisitos que sean exigidos por reglamento para acceder a viviendas con protecci髇 oficial. Asimismo, hay que respetar los criterios siguientes�

• 玤) El 韓dice de referencia de precios de alquiler de viviendas, cuando el anuncio incluya el precio del alquiler de la vivienda.�

• 玣) El 韓dice de referencia de precios de alquiler de viviendas que corresponda, justificado mediante el documento acreditativo obtenido al efecto mediante el sistema de consulta p鷅lica del 韓dice establecido por el departamento competente en materia de vivienda.
• g) Los datos previstos por la legislaci髇 civil.�

�2. En el contrato de arrendamiento se tienen que hacer constar el 蚽dice de referencia del precio del alquiler aplicable a la vivienda y el resto de datos que pueda recoger la legislaci髇 civil. Con la formalizaci髇 del contrato, los ocupantes tienen derecho a la entrega del documento acreditativo del 韓dice de referencia del precio de alquiler aplicable a la vivienda, obtenido al efecto mediante sistema de consulta p鷅lica del 韓dice establecido por el departamento competente en materia de vivienda, as� como la entrega de la c閐ula de habitabilidad o la acreditaci髇 equivalente y, si procede, el certificado de eficiencia energ閠ica.�

1. El departamento competente en materia de vivienda tiene que elaborar el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas a partir de los datos que constan en el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas. El 蚽dice de referencia informa sobre la media del precio del alquiler de una vivienda de caracter韘ticas similares en el mismo entorno urbano. El sistema de c醠culo y los elementos o factores correctores que influyen en la determinaci髇 de los m醨genes del 韓dice se establecen por orden del consejero o consejera competente en materia de vivienda.

2. La Administraci髇 de la Generalidad de Catalu馻 tiene que tener en cuenta el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas en el desarrollo de sus pol韙icas p鷅licas en esta materia. La arrendadora de una vivienda no se puede beneficiar de las ayudas p鷅licas dirigidas al fomento del alquiler cuando la renta pactada sea superior al 韓dice mencionado.�

• 玣) No hacer constar el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas en la publicidad de viviendas para alquilar que incluya el precio del alquiler, en las ofertas de arrendamientos urbanos de viviendas o en los contratos de arrendamientos urbanos de viviendas.�

�2. En el Registro de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas se tienen que hacer constar los datos relativos a:

• a) La situaci髇 de la finca arrendada, que tiene que incluir la direcci髇 postal, la titularidad, la referencia catastral, el a駉 de construcci髇, el a駉 y el tipo de reforma, si procede, la superficie construida de uso privativo por usos, la c閐ula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energ閠ica.
• b) La identificaci髇 de las partes contratantes, que tiene que incluir los domicilios respectivos a efectos de practicar las notificaciones.
• c) Las caracter韘ticas del contrato, que tiene que incluir la fecha de formalizaci髇, la duraci髇, la renta, el sistema de actualizaci髇 de la renta, las garant韆s adicionales a la fianza, el pago de los suministros b醩icos y si la finca se alquila amueblada o no.
• d) El importe de la fianza y la fecha de dep髎ito.
• e) Los otros datos que, para elaborar el 蚽dice de referencia de precios de alquiler de viviendas, se determinen por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda.�

• 玞) Para la adquisici髇 de terrenos comprendidos en 醨eas destinadas al patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda y para la adquisici髇 de terrenos destinados a vivienda de protecci髇 p鷅lica, si lo determina el planeamiento.�

�4. Las administraciones competentes para gestionar el patrimonio municipal de suelo y de vivienda tienen que inventariar separadamente de otros bienes y derechos patrimoniales los que integren este patrimonio. Entre otros datos necesarios para gestionar los bienes y los derechos del patrimonio municipal de suelo y de vivienda, tienen que constar en este inventario los relativos a:

• a) La identificaci髇 precisa.
• b) El t韙ulo y el precio de adquisici髇.
• c) La situaci髇 jur韉ica y urban韘tica.
• d) El uso a que se dedican efectivamente.
• e) Las operaciones que tengan que ser anotadas en el instrumento de contabilidad p鷅lica correspondiente.
• f) Su vinculaci髇, si procede, a las expresas finalidades que prev閚 los art韈ulos 46.2 c y 46.4 en materia de viviendas de protecci髇 p鷅lica.

5. El inventario y el balance de situaci髇 del patrimonio municipal de suelo y de vivienda se tiene que actualizar permanentemente. No se puede enajenar ning鷑 bien o derecho del patrimonio municipal de suelo y de vivienda si no est� inventariado adecuadamente y, si procede, el inventario inscrito en el Registro de planeamiento urban韘tico de Catalu馻.

6. Los municipios incluidos en las 醨eas de demanda residencial fuerte y acreditada tienen que aprobar anualmente el inventario de los bienes y los derechos que integran el patrimonio municipal de suelo y de vivienda, as� como el balance de situaci髇 de este patrimonio, y enviarlos al Registro de planeamiento urban韘tico de Catalu馻 para su inscripci髇.�

獵ap韙ulo IV
Medios para incrementar el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda

1. Se pueden delimitar, en cualquier clase de suelo, 醨eas para adquirir bienes y derechos determinados comprendidos en estas con el fin de integrarlos en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda para cualquiera de las finalidades que prev� el art韈ulo 160.5. En suelo urbano, entre otras finalidades, estas 醨eas pueden comprender terrenos destinados al uso de vivienda con la finalidad de construir viviendas de protecci髇 p鷅lica o de destinar las que se construyan a este r間imen de protecci髇, aunque el planeamiento urban韘tico no reserve espec韋icamente al r間imen de protecci髇 p鷅lica el uso de vivienda a que las destina.

2. El proyecto de delimitaci髇 de las 醨eas a que hace referencia el apartado 1, aprobado separadamente o como aparte de un plan urban韘tico, tiene que especificar la finalidad concreta que justifique la adquisici髇 de bienes y derechos y establecer:

• a) El sistema de adquisici髇 mediante la expropiaci髇 forzosa o en ejercicio del derecho de tanteo que se constituya respecto de las transmisiones onerosas, incluidas las que se llevan a cabo mediante la adquisici髇 de acciones o participaciones sociales a cambio de la aportaci髇 de la titularidad del inmueble afectado.
• b) El plazo m醲imo para iniciar el procedimiento de expropiaci髇, que no puede ser superior a seis a駉s, o la duraci髇 m醲ima del derecho real de tanteo, que no puede ser superior a doce a駉s.
• c) La relaci髇 de bienes y derechos afectados por la expropiaci髇 forzosa o, en el caso del derecho de tanteo, la identificaci髇 de los terrenos y edificios que forman parte del 醨ea con indicaci髇 de las calles, pol韌onos, sectores o parajes afectados.

Cuando la delimitaci髇 del 醨ea a efectos del derecho de tanteo afecte a todo el t閞mino municipal o a una clase o categor韆 de suelo, se tiene que prever en el planeamiento general.

3. Son administraciones competentes para aprobar separadamente los proyectos de delimitaci髇 de 醨eas destinadas al patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda las que lo sean para constituir este patrimonio.

4. Son tr醡ites esenciales del procedimiento de aprobaci髇 de los proyectos de delimitaci髇 de 醨eas destinadas al patrimonio p鷅lico del suelo y de vivienda el de informaci髇 p鷅lica y, en el caso de expropiaci髇 forzosa, el de audiencia de los titulares de los bienes y derechos afectados.

5. La constituci髇 del derecho real de tanteo a que hace referencia este art韈ulo se puede inscribir en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislaci髇 en la materia.

1. La Administraci髇 de la Generalidad tiene el derecho de tanteo sobre las transmisiones onerosas que afecten a los bienes siguientes:

• a) Los suelos de titularidad privada reservados al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica por el planeamiento urban韘tico.
• b) Las viviendas arrendadas cuando, de acuerdo con la legislaci髇 sobre arrendamientos urbanos, se transmitan conjuntamente con el resto de viviendas o locales que formen parte del mismo inmueble.

2. El derecho de tanteo a que hace referencia el apartado 1 se puede ejercer mediante el Instituto Catal醤 del Suelo en el supuesto de la letra a, y mediante el departamento competente en materia de vivienda, o las entidades de derecho p鷅lico con personalidad jur韉ica propia competentes en materia de vivienda, en el supuesto de la letra b.

1. El derecho de tanteo a que hace referencia este cap韙ulo comporta la obligaci髇 de quien quiere enajenar onerosamente el bien afectado de comunicar a la Administraci髇 titular del derecho las condiciones de transmisi髇 del bien. El ejercicio del derecho de tanteo implica que la Administraci髇 o los beneficiarios adquieren el bien en las condiciones comunicadas. Pueden ser beneficiarios del derecho de tanteo:

• a) El Instituto Catal醤 del Suelo, cuando se trate de terrenos destinados al uso de vivienda.
• b) Los ayuntamientos.
• c) Los promotores sociales y los otros sujetos a que hacen referencia, respectivamente, los art韈ulos 51 y 87.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
• d) Los ocupantes legales de la vivienda objeto del ejercicio del derecho de tanteo o de cualquier otra vivienda del inmueble donde se ubique esta, siempre que cumplan las condiciones de acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda con Protecci髇 Oficial.

El ejercicio del derecho de tanteo puede dar lugar a la adquisici髇 del bien conjuntamente por la Administraci髇 titular y por cualquiera de los posibles beneficiarios.

2. El derecho de tanteo caduca si, a partir de la comunicaci髇 a que hace referencia el apartado 1, la Administraci髇 no lo ejerce en el plazo de dos meses. Cuando la Administraci髇 requiera a los tenedores para inspeccionar el estado de conservaci髇 de un edificio afectado o a los propietarios para aportar informaci髇 sobre los ocupantes y sus t韙ulos, el plazo mencionado queda suspendido entre la notificaci髇 del requerimiento y la pr醕tica de la actuaci髇 inspectora o la recepci髇 de la documentaci髇, sin que la suspensi髇 del plazo pueda ser superior a quince d韆s si la actuaci髇 se practica m醩 all� de este plazo por causas imputables s髄o a la Administraci髇. Si la Administraci髇 ejerce el derecho de tanteo, el plazo para formalizar la adquisici髇 del bien afectado es de tres meses contadores desde la notificaci髇 correspondiente a la persona transmisora. Cuando la Administraci髇 no ejerce el derecho de tanteo, el efecto de la comunicaci髇 decae si transcurren seis meses desde que se efectu� sin que se produzca la transmisi髇 del bien.

3. La transmisi髇 del bien afectado sin cumplir la obligaci髇 de comunicaci髇 o, cumplida esta, antes de que caduque el derecho de tanteo o en condiciones menos onerosas a las comunicadas, implica el derecho de retracto. El plazo para ejercer este derecho es de tres meses a partir de la inscripci髇 de la transmisi髇 en el Registro de la Propiedad o del momento en que la Administraci髇 tenga conocimiento de la enajenaci髇. El ejercicio del derecho de retracto implica que la Administraci髇 o la beneficiaria adquieren el bien afectado por el mismo precio y en las mismas condiciones que lo hizo el adquirente.

4. No obstante lo que establecen los apartados 2 y 3 sobre la comunicaci髇 y el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto, es aplicable a estos efectos la legislaci髇 sobre arrendamientos urbanos con relaci髇 al supuesto a que hace referencia la letra b del apartado 1 del art韈ulo 173.

5. Si, con relaci髇 a la misma transmisi髇 de un bien, proceden varios derechos de tanteo a favor de administraciones diferentes, la parte transmisora puede comunicar las condiciones de la transmisi髇 a cualquiera de ellas indistintamente. La Administraci髇 receptora de la comunicaci髇 queda obligada a enviarla al resto de administraciones implicadas a efectos de coordinar su actuaci髇 en el ejercicio del derecho de tanteo. Son preferentes los derechos de tanteo a que hace referencia el art韈ulo 173 sobre el derecho de tanteo a que hace referencia el art韈ulo 172.�

獷l Ayuntamiento de Barcelona tiene tambi閚 los derechos de tanteo y retracto del art韈ulo 173.1 respecto de los bienes situados en el municipio de Barcelona.�

�5. El sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios comprende los centros p鷅licos, los equipamientos de car醕ter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios t閏nicos y de transporte, de alojamiento dotacional y los otros equipamientos que sean de inter閟 p鷅lico o de inter閟 social. A este efecto, es equipamiento de alojamiento dotacional el que se destina a satisfacer las necesidades temporales de habitaci髇 de las personas, en r間imen de uso compartido de todos o una parte de los elementos del alojamiento con otros usuarios, o en r間imen de uso privativo de una vivienda completa, en raz髇 de:

• a) Dificultad de emancipaci髇.
• b) Requerimientos de acogimiento, de asistencia sanitaria o de asistencia social.
• c) Trabajo o estudio.
• d) Afectaci髇 por una actuaci髇 urban韘tica.�

�5 ter. Para que los particulares puedan promover un equipamiento de alojamiento dotacional en terrenos calificados de sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios, se requiere:

• a) Que esta Ley o el planeamiento urban韘tico no exijan la titularidad p鷅lica del equipamiento.
• b) Que se pueden situar los equipamientos de alojamiento dotacional de iniciativa privada y la cantidad m醲ima de suelo que se puede destinar.
• c) Que, a efectos de acreditar el inter閟 p鷅lico o social del alojamiento dotacional, concierten con una Administraci髇 competente en materia de vivienda como m韓imo:
  • 1�. Los colectivos concretos de personas a que se destina.
  • 2�. Los criterios de selecci髇 de los usuarios, el r間imen de uso temporal o rotatorio del alojamiento y el baremo de precios que los usuarios tienen que satisfacer como m醲imo.
  • 3�. Las caracter韘ticas fundamentales del alojamiento, incluidos los servicios comunes o asistenciales de que tiene que disponer.
  • 4�. La constituci髇 e inscripci髇 al Registro de la Propiedad del derecho de tanteo y retracto a favor de la Administraci髇 que formaliza el concierto sobre el suelo y la edificaci髇 destinados al equipamiento, por tiempo indefinido para la primera transmisi髇 onerosa y por diez a駉s en segundas y ulteriores transmisiones onerosas.
• d) Que el plan especial urban韘tico que corresponde elaborar para desarrollar el equipamiento de alojamiento dotacional de iniciativa privada justifique el inter閟 p鷅lico o social y la idoneidad de la localizaci髇 y, con car醕ter normativo, contenga los aspectos esenciales del alojamiento concertados con la Administraci髇, as� como la prohibici髇 de dividir horizontalmente la edificaci髇 afectada.�

�5. Los alojamientos dotacionales integrados en el sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios no computan como techo residencial a efectos del cumplimiento de los est醤dares de reserva m韓ima siguientes:

• a) De vivienda de protecci髇 p鷅lica, en los t閞minos regulados en el apartado 3 de este art韈ulo y el apartado 3 de la disposici髇 transitoria tercera.
• b) De sistemas urban韘ticos de espacios libres p鷅licos y de equipamientos comunitarios, en los t閞minos regulados en los art韈ulos 58.1.f, 5 y 7, 65.3 y 5, 70.7 y 8 y 100.�

• 玝) Para equipamientos de titularidad p鷅lica, el valor inferior resultante de las proporciones siguientes: 20 m² de suelo por cada 100 m² de techo o 20 m² de suelo por cada vivienda; con un m韓imo, en todos los casos, del 5 por ciento de la superficie del 醡bito de actuaci髇 urban韘tica, adem醩 del suelo destinado a servicios t閏nicos, si procede.�

• 玝) no se puede reducir, en un 醡bito de actuaci髇 urban韘tica, la superficie de los suelos calificados de sistema de espacios libres p鷅licos o de sistema de equipamientos p鷅licos en cumplimiento de los est醤dares m韓imos legales.�

�2. Las actuaciones aisladas sobre suelos urbanos sujetas 鷑icamente a cesi髇 obligatoria y gratuita de vialidad para adquirir la condici髇 de solares, y las actuaciones de alcance limitado para el ajuste, la ampliaci髇 o la mejora de la vialidad o de los espacios libres en suelo urbano no se consideran actuaciones de transformaci髇 urban韘tica a efectos de la aplicaci髇 de la Ley estatal de suelo, sin perjuicio de su sujeci髇 a los deberes de cesi髇 de suelo para sistemas que establece la legislaci髇 urban韘tica.�

Al efecto que establece el art韈ulo 34.5 ter.b), mientras el planeamiento urban韘tico general no determine los 醡bitos en que se pueden situar los equipamientos de alojamiento dotacional de iniciativa privada, los particulares pueden promover un equipamiento de alojamiento dotacional en terrenos calificados de sistema urban韘tico de equipamientos comunitarios siempre que se cumpla el resto de requisitos que se establecen y que, en el plan especial urban韘tico que desarrolle el equipamiento, se justifique la idoneidad de la propuesta con relaci髇 a las reservas de suelo disponibles en el barrio para la implantaci髇 de nuevos equipamientos comunitarios y a la existencia de otros alojamientos dotacionales en el mismo 醡bito.�

Condiciones de la cesi髇 de suelo con aprovechamiento, reglas de emplazamiento y destinaci髇�

�2. Corresponde a la Administraci髇 actuante fijar el emplazamiento del suelo con aprovechamiento urban韘tico de cesi髇 obligatoria y gratuita en el proceso de reparcelaci髇 de conformidad con las reglas siguientes:

• a) Cuando el suelo de cesi髇 obligatoria, en raz髇 de los usos del 醡bito, no se pueda destinar a la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica, se puede sustituir esta cesi髇 por la de otros terrenos equivalentes fuera del 醡bito de la actuaci髇 si estos terrenos est醤 destinados a viviendas de protecci髇 p鷅lica.
• b) Cuando, de acuerdo con el objeto del plan urban韘tico, no haya alternativas de ordenaci髇 razonables que permitan materializar la cesi髇 de suelo obligatoria en una o varias parcelas de resultado que se puedan adjudicar individualmente a la Administraci髇 competente, se puede sustituir esta cesi髇 por la de otros terrenos equivalentes fuera del 醡bito la actuaci髇 o, subsidiariamente, por su equivalente en techo edificado o en met醠ico para destinarlo a conservar, administrar o ampliar el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.
• c) En las actuaciones urban韘ticas con reserva de suelo destinado a viviendas de protecci髇 p鷅lica, el suelo con aprovechamiento urban韘tico de cesi髇 obligatoria se tiene que emplazar sobre la reserva mencionada, con la obligaci髇 de la Administraci髇 adjudicataria de construir las viviendas de protecci髇 p鷅lica en los plazos exigidos. Sin embargo, el emplazamiento sobre la reserva mencionada ha ser parcial cuando la Administraci髇 adjudicataria no disponga de recursos econ髆icos suficientes para construir las viviendas, con la finalidad de poder hacerlo con los ingresos que obtenga por la enajenaci髇 del suelo de cesi髇 obligatoria emplazado fuera de la reserva o con la sustituci髇 de la obligaci髇 de ceder este suelo fuera de la reserva por su equivalente en techo ya construido de las viviendas mencionadas. Si procede, la parte de la cesi髇 de suelo con aprovechamiento urban韘tico que recaiga sobre suelos que no forman parte de la reserva para viviendas de protecci髇 p鷅lica se integra en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda con la expresa finalidad de destinar los ingresos obtenidos para su enajenaci髇 a la construcci髇 de las mencionadas viviendas en los suelos de reserva cedidos.

3. Los terrenos cedidos a que hace referencia la letra c del apartado 2 que est閚 destinados al uso de vivienda de protecci髇 p鷅lica tienen que permanecer en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda de la Administraci髇 adjudicataria mientras el planeamiento urban韘tico mantenga esta destinaci髇, sin perjuicio de poder constituir un derecho real de superficie sobre estos terrenos. No obstante, la Administraci髇 titular de estos terrenos puede enajenarlos excepcionalmente en los supuestos siguientes:

• a) Para transmitirlos a otra Administraci髇 titular de bienes y derechos del patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.
• b) Para permutarlos por otros terrenos equivalentes con la misma destinaci髇 que se tengan que integrar en el patrimonio p鷅lico de suelo y de vivienda.
• c) Cuando sea necesario destinarlos a viviendas para el realojamiento de los afectados por la actuaci髇 urban韘tica en r間imen de propiedad privada.

4. Se tienen que destinar al r間imen de alquiler las viviendas de protecci髇 p鷅lica construidas sobre los terrenos de titularidad p鷅lica a que hace referencia el apartado 3.

5. A efectos de calcular la cesi髇 de suelo con aprovechamiento del 醡bito de actuaci髇 en el caso de las actuaciones urban韘ticas a que hace referencia el apartado 3, hay que tener en cuenta que el aprovechamiento urban韘tico de los terrenos afectados se corresponde con el mejor uso que asigne el planeamiento urban韘tico en la reserva de viviendas de protecci髇 p鷅lica. Es decir, cuando se trate de una calificaci髇 de vivienda de protecci髇 p鷅lica gen閞ica, se tiene que valorar seg鷑 el mejor uso que permita con independencia de la obligaci髇 de la Administraci髇 adjudicataria de destinar las viviendas al r間imen de alquiler.�

�3. Los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal y sus modificaciones y revisiones tienen que reservar para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica suelo suficiente para el cumplimiento de los objetivos definidos en la memoria social y, como m韓imo, el suelo correspondiente al 30 por ciento del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantaci髇, destinados a venta, alquiler o a otras formas de cesi髇 de uso. Quedan exentos de esta obligaci髇 m韓ima los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal siguientes, a menos que el planeamiento territorial o director urban韘tico determine otra cosa:

�6. Las reservas para la construcci髇 de viviendas de protecci髇 p鷅lica se tienen que emplazar evitando la concentraci髇 excesiva de este tipo de viviendas con el fin de favorecer la cohesi髇 social y evitar la segregaci髇 territorial de los ciudadanos en raz髇 de su nivel de renta. Estas reservas tienen que atender a la diversidad de demanda de viviendas de diferentes dimensiones. El plan tiene que determinar la localizaci髇 de estas reservas mediante la calificaci髇 de suelo de vivienda de protecci髇 p鷅lica en suelo urbano consolidado, o no consolidado no incluido en sectores de planeamiento derivado. En sectores en suelo urbano no consolidado o urbanizable delimitado, el plan tiene que determinar el porcentaje de techo que el planeamiento derivado debe destinar a las reservas mencionadas. El planeamiento tiene que establecer los plazos para iniciar y para acabar la construcci髇 de las viviendas.

7. La calificaci髇 del suelo que establezca el Plan de ordenaci髇 urban韘tica municipal o su planeamiento derivado para localizar las reservas a que hace referencia el apartado 6 puede prever la destinaci髇 total o parcial de la edificaci髇 en viviendas de protecci髇 p鷅lica. Esta destinaci髇 afecta tanto a los edificios plurifamiliares de nueva construcci髇, aunque conserven alg鷑 elemento arquitect髇ico de una edificaci髇 anterior, como a los edificios plurifamiliares existentes en que se pretenda llevar a cabo obras generales de acondicionamiento, conservaci髇, mejora o ampliaci髇, cuando estas actuaciones edificatorias tengan como objetivo alojar mayoritariamente nuevos residentes en las viviendas resultantes. En el caso de destinaci髇 parcial, si la calificaci髇 urban韘tica no concreta las unidades de vivienda sobre las cuales recae, el otorgamiento de la licencia de obras queda condicionado a la obtenci髇 de la calificaci髇 provisional de las viviendas con protecci髇 oficial y la primera ocupaci髇 de la edificaci髇 a la obtenci髇 de la calificaci髇 definitiva.�

�8. La calificaci髇 del suelo de vivienda de protecci髇 p鷅lica que establezca el planeamiento urban韘tico tiene que concretar si se destina a la calificaci髇 gen閞ica que permite el acceso a la vivienda en r間imen de propiedad, arrendamiento u otro r間imen de cesi髇 del uso sin transmisi髇 de la propiedad o a la calificaci髇 espec韋ica que permite s髄o el acceso en r間imen de arrendamiento. Es aplicable si ocurre lo que establece el art韈ulo 57 bis en los suelos destinados a vivienda de protecci髇 p鷅lica.

La calificaci髇 de vivienda de protecci髇 p鷅lica gen閞ica o espec韋ica se tiene que hacer constar en los proyectos de reparcelaci髇, en las declaraciones de obra nueva y en las constituciones y modificaciones del r間imen de propiedad horizontal a efectos de inscripci髇 en el Registro de la Propiedad.�

�2 bis. En suelo urbano consolidado, la modificaci髇 del planeamiento que, sin incrementar la edificabilidad, comporta la destinaci髇 parcial de la edificaci髇 de suelos residenciales plurifamiliares a viviendas de protecci髇 p鷅lica de conformidad con el art韈ulo 57.7 se sujeta a los requisitos siguientes:

• a) No puede afectar a los solares adjudicados en un procedimiento de reparto equitativo de beneficios y cargas entre los propietarios afectados mientras no haya transcurrido el plazo para instruirlos establecido por el planeamiento previamente ejecutado o, si este no lo estableci�, tres a駉s desde que adquirieron la condici髇 legal mencionada.
• b) El par醡etro urban韘tico de la zona que regula la densidad del uso residencial s髄o se aplica en la parte del techo que no se destina a vivienda de protecci髇 p鷅lica. El n鷐ero m醲imo de viviendas de protecci髇 p鷅lica es el resultado de aplicar al techo construido con esta destinaci髇 la ratio de 70 m² por vivienda.�

獳rt韈ulo 57 bis Reservas de viviendas por pisos sin divisi髇 horizontal

1. Los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal y el planeamiento derivado, de acuerdo con la memoria social y teniendo en cuenta las l韓eas de actuaci髇 de los planes locales de vivienda, pueden reservar suelo para la construcci髇 de edificios de viviendas por pisos sin posibilidad de dividirlos horizontalmente, destinados exclusivamente a la cesi髇 del uso de cada piso o local susceptible de aprovechamiento independiente a terceras personas.

2. La condici髇 de indivisibilidad se tiene que hacer constar en los proyectos de reparcelaci髇 y en las licencias de edificaci髇.�

玅uinta Rehabilitaci髇 edificatoria en el medio urbano

1. Son actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria en el medio urbano las que tienen por objeto ejecutar obras de intervenci髇 sobre edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes para conservarlos en las condiciones exigidas por las leyes para que sirvan de apoyo al uso correspondiente, para obtener mejoras de inter閟 general por motivos tur韘ticos o culturales o para mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano, siempre que requieran la elaboraci髇 de un proyecto t閏nico de acuerdo con la legislaci髇 de ordenaci髇 de la edificaci髇. Estas actuaciones pueden comportar el derribo de un edificio y la sustituci髇 por otro de nueva planta en algunos de los supuestos siguientes:

• a) Cuando el edificio amenace ruina
• b) Cuando el planeamiento urban韘tico someta la edificaci髇 a derribo por la necesidad de renovar el parque edificado obsoleto o inadecuado al entorno y la sustituci髇 del edificio comporte significativamente la materializaci髇 de un mejor aprovechamiento urban韘tico respecto a lo que se pretenda derribar.

2.

Las personas propietarias de los edificios afectados por una actuaci髇 de rehabilitaci髇 edificatoria est醤 obligadas a:

• a) Participar en la ejecuci髇 de la actuaci髇 en un r間imen de distribuci髇 equitativa entre los afectados de las cargas y, si procede, de los beneficios de la actuaci髇.
• b) Consentir las obras de intervenci髇 sobre el edificio, sus instalaciones y los espacios comunes, incluida la construcci髇 de nuevas plantas y cualquier otra alteraci髇 de la estructura o f醔rica del edificio o de las cosas comunes y, si procede, la constituci髇 de complejos inmobiliarios de car醕ter urban韘tico.
• c) Costear las obras de rehabilitaci髇 hasta el l韒ite del deber legal de conservaci髇 de las edificaciones que establece la legislaci髇 en materia de suelo y rehabilitaci髇 urbana, sin perjuicio de que las personas propietarias afectadas puedan repercutir legal o contractualmente el coste soportado por las obras de rehabilitaci髇 a los titulares del derecho de uso del edificio.
• d) Garantizar el derecho de realojamiento y, si procede, de retorno de los ocupantes legales de las viviendas, que constituyan su residencia habitual, que tengan que ser desalojadas.
• e) Indemnizar a los titulares de los derechos sobre las edificaciones que se tengan que derribar, otros que las personas propietarias de los edificios que amenacen ruina, y sobre los elementos privativos de los edificios sujetos al r間imen de la propiedad horizontal que se tengan que ocupar para constituir elementos comunes.

3. La administraci髇 urban韘tica actuante puede acordar la iniciativa p鷅lica para delimitar y gestionar las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria de oficio o a petici髇 de los propietarios afectados u otros sujetos legitimados. En este caso, corresponde a la administraci髇 mencionada gestionar la ejecuci髇 directamente, o indirectamente seg鷑 alguna de las modalidades admitidas por la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico. Los propietarios y los otros sujetos legitimados pueden ejercer la iniciativa para gestionar las actuaciones y pueden suscribir con la Administraci髇 los convenios para llevarlas a cabo. Asimismo, la Administraci髇 urban韘tica actuante puede acordar con la delimitaci髇 de la actuaci髇 o posteriormente, siguiendo la tramitaci髇 que prev� el art韈ulo 119, que la gesti髇 de iniciativa p鷅lica o privada se efect鷈 mediante alguno de los sistemas de actuaci髇 urban韘tica que prev� el t韙ulo cuarto y, en este caso, son de aplicaci髇 las normas de este t韙ulo que correspondan en funci髇 de las caracter韘ticas de la actuaci髇.

4. Las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria tienen que ser delimitadas mediante alguno de los instrumentos siguientes:

• a) El planeamiento urban韘tico.
• b) La declaraci髇 de 醨eas de conservaci髇 y rehabilitaci髇 a que hace referencia el art韈ulo 36 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
• c) El procedimiento de tramitaci髇 de los instrumentos de gesti髇 urban韘tica a que hace referencia el art韈ulo 119.

5. En caso de que la declaraci髇 de 醨ea de conservaci髇 y rehabilitaci髇 no concrete las diversas actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria que comprende, estas se pueden delimitar mediante el planeamiento urban韘tico o por el procedimiento de tramitaci髇 de los instrumentos de gesti髇 urban韘tica a que hace referencia el art韈ulo 119.

6. El proyecto de delimitaci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria tiene que incorporar una memoria justificativa, la evaluaci髇 econ髆ica de la actuaci髇 y la representaci髇 gr醘ica del 醡bito que comprende, el cual puede ser discontinuo y referirse a una 鷑ica finca o incluir un conjunto de fincas cuando los beneficios y las cargas sean comunes a todas ellas.

7. La autorizaci髇 del proyecto de las obras de rehabilitaci髇 requiere la audiencia previa de las personas interesadas y puede comportar la autorizaci髇 para ocupar, mientras subsista la edificaci髇, suelos reservados a sistemas urban韘ticos o terrenos privados inedificables en los supuestos a que hace referencia el art韈ulo 9 bis.

8. El proyecto de distribuci髇 de los beneficios y cargas de la actuaci髇 se rige, con respecto a los aspectos formales y sustantivos, por las normas que regulan los proyectos de reparcelaci髇 que les puedan ser aplicables en raz髇 de las caracter韘ticas de la actuaci髇, con las particularidades siguientes en caso de edificios en propiedad horizontal:

• a) Los costes derivados de la actuaci髇 y los beneficios imputables a ella, incluidas las ayudas p鷅licas de car醕ter colectivo, y los dem醩 ingresos vinculados de esta naturaleza, se tienen que repartir en proporci髇 a la cuota respectiva de participaci髇 en la comunidad de propietarios.
• b) En caso de que la actuaci髇 comporte la ampliaci髇 del edificio para construir nuevos pisos o locales, la adjudicaci髇 del dominio sobre los nuevos elementos privativos se puede hacer:
  • 1�. Si los nuevos elementos privativos se destinan al pago de los gastos urban韘ticos con el producto obtenido por su venta a terceros, a favor de la Administraci髇 o de la comunidad de propietarios promotora de la actuaci髇 o de los propietarios en proporci髇 a su cuota de participaci髇 en la comunidad. En este 鷏timo supuesto, la promotora queda facultada a t韙ulo de fiduciaria para vender los elementos privativos mencionados.
  • 2�. Si los nuevos elementos privativos se destinan al pago en especie, total o parcial, de las obras de rehabilitaci髇, a favor de la constructora que las ejecute.

9. Las ayudas p鷅licas para el pago o financiaci髇 de las cuotas correspondientes a los costes de las actuaciones que est閚 fijadas por la Administraci髇 sobre la base de las condiciones socioecon髆icas de las personas afectadas, aunque puedan servir para la justificaci髇 de la viabilidad econ髆ica de la actuaci髇, no pueden ser objeto de equidistribuci髇.

La Administraci髇 en su r間imen de ayudas puede condicionar la subvenci髇 de la cuota de rehabilitaci髇 a la obligaci髇 de la persona propietaria de no transmitir ni ceder de manera onerosa el uso de las fincas o de no incrementar la renta en un plazo concreto en los t閞minos que se establezcan.

10. Las cuotas correspondientes a los costes de las actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria se liquidan y son exigibles de acuerdo con la regulaci髇 que para las cuotas de urbanizaci髇 del sistema de actuaci髇 por reparcelaci髇 establece el t韙ulo cuarto.

11. En caso de que una actuaci髇 de transformaci髇 urban韘tica en suelo urbano comprenda actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria, los proyectos de obras de rehabilitaci髇 y de distribuci髇 de beneficios y cargas pueden ser aprobados separadamente de acuerdo con lo que prev� esta disposici髇, sin perjuicio del cumplimiento, por parte de los propietarios del resto de deberes inherentes a la actuaci髇 de transformaci髇 urban韘tica.

12. Las obras de rehabilitaci髇 edificatoria no incluidas en los 醡bitos delimitados de acuerdo con el apartado 4 se tienen que ejecutar de conformidad con la legislaci髇 civil.

13. Cuando la ejecuci髇 de obras de rehabilitaci髇 edificatoria requiera la desocupaci髇 de las viviendas afectadas, as� como en caso de obras de derribo de un edificio de viviendas, es condici髇 necesaria para otorgar el t韙ulo administrativo que habilite para ejecutar las obras mencionadas que la persona promotora, conjuntamente con la solicitud del t韙ulo, aporte el programa para hacer efectivos los derechos legales de alojamiento provisional y de retorno de los ocupantes legales de las viviendas que constituyan la residencia habitual, a ejercer ante la propiedad del edificio.�

�8. Es aplicable la legislaci髇 urban韘tica al procedimiento de delimitaci髇 de las 醨eas sujetas a los derechos de tanteo y retracto a que hace referencia este art韈ulo, as� como al ejercicio de estos derechos.�

獷l 羠ea Metropolitana de Barcelona es competente para declarar, con la audiencia previa de los municipios afectados, las 醨eas de conservaci髇 y rehabilitaci髇 a que hace referencia el art韈ulo 36, incluso para delimitar actuaciones de rehabilitaci髇 edificatoria en el medio urbano de inter閟 metropolitano y de alcanzar la condici髇 de administraci髇 actuante para la gesti髇 urban韘tica de las actuaciones mencionadas.�

�1. Las personas titulares de licencias de obras caducadas a partir del 1 de enero de 2008, otorgadas de conformidad con la normativa t閏nica en materia de edificaci髇 y de vivienda anterior a la normativa aplicable a la entrada en vigor de esta ley, pueden solicitar la rehabilitaci髇 y la pr髍roga de la vigencia cuando concurran las circunstancias siguientes:

• a) Si, despu閟 de haber iniciado la ejecuci髇 de las obras autorizadas, no pudieron finalizarlas en los plazos fijados por causa de la coyuntura de crisis econ髆ica en el sector de la construcci髇.
• b) Si se ha iniciado la estructura del edificio y la adaptaci髇 de las obras ejecutadas a las exigencias derivadas de la normativa t閏nica en materia de edificaci髇 y de vivienda aplicable a la entrada en vigor de esta ley resulta inviable econ髆icamente.
• c) Si las obras autorizadas son conformes a la legislaci髇 y el planeamiento urban韘ticos vigentes en el momento de solicitar la rehabilitaci髇 y la pr髍roga en todos los aspectos no relacionados con las exigencias especificadas por la letra b.

2. Las personas titulares de licencias a que hace referencia el apartado 1 disponen de un plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor del Decreto ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, para solicitar la rehabilitaci髇 y la pr髍roga. Transcurrido este plazo sin haber presentado la solicitud, o transcurrido el plazo de pr髍roga de la licencia rehabilitada sin haber finalizado las obras de edificaci髇 autorizadas, las personas mencionadas quedan obligadas a derribar el edificio inacabado, para lo cual disponen de un plazo m醲imo de un a駉 desde que finalice el plazo correspondiente con la advertencia de que, si no lo hacen, se puede ejecutar forzosamente por la administraci髇 que otorg� la licencia por los medios regulados a la legislaci髇 urban韘tica con relaci髇 a las 髍denes de restauraci髇 de la realidad f韘ica alterada y el orden urban韘tico vulnerado. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la posibilidad de obtener nueva licencia sobre un proyecto rectificado que incorpore los ajustes necesarios para que sean autorizables las obras de acuerdo con la normativa t閏nica aplicable.

3. El plazo m醲imo de pr髍roga de las licencias de obras a las cuales hace referencia el apartado 1 es el 31 de diciembre de 2022.�

�3. Las especificidades de las modalidades de contrataci髇 establecidas en el art韈ulo 18 no son exigibles cuando se trate de la contrataci髇 de los servicios del proceso arquitect髇ico relativos a la construcci髇 de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad p鷅lica.�