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Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (Vigente hasta el 23 de Julio de 2010).

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
  • Publicado en BOJA núm. 86 de y BOE núm. 220 de
  • Vigencia desde 07 de Agosto de 1993. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2004 hasta 23 de Julio de 2010
Versiones/revisiones:

Sumario

Ir a Norma derogadora Ley [ANDALUCÍA] 7/1993, 27 julio, derogada por apartado 3 del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio) el 23 de julio de 2010.

Exposición de Motivos

El ejercicio de las competencias estatutarias junto a la experiencia adquirida por la Administración Autónoma permiten y demandan un nuevo paso en la promulgación de la legislación de desarrollo, ya iniciada con la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio y delimitada por los artículos 149.1.18 de la Constitución, el 13.3 del Estatuto Andaluz y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Desde el respeto preceptivo a las reservas que en esta materia sigue conservando el Estado y el carácter exclusivo otorgado por la norma estatutaria, se ha pretendido, en todo momento, definir lo más nítidamente posible ambas esferas, construyendo reglas asimilables a las emanadas de las Cortes Generales del Estado que permitan el mutuo complemento, con vistas al ideal de fusión de ambos ordenamientos jurídicos en un complejo normativo armonioso que facilite el desenvolvimiento de los entes locales andaluces.

En esta línea, dentro del marco de política global del Estado que representa el común denominador normativo -Ley 7/ 1985, de 2 de abril-, en esta Ley se contemplan las peculiaridades que ofrece la realidad andaluza en materia de demarcación municipal, entendida ésta como espacio penetrable por otras Administraciones que se superponen y tienden a confundirse en una constante búsqueda de elementos de relación que faciliten la articulación de todo el sistema administrativo, sin pérdida de la esencia autónoma de cada municipio.

Atravesando los umbrales de la parte dispositiva de la propia Ley, se ha de destacar la fijación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de unos niveles homogéneos de prestación de los servicios públicos de carácter básico para toda la población andaluza, en garantía de unas cotas de igualdad para todos los ciudadanos.

Una de las facetas más espinosas a afrontar es la de las modificaciones de términos municipales. Sin duda, las fusiones y segregaciones son los temas claves a regular en cuanto a las primeras, y sin perjuicio de una política generalizada de fomento dirigida a conseguir un mapa más acorde para la mejor gestión de los servicios públicos, se han evitado aquellas medidas coercitivas que pudieran forzar a una pérdida de representatividad política de núcleos de población, en beneficio de una supuesta funcionalidad. Se trata, en definitiva, de garantizar la eficacia, mediante toda una serie de actuaciones que conforman la razón de ser de la propia Ley, alterando lo menos posible la realidad municipal andaluza. Por lo que respecta a la creación de nuevos municipios, por segregación de parte de otros previamente existentes, había que optar entre las dos soluciones radicales con que se puede afrontar tan candente cuestión, o se facilitaban las tendencias centrífugas que pretenden obtener respaldo jurídico, y aun filosófico, a partir de una peculiar interpretación de la cláusula institucional de salvaguardia de la autonomía municipal, o por el contrario, se seguía el criterio del legislador básico que, en buena doctrina y en consonancia con el ideal antes apuntado de creación de un complejo armonioso entre los ordenamientos jurídicos estatal y autonómico, la nueva reflexión y el buen sentido demandan. Siguiendo esta línea, se ha estimado prudente fijar unos mínimos de población y distancia del núcleo que se pretende segregar del originario, que avalen la viabilidad de aquél en el supuesto de que se culmine el proceso de independencia.

En otro orden de ideas, la tendencia a adecuar los diversos ámbitos territoriales de las Administraciones Públicas a las exigencias derivadas del desarrollo económico y social, se hace cada día más acusada, aceptándose que un servicio público de calidad, cuya prestación esté presidida, entre otros, por principios de eficacia y eficiencia, aconseja la potenciación de fórmulas asociativas que racionalicen y aúnen esfuerzos y recursos, siempre que no debiliten o vacíen de contenido la autonomía o la gestión propia de cada municipio.

A tal fin, la Ley contempla y regula de modo singular las figuras de las Mancomunidades de municipios y de los Consorcios como opciones ciertamente válidas para que, en el ámbito local, se haga efectiva en adecuadas condiciones la prestación de determinados servicios públicos en los que su coste, su territorialidad, la aplicación de modernas tecnologías, etc., aconsejan fórmulas asociativas específicas con la participación, incluso, de otras Administraciones.

En las mismas consideraciones hay que enmarcar la regulación del area metropolitana si bien la complejidad de tal figura, y la singularidad de cada caso en concreto, aconsejan tan sólo un esbozo de aquélla, dejando la regulación específica y minuciosa de cada uno de los supuestos que puedan plantearse a la Ley propia que los cree.

Por último frente a la actitud rigorista que mantiene la Ley respecto a la creación de municipios, la regulación que ofrece de las Entidades locales autónomas aparece con elementos originales suficientes como para hacerlas sumamente atractivas y capacitadas para polarizar las posibles corrientes segregacionistas en Andalucía que, en definitiva, buscan una mayor proximidad de los ciudadanos del medio rural a la gestión de sus propios intereses; así, los acuerdos del Consejo de Gobierno creando estas Entidades habrán de fijar simultáneamente sus límites territoriales, en evitación de dificultades y frustraciones posteriores, la correspondiente separación patrimonial sus competencias propias, así como aquellas otras que le puedan ser delegadas, con fijación de un catálogo de servicios mínimos a prestas por la Junta Vecinal. Junto a todo esto, en materia de Hacienda, y con independencia de fijarse los recursos propios tradicionales, es de destacar la obligatoriedad impuesta a los municipios que cuenten en su territorio con Entidades de este tipo, de consignar anualmente en sus presupuestos una asignación económica destinada a nutrir el de éstas y cuyo importe será actualizado en función del volumen de sus obligaciones. Para el caso de no existir inteligencia sobre el particular entre el municipio y su Entidad local autónoma, será la propia Comunidad Autónoma la que resuelva, sin perjuicio de la actuación posterior de los Tribunales competentes.

En sustancia, se podría afirmar que el objetivo de la presente Ley no es otro que la búsqueda de un régimen local andaluz que sea ámbito auténtico de participación política de sus habitantes y de eficaz gestión administrativa, en estrecha colaboración con su Comunidad Autónoma.