Sumario

La Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del R間imen Urban韘tico y Valoraciones del Suelo, introdujo importantes reformas en el ordenamiento jur韉ico urban韘tico, constituido hasta entonces por el Texto Refundido de la Ley sobre el R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana de 1976, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, producto a su vez de una primera reforma efectuada por la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre la Ley del Suelo original de 1956.

Por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, se aprob� el Texto Refundido de la Ley 8/1990 y la legislaci髇 urban韘tica anterior, y por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, la tabla de vigencias de los Reglamentos de 1978 (Planeamiento, Gesti髇 y Disciplina Urban韘ticos) y de otros m醩 antiguos (Edificaci髇 Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones).

Por 鷏timo se han aprobado el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, y la Ley 7/1997, de 14 de abril, que disponen diversas medidas para la liberalizaci髇 del suelo.

El 27 de octubre de 1990, la Junta de Castilla y Le髇 interpuso recurso de inconstitucionalidad 2487/1990 contra la Ley 8/1990, solicitando la declaraci髇 como inconstitucional y consiguiente anulaci髇 de su Disposici髇 Final Primera, en tanto declaraba legislaci髇 b醩ica o de aplicaci髇 plena un importante n鷐ero de preceptos.

An醠ogas pretensiones, y con similar fundamentaci髇, fueron objeto de los recursos que interpusieron las Comunidades Aut髇omas de Navarra, Cantabria, Catalu馻, Arag髇 y Canarias. Aprobado el texto Refundido de 1992, recurrieron contra 閘 Baleares, Arag髇 y Catalu馻, mientras que tanto Castilla y Le髇 como Navarra, Cantabria y Canarias optaron en aquella ocasi髇 por no reiterar la impugnaci髇.

El 25 de abril de 1997 se publica en el 獴OE� la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, que estima parcialmente los recursos contra el Texto Refundido de 1992, declarando inconstitucionales un gran n鷐ero de preceptos por haber sido dictados por el Estado sin tener competencia legislativa para ello. Entre ellos, todos los de car醕ter supletorio, y tambi閚 la disposici髇 derogatoria en cuanto al Texto Refundido de 1976 y a los Decretos-Leyes de 1980, que en consecuencia recuperan su vigor, en cuanto no sean incompatibles con los preceptos que se mantienen vigentes del Texto de 1992 o con las recientes reformas.

Castilla y Le髇 fue, como se ha dicho, una de las Comunidades que recurrieron la reforma de 1990. Sin embargo, no pretendi� en ning鷑 momento que los preceptos atacados como b醩icos o de aplicaci髇 plena no pudieran ser objeto de la potestad legislativa supletoria del Estado, ni tampoco cuestion� la existencia misma de esta potestad en el 醡bito de competencias transferidas como el urbanismo.

La incertidumbre sobre el resultado de la Sentencia y la creencia de que la legislaci髇 estatal podr韆 siempre aplicarse supletoriamente, dando tiempo a la preparaci髇 de un buen texto legal para Castilla y Le髇 una vez efectuado el deslinde competencial, explica que se optar� por retrasar la aprobaci髇 de la legislaci髇 regional, sin perjuicio de que se comenzaran los trabajos para su elaboraci髇 ya en 1995.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el pasado 23 de mayo el Gobierno ha aprobado un Proyecto de Ley sobre R間imen del Suelo y Valoraciones, cuyo contenido alterar韆 sustancialmente el ordenamiento urban韘tico vigente.

En cuanto a las consecuencias de la Sentencia, importa distinguir la situaci髇 de los 2.235 municipios de menos de 25.000 habitantes, a los que la reforma legislativa afectaba de forma parcial, la de aquellos otros 9 que, aun teniendo mayor poblaci髇, no llegaron a adaptar sus Planes Generales a la citada reforma, y por 鷏timo la de los 3 municipios capitales de provincia que s� lo hicieron (Soria, Palencia y Valladolid).

A la vista de los antecedentes expuestos, y con el prop髎ito de facilitar la aplicaci髇 de la normativa urban韘tica, incluido el planeamiento, durante el per韔do transitorio que se extender� hasta la aprobaci髇 de la legislaci髇 regional, la Consejer韆 de Medio Ambiente y Ordenaci髇 del Territorio estima conveniente exponer los criterios de interpretaci髇 que considera m醩 adecuados en tal sentido.

Estos criterios ser醤 de obligatoria observancia por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla y Le髇, sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta por las restantes Administraciones P鷅licas y por los particulares.

En su virtud, a la vista de las competencias otorgadas por el art韈ulo 21 del Texto Refundido de la Ley del Gobierno y de la Administraci髇 de Castilla y Le髇, aprobado por Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de junio, y modificado por la Ley 3/1995, de 22 de noviembre, y por el Decreto 225/1995, de 2 de noviembre, por el que se establece la Estructura Org醤ica de la Consejer韆 de Medio Ambiente y Ordenaci髇 del Territorio, se dicta la presente circular.

I. Efectos de la Sentencia sobre el Texto Refundido de la Ley sobre el R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio:

Es preciso en primer lugar analizar los efectos de la Sentencia sobre la reforma legislativa de 1990, determinando lo que se mantiene vigente de ella, lo que se suprime, retorn醤dose al Derecho anterior, y por 鷏timo en qu� aspectos la Sentencia es irrelevante porque lo anulado coincide en la pr醕tica con el Derecho restablecido:

• a) En cuanto al r間imen de la propiedad del suelo, mantiene su vigencia el sistema por el cual las facultades urban韘ticas no son inherentes a la propiedad, sino que deben adquirirse gradualmente a partir de la aprobaci髇 del Plan, momento que se馻la la obligaci髇 de los propietarios de incorporarse al proceso urbanizador y cumplir los deberes urban韘ticos legales en plazos concretos.

  As� el Texto de 1992 se mantiene vigente en los art韈ulos 5.� (la funci髇 social de la propiedad delimita el contenido de las facultades urban韘ticas susceptibles de adquisici髇 y condiciona su ejercicio), 6.� (no indemnizabilidad por la ordenaci髇, salvo en los supuestos que la Ley define), 7.� (principios de participaci髇 de la comunidad en las plusval韆s generadas por la acci髇 urban韘tica de los entes p鷅licos, y de reparto de beneficios y cargas entre los afectados, en los t閞minos fijados por las Leyes), 8.� (utilizaci髇 del suelo conforme a la ordenaci髇 territorial y urban韘tica, y por remisi髇 de ella, al planeamiento), 23 (el contenido urban韘tico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adquisici髇 sucesiva de los derechos a urbanizar, al aprovechamiento urban韘tico, a edificar y a la edificaci髇), 24.1, 3 y 4 (la adquisici髇 del derecho a urbanizar requiere la aprobaci髇 del planeamiento preciso en cada clase de suelo), 26, 28.1 y 5 (el derecho al aprovechamiento urban韘tico se adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesi髇, equidistribuci髇 y urbanizaci髇 en los plazos fijados por el planeamiento o la legislaci髇 urban韘tica aplicable), 33 (el derecho a edificar se adquiere con la licencia siempre que el proyecto presentado fuera conforme con la ordenaci髇 urban韘tica), y 37 (el derecho a la edificaci髇 se adquiere por la conclusi髇 de las obras al amparo de licencia no caducada y conforme con la ordenaci髇 urban韘tica: Requisitos para autorizar notarialmente e inscribir registralmente escrituras de obra nueva terminada y en construcci髇).

  Se mantiene asimismo el principio de que la incorporaci髇 al proceso urbanizador y edificatorio no es s髄o un derecho sino un deber de los propietarios afectados que nace con la aprobaci髇 del planeamiento preciso (art韈ulo 19), lo que conlleva al menos someterse a la equitativa distribuci髇 de beneficios y cargas entre los afectados y cumplir los deberes legales de cesi髇, urbanizaci髇, solicitud de licencia y edificaci髇 que se馻la el art韈ulo 20.1, en los plazos previstos, de modo que el cumplimiento de esos deberes condiciona la gradual adquisici髇 de las facultades urban韘ticas (art韈ulo 20.2) y su incumplimiento acarrea incluso la extinci髇 de las facultades ya adquiridas (el art韈ulo 25 regula la extinci髇 del derecho a urbanizar, el 35.2 y el 36 la del derecho a edificar, y los art韈ulos 38.1, 39, 40.1 y 2 y 41 los diversos supuestos que impiden la adquisici髇 del derecho a la edificaci髇). Se mantienen, en fin, los deberes legales de uso, conservaci髇 y rehabilitaci髇 (art韈ulo 21) y la naturaleza real de las facultades y deberes urban韘ticos, transmisibles por tanto al adquirente de las fincas (art韈ulo 22).

• b) Sin embargo, una de las primeras limitaciones que el Tribunal Constitucional impone al Legislador estatal afecta a su competencia para imponer plazos supletorios para el cumplimiento de deberes y la adquisici髇 de las facultades urban韘ticas.

  El art韈ulo 28.2 del Texto Refundido de 1992 remit韆 al planeamiento la fijaci髇 del plazo para adquirir el derecho al aprovechamiento urban韘tico en las actuaciones de gesti髇 privada, se馻lando en su defecto cuatro a駉s desde la aprobaci髇 del planeamiento en suelo urbano, y desde la delimitaci髇 de la unidad de ejecuci髇 no urbanizable. La Sentencia anula este art韈ulo, por lo que, como la Ley de 1976 no fijaba este tipo de plazos, de acuerdo con el subsistente art韈ulo 26 del Texto de 1992 s髄o existir醤 en los municipios con planeamiento adaptado a la legislaci髇 de 1990-1992, cuando 閟te los establezca. En los dem醩 municipios de Castilla y Le髇, los deberes urban韘ticos podr醤 cumplirse en plazo indefinido.

  Que ello es as� se confirma tambi閚 porque la Sentencia anula las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del Texto de 1992, que establec韆n equivalencias de los nuevos plazos con los que hubiera fijado el planeamiento ya vigente (para completar la urbanizaci髇 en suelo urbano en unidad de ejecuci髇, o para convertir las parcelas en solares y solicitar licencia en otro caso, y en cuanto al suelo urbanizable, plazos de los planes de etapas de los PAU y Planes Parciales), o complementaban al art韈ulo 28.2 para los casos en que dicho planeamiento no los hubiera fijado, o bien los fijados hubieran concluido a la entrada en vigor de la Ley 8/1990.

  Por otro lado los art韈ulos 30.2 y 31.3 del Texto de 1992 se馻laban, a falta de precisiones en el planeamiento, plazos para solicitar la licencia de edificaci髇, de 1 a駉 en actuaciones sistem醫icas y de 2 en asistem醫icas, que de incumplirse justificaban la expropiaci髇 o venta forzosa con sensible reducci髇 del derecho al aprovechamiento.

  Anulados (al igual que las previsiones correspondientes de las Transitorias Segunda y Tercera), el resultado es tambi閚 aqu� que s髄o en los municipios con planeamiento adaptado, existir醤, en su caso, plazos para la solicitud de las licencias de edificaci髇, y que en los dem醩 municipios 閟tas no est醤 ya sometidas a plazo alguno. (Y ello a pesar de que el art韈ulo 20.1 d) del Texto de 1992 configura el deber legal de solicitar la licencia como sujeto a plazos establecidos; pero esta configuraci髇 s髄o ser� aplicable si est醤 establecidos como legalmente pueden establecerse, sin que quepan interpretaciones anal骻icas o extensivas, trat醤dose de deberes que condicionan la conservaci髇 y la adquisici髇 de derechos).

• c) Sobre la clasificaci髇 del suelo, la Sentencia reconoce al Estado competencia para dictar una clasificaci髇 jur韉ico-urban韘tica b醩ica, y por ello mantiene los art韈ulos 3.� 2 c) y 9.� 1, que establecen tres clases de suelo de las que se derivar� un r間imen jur韉ico distinto: Urbano o consolidado urban韘ticamente, urbanizable o apto para urbanizar, y no urbanizable o preservado de tal proceso.

  Se anulan en cambio las clasificaciones m醩 detalladas (urbanizable programado y no programado, apto para urbanizar), con menor trascendencia, sin embargo, que la supresi髇 del suelo urbanizable no programado que han llevado a cabo con anterioridad el Real Decreto Ley 5/1996 y la Ley 7/1997, reforma legislativa que afecta tambi閚 al Texto Refundido de 1976, que de otra forma habr韆 venido a aplicarse. La Sentencia no innova pues pr醕ticamente en este orden de cosas, al menos en sus efectos pro futuro.

  Rechaza tambi閚 la Sentencia las definiciones de los tipos de suelo (art韈ulos 10, 11, 12, 13 e incluso 9.� 2 y 14), sin m醩 trascendencia que la restauraci髇 de los similares preceptos de 1976: art韈ulos 78, 79, 80, 81 y 82. S髄o el 9.� 2 carece de estricta correspondencia, pero sin que ello tenga relevancia pr醕tica considerable.

  Por 鷏timo, aunque la Sentencia anula el art韈ulo 18, relativo al r間imen del suelo urbanizable no programado en tanto no se aprobara el correspondiente Programa de Actuaci髇 Urban韘tica (lo que es hoy irrelevante, al haber suprimido ese tipo de suelo el Real Decreto Ley 5/1996 y la Ley 7/1997), si debe destacarse que se han mantenido como v醠idos y vigentes los art韈ulos 15 a 17, con la excepci髇 del apartado 3 del art韈ulo 16, cuya anulaci髇 hace renacer en su vigencia al art韈ulo 85 (por remisi髇 del 86.1) del Texto de 1976: son los art韈ulos relativos a la preservaci髇 del proceso urban韘tico de los terrenos no urbanizables y de las 醨eas de especial protecci髇.

• d) Entre las innovaciones m醩 relevantes de la Ley 8/1990 pueden citarse las t閏nicas del aprovechamiento tipo y de las 醨eas de reparto, reformulaci髇 evolucionada de la t閏nica del aprovechamiento medio de la Ley anterior, con la que comparten el objetivo de la equidistribuci髇 de las cargas y beneficios de la ordenaci髇 urban韘tica. La Sentencia anula su establecimiento y regulaci髇, entendiendo que pertenecen al 醡bito puramente urban韘tico de competencia auton髆ica; se declaran as� inconstitucionales los art韈ulos 78.2 y 94 a 99 del Texto de 1992, y resulta vac韔 de contenido el art韈ulo 100.

  Hay que tener en cuenta que estas t閏nicas s髄o eran obligatorias con car醕ter general en suelo urbanizable, pero no para el suelo urbano de los municipios con poblaci髇 inferior a 25.000 habitantes, salvo que la Comunidad Aut髇oma as� lo dispusiera, lo que no ha sucedido en Castilla y Le髇, lo que resulta de inter閟 para evaluar la relevancia de su anulaci髇. Tambi閚 es conveniente resaltar, en este sentido, que de los 12 municipios de la regi髇 a los que s� eran de aplicaci髇 韓tegra estas t閏nicas, tan s髄o 3 (Soria, Palencia y Valladolid) han llegado a instaurarlas al revisar su planeamiento general, incumpliendo los dem醩 el mandato de la Transitoria S閜tima del Texto de 1992, ahora anulado.

  La supresi髇 del aprovechamiento tipo y de las 醨eas de reparto resucita la vigencia del art韈ulo 84.2 a) del Texto de 1976, en relaci髇 con el aprovechamiento medio de la totalidad y de los distintos sectores del suelo urbanizable (programado), as� como, en buena l骻ica, la de su antiguo complemento reglamentario de los art韈ulos 30 b) y 31 del Reglamento de Planeamiento de 1978, tal como se razonar� m醩 adelante.

  A este respecto, conviene llamar la atenci髇 sobre la similitud entre la anulada regulaci髇 del aprovechamiento tipo y la del aprovechamiento medio del suelo urbanizable (programado) en las normas restauradas de 1976-1978: el c醠culo del aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado en cada cuatrienio precisa calcular previamente el de los sectores que lo integren, sum醤dolos luego y dividiendo por 13 superficie total del suelo del cuatrienio, y el c醠culo del aprovechamiento medio de cada sector se basa en el c醠culo del aprovechamiento de sus zonas (art韈ulo 31 RPU). Como el anulado art韈ulo 94.3 b) de 1992 prescrib韆 una sola 醨ea de reparto para el conjunto del suelo urbanizable programado para cada cuatrienio y el art韈ulo 97 basaba el c醠culo del aprovechamiento tipo del 醨ea de reparto as� configurada en el de sus distintas zonas (otorgando asimismo su papel al planeamiento parcial, cuyo 醡bito es precisamente el de los sectores) en la pr醕tica el aprovechamiento tipo del 醨ea de reparto en suelo urbanizable viene a ser equivalente al aprovechamiento medio del suelo urbanizable de cada cuatrienio, y no debe haber especiales problemas para identificar el aprovechamiento medio de cada sector como la suma de los aprovechamientos lucrativos de sus respectivas zonas dividida por la superficie total del sector.

  Tambi閚 es anulada la regulaci髇 del aprovechamiento medio de la unidad de ejecuci髇 introducida en la Adicional Segunda del Texto de 1992, para los supuestos en los que no fueran de aplicaci髇 las t閏nicas del aprovechamiento tipo y las 醨eas de reparto (suelo urbano de municipios menores), o donde lo fueran, mientras no se adaptase el planeamiento, sustituyendo simplemente el t閞mino aprovechamiento tipo por el de aprovechamiento medio y haciendo cumplir a las unidades de ejecuci髇 la funci髇 de 醨ea de reparto. As� la Sentencia hace que no dispongamos ya de regulaci髇 alguna del aprovechamiento medio de unidades de ejecuci髇, lo que resultar� de importancia en cuanto a la aplicaci髇 de la Ley 7/1997.

• e) Otro de los puntos claves de la reforma urban韘tica de 1990 es la limitaci髇 del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 privada (al 85% del aprovechamiento tipo del 醨ea de reparto, o en su defecto del aprovechamiento medio de la unidad de ejecuci髇 o en ausencia de ambos, del permitido por el planeamiento).

  Obviamente, esta limitaci髇 parec韆 significar un deber de cesi髇 a la Administraci髇 del 15% restante, y aunque esto no era as� realmente, puesto que el derecho al aprovechamiento no formaba parte de entrada del derecho de propiedad, ordinariamente se interpret� como la 玞esi髇 del 15% al Ayuntamiento�, en t閞minos inercialmente derivados de la legislaci髇 anterior. Por tanto la reforma en este punto signific� esencialmente la elevaci髇 del 10% de cesi髇 obligatoria y gratuita (art韈ulo 84.3 de 1976) al 15%, y la ampliaci髇 de ese 玠eber de cesi髇� al suelo urbano.

  El Real Decreto Ley 5/1996 y la Ley 7/1997 han modificado de nuevo la regulaci髇 b醩ica del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 privada, por lo que los criterios sobre su interpretaci髇 se establecer醤 al analizar dichas disposiciones (ver apartado II).

  S� puede analizarse aqu� la anulaci髇 de los art韈ulos 32 y 59 a 61 del Texto de 1992, sobre reducci髇 del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 en actuaciones expropiatorias (para obtenci髇 de sistemas generales adscritos o dotaciones p鷅licas locales o para la gesti髇 urban韘tica por expropiaci髇: en suelo urbano al 75% del aprovechamiento tipo, o en su caso medio, y al 50% en urbanizable programado). Pues bien, no regulando el Texto de 1976 ninguno de estos supuestos, ni previendo casos de suelo urbanizable excluido de sector, se plantea la existencia de un vac韔 legal en lo relativo al aprovechamiento atribuible a los sistemas generales del suelo urbanizable exteriores a los sectores, puesto que, efectivamente, la limitaci髇 del aprovechamiento al 90% se refiere, tanto en la Ley 7/1997 como en el Texto de 1976, s髄o a los sectores de suelo urbanizable y no al conjunto del suelo urbanizable del cuatrienio.

  La legalidad resultante tras la Sentencia no admite en este punto m醩 que una interpretaci髇: a los terrenos del suelo urbanizable que no queden incluidos en los sectores, y resulten por tanto excluidos de los sistemas de equidistribuci髇 de cargas y beneficios, les corresponde el 100% del aprovechamiento medio del cuatrienio, sin obligaci髇, pues, de cesi髇 de porcentaje alguno de este aprovechamiento.

  Otro aspecto importante del Texto Refundido de 1992 se recog韆 en sus art韈ulos 30.1, 3 y 5 y 31.1 y 2, referidos a la reducci髇 del aprovechamiento urban韘tico por demora en la solicitud de licencia (玶educci髇-sanci髇�), que el Tribunal anula casi 韓tegramente por no haberse limitado el legislador estatal a establecer criterios m韓imos, que en este caso consistir韆n en la determinaci髇 de un tope m醲imo de tal reducci髇. Con la anulaci髇 desaparecen del ordenamiento estas innovaciones de la Ley 8/1990.

  Por 鷏timo, el Tribunal Constitucional anula tambi閚 el art韈ulo 29.1 del Texto de 1992, en el que se establecen precisiones sobre el modo de concretar el derecho al aprovechamiento urban韘tico, pero esta anulaci髇 es irrelevante (salvo por la aclaraci髇 del car醕ter no b醩ico de tales modalidades), puesto que las mismas est醤 ya en el Texto de 1976, cuya aplicaci髇 como legislaci髇 supletoria hace posible la Sentencia.

• f) Una buena parte del articulado del T韙ulo V del Texto Refundido de 1992, relativo a las expropiaciones y r間imen de venta forzosa, mantiene su vigencia por tener por objeto, sobre la base de la competencia estatal ex art韈ulo 149.1.18 CE, la regulaci髇 de aspectos esenciales y comunes a la expropiaci髇 forzosa.

  As� sucede con la condici髇 de expropiado (art韈ulo 222) y de beneficiario (art韈ulo 214), la forma de pago (art韈ulo 217), el procedimiento de determinaci髇 del justiprecio (art韈ulos 218 a 220) o los criterios para su determinaci髇 (art韈ulo 216), la ocupaci髇 (art韈ulos 223 y 224) y la reversi髇 (art韈ulos 225 y 226). Tambi閚 se mantienen dos art韈ulos de car醕ter b醩ico, relativos a los bienes de dominio p鷅lico (210) y a las modalidades interadministrativas para la gesti髇 de expropiaciones (213). Se anulan en cambio los art韈ulos 206, 207, 208, 209, 211 (parcialmente), 212, 221 y por supuesto, casi todos los preceptos sobre el sistema de actuaci髇 por expropiaci髇 situados en el Cap韙ulo del T韙ulo IV dedicado a las actuaciones sistem醫icas (art韈ulos 171 y 172 y 174 a 176).

  Pero casi todos estos preceptos estaban tra韉os de la normativa anterior a 1990 que ahora recupera su vigor, por lo que no habr� cambios reales en la regulaci髇. S髄o el art韈ulo 208 aparece en la reforma (art韈ulo 80 de la Ley 8/1990), pero su desaparici髇 no va a plantear problemas de aplicaci髇.

  En cuanto al r間imen de la venta forzosa, de los art韈ulos 227 a 236 del Texto de 1992, s髄o se ha salvado su previsi髇 gen閞ica (art韈ulo 227.1, segundo inciso), los criterios de que un terreno con edificaci髇 declarada en ruina o inadecuada se valore, una vez incurso en venta forzosa, por el 50% del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 o mediante las normas del art韈ulo 56, respectivamente, y asimismo que su transmisi髇, en tanto no se sometan al r間imen de venta forzosa, no alterar� su r間imen (art韈ulo 228.3 y 4, b醩icos, elimin醤dose la referencia al aprovechamiento tipo). Y por supuesto los preceptos reg韘trales (art韈ulos 232 y 235) dictados en ejercicio de competencia plena. Es poco, pues, lo que permanece, y habr� que retornar a las normas de 1976 (art韈ulos 156 y siguientes), en lo que no se opongan a las subsistentes de 1992.

  Menci髇 especial cabe hacer del r間imen de expropiaciones y venta forzosa por incumplimiento de deberes urban韘ticos: seg鷑 la exposici髇 de motivos de la Ley 8/1990, la l骻ica del sistema exige una respuesta de la Administraci髇 actuante frente al incumplimiento que impide la adquisici髇 de las facultades en cuesti髇 (urban韘ticas). Esa respuesta es la expropiaci髇 por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad, con la posibilidad de utilizar cualquiera de las formas de gesti髇 indirecta previstas en el ordenamiento vigente, o la venta forzosa del terreno.

  Esto era efectivamente lo que se establec韆 en los art韈ulos 30.3 y concordantes, 206.1 f), 207, 227.1 y 228.1 y 2, habiendo sido anulado casi todo por la Sentencia 61/1997, salvo el 206.1 f) que mantiene gen閞icamente la figura de la expropiaci髇 por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad que ya existe en la Ley de Expropiaci髇 de 1954, y un inciso gen閞ico sobre la venta forzosa del art韈ulo 227.1, lo que no tiene relevancia (aunque sorprendentemente se ha salvado tambi閚 de las anulaciones el art韈ulo 232, de legislaci髇 plena, que da por supuesta la venta forzosa por incumplimiento de deberes urban韘ticos).

  Con las anulaciones recuperan su vigencia en buena medida los art韈ulos 154 y siguientes de la Ley de 1976, los 鷑icos que en ella regulan una reacci髇 an醠oga, determinando la venta forzosa de los solares en los que se incumplieran los plazos fijados para su edificaci髇 en el Plan General, el PAU, o supletoriamente en el mismo art韈ulo 154.

• g) La Sentencia mantiene la mayor parte de la regulaci髇 sobre valoraciones del Texto de 1992 bas醤dose en la competencia estatal en relaci髇 con la fijaci髇 del justiprecio expropiatorio: Esto quiere decir, en suma, que sigue en pie lo m醩 sustantivo del nuevo r間imen de valoraciones establecido por la Ley 8/1990, en coherencia con su planteamiento de adquisici髇 gradual de las diversas facultades urban韘ticas, inicialmente desgajadas del contenido del derecho de propiedad sobre el suelo. Un r間imen que ha de aplicarse a cualquier g閚ero de transferencia coactiva o de ablaci髇 del derecho de propiedad sobre el suelo o las facultades adquiridas por su titular.

  El precio del suelo arranca de un valor inicial que se asigna al suelo no urbanizable y al urbanizable no programado (art韈ulo 48), basado en las valoraciones catastrales r鷖ticas (art韈ulo 49). Y a 閘 se ir醤 a馻diendo los valores que tasadamente se reconocen en la Ley por la clasificaci髇 del suelo (art韈ulo 48.2 y 3) y por la adquisici髇 de facultades urban韘ticas. Se llama precisamente valor urban韘tico al que adquiere la propiedad en funci髇 de derechos o facultades de este car醕ter que se adquieran (art韈ulos 50 y siguientes). Extinguido el derecho a urbanizar por incumplimiento de deberes, el art韈ulo 52 aplica al suelo urbanizable el valor inicial y al urbano el 50% del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇, o el resultante del planeamiento anterior, si fuera inferior.

  Se ha mantenido pues lo r間imen general de valoraciones urban韘ticas.

  En cambio se anulan todas las normas especiales que impon韆n reducciones-sanci髇 por incumplimiento de deberes urban韘ticos o en los supuestos de actuaciones de naturaleza expropiatoria, ya analizados.

• h) Otras normas de 1992, b醩icas o de aplicaci髇 plena, que se mantienen v醠idas y vigentes pr醕ticamente en su integridad, son las relativas a supuestos indemnizatorios (T韙ulo VI) y las que tienen por objeto el r間imen jur韉ico de peticiones, actos y acuerdos, acciones y recursos en la materia, y Registro de la Propiedad (T韙ulo IX).

  Con el Registro se relacionan otros art韈ulos no anulados del Texto de 1992: 211.3 (inscripci髇 de los actos administrativos relativos a servidumbres), 258.2 y 3 (inscripci髇 de fincas indivisibles y licencias de edificaci髇 sobre parcelas edificables), 259.3 (inscripci髇 de escrituras de divisi髇 de terrenos) o los citados a prop髎ito de la venta forzosa, 232 y 235.

• i) Se馻lados ya los contenidos de la Sentencia 61/1997 de mayor efecto sobre el Texto Refundido de 1992, conviene complementar lo dicho dando cuenta m醩 sucinta de otras anulaciones que, aun afectando a novedades de la Ley 8/1990, no parece que produzcan alteraciones del ordenamiento de consideraci髇, y menos a corto plazo:

  As�, la anulaci髇 de los art韈ulos 143 y 144.1 y 2 (ejecuci髇 del planeamiento mediante unidades de ejecuci髇, salvo actuaciones asistem醫icas en suelo urbano o ejecuci髇 directa de sistemas generales) tendr� limitada trascendencia, pues las referencias a unidades de ejecuci髇 en preceptos no anulados de 1992 se entender醤 hechas a los pol韌onos y unidades de actuaci髇 de 1976. No obstante hay que recordar que no se trata de la misma t閏nica, y que los preceptos subsistentes relacionados con unidades de ejecuci髇 s髄o resultar醤 aplicables en cuanto puedan serlo con esas t閏nicas de los pol韌onos y unidades de actuaci髇.

  Tambi閚 se anula el art韈ulo 205, sobre cesi髇 obligatoria y gratuita de dotaciones de car醕ter local en unidades de ejecuci髇, aunque realmente no hay alteraciones de fondo, al recuperar su vigor los art韈ulos 83.3.1.� y 84.3 a) de 1976, salvo que este Texto distingue el contenido de las cesiones seg鷑 se trate de suelo urbano o urbanizable.

  Se ha anulado todo el cap韙ulo sobre actuaciones asistem醫icas en suelo urbano (art韈ulos 185 a 198). Esta anulaci髇 tampoco tendr� gran importancia: se explicar� m醩 adelante que, aunque el art韈ulo 2.� de la Ley 7/1997 pretenda aplicar los conceptos de aprovechamiento tipo y 醨eas de reparto en el suelo urbano no incluido en unidad de ejecuci髇, su mismo apartado 3 pr醕ticamente determina la inaplicaci髇 de las transferencias y cesiones de aprovechamiento en todo el suelo urbano (ver apartado II).

  La Sentencia salva la t閏nica de la ocupaci髇 directa para la obtenci髇 de terrenos afectos a dotaciones p鷅licas (art韈ulo 203), pero anula todo lo dem醩 sobre obtenci髇 de terrenos dotacionales, excepto el art韈ulo 205 (que reitera el deber de cesi髇 obligatoria y gratuita de los terrenos para dotaciones p鷅licas locales de la unidad). Pero la ocupaci髇 directa estaba prevista en los art韈ulos 52 y siguientes del Reglamento de Gesti髇 de 1978; las peque馻s diferencias de regulaci髇 con los art韈ulos de 1992 que mantienen su vigencia se saldar醤 en beneficio de 閟te, pero las normas anuladas quedar醤 sustituidas por las del Texto Refundido de 1976 y su Reglamento de 1978, sin que los cambios que ello compone susciten problemas imponentes de aplicaci髇.

  La anulaci髇 de los preceptos supletorios reguladores de los derechos de tanteo y retracto (291 a 298) tampoco plantea problemas de aplicaci髇. Simplemente desaparecen tales derechos del ordenamiento estatal supletorio en la materia.

  El Patrimonio Municipal del Suelo mantiene su finalidad y 醡bito de aplicaci髇 (art韈ulos 276 y 280) y sus medidas de financiaci髇 (Adicional Sexta), pero para lo dem醩 renacen las normas de 1976 en cuanto sean compatibles con lo que queda de 1992.

• j) La mayor parte de las normas que la Sentencia anula son preceptos de naturaleza supletoria, que reproducen m醩 o menos fielmente el Texto Refundido de 1976 o alguno de sus Reglamentos. Su anulaci髇 no tiene, pues, m醩 consecuencia que la de hacer recobrar su vigor a esos preceptos de la legislaci髇 estatal anterior a 1990, pero sin que cambie pr醕ticamente el ordenamiento en su contenido real. Este es el caso de los bloques normativos que a continuaci髇 se se馻lan:

  En primer lugar, casi toda la regulaci髇 del Planeamiento urban韘tico debe buscarse ahora en el T韙ulo I del Texto de 1976, salvo en cuanto pueda contener de claramente contrario a lo que se mantiene a salvo del Texto de 1992, y con la excepci髇 de la regulaci髇 del Plan Nacional o de competencias de planeamiento por parte del Estado, que hay que entender derogadas por la atribuci髇 exclusiva de competencia urban韘tica a la Comunidad que se contiene en el Estatuto de Autonom韆.

  Del Texto de 1992 s髄o salvan algunos preceptos b醩icos: 104.3 (derechos para la elaboraci髇 de planes de iniciativa particular), 113.2 (audiencia e informaci髇 p鷅lica en la tramitaci髇 de los RDTC), 124.1 y 3 (publicaci髇 de los instrumentos de planeamiento), 139 (declaraci髇 de utilidad p鷅lica y necesidad de ocupaci髇 a efectos expropiatorios y de imposici髇 de servidumbres por obras urban韘ticas), 133 (publicidad del planeamiento), 134 (obligatoriedad general de la legislaci髇 y el planeamiento urban韘ticos), 135,1 (informaci髇 a la Administraci髇 del Estado), 137.5 (derecho de retorno de arrendatarios) y 138 b) (deber de adaptaci髇 de las construcciones al ambiente). Se mantiene tambi閚 el art韈ulo 136.2, de aplicaci髇 plena (arrendamientos y derechos de superficie en supuestos de usos y obras provisionales).

  Algo an醠ogo puede decirse del T韙ulo IV, sobre las t閏nicas de ejecuci髇 del planeamiento. Aparte de lo ya dicho m醩 arriba sobre sus cap韙ulos 3.� (actuaciones asistem醫icas en suelo urbano) y 4.� (obtenci髇 de terrenos dotacionales), la Sentencia 61/1997 anula en gran medida el cap韙ulo 1.� (disposiciones generales: art韈ulos 141 a 147) y el 2.� (actuaciones sistem醫icas mediante unidades de ejecuci髇), pero se trata en general de preceptos a sustituir por otros de contenido equivalente del Texto de 1976.

  Se mantienen en cambio como b醩icos los art韈ulos 140 (reitera las reglas b醩icas establecidas en los art韈ulos 20 y 26), 150 (falta de ejecuci髇 imputable a la Administraci髇), 154 (principio de justa distribuci髇 de cargas y beneficios), 183 (utilidad p鷅lica y necesidad de ocupaci髇 expropiatoria de terrenos de enlace entre un PAU y los sistemas generales), 184.2 (sujeci髇 del adjudicatario a medidas de expropiaci髇 y venta forzosa por incumplimiento), y como de aplicaci髇 plena, los art韈ulos 159.4 (exenciones fiscales en transmisiones de terrenos consecuencia de la constituci髇 de Juntas de Compensaci髇), 160.3 (valor de terrenos en expropiaciones en favor de la Junta de Compensaci髇) y 4 (exigibilidad mediante la v韆 de apremio de las deudas de sus miembros a la Junta de Compensaci髇), 168 (efectos de la reparcelaci髇 sobre derechos reales y cargas), 169 (inscripci髇 registral de la aprobaci髇 definitiva y firme de la reparcelaci髇), 170 (exenciones fiscales de adjudicaciones por reparcelaci髇) y 180.2 (formulaci髇 y ejecuci髇 de PAU sin concurso).

  Otra materia en la que se anula la mayor parte de la regulaci髇 del Texto de 1992 es la contenida en el T韙ulo VII, relativo a la intervenci髇 administrativa en la edificaci髇 y uso del suelo, y disciplina urban韘tica. As� se anula en general la regulaci髇 de las licencias, deber de conservaci髇, 髍denes de ejecuci髇 por motivos tur韘ticos y culturales, estado y declaraci髇 de ruina, protecci髇 de la legalidad urban韘tica, parcelaciones, inspecci髇 e infracciones urban韘ticas. Pero nuevamente los preceptos anulados se ver醤 sustituidos por los de la legislaci髇 anterior a 1990, sin problemas en su conexi髇 con los del Texto de 1992 que se mantienen en vigor.

  Se mantienen, por tanto, s髄o algunas normas sueltas declaradas de car醕ter b醩ico o de aplicaci髇 plena: art韈ulos 242.1 y 6 (principios de necesidad de previa licencia para todo acto de edificaci髇 e imposibilidad de adquirir por silencio administrativo licencias en contra de la legislaci髇 o del planeamiento urban韘tico), 243 (competencia de las Entidades Locales para otorgar las licencias y sobre la necesidad de motivaci髇 de la denegaci髇 de 閟tas), 244.2, 3 y 4 (actos promovidos por Administraciones p鷅licas en casos de urgencia o excepcional inter閟 p鷅lico), 245.1 (deber de conservaci髇), 246.2 (principio de que las obras ser醤 a costa de los propietarios hasta el l韒ite del deber de conservaci髇), 253.3 y 4 y el 254.2 (anulaci髇 judicial o en revisi髇 administrativa de oficio de las licencias), 255.2 (nulidad de pleno de derecho de las licencias u 髍denes que infrinjan la zonificaci髇 o uso urban韘tico de zonas verdes o espacios libres) y 274 (infracciones con indicios de constituir delito o falta penal).

  Por 鷏timo, se anula parcialmente la regulaci髇 del derecho de superficie: art韈ulos 287.1, 288.1 y 290, en tanto que se mantienen los art韈ulo 287.2 y 3, 288.2 y 3 y 289 (relativos a su constituci髇 por particulares, su transmisibilidad y susceptibilidad de ser gravado, inscripci髇 registral, contraprestaciones cuando se constituya a t韙ulo oneroso, y extinci髇). En cualquier caso los art韈ulos 171 y siguientes del Texto de 1976 no se distancian mucho de los anulados de 1992, por lo que su sustituci髇 no plantear� problemas.

  En conclusi髇, tras la Sentencia 61/1997 se mantienen en vigor algunos preceptos b醩icos del Texto de 1992 (destacadamente los relativos a la adquisici髇 gradual de las facultades urban韘ticas) y de aplicaci髇 plena (entre los que destacan los referidos a valoraciones, expropiaciones, r間imen jur韉ico y Registro de la Propiedad), pero deben complementarse con buena parte de los preceptos del Texto Refundido de 1976 que han recuperado su vigencia; as� sucede, en general, con la regulaci髇 del planeamiento urban韘tico y su ejecuci髇, el r間imen de los aprovechamientos urban韘ticos, la intervenci髇 administrativa en el uso del suelo y la edificaci髇 y la disciplina urban韘tica.

II. Efectos de la Sentencia sobre la Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales:

A pesar de que el objeto de la Sentencia 61/1997 eran los recursos de inconstitucionalidad contra el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, sus efectos se dejan sentir en las disposiciones con 閘 relacionadas, como es el caso de la Ley 7/1997. Ello no pod韆 ser de otra manera, teniendo en cuenta que esta Ley se justifica por motivos coyunturales (la situaci髇 del mercado de suelo y la vivienda) y respeta lo esencial del marco normativo vigente originado en la reforma de 1990.

Desprovisto el art韈ulo 1.� de virtualidad pr醕tica inmediata por efecto de la Disposici髇 Transitoria 鷑ica, y relacion醤dose el art韈ulo 4.� con la legislaci髇 de R間imen Local, se analizan a continuaci髇 los efectos de la Sentencia sobre sus art韈ulos 2.� y 3.�:

• a) El art韈ulo 2.� de la Ley 7/1997 modifica cuantitativamente la regulaci髇 del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 privada, elevando del 85 al 90% el tipo de referencia para su c醠culo en suelo urbanizable y en suelo urbano incluido en unidad de ejecuci髇. Y se retorna parcialmente al criterio de 1976 de excluir las cesiones de aprovechamiento en suelo urbano: as� sucede para el suelo no incluido en unidad de ejecuci髇, y, lo que resulta de gran relevancia pr醕tica, tambi閚 en las unidades de ejecuci髇 cuyo objeto sea la reforma, renovaci髇 o mejora urbana, as� como las obras de rehabilitaci髇 y la sustituci髇 de la edificaci髇 sin aumento del volumen construido.

  Con estas modulaciones, la diferencia real entre el r間imen de 1976 y el de la Ley 7/1997, se limita, por un lado, a la cesi髇 del 10% en las unidades de ejecuci髇 del suelo urbano (pero s髄o en las que no puedan acogerse al art韈ulo 2.� 3); y por otro, al uso de las t閏nicas del aprovechamiento tipo y las 醨eas de reparto, introducidas por la Ley 8/1990. Esta reflexi髇 permite abordar con cierta calma la validez de la Ley 7/1997.

  Al razonar la inconstitucionalidad del art韈ulo 27 del Texto de 1992, la Sentencia argumenta que el art韈ulo 149.1.1.� CE puede justificar el establecimiento, en pro de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad, de un m韓imo del aprovechamiento urban韘tico susceptible de apropiaci髇, dejando en todo caso un margen para el ejercicio de las competencias auton髆icas. Por otro lado, la Sentencia anula la regulaci髇 de las t閏nicas del aprovechamiento tipo y las 醨eas de reparto, por considerarlas instrumentos estrictamente urban韘ticos que no pueden ser establecidas por el legislador estatal ni siquiera en forma supletoria.

  A la luz de estas consideraciones, ha surgido bien l骻icamente la cuesti髇 de si, por las mismas razones, no ser� tambi閚 inconstitucional y nulo el art韈ulo 2.� de la Ley 7/1997, tanto por establecer porcentajes fijos de cesi髇, como por sus referencias a las t閏nicas del aprovechamiento tipo y a las 醨eas de reparto.

  Es cierto que una Ley est� vigente y con potencialidad de producir todos sus efectos con plena exigibilidad, mientras no se anule por el Tribunal Constitucional o no se derogue, por muy inconstitucional que parezca seg鷑 la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Es claro, sin embargo, que si esta inconstitucionalidad es segura o probable, cualquier interesado en oponerse a su aplicaci髇 podr� hacerlo por los cauces oportunos, planteando en su momento la cuesti髇 de inconstitucionalidad que abrir� la posibilidad de declararla efectivamente tal.

  Ahora bien, adem醩 de que las t閏nicas del aprovechamiento tipo y las 醨eas de reparto carecen ya de regulaci髇 legal, por lo que se han convertido, en la Ley 7/1997, en categor韆s huecas y sin contenido susceptible de aplicaci髇 efectiva, si se repara en la redacci髇 del art韈ulo 2.� se comprueba que su referencia a ellas es meramente condicional, ofreciendo otras alternativas o subsidiarias que permiten la aplicaci髇 del precepto donde tales t閏nicas no hayan llegado a aplicarse o, sencillamente, donde no resulten de aplicaci髇: lo que es ahora el caso al anularse su regulaci髇 en el Texto de 1992.

  En suelo urbano no incluido en unidades de ejecuci髇, el art韈ulo 2.� 1 se remite, en ausencia de 醨ea de reparto y aprovechamiento tipo, a la aplicaci髇 directa de las ordenanzas o normas urban韘ticas de la parcela, si as� lo determina la legislaci髇 urban韘tica aplicable, que en Castilla y Le髇 ser� sin duda el Texto de 1976. Por eso, de entre las interpretaciones que se han planteado, la m醩 adecuada es la de que en el suelo urbano no incluido en unidad de ejecuci髇 debe estarse al aprovechamiento real directo otorgado por el planeamiento, dando por no existente el aprovechamiento tipo.

  No parece haber raz髇 adem醩 para aplicar un criterio diferente cuando el suelo se encuentre reservado o afecto a usos p鷅licos (caso para el que se ha propuesto la aplicaci髇 de un aprovechamiento de 3 m�/m�, en los t閞minos del art韈ulo 105.2, tercer gui髇, del Texto de 1976). Debe aplicarse tambi閚 aqu� el art韈ulo 2.� 1 de la Ley 7/1997, cuyo criterio no es distinto del recogido en el citado art韈ulo 105.2 de 1976: el aprovechamiento (y su valor) resultante de las ordenanzas y normas urban韘ticas de la parcela.

  El criterio de los 3 m�/m� s髄o ser韆, en principio, de aplicaci髇 cuando del planeamiento no pueda deducirse otro que hiciera suficiente aplicaci髇 del principio b醩ico de equidistribuci髇 de beneficios y cargas (art韈ulo 7.� del Texto de 1992). Pero incluso en ese caso no debe olvidarse que, bajo la vigencia del Texto de 1976, los Tribunales han tenido tambi閚 en cuenta, no s髄o el criterio fundamental del art韈ulo 43 de la Ley de Expropiaci髇 sobre justiprecio de las expropiaciones, aunque otras veces la jurisprudencia se haya negado a aplicarlo a las valoraciones urban韘ticas), sino el criterio general sobre edificabilidad para el suelo urbano del art韈ulo 74 de dicho Texto de 1976 y el 99 del Reglamento de Planeamiento. El principio constitucional de igualdad ante las cargas p鷅licas debe guiar en todo caso al int閞prete (art韈ulos 31, 33.3 y 106.2 CE), y as� el art韈ulo 239.2 de la Ley de 1992 (como el 87.3 de la de 1976) debe aplicarse aqu� sin discriminaciones arbitrarias constitucionalmente inadmisibles.

  Por todo ello no parece correcto asignar valoraciones netamente diferentes a parcelas contiguas por el hecho de que una sea calificada como edificable y otra como no edificable.

  Para el suelo urbanizable y el urbano incluido en unidad de ejecuci髇, si no estuviera determinado el aprovechamiento tipo se tendr� en cuenta el aprovechamiento medio de la unidad de ejecuci髇 o del correspondiente sector (art韈ulo 2.� 2). Con respecto al suelo urbanizable esto significa pura y simplemente retornar a la normativa del Texto de 1976, al no ser de aplicaci髇, como no puede ya serlo, el aprovechamiento tipo y las 醨eas de reparto, si bien ser� necesario el complemento del Reglamento de Planeamiento Urban韘tico de 1978 (restaurado como se argumentar� en el apartado 3), que es el que proporciona las reglas de c醠culo del aprovechamiento medio.

  Por fin, con respecto al suelo urbano, incluido en unidades de ejecuci髇, no resulta en cambio aplicable la t閏nica del aprovechamiento medio, puesto que carece de regulaci髇 como tal en la normativa de 1976/1978 y en lo que ha quedado del Texto de 1992. Se impone pues la conclusi髇 de que, al estar vac韆 de contenido y ser inaplicable al suelo urbano la referencia con la que el art韈ulo 2.� 2 de la Ley 7/1997 determina la limitaci髇 al 90% del aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 privada, estamos ante una norma incompleta, de imposible aplicaci髇.

  En cuanto a la posibilidad de solventar esta ausencia de regulaci髇 por v韆 reglamentaria, explicitando lo que en la Ley estar韆 impl韈ito (tal y como hizo el Reglamento de Planeamiento de 1978 con el aprovechamiento medio en suelo urbanizable) presenta como m韓imo dudas sobre su viabilidad, pues la Constituci髇 ha trazado severos l韒ites a la incidencia de la potestad reglamentaria sobre los derechos constitucionales (art韈ulos 33.9 y 53.1 CE). La regulaci髇 del aprovechamiento medio exige determinar elementos que podr韆n considerarse incluidos en la reserva de Ley sobre la regulaci髇 del derecho de propiedad, ya que el subsistente sistema de gradual adquisici髇 de facultades urban韘ticas vincula derivadamente 閟tas a la propiedad, y su regulaci髇, como se reconoce en la Sentencia, incide en ese derecho.

  As� pues, aunque de acuerdo a la doctrina del Constitucional la Ley 7/1997 no podr韆 contener estas normas de su art韈ulo 2.�, en la interpretaci髇 que puede y debe hacerse, el que las contenga es inocuo:

  Su inconstitucionalidad es verdaderamente irrelevante porque de hecho, al quedar ese precepto en buena medida vac韔 de contenido tras la Sentencia, no puede llevar a exigencias diferentes de las derivadas de la restaurada legislaci髇 de 1976. No es necesaria pues la anulaci髇 del art韈ulo 2.� para entender inaplicables sus referencias al aprovechamiento tipo y a las 醨eas de reparto, o al aprovechamiento medio en unidades de ejecuci髇. Tales referencias no permiten entender, y menos a鷑 obligan a hacerlo, que deban considerarse vigentes en el Derecho estatal: son hoy simples palabras sin contenido jur韉ico alguno.

  La obligaci髇, adem醩, de interpretar las leyes de la forma m醩 conforme posible con el ordenamiento constitucional, refuerza la conclusi髇 de inaplicabilidad del art韈ulo 2.� 2 en cuanto al suelo urbano incluido en unidades de ejecuci髇, al que en cambio habr� que aplicar el r間imen establecido en el Texto de 1976 para determinar el aprovechamiento susceptible de apropiaci髇 privada, sin perjuicio de que la Administraci髇 actuante deba asegurar la justa distribuci髇 de beneficios y cargas.

• b) En cuanto al art韈ulo 3.� de la Ley 7/1997, puede entenderse que es ya inaplicable, siendo un precepto que modifica plazos establecidos en art韈ulos del Texto de 1992 que han sido anulados, por su car醕ter supletorio (114, 116, 117, 119, 157 y 165).

  Ciertamente, por v韆 interpretativa cabr韆 entender que esta norma se aplicase a los mismos procedimientos regulados ahora de nuevo por el Texto Refundido de 1976 y, eventualmente, por los Reales Decretos-Leyes 3/1980, de 14 de marzo, y 16/1981, de 16 de octubre. Pero esta interpretaci髇 tendente a salvar el efecto 鷗il de la Ley debe ser rechazada cuando se trata de una Ley que sabemos inconstitucional, por raz髇 de la misma incompetencia estatal que ha fundado una gran parte de las anulaciones producidas por la Sentencia 61/1997 en el Texto de 1992.

  En conclusi髇, si bien la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales, se encuentra vigente, sin embargo s髄o resultan aplicables sus art韈ulos 1.�, 2.� 1 (en cuanto al suelo urbano no incluido en una unidad de ejecuci髇), 2.� 2 (en cuanto al suelo urbanizable) y 4.�, y las Disposiciones Transitoria, Derogatoria y Finales. Por el contrario, no resultan aplicables ni el art韈ulo 2.� en cuanto al suelo urbano incluido en unidades de ejecuci髇, ni el art韈ulo 3.�

III. Efectos de la Sentencia sobre los Reglamentos Urban韘ticos.

Por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, se aprob� la tabla de vigencias de los Reglamentos Urban韘ticos de Edificaci髇 Forzosa y Registro Municipal de Solares, Reparcelaciones, Planeamiento, Gesti髇 y Disciplina, en cumplimiento del mandato de la Disposici髇 Final 鷑ica del Texto Refundido de 1992. Esta tabla de vigencias ha quedado en gran medida sin base justificadora, ya que las derogaciones que contiene pueden entenderse como producidas en realidad por el propio Texto de 1992, que las ordena y justifica, mientras que el Real Decreto 鷑icamente habr韆 aclarado, o si se quiere, interpretado en aras de la seguridad jur韉ica, las derogaciones ya producidas.

A tal efecto se impone un estudio de los preceptos citados en la tabla de vigencias, para identificar los que puedan entenderse recuperados.

Aunque dicho estudio excede del marco temporal en que se realiza esta Circular, s� puede apuntarse la vigencia de los siguientes art韈ulos (entendiendo las referencias a la Administraci髇 del Estado hechas a la Junta de Castilla y Le髇):

• Del Reglamento de Planeamiento Urban韘tico, aprobado por Real Decreto 158/1978, de 23 de junio: 30 b) y 31, sobre c醠culo del aprovechamiento medio en suelo urbanizable; 90 f), 92 g) y 93.1 f), sobre determinaciones de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento; 107 a 114 y 155, 2.� p醨rafo, sobre los PDTC; 142.2 y 3, sobre los PAU; 147.4, sobre Planes Especiales de Mejora de 醡bito comarcal.
• Del Reglamento de Gesti髇 Urban韘tica, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 23 de agosto: 3.2, sobre colaboraci髇 administrativa; 21.3, sobre sociedades de gesti髇; 36.3 y 37, sobre delimitaci髇 de pol韌onos y unidades de actuaci髇; 39.2, sobre autorizaci髇 excepcional de construcciones industriales; 46.3 c) y 4, 48, 49, 50, 51, 56 y 57, sobre cesiones obligatorias y aprovechamiento medio; 74, 82.2, 94.3 y 4 y 101 b), sobre reparcelaci髇.
• Del Reglamento de Disciplina Urban韘tica, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio: 36.2, sobre demolici髇 de obras realizadas con licencia ilegal; 53.1 y 2, 54.2, 56, 64 y 65.2, disposiciones generales sobre infracciones urban韘ticas (con las equivalencias por causa de la transferencia de competencias); 92.1 y 94, sobre prescripci髇 de las infracciones.
• Del Reglamento de Edificaci髇 Forzosa y Registro Municipal de Solares, aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo: 1.2, 2 y 4, de la obligaci髇 de edificar; 5 y 6, de los inmuebles sujetos a edificaci髇 forzosa; 8, 9 y 11, del Registro Municipal de Solares; 22 a 24, de los plazos de edificaci髇 y sus pr髍rogas; 28 a 30, de la adquisici髇 directa de fincas; 31 a 41, del procedimiento de enajenaci髇 forzosa (teniendo en cuenta los art韈ulos 232 y 235 del Texto Refundido de 1992), 42 y 43, de la exclusi髇 del procedimiento; 44 y 45, de la reversi髇.

IV. Efectos de la Sentencia sobre el planeamiento urban韘tico aprobado conforme a la Ley 8/1990 y al Texto Refundido de 1992:

Constituye un principio b醩ico del Derecho que las disposiciones administrativas no podr醤 vulnerar la Constituci髇 o las Leyes ni regular aquellas materias que la Constituci髇 o los Estatutos de Autonom韆 reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut髇omas ( art韈ulo 51.1, Ley 30/1992). Se trata simplemente del principio de legalidad a cuyo efectivo respeto se condiciona la validez de cualquier disposici髇 administrativa, sancionando el art韈ulo 62.2 de la misma Ley 30/1992 con la nulidad de pleno derecho a las que lo desconozcan.

El propio art韈ulo 134.1 del Texto de 1992, no anulado, reitera lo ya dispuesto en el art韈ulo 57.1 de 1976, declarando la sumisi髇 de particulares y Administraci髇 al planeamiento urban韘tico, normas y ordenanzas, a condici髇, como es l骻ico, de que todas esas normas hayan sido aprobadas con arreglo a la legislaci髇 urban韘tica.

El problema sobre la validez del planeamiento aprobado conforme a la legislaci髇 de 1990 y 1992 surge porque la Sentencia ha venido a anular parte de esa legalidad, priv醤dola por tanto de la virtualidad legitimadora propia de toda Ley y haciendo renacer en su vigor las normas legales por ella derogadas o sustituidas, con los mismos efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que las normas anuladas entraron en vigor.

El marco legal al que ha de confrontarse el planeamiento es el resultante de los efectos anulatorios de la Sentencia, porque es el 鷑ico que ya puede ser considerado leg韙imo en el momento en que esos Planes fueron aprobados. Por lo tanto, si contienen determinaciones que, necesitando previa habilitaci髇 legal, pudieron ampararse en normas ahora anuladas, pero se han quedado sin suficiente cobertura en la legalidad restablecida, o bien que, siendo conformes a alguna de las normas anuladas, chocan ahora con 閟ta, suscitan inevitablemente un claro interrogante sobre su validez ab initio.

Si, como se desprende del ya citado art韈ulo 62.2 de la Ley 30/1992, la invalidez de las disposiciones administrativas contrarias a la reserva legal y a las disposiciones con fuerza de Ley es en todo caso la absoluta y radical, a radice, propia de la llamada nulidad de pleno derecho, parece evidente que 閟ta debe ser atribuible al planeamiento que, queriendo sujetarse en su momento a la apariencia de legalidad del Texto de 1992 (o, en su caso, la Ley 8/1990), reforzada por una s髄ida presunci髇 de conformidad al orden constitucional que s髄o destruye la Sentencia, se declare ahora contenedor de prescripciones contrarias a la legalidad restaurada por la Sentencia 61/1997 o sin habilitaci髇 formalmente legal suficiente en esta legalidad.

Es decir, la nulidad de pleno derecho de cualquier plan o norma administrativa contraria a la reserva de Ley o a la Ley tiene, de suyo, efectos retroactivos y erga omnes por ser insubsanable y no convalidable. El planeamiento que se haya aprobado de conformidad con la legislaci髇 urban韘tica de 1990 y 1992 es, en suma, nulo de pleno derecho en lo que se oponga a la legalidad restaurada por la Sentencia o, necesitando previa habilitaci髇 formal legal, no la encuentren en 閟ta suficientemente. Esta eventualmente grave consecuencia debe, no obstante, ser debidamente matizada.

La importante Sentencia 45/1989 del mismo Tribunal Constitucional, que anul� preceptos de la Ley 48/1985 sobre declaraciones conjuntas del IRPF, dec韆 que la vinculaci髇 entre inconstitucionalidad y nulidad no es siempre necesaria, y que la nulidad hacia el pasado no viene definida por la Ley, sino que debe precisarse en cada caso; entendiendo el Tribunal Constitucional que all� no pod韆 aplicarse la anulaci髇 con efecto retroactivo, ya que tras ella no pod韆 acudirse a un bloque legal coherente. Pero en realidad los problemas afrontados en aquella Sentencia se refer韆n a la subsistencia o no de actos singulares de aplicaci髇 de una legislaci髇 anulada, pero no a la de las normas jur韉icas reglamentarias dictadas a su amparo, como sucede en relaci髇 con los planes urban韘ticos aprobados al amparo de la legislaci髇 de 1990 y 1992. Y de todos modos, aunque aquella Sentencia diga, con toda raz髇, que los efectos de las Sentencias del Tribunal Constitucional s髄o se producen a partir de su publicaci髇 en el 獴OE�, con ello no niega que puedan tener efectos retroactivos, sino que simplemente afirma que al igual que cualquiera de sus efectos, s髄o se producir醤 desde la publicaci髇. Y as� se comprueba tambi閚 cuando la misma Sentencia dice que los efectos de la nulidad en lo que toca al pasado no vienen definidos por la Ley, que deja a este Tribunal la tarea de precisar su alcance en cada caso.

Nada dice la Sentencia 61/1997 sobre la retroactividad de sus anulaciones en cuanto a las normas y planes que las Administraciones p鷅licas hayan podido dictar al amparo de los preceptos legales anulados. Aunque pueda aplicarse el concepto de firmeza a las normas y planes administrativos, hay que recordar que los efectos de la firmeza en la teor韆 general del acto administrativo se limitan a cerrar la posibilidad de su impugnaci髇 mediante recurso ordinario o especial administrativo y contencioso-administrativo (o incluso, en su caso, el del amparo ante el Tribunal Constitucional), pero no impide de suyo ni los recursos extraordinarios de revisi髇 ni la llamada revisi髇 de oficio por la Administraci髇, ni la denominada acci髇 de nulidad contra actos nulos de pleno derecho de acuerdo con la Ley. Adem醩, en el caso de los reglamentos ilegales, la legislaci髇 aplicable al Poder Judicial impone a los Jueces el deber de su inaplicaci髇, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, aunque s髄o puedan anularlos los del orden contencioso-administrativo (y el propio Tribunal Constitucional).

Debe insistirse en que el efecto de una Sentencia del Constitucional no es derogatorio sino anulatorio: no deroga simplemente leyes inconstitucionales, lo que tendr韆 evidentemente meros efectos pro futuro, sino que esas leyes quedan anuladas en cuanto fueren inconstitucionales y, como tales, privadas de toda legitimidad no s髄o para producir efectos en el futuro sino para haberlos producido en el pasado.

Con la Sentencia 61/1997, por tanto, no es que la legalidad urban韘tica de 1992 venga a sustituirse parcialmente hacia el futuro por la de 1976, sino que se afirma que nunca estuvo legitimada para producir efecto jur韉ico alguno. De ah� que no pueda ampararse en ella ninguna norma inferior, y que la que lo hubiera pretendido se haya quedado sin cobertura legitimadora, sumi閚dose en la nulidad.

Es cierto, no obstante, que conforme al art韈ulo 56 de la Ley de 1976, los Planes y normas urban韘ticos son inmediatamente ejecutivos, como actos administrativos que son, una vez publicada su aprobaci髇 definitiva. De conformidad con el subsistente art韈ulo 134.1 del Texto de 1992, la Administraci髇 y los particulares s髄o est醤 obligados por ellos si han sido aprobados con arreglo a la legislaci髇 urban韘tica, pero hay que entender que para esa obligatoriedad es suficiente con la conformidad formal con la legislaci髇 urban韘tica de esa aprobaci髇, con independencia por tanto de si los Planes y normas aprobados son o no conformes en su contenido a esa legislaci髇 urban韘tica. Los planes y normas administrativas urban韘ticas gozan as� de presunci髇 de validez y de legalidad mientras no se inaplican por un Juez o no se procede a su anulaci髇. Aunque alg鷑 sector de la doctrina estima que la propia Administraci髇 y sus funcionarios, por estar antes obligados a cumplir la Ley que los reglamentos, deben inaplicar 閟tos cuando fueren ilegales, en la pr醕tica, salvo que la ilegalidad de una norma administrativa o de un elemento de un plan urban韘tico sea clara y manifiesta, ante cualquier posible duda, la ejecutividad y presunci髇 de legalidad de estas normas y planes, con su mayor grado de concreci髇, normalmente, justificar醤 su inicial aplicaci髇 por los administradores p鷅licos, aunque ello pueda ser objeto despu閟 de anulaci髇. La situaci髇, pues, de los Planes y Normas aprobados conforme a la legalidad de 1992, no escapa a cierto grado de inseguridad, que convendr韆 disipar.

Finalmente, convendr� advertir tambi閚 que la situaci髇 creada por la Sentencia 61/1997 es bien distinta de la que puede comportar un mero cambio de legislaci髇 en cuanto al ajuste a la nueva normativa legal por parte de los planes urban韘ticos que se hubieran aprobado conforme a la total o parcialmente derogada. Ha sido usual en las leyes urban韘ticas otorgar un plazo para esa adaptaci髇, estableciendo ciertas disposiciones transitorias para el per韔do intermedio.

Pero precisamente porque la anulaci髇 no equivale a derogaci髇 ni comporta un mero cambio legal s髄o eficaz normalmente cara al futuro, sino, por el contrario, una purgaci髇 del ordenamiento respecto de sus normas nulas desde que fueron dictadas, la cuesti髇 que plantea no es la de la adaptaci髇 de los planes a una nueva legalidad que no es propiamente tal, sino la del examen de la legalidad y vigencia o exigibilidad de tales planes aprobados conforme a las Normas anuladas, una vez reconocida y declarada, por quien puede hacerlo con plenitud de efectos, la nulidad de 閟tas.

As� las cosas, y en la medida en que los Planes Generales de que se trata contengan vicios de nulidad de pleno derecho, por no respetar la reserva de Ley o contradecir a disposiciones con fuerza de ley en el momento en que fueron aprobados, teniendo en cuenta la clarificaci髇 del marco normativo conforme al orden constitucional efectuada por la Sentencia 61/1997, habr� que entender que est醤 viciados de nulidad radical insubsanable y, en cuanto tales, deben ser inaplicados y anulados.

Con todo, a la hora de concretar esta valoraci髇 sobre los distintos contenidos de esos Planes, ser� legitima toda interpretaci髇 de 閟tos que intente salvar su legalidad agotando las posibilidades de su encaje en el marco normativo resultante tras la Sentencia, m醩 all� de interpretaciones estrictamente literales.

As� por ejemplo, en cuanto sea posible, las referencias a unidades de ejecuci髇 ser醤 trasladables a la aplicaci髇 del concepto de pol韌onos o de unidades de actuaci髇, de acuerdo con el Texto de 1976. Incluso, en lo que se refiere al aprovechamiento tipo y 醨eas de reparto, podr韆 salvarse su legalidad en cuanto pueda traducirse en el correspondiente aprovechamiento medio de la Ley de 1976 en suelo urbanizable, y los c醠culos efectuados sobre las 醨eas de reparto definidas puedan ser objeto de traslaci髇 a los sectores, como exige el art韈ulo 84.3 b) del Texto de 1976. Y sin embargo, s� puede apuntarse la nulidad probable nulidad de las determinaciones de aprovechamientos tipo y 醨eas de reparto en suelo urbano que est閚 establecidas en esos Planes, o las limitaciones o reducciones del aprovechamiento apropiable que en ellos o en las normas u ordenanzas urban韘ticas se impongan en contradicci髇 con lo permitido por la Legislaci髇 de 1976, o, en fin, la eventual incorporaci髇 a esos Planes o normas de la sujeci髇 a expropiaci髇 o venta forzosa por incumplimiento de los deberes urban韘ticos.

En cuanto a la eventual reviviscencia del planeamiento derogado por el actualmente vigente en lo que resulte inv醠ido, podr韆 defenderse ya que lo que no es posible por la mera derogaci髇 (art韈ulo 2.� 2 in fine del C骴igo Civil), s� es en cambio un efecto propio de la anulaci髇:

Cuando se anula una norma, ello conlleva tambi閚, en principio, la anulaci髇 de su efecto derogatorio de la normativa anterior, y, en consecuencia, su natural reviviscencia en el supuesto de anulaci髇 de planes urban韘ticos). Sin embargo, no siempre es posible este efecto de la reviviscencia, por ejemplo porque los elementos o normas del Plan anterior que tendr韆n que recobrar su vigencia no resulten compatibles con el conjunto de la ordenaci髇 urban韘tica vigente y no anulada, o porque sean de imposible aplicaci髇 en ese contexto. En tal supuesto, la anulaci髇 parcial conducir韆 a la ausencia del correspondiente nivel de planeamiento, debiendo aplicarse el ordenamiento urban韘tico que en tal supuesto de falta de plan corresponda. As� pues, la determinaci髇 de si esa reviviscencia puede ser efectiva y operativa, o habr� que estar m醩 bien a la conclusi髇 de la ausencia de planeamiento, s髄o puede ser tomada tras un an醠isis de los elementos nulos del nuevo ordenamiento, del contenido de los elementos del planeamiento antiguo que recobrar韆n su vigencia, y de su posible encaje en el contexto del nuevo planeamiento que mantenga su validez y vigencia.

Por 鷏timo, en cuanto al planeamiento en tramitaci髇, ya sea de nueva elaboraci髇, o bien revisi髇 o modificaciones del vigente, deber� exigirse para su aprobaci髇 definitiva su ajuste a la legalidad declarada vigente. No obstante, para los supuestos de modificaciones del planeamiento adaptado a la legislaci髇 de 1990 y 1992, deber� buscarse la forma hermen閡tica de encajar las determinaciones originales en la legalidad restaurada por la Sentencia, a fin de favorecer, en lo posible, la aprobaci髇 de modificaciones que, en suma, no pueden sino contribuir a la adaptaci髇 del planeamiento al marco normativo vigente en la actualidad.

En conclusi髇, el planeamiento aprobado de conformidad a la Legislaci髇 de 1990 y 1992, goza de presunci髇 de legalidad y validez, pero ser� nulo de pleno derecho en cuanto se oponga a los preceptos legales y reglamentarios que conforman el marco legal restaurado por la Sentencia, al que debi� someterse al ser aprobado. Por razones evidentes de legalidad y de seguridad jur韉ica ese planeamiento deber韆 ser revisado y anulado en lo que tenga de contrario a las leyes y a sus reglamentos ejecutivos. O falto de suficiente habilitaci髇 legislativa; y condicione de modo efectivo su aplicaci髇 y ejecuci髇 (sin que baste por tanto con una inaplicaci髇 para evitar la ilegalidad). No obstante, debe efectuarse en cuanto sea posible una interpretaci髇 de su contenido que permita mantener su conformidad con el marco legal restaurado por el Tribunal Constitucional, completado con los retoques aplicables que a馻de la Ley 7/1997. M醩 a鷑, cuando la aprobaci髇 del Proyecto de Ley sobre R間imen del Suelo y Valoraciones permite augurar un nuevo y pr髕imo cambio del marco normativo.

V. Efectos de la Sentencia sobre los actos singulares y situaciones creadas al amparo de las normas anuladas:

Aunque los principios a aplicar respecto a los actos singulares y situaciones individualizadas nacidas al amparo de la legislaci髇 anulada no sean en lo fundamental diferentes de los citados en relaci髇 con el planeamiento, las conclusiones s� han de serlo en buena medida, ya que en el Derecho administrativo los actos administrativos no normativos y las situaciones jur韉icas que puedan generarse con ellos, cuando est醤 viciados de ilegalidad, no son nulos de pleno derecho sino excepcionalmente.

Y esto es especialmente as� cuando se trata de ilegalidades objetivas, en el contenido mismo de los actos de que se trate, y, consiguientemente, relativas a los derechos y obligaciones o situaciones jur韉icas en general que produzcan (art韈ulos 62.1 y 63, en relaci髇 con el 62.2, Ley 30/1992). La firmeza tiene para los actos administrativos no normativos, una importancia mucho mayor que para las normas, pues en principio cuando sean inv醠idos con mera anulabilidad, la firmeza les convierte en inatacables salvo en el caso extraordinario del recurso de revisi髇, sin perjuicio de la potestad anulatoria excepcional de la Administraci髇 de los actos desfavorables o de gravamen y de los declarativos de derechos gravemente contrarios a leyes y reglamentos si no hubieran pasado cuatro a駉s desde que fueron dictados ( art韈ulos 105 y 103, Ley 30/1992).

Puede as� afirmarse que, a pesar de la retroactividad general de los efectos de la Sentencia 61/1997, 閟ta no tiene ya capacidad de remover, de forma exigible por los interesados, los efectos de los actos administrativos ya firmes dictados al amparo de la legislaci髇 anulada (STC 45/1989 y STS 26/12/95). Esto ser韆 aplicable a las 玞esiones del 15%� ya concretadas mediante actos administrativos formales firmes.

No ser醤 identificables muchos tipos de actos administrativos de aplicaci髇 de la normativa anulada que, como consecuencia de la Sentencia, puedan considerarse incursos en alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho del art韈ulo 62.1 de la Ley 30/1992 o en otros que puedan contemplarse en leyes especiales. En el caso de las expropiaciones o ventas forzosas por incumplimiento de deberes urban韘ticos, ha sido anulada su cobertura legal respecto al requisito constitucional de la previa declaraci髇 de utilidad p鷅lica o inter閟 social de su fin. Esta perspectiva podr韆 llevar a encajar tales supuestos en el vicio de nulidad radical de la ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido [art韈ulo 62.1 e), Ley 30/1992], pero lo cierto es que no basta con la omisi髇 de algunos tr醡ites esenciales para que pueda decirse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, adem醩 de que la declaraci髇 de utilidad p鷅lica o de inter閟 social no es un elemento del procedimiento expropiatorio sino un requisito previo. Ciertamente al tratarse de expropiaciones o de ventas forzosas que han podido quedarse privadas de la causa expropiandi, cabr韆 que los expropiados ejercitaran su derecho a la reversi髇, pues si bien en la regulaci髇 de la expropiaci髇 por incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad (art韈ulos 71 y siguientes, LEF) se viene a excluir el derecho a la reversi髇, hay que tener en cuenta que la aplicaci髇 de esa modalidad expropiatoria exige precisamente lo que aqu� faltar韆 que una Ley contenga inequ韛ocamente la intimaci髇 de la expropiaci髇 forzosa frente al incumplimiento de los deberes con que se vincule el derecho de propiedad. Esto es lo que hac韆n determinados preceptos del Texto de 1992, que declarados nulos, han dejado sin cobertura suficientemente inequ韛oca a las posibles expropiaciones efectuadas a su amparo.

Desde luego, si alguno de los actos dictados al amparo de la legislaci髇 anulada se acreditasen como nulos de pleno derecho, la Sentencia podr韆 fundar su anulaci髇, aunque se tratara de actos firmes. Y ello porque podr韆 ejercitarse frente a 閘 la revisi髇 de oficio o la acci髇 de nulidad ( art韈ulos 102 y 118.3 de la Ley 30/1992), sin m醩 l韒ites temporales que los que derivan del art韈ulo 106 de la misma Ley.

Los actos anulables y que por lo tanto no llegan a ser nulos de pleno derecho, si resultan gravemente contrarios a normas legales o reglamentarias, una vez desprovistos de la cobertura legal que les brindasen los preceptos anulados, y hace menos de cuatro a駉s desde que fueron dictados, podr韆n ser anulados de oficio ex art韈ulo 103 de la Ley 30/1992 por la Administraci髇 que los dict�, en particular si son declarativos de derechos. Tambi閚 parece que sigue vigente la antigua potestad revocatoria de la Administraci髇 sobre los actos desfavorables o de gravamen ( art韈ulo 105 de la Ley 30/1992). Pero en ninguno de estos casos hay en realidad una acci髇 un aut閚tico derecho reaccional en favor del interesado, como se deduce a contrario del art韈ulo 118.3 de la misma Ley 30/1992, que limita esta figura a la del art韈ulo 102 para pedir la anulaci髇 de actos nulos y a la del 105.2, para pedir la rectificaci髇 de errores materiales. Los actos firmes, pues, meramente anulables, por grave que sea su ilegalidad, no son atacables por los particulares salvo en tasados y extraordinarios supuestos del recurso de revisi髇.

En conclusi髇, tras lo expuesto puede afirmarse que pocos ser醤 los actos firmes y las situaciones de ellos derivadas que puedan ser removidos y anulados, como consecuencia de la Sentencia 61/1997, al menos como algo exigible por los particulares.