Sumario

Véase Res [CASTILLA Y LEÓN] 25 enero 2010, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las actividades de servicios en Castilla y León («B.O.C.L.» 8 febrero).

I.

En el marco de la Estrategia de Lisboa, el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios, suprimiendo de forma prioritaria las barreras que obstaculizan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios que se puedan eliminar rápidamente y, respecto de las demás, iniciando un proceso de evaluación, consulta y armonización complementaria que permita modernizar progresiva y coordinadamente los sistemas nacionales de regulación de las actividades de servicios.

De conformidad con el artículo 44, apartado 1, de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, el plazo de transposición al ordenamiento jurídico español finaliza el 27 de diciembre de 2009.

El Estado, en el ejercicio de las competencias exclusivas que tiene atribuidas en virtud del artículo 149.1 de la Constitución, ha llevado a cabo la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

II.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, atribuye, en su artículo 62, apartado 3, a la Comunidad de Castilla y León la competencia para aplicar y desarrollar el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias; señalando que la existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de competencias establecidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Corresponde, por tanto, a la Comunidad de Castilla y León, en las materias que son de su competencia de conformidad con el Título V del Estatuto de Autonomía, adoptar las medidas necesarias en aplicación de la legislación básica de transposición de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; facilitando, de este modo, a las Entidades Locales de Castilla y León el cumplimiento de sus competencias en materia de actividades de servicios en su condición de autoridades competentes.

De ahí que, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio reconoce que la competencia de adaptación de la normativa existente a la Directiva 2006/123/CE y a la propia Ley corresponde a cada Administración Pública en el ejercicio de sus competencias.

En el proceso de transposición de la Directiva 2006/123/CE llevado a cabo por la Consejería de la Presidencia, como responsable e interlocutor único frente a la Administración General del Estado y con la colaboración de las diferentes Consejerías, se ha procedido, en una primera fase, a la identificación y evaluación de la normativa autonómica de rango legal afectada y que, en consecuencia, debe ser modificada.

El presente Decreto-Ley tiene un doble objetivo. En primer lugar, eliminar determinadas barreras existentes en las normas con rango legal a las libertades de establecimiento y de prestación de los servicios incluidos en el ámbito de aplicación la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En segundo lugar, efectuar las modificaciones legislativas necesarias exigidas por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y por la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

III.

El presente Decreto-Ley consta de 21 artículos, estructurados en seis títulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El Título I, «Medidas generales», contempla las modificaciones que resultan de aplicación general.

En virtud de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con el artículo 70.1.1.º del Estatuto de Autonomía, se modifica la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León incorporando la existencia de los centros de gestión unificada para adaptar la organización de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León a las nuevas demandas de la sociedad con el fin de prestar un mejor servicio público a los ciudadanos; la obligación de la Administración de tener a disposición de todos los interesados modelos de declaración responsable y comunicación previa; y los informes que se han de incluir en la memoria de cualquier anteproyecto de ley, siempre que se prevea el silencio negativo o se establezca un régimen de autorización en materia de actividades de servicios.

En materia de defensa de consumidores y usuarios, al amparo del artículo 71.1,5.º del Estatuto de Autonomía, se adecua la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León a la legislación básica del Estado en esta materia; manteniéndose el régimen de autorización administrativa previa para el establecimiento en Castilla y León de los laboratorios y centros para la realización de análisis y pruebas de calidad sobre productos y bienes de consumo en aras a garantizar la seguridad y salud pública, así como los derechos, seguridad y salud de los consumidores y usuarios, sin que pueda ser sustituida por medidas menos restrictivas para el prestador y ello porque la incidencia de los servicios prestados en estos laboratorios sobre la salud, la seguridad y los consumidores y usuarios es inmediata y no permite un control a posteriori, momento en que los efectos ya se habrían producido; no resultando en modo alguno discriminatorio por razón de la nacionalidad ni por razón de la ubicación del domicilio social del prestador.

Igualmente, y de conformidad con el artículo 71.1, 14.º del Estatuto de Autonomía, se modifica la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León para ajustar su contenido a la modificación de la Ley estatal efectuada por la Ley de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y contribuir con ello al ejercicio de las funciones que tienen atribuidas los Colegios Profesionales de Castilla y León.

En el Título II, «Servicios comerciales», se modifican la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, y la Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y León.

El Estatuto de Autonomía atribuye, en su artículo 70.1, 20.º, a la Comunidad de Castilla y León competencias exclusivas en materia comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia; regulación y autorización de grandes superficies comerciales, en el marco de la unidad de mercado; y ferias y mercados interiores.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio obliga, para efectuar una correcta transposición de la denominada Directiva de Servicios por todas las Administraciones Públicas, a efectuar importantes cambios en el marco jurídico en el que se desarrolla la actividad comercial minorista y de ferias comerciales.

Las modificaciones que se introducen en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León se manifiestan fundamentalmente en los siguientes aspectos: la eliminación de la prohibición de ejercer la actividad comercial mayorista y minorista en el mismo establecimiento; la supresión de la licencia comercial para la instalación de los establecimientos comerciales que no tengan la consideración de gran establecimiento y de la autorización administrativa previa para las ventas especiales.

La implantación de grandes establecimientos comerciales, definidos como aquéllos que tienen una superficie de venta igual o superior a 2.500 m2, está sometida a una licencia comercial de competencia autonómica porque, a partir de este límite de superficie comercial, los estudios técnicos existentes justifican la existencia de un impacto sobre la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente que requiere del control previo de su instalación, u operaciones análogas en cuanto a sus efectos, mediante la técnica de autorización administrativa, mientras que la implantación del resto de establecimientos comerciales deja de estar sujeta a autorización administrativa de carácter comercial por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma.

La importancia de la implantación de grandes establecimientos comerciales desde el punto de vista de la ordenación del territorio, la sostenibilidad medioambiental y el urbanismo, los convierte en un elemento vertebrador de las ciudades, tanto de los cascos históricos, como de los barrios, y fundamental para vertebrar la convivencia en los núcleos urbanos y rurales, con una importancia decisiva en el empleo.

La licencia comercial que se prevé resulta así plenamente justificada por razones imperiosas de interés general, no sólo compatibles, sino expresamente recogidas en la legislación básica en materia de actividades de servicios; resultando plenamente compatibles los requisitos a los que se sujeta el procedimiento de dicha licencia, todos ellos referidos a razones imperiosas de interés general, no discriminatorios por razón de la nacionalidad o domicilio social del prestador de los servicios, objetivos, proporcionados, claros e inequívocos, predecibles, transparentes y hechos públicos con antelación.

Tanto la licencia comercial como los criterios de los que se hace depender su otorgamiento se ajustan al principio de proporcionalidad, ya que constituyen medios adecuados y necesarios para garantizar la salvaguarda de intereses generales imperiosos e indeclinables y, en concreto, porque un control a posteriori de la compatibilidad del gran establecimiento con esos intereses generales, una vez realizadas las inversiones, no sería realmente eficaz para la protección de esos intereses generales.

En cuanto al procedimiento de la licencia comercial, debe destacarse el hecho de que se ha regulado atendiendo siempre a la premisa de simplificación y racionalización de los procedimientos, estableciéndose en este sentido expresamente el sentido positivo del silencio administrativo. Si bien, excepcionalmente y en determinados supuestos, se prevé la desestimación presunta de la solicitud de licencia comercial con el fin de proteger los intereses generales citados que justifican la existencia de la licencia.

Con el fin de garantizar a los prestadores de servicios la posibilidad de solicitar licencias comerciales con arreglo a la nueva regulación tan pronto como ésta haya entrado en vigor, se regula, de forma detallada, el procedimiento de tramitación de la solicitud de licencia comercial; se eliminan los requisitos de naturaleza económica, como el informe del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, así como los relativos a la viabilidad económica y financiera del proyecto o a sus efectos económicos, o a las cuotas de mercado; se adecuan las funciones del Consejo Castellano y Leonés de Comercio con el fin de evitar la intervención directa o indirecta de competidores y se suprimen todas aquellas restricciones derivadas de la valoración de los efectos que los establecimientos sujetos a licencia comercial producen sobre la estructura socioeconómica local y regional de la zona, medidos en función de un índice obtenido de acuerdo con una fórmula que determinaba su impacto sobre el conjunto del comercio minorista de la Zona Básica de Comercio.

Por otro lado, dejan de estar sometidos a licencia comercial y se sustituye por una comunicación a la Administración de la Comunidad Autónoma la transmisión de un gran establecimiento comercial, determinadas ampliaciones de los grandes establecimientos comerciales y las integraciones en establecimientos comerciales colectivos. Por último, se efectúan las correlativas modificaciones en el régimen sancionador.

En materia de Ferias Comerciales Oficiales, la autorización exigible a la organización de ferias comerciales oficiales y su vinculación a las Instituciones Feriales se sustituye por una comunicación previa del reconocimiento de la condición de feria comercial oficial que se puede solicitar ahora por cualquier entidad organizadora. Se suprimen el régimen de autorización y aprobación de los estatutos de las Instituciones Feriales y la prohibición de venta directa que iba aparejada a la autorización de feria comercial oficial. Finalmente, se modifica el régimen sancionador adaptándolo a las modificaciones que se contemplan.

En el Título III, «Servicios turísticos», y en el ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas en materia de promoción del turismo y su ordenación por el artículo 70.1,26.º del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Castilla y León adopta las medidas necesarias para llevar a cabo la correcta regulación de los servicios turísticos de conformidad con los principios generales establecidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; eliminando el sistema de autorizaciones administrativas previas contempladas en la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, para las empresas y actividades turísticas por constituir un obstáculo a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, y sustituyéndolo por un régimen de declaraciones responsables, que habilitan a la realización de las referidas actividades desde el momento de su presentación.

Asimismo, en línea con la liberalización que informa la nueva regulación, se suprime el requisito que hasta ahora se exigía a las agencias de viajes en el sentido de ejercer de forma exclusiva dicha actividad. En consecuencia, se procede a la adecuación del régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley al nuevo sistema.

En el Título IV, «Servicios Medioambientales», se comprenden, en el ejercicio de las competencias exclusivas asumidas por la Comunidad en virtud de los artículos 70.1.17.º y 35.º del Estatuto de Autonomía en materia de caza y normas adicionales de protección del medio ambiente, las modificaciones que se efectúan a las Leyes 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León; 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

Se eliminan los regímenes de autorización de las granjas cinegéticas y entidades de evaluación acústica que se sustituyen por declaración responsable; determinándose para éstas últimas los requisitos que deben cumplir para el ejercicio de la actividad. En el caso de las actividades sometidas a licencia y autorización ambiental se eliminan asimismo la autorización de inicio y la licencia de apertura las cuales, en este caso son sustituidas por comunicación de puesta en marcha.

Con el fin de garantizar el libre acceso a la prestación del servicio de redacción de estudios de impacto ambiental se elimina la necesidad de que esta actividad se desarrolle por equipos que hayan obtenido la homologación previa por parte de la Administración de Castilla y León.

Por último, se eliminan determinadas cargas administrativas en relación con las actividades desarrolladas en el ámbito de la Comunidad como es el caso de la realización obligatoria de auditorías medioambientales.

El Título V, «Espectáculos y Juego», incluye las modificaciones legislativas que vienen impuestas, en esta materia, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En materia de espectáculos públicos y espectáculos taurinos, y en el ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y León en virtud del artículo 70.1.32.º del Estatuto de Autono- mía, se mantiene el régimen de autorización administrativa debido a la necesidad de salvaguardar los intereses generales. Las limitaciones a la prestación de servicios que puede suponer el régimen de autorizaciones y requisitos contemplados en la legislación relativa a los espectáculos públicos, incluidos los taurinos, están amparadas en la necesidad de garantizar el orden público y la seguridad pública, la protección de los consumidores y destinatarios de los servicios, de los terceros no participantes en los espectáculos y de los trabajadores, del medio ambiente y del entorno urbano, así como la conservación del patrimonio cultural, sin que quepa sustituirlas por medidas menos restrictivas para el prestador que puedan garantizar tales extremos, pues no permiten un control a posteriori, momento en que los efectos dañosos para los bienes jurídicos protegidos ya se habrían producido. No resulta esta regulación en modo alguno discriminatoria por razón de la nacionalidad ni por razón de la ubicación del domicilio social del prestador.

Por lo que se refiere al juego, y en el ejercicio de las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad de Castilla y León en virtud del artículo 70.1.27.º del Estatuto de Autonomía, se modifica la normativa en materia de juego vigente, suprimiendo respecto de las máquinas recreativas de tipo A y de los salones recreativos en los que se explotan exclusivamente este tipo de máquinas, aquellos regímenes de autorización, procedimientos y formalidades que se consideran excesivamente onerosos y que obstaculizan la libertad de prestación de servicios.

Finalmente, en el Título VI, «Otros servicios», se engloban diversas modificaciones en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad de Castilla y León en materia de carreteras, deporte, familia, sanidad animal, industria y servicios sociales, así como las que ostenta en materia de sanidad, al amparo de los artículos 70.1 y 74 del Estatuto de Autonomía y que vienen impuestas por la necesidad de dar cumplimiento de la legislación básica del Estado en materia de actividades de servicios.

La instalación de rótulos y marcas comerciales en los establecimientos donde se desarrolle la actividad anunciada que se encuentren situados fuera de las zonas de dominio público de las carreteras y sean visibles desde las mismas pasa a estar sometida únicamente a una comunicación a la Administración titular de la vía.

Se justifica la existencia del régimen de autorización al que están sometidos los centros deportivos que imparten enseñanzas de titulaciones deportivas oficiales en aras a garantizar la protección de los derechos de los destinatarios de los servicios; protección que determina, a su vez, los efectos desestimatorios de la no notificación de resolución expresa en plazo.

En materia de mediación familiar, se modifica la Ley 1/2006 en el ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden a la Comunidad de Castilla y León en materia de promoción y atención a las familias al amparo del artículo 70.1.10.º del Estatuto de Autonomía con el fin de eliminar la previa inscripción en el Registro de Mediadores Familiares, en su condición equivalente a un régimen de autorización administrativa previa, y por constituir un posible obstáculo a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios en este ámbito, sustituyéndolo por la presentación de una declaración responsable que habilita a la realización de la mediación familiar desde el día de su presentación.

Asimismo, se prevé la eliminación de la exigencia de poseer la Cartilla de Explotación Ganadera en la medida en que esta exigencia se superpone a las obligaciones de ganaderos y tratantes en materia de identificación y registro y resulta un trámite superfluo y se contempla que los establecimientos de recogida de animales abandonados únicamente han de estar inscritos en el Registro de Núcleos Zoológicos, suprimiéndose la exigencia de autorización administrativa previa para los servicios de recogida de animales abandonados prestados por las sociedades protectoras de animales.

La modificación de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario obedece a la modificación de la Ley General de Sanidad, efectuada por la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En materia de seguridad industrial, se suprimen los requisitos y el régimen de autorización previstos para la concesión de determinados servicios.

El régimen de inscripción en el registro y autorización administrativa previa respecto de las entidades, centros y servicios privados no integrados en el Sistema de Acción Social de Castilla y León encuentra su justificación en la necesidad de proteger a los destinatarios de los servicios y cumplir los objetivos de política social, cuya consecución se erige como objetivo prioritario del sistema de servicios sociales previsto legalmente, sin que pueda ser sustituido por medidas menos restrictivas para el prestador que puedan garantizar tales extremos, pues la incidencia de los servicios prestados sobre los usuarios es inmediata y no permite un control a posteriori, momento en que los efectos ya se habrían producido. No resulta en modo alguno discriminatorio por razón de la nacionalidad ni por razón de la ubicación del domicilio social del prestador.

Por último, se acomoda a las modificaciones efectuadas en las diferentes Leyes por el presente Decreto-Ley el Anexo de la Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas respecto de los procedimientos administrativos en los que la falta de notificación de resolución expresa en plazo produce efectos desestimatorios.

La Disposición Adicional primera da cumplimiento a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en relación con los requisitos y regímenes de autorización al que están sometidos en Castilla y León determinados servicios en los sectores de agricultura y sanidad animal, protección ciudadana, juventud y drogodependencias. La Disposición Adicional segunda, y en términos análogos a los previstos en la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determina la existencia de razones imperiosas de interés general en los supuestos de silencio administrativo desestimatorio regulados en normas preexistentes a la entrada en vigor de la nueva redacción del primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Disposición Adicional tercera viene a otorgar la consideración de informe preceptivo y determinante, a los efectos del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la petición de informes o cualquier otra actuación de un órgano de la propia Administración Autonómica o de cualquier otra Administración Pública. Las Disposiciones Adicionales cuarta y quinta establecen una serie de medidas de simplificación administrativa consistentes, en primer lugar, en otorgar los efectos de consentimiento tácito al acceso telemático de los datos de carácter personal por los interesados con la presentación de la correspondiente solicitud en determinados procedimientos administrativos, y, en segundo lugar, determinar los criterios que se han de seguir en el desarrollo reglamentario del presente Decreto-Ley. Por último, la Disposición Adicional sexta contempla el sistema de cumplimiento por la Administración de la Comunidad de Castilla y León de la obligación de notificación a la Comisión Europea de los proyectos de normas afectados por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y por Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.

El régimen transitorio previsto tiende a facilitar el establecimiento y prestación de servicios en todas aquellas actividades de servicios en los que bien se elimina el régimen de autorización administrativa, bien se sustituye por el de declaración responsable o comunicación. Específicamente se contemplan las normas transitorias que resultan de aplicación a las solicitudes de licencia comercial presentadas antes de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley.

La disposición derogatoria contempla la derogación de la normativa anterior en lo que se oponga al presente Decreto-Ley y, específicamente, se prevé la derogación de los requisitos prohibidos previstos en el artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de determinadas normas de rango legal y reglamentario.

Por último, las Disposiciones Finales recogen expresamente el cumplimiento mediante el presente Decreto-Ley de la Disposición Final tercera, apartado 1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la habilitación a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecución del presente Decreto-Ley; y , por último, se fija la entrada en vigor del presente Decreto-Ley el 27 de diciembre de 2009, fecha límite de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

IV.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de noviembre de 2009, obliga a las Comunidades Autónomas a comunicar, antes del 26 de diciembre de 2009, a la Administración General del Estado las disposiciones legales que hayan adoptado para adaptar su contenido a lo establecido en la Directiva y en la citada Ley.

Las reglas y principios generales a los que está sometido en España el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio están recogidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dichas reglas y principios condicionan el ejercicio de las competencias exclusivas que corresponden a la Comunidad de Castilla y León, en virtud del Estatuto de Autonomía.

Por su parte, la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ajusta la normativa estatal básica a los principios y reglas generales contemplados en la citada Ley 17/2009; estando obligada la Comunidad de Castilla y León a efectuar las modificaciones necesarias en las normas legales dictadas en el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica del Estado que ostenta de conformidad con el Estatuto de Autonomía.

Esta situación requiere, en atención a las dos Leyes básicas mencionadas, de una acción normativa adoptada en un plazo inferior al requerido, incluso vía urgencia, por la iniciativa legislativa que corresponde a la Junta de Castilla y León y la posterior tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, autoriza, en su artículo 25.4, a la Junta de Castilla y León, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, a dictar disposiciones legislativas provisionales, que adoptarán la forma de Decretos-Leyes.

La aprobación del presente Decreto-Ley está justificada en la necesidad urgente y extraordinaria de modificar, antes del 26 de diciembre de 2009, la legislación dictada por la Comunidad de Castilla y León en las materias afectadas por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y por la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con el fin de efectuar su comunicación en plazo a la Administración General del Estado; y de ponerlas en vigor antes del día 28 de diciembre de 2009 con el fin de evitar un posible incumplimiento imputable a la Comunidad de Castilla y León y la correlativa asunción de las responsabilidades en los términos establecidos en la Disposición Final cuarta de la Ley 17/2009 citada.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, haciendo uso de la habilitación prevista en el artículo 25, apartado 4, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, y a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de diciembre de 2009,

DISPONE