Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇

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Sumario

LEY 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE LA HACIENDA Y DEL SECTOR P贐LICO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LE覰

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Le髇 han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 16.4 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la siguiente

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

La elaboraci髇, aprobaci髇 y ejecuci髇 de los presupuestos constituyen elementos esenciales en el funcionamiento de las modernas organizaciones pol韙icas que se rigen por principios democr醫icos. La Comunidad de Castilla y Le髇 forma parte de un Estado de Derecho complejo que, a su vez, forma parte de la Uni髇 Europea, lo que de modo necesario condiciona su legislaci髇 presupuestaria. Hasta ahora el r間imen presupuestario de la Comunidad, junto con los reg韒enes de contabilidad y de control, inevitablemente asociados a 閘, han sido desarrollados por la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le髇. Hoy, tras haber sufrido numerosas modificaciones, es preciso sustituirla por un planteamiento renovado que sit鷈 claramente el r間imen presupuestario p鷅lico de que la Comunidad es responsable en el marco de los criterios de la Uni髇 Europea, respecto del equilibrio presupuestario y de las normas b醩icas estatales.

La construcci髇 de la Uni髇 Europea ha estado presidida por la consolidaci髇 de la idea de que el equilibrio de los presupuestos p鷅licos es un elemento fundamental para conseguir un crecimiento econ髆ico sostenido. Esto dio lugar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que, a su vez, inspira el planteamiento de la legislaci髇 b醩ica estatal que delimita el sector p鷅lico como conjunto de agentes a los que han de referirse los reg韒enes presupuestarios y establece como principios rectores los de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignaci髇 de los recursos p鷅licos.

En ese marco, la presente Ley se dirige a renovar y actualizar la legislaci髇 de la Comunidad estableciendo el r間imen presupuestario, econ髆ico-financiero, de contabilidad y de control de la gesti髇 del sector p鷅lico auton髆ico, en ejercicio de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonom韆 en su art韈ulo 32.1, 1.� y 22.� en materia de organizaci髇, r間imen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y de ordenaci髇 de la Hacienda de la Comunidad de acuerdo con lo establecido por el propio Estatuto en sus art韈ulos 39, 40, 44, 48 y 50.

El texto de la Ley se estructura en ocho t韙ulos, doce disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y seis finales, y su contenido es el siguiente:

• 1. EL 罬BITO DE APLICACI覰 Y LOS PRINCIPIOS GENERALES. El t韙ulo I comienza con la definici髇 del objeto de la Ley, que, a su vez determina su 醡bito de aplicaci髇. La Ley tiene por objeto regular el r間imen presupuestario, econ髆ico-financiero y de contabilidad del sector p鷅lico de la Comunidad, y el control de la gesti髇 econ髆ico-financiera que ha de realizar la Intervenci髇 General de la Administraci髇 de la Comunidad. Por ello, su 醡bito de aplicaci髇 abarca ese sector p鷅lico: el conjunto de agentes diversos a los que ha de aplicarse con desigual intensidad, y cuyo n鷆leo central y m醩 importante constituye la Hacienda de la Comunidad.

  El 醡bito de la Ley abarca a la Administraci髇 General de la Comunidad, a los organismos aut髇omos y a los entes p鷅licos de derecho privado que forman parte de la Administraci髇 Institucional, a las empresas y fundaciones p鷅licas que no forman parte de la Administraci髇, pero que son instrumento de pol韙icas diversas y por medio de las cuales se canaliza directamente gasto p鷅lico. Adem醩, es preciso tener en cuenta una serie de entes existentes o posibles a los que puede ser necesario aplicar previsiones de la Ley directa o supletoriamente. Entes con reg韒enes especiales e incluso aut髇omos, o que puedan surgir en la pr醕tica socioecon髆ica, que suele ir por delante de las leyes.

  Todo este conjunto de entes diversos, de acuerdo con los criterios que se desprenden de las normas b醩icas de la legislaci髇 estatal y de las normas de la Uni髇 Europea, ha de ser considerado como el sector p鷅lico de la Comunidad, pues son los agentes actuales o potenciales de la actividad econ髆ica p鷅lica de la que es responsable la Comunidad de Castilla y Le髇.

  La Ley define la Hacienda de la Comunidad en t閞minos an醠ogos a la Hacienda P鷅lica estatal, pues diversas normas de 閟ta han de ser referencia necesaria. Establece normas generales sobre el r間imen jur韉ico del sector p鷅lico y define las fundaciones p鷅licas de la Comunidad.

  El t韙ulo I enuncia a continuaci髇 principios que deben inspirar y limitar toda regulaci髇 de los ingresos y los gastos p鷅licos, y las actuaciones relativas a ellos.

• 2. LAS COMPETENCIAS El t韙ulo II especifica las competencias de la Junta de Castilla y Le髇, de su Presidente, de los Consejeros, de los organismos aut髇omos, de los entes p鷅licos de derecho privado, de las empresas p鷅licas y de las fundaciones p鷅licas de la Comunidad y dem醩 entidades del sector p鷅lico auton髆ico en las materias reguladas por la Ley.
• 3. EL R蒅IMEN JUR虳ICO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTENIDO ECON覯ICO DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SECTOR P贐LICO AUTON覯ICO. El t韙ulo III se refiere al r間imen jur韉ico de las entidades del sector p鷅lico auton髆ico e incluye principalmente una serie de normas generales sobre derechos y obligaciones, que derivan de las previsiones del art韈ulo 39 del Estatuto de Autonom韆, que hacen necesario configurar la Hacienda p鷅lica de la Comunidad en t閞minos an醠ogos a la Hacienda del Estado.

  El cap韙ulo I contiene la regulaci髇 general de los derechos de la Hacienda de la Comunidad, que parte de establecer normas comunes a todos ellos, relativas a su definici髇, a su administraci髇 y a los l韒ites sobre su disposici髇.

  Este cap韙ulo configura el r間imen de los derechos de naturaleza p鷅lica mediante normas relativas a las prerrogativas de la Hacienda, al nacimiento, adquisici髇 y extinci髇 de los derechos, a la gesti髇 de los tributos propios y cedidos, as� como a la gesti髇 de los ingresos de derecho p鷅lico no tributarios; establece reglas generales acerca del procedimiento de apremio e introduce previsiones respecto de los aplazamientos y fraccionamientos de los pagos de las deudas a la Hacienda de la Comunidad, y, asimismo, previsiones sobre la compensaci髇 de deudas; actualiza el planteamiento de los intereses de demora y completa el planteamiento con la regulaci髇 de la prescripci髇, fijando el plazo de cuatro a駉s para todos los derechos, con independencia de su naturaleza tributaria o no.

  Establece este cap韙ulo tambi閚 normas relativas a la revisi髇 en v韆 administrativa de las actuaciones relativas a la aplicaci髇 de los tributos y de cualquier acto dictado en el procedimiento de apremio relativo a cualquier ingreso de derecho p鷅lico, excepto los tributos cedidos, acomodando su planteamiento al de la Ley General Tributaria.

  El planteamiento del cap韙ulo I se cierra con unas previsiones generales acerca de los derechos de naturaleza privada.

  El cap韙ulo II contiene la regulaci髇 general de las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad mediante normas relativas al nacimiento de las mismas y a la exigibilidad de su pago, las prerrogativas, a la devoluci髇 de ingresos indebidos y al cumplimiento de resoluciones de las que se deriven obligaciones; regula los intereses de demora, la extinci髇 de obligaciones y la prescripci髇, para la que establece el plazo de cuatro a駉s, como en el caso de los derechos.

  El cap韙ulo III se refiere a los derechos y obligaciones que corresponden a las restantes entidades.

• 4. EL R蒅IMEN PRESUPUESTARIO El t韙ulo IV, dedicado a una de las partes m醩 importantes de la Ley, contiene algunas de sus novedades m醩 significativas. Renueva ampliamente el r間imen presupuestario para situarlo en el marco de los criterios de la Uni髇 Europea y de las normas b醩icas del Estado sobre la estabilidad presupuestaria a las que antes se ha hecho referencia. Establece el mismo r間imen para toda la Administraci髇 de la Comunidad, es decir, para la Administraci髇 General y para los organismos aut髇omos y los entes p鷅licos de derecho privado que integran su Administraci髇 Institucional. Aborda una regulaci髇 completa de todo el ciclo presupuestario, desde la elaboraci髇 del presupuesto hasta su ejecuci髇, con objeto de favorecer la estabilidad de las normas y su coherencia con lo previsto en el art韈ulo 133.4 de la Constituci髇, que establece que las Administraciones P鷅licas solo podr醤 contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes, una de cuyas manifestaciones es precisamente la legalidad presupuestaria.

  El cap韙ulo I establece normas generales de la programaci髇 y de la gesti髇 presupuestaria del sector p鷅lico auton髆ico. Regula la vinculaci髇 de los escenarios presupuestarios plurianuales, el r間imen de presupuesto anual, el destino de los cr閐itos a la finalidad establecida por las leyes de presupuestos, el destino de los ingresos y la aplicaci髇 de derechos y obligaciones al presupuesto.

  El cap韙ulo II se refiere a los escenarios en que han de enmarcarse los presupuestos generales de la Comunidad, lo que constituye una de las novedades de la Ley. Abordar la definici髇 de una programaci髇 a medio plazo que proyecte las previsiones de ingresos y de gastos m醩 all� del horizonte de un solo ejercicio es una necesidad que debe satisfacer la legislaci髇 de la Comunidad por varias razones. La construcci髇 de infraestructuras o la realizaci髇 de pol韙icas de fomento de diverso tipo, entre otras actuaciones en ejercicio de las competencias de la Comunidad, con frecuencia desbordan el ejercicio presupuestario, y un enfoque realista y racional del gasto p鷅lico debe tenerlo en cuenta.

  Si en la pr醕tica ha venido manifest醤dose su necesidad, es al mismo tiempo una exigencia de las normas b醩icas establecidas por la legislaci髇 del Estado, pues entre ellas se encuentra la relativa al principio de plurianualidad, que implica que la elaboraci髇 de los presupuestos del sector p鷅lico ha de enmarcarse en un escenario plurianual. Tambi閚 es una exigencia de la Ley Org醤ica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo art韈ulo 3 establece que las Comunidades Aut髇omas deben adecuar su normativa presupuestaria al objetivo de cumplimiento del principio de estabilidad, objetivo que precisamente ha de fijarse para per韔dos de tres a駉s.

  Coherentemente con todo ello, la Ley regula la elaboraci髇 de escenarios presupuestarios plurianuales como instrumento y documento de trabajo t閏nico de preparaci髇 racional y realista de los presupuestos, mediante la previsi髇 de los gastos precisos para las principales necesidades y objetivos que hayan de abordarse y mediante la estimaci髇 de los ingresos posibles en los tres ejercicios siguientes. La Ley los define y regula como los aspectos b醩icos de su elaboraci髇.

  El cap韙ulo III aborda la regulaci髇 del contenido, la estructura y la elaboraci髇 de los presupuestos generales de la Comunidad. Define los cr閐itos, los programas presupuestarios, la estructura de los estados de gastos y de los estados de ingresos de los presupuestos limitativos y regula su preparaci髇, presentaci髇 y su pr髍roga.

  El cap韙ulo IV regula el r間imen de los cr閐itos de los presupuestos de la Administraci髇 General, de los organismos aut髇omos, de los entes p鷅licos de derecho privado y dem醩 entidades u 髍ganos con dotaci髇 diferenciada con presupuesto limitativo, y sus modificaciones e incorpora la regulaci髇 de aspectos que hasta ahora se recog韆 en las leyes de presupuestos de cada ejercicio para dotar de estabilidad al planteamiento de esta importante parte del r間imen presupuestario, al mismo tiempo que pone 閚fasis en la importancia de los programas.

  Se trata de establecer el r間imen de los presupuestos limitativos que, por ello mismo, han de estar sujetos m醩 estrictamente a la legalidad. La Administraci髇, para poder gastar, precisa de la habilitaci髇 que le otorgue el poder legislativo mediante la ley de presupuestos que determina los cr閐itos disponibles, las posibilidades de realizar gastos. Este cap韙ulo define los rasgos fundamentales de tales posibilidades mediante normas sobre la limitaci髇 y la vinculaci髇 de los cr閐itos, los gastos con cargo a ejercicios futuros, la temporalidad de los cr閐itos, la no disponibilidad de los mismos, y la anulaci髇 de cr閐itos.

  La Ley ha de determinar tambi閚 hasta qu� punto pueden variarse las previsiones realizadas por el legislativo; por ello este cap韙ulo incluye un planteamiento completo de las modificaciones presupuestarias que abarca las transferencias y generaciones de cr閐itos, las minoraciones de los mismos, los cr閐itos ampliables, los cr閐itos extraordinarios, los suplementos de cr閐ito y las incorporaciones de cr閐ito.

  El cap韙ulo V establece el r間imen presupuestario de las empresas p鷅licas y de las fundaciones p鷅licas de la Comunidad cuya configuraci髇 aproxima a la de la legislaci髇 del Estado.

  Los cap韙ulos VI y VII, relativos a la gesti髇 presupuestaria, actualizan y ampl韆n la legislaci髇 de la Comunidad en la materia a fin de producir coherencia con la relevancia que han de tener la programaci髇 presupuestaria y la asignaci髇 y utilizaci髇 eficiente de los recursos.

  El cap韙ulo VI contiene unas normas generales de la gesti髇 econ髆ico-financiera que comprenden la definici髇 de la gesti髇, los principios orientadores de la misma y otros principios aplicables en los procedimientos de gesti髇 de la Administraci髇, unas reglas generales sobre la responsabilidad de los gestores y unas reglas sobre la utilizaci髇 de los medios electr髇icos, inform醫icos o telem醫icos.

  La disciplina presupuestaria debe estar ligada a una gesti髇 eficaz y eficiente; por ello la Ley introduce en este cap韙ulo unas normas generales sobre la gesti髇 por objetivos para establecer la necesaria correspondencia entre la gesti髇 y los objetivos hacia cuya consecuci髇 se orientan los programas presupuestarios. La programaci髇 ha de estar 韓timamente unida a la b鷖queda de la eficiencia en la utilizaci髇 de los recursos y, por ello, es imprescindible orientar la gesti髇 mediante la definici髇 de unas metas y dise馻r un proceso de evaluaci髇 permanente que permita definir las correcciones necesarias. En consecuencia, la Ley prev� el establecimiento de sistemas de gesti髇 orientados hacia el cumplimiento de los objetivos de los programas y su seguimiento y evaluaci髇, con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados y de disponer de los elementos de juicio necesarios para realizar las modificaciones y adaptaciones que siempre pueden ser necesarias tanto en la definici髇 de los objetivos como en la gesti髇.

  El cap韙ulo VII, relativo a la gesti髇 y la liquidaci髇 de los presupuestos, define gen閞icamente los actos necesarios para la realizaci髇 efectiva de los gastos y los 髍ganos competentes en cada caso, regula la ordenaci髇 de pagos, el reintegro de los indebidos, los anticipos de caja fija, los pagos a justificar y el cierre y liquidaci髇 de los presupuestos.

• 5. LA GESTI覰 DE TESORER虯 Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS El t韙ulo V, relativo a la gesti髇 de tesorer韆 y las operaciones financieras, reordena la regulaci髇 contenida en los t韙ulos VII, VIII y IX de la Ley 7/1986, relativa al Tesoro, los avales y el endeudamiento de la Comunidad.

  El cap韙ulo I define el Tesoro, sus finalidades y las principales funciones del 髍gano directivo al que corresponda su gesti髇 y custodia. Actualiza la regulaci髇 de la Caja General de Dep髎itos y ampl韆 su 醡bito.

  El cap韙ulo II se refiere a la gesti髇 de las disponibilidades l韖uidas del sector p鷅lico auton髆ico. Establece, principalmente, unas reglas generales que afectan a la Administraci髇 de la Comunidad: normas sobre la situaci髇 de los fondos en las entidades de cr閐ito, sobre los medios para realizar ingresos y pagos, sobre las necesidades transitorias de tesorer韆 y operaciones financieras activas, sobre el presupuesto monetario y sobre los criterios para la ordenaci髇 de pagos.

  El cap韙ulo III regula las operaciones de endeudamiento de la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 48 del Estatuto de Autonom韆 y en el art韈ulo 14 de la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas. A partir de estos preceptos b醩icos, define la Deuda de la Comunidad y la Deuda del Tesoro y sus limitaciones, establece unas reglas acerca de las autorizaciones y competencia y regula el endeudamiento de las restantes entidades integrantes del sector p鷅lico de la Comunidad.

  El cap韙ulo IV est� dedicado a regular los avales del Tesoro y los otorgados por las entidades p鷅licas. Reorganiza el planteamiento de la Ley 7/1986 e introduce las referencias precisas a las entidades del sector p鷅lico de la Comunidad.

• 6. LA CONTABILIDAD El t韙ulo VI se refiere a la contabilidad del sector p鷅lico auton髆ico. Su planteamiento parte de lo establecido por los apartados 4 y 5 del art韈ulo 50 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla y Le髇 y por el art韈ulo 13 de la Ley 12/1983, del Proceso Auton髆ico, entendido este art韈ulo de acuerdo con el criterio definido por el Tribunal Constitucional, en la sentencia 76/1983, respecto de la aplicaci髇 a las Comunidades Aut髇omas de las normas del Estado sobre contabilidad p鷅lica.

  El t韙ulo VI regula el sistema contable, aproxim醤dolo a los aspectos fundamentales de la legislaci髇 estatal, y configura la contabilidad del sector p鷅lico de la Comunidad como un sistema de informaci髇 econ髆ico-financiera y presupuestaria sobre la actividad desarrollada por las entidades integrantes del mismo, el cual tiene como finalidad mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situaci髇 financiera, de los resultados y de la ejecuci髇 de los presupuestos de cada una de las entidades que forman parte del sector p鷅lico auton髆ico.

  El cap韙ulo I establece las normas generales que definen el sistema contable, enuncia los principios contables p鷅licos y establece criterios para su aplicaci髇, determina el r間imen de contabilidad aplicable a cada una de las entidades del sector p鷅lico de la Comunidad, y normas generales sobre la llevanza de la contabilidad.

  El cap韙ulo II define las competencias en la materia y unas l韓eas generales sobre el ejercicio de las funciones necesarias para el cumplimiento de las previsiones de la Ley, funciones que necesariamente han de repercutir en los criterios para configurar los 髍ganos o unidades que han de llevar la contabilidad.

  El cap韙ulo III establece las reglas generales para la elaboraci髇 de las cuentas del sector p鷅lico y de la Cuenta General de la Comunidad.

  El cap韙ulo IV se refiere a la informaci髇 acerca del cumplimiento de la normativa sobre la estabilidad presupuestaria. Las Comunidades Aut髇omas tienen la obligaci髇 de proporcionar la informaci髇 necesaria para la medici髇 del grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En este cap韙ulo se establecen las normas necesarias que permitan recoger esa informaci髇.

• 7. EL CONTROL DE LA GESTI覰 ECON覯ICO-FINANCIERA POR LA INTERVENCI覰 GENERAL El t韙ulo VII regula el control de la gesti髇 econ髆ico-financiera por la Intervenci髇 General, que abarca dos grandes campos: el control interno sobre la actividad de las entidades integrantes del sector p鷅lico de la Comunidad de Castilla y Le髇 y el control financiero sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad o a fondos extrapresupuestarios.

  La Ley enfoca la regulaci髇 del control interno de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 50.5 del Estatuto de Autonom韆, que prev� que ha de tenerse en cuenta la legislaci髇 del Estado que sea aplicable, y el art韈ulo 13 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Auton髆ico, entendido de acuerdo con el criterio fijado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 76/1983, de 5 de agosto. Es decir, el control interno ha de configurarse de acuerdo con las normas del Estado que, a falta de pronunciamiento expreso del legislador, hayan de considerarse b醩icas por definir los rasgos fundamentales de dicho control. A ello responde la Ley, que ajusta la configuraci髇 de este control a esos rasgos, entre los que ha de destacarse su ejercicio con autonom韆 respecto de los 髍ganos y entidades objeto del control.

  Regula, adem醩, el control financiero sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones, partiendo de las normas b醩icas establecidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  El cap韙ulo I recoge unas disposiciones generales dirigidas a definir los objetivos, las formas de su ejercicio y los 髍ganos que lo tienen encomendado, as� como los principios conforme a los cuales ha de ejercerse el control.

  El cap韙ulo II regula la funci髇 interventora, control previo que afecta fundamentalmente a la Administraci髇 General y a los organismos aut髇omos. La Ley conserva el planteamiento hasta ahora vigente, con algunas precisiones.

  El cap韙ulo III introduce un nuevo planteamiento del control financiero permanente, de forma an醠oga al de la legislaci髇 del Estado, control posterior y continuo que afecta a todas las entidades integrantes del sector p鷅lico de la Comunidad. Regula su ejercicio, su planificaci髇 anual, los informes en que han de reflejarse sus resultados y sus consecuencias.

  El cap韙ulo IV regula la auditor韆 p鷅lica, que viene a sustituir al control financiero regulado por la normativa anterior, y que se caracteriza por su ejercicio posterior y no permanente, y coexistente con el ejercicio de la funci髇 interventora y el control financiero permanente. Regula las modalidades de la auditor韆 p鷅lica, su planificaci髇 anual y los informes resultantes.

  El cap韙ulo V se refiere al control financiero de subvenciones y dem醩 ayudas p鷅licas concedidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad o a fondos extrapresupuestarios. La Ley define el objeto, el 醡bito subjetivo, las facultades del personal que ejerce el control, los informes en que este ha de reflejarse y los efectos y consecuencias que en determinados casos han de tener necesariamente respecto del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de subvenci髇.

• 8. LAS RESPONSABILIDADES El t韙ulo VIII mantiene b醩icamente el contenido del t韙ulo X de la Ley 7/1986 sobre las responsabilidades y lo ampl韆 para que sea aplicable a todo el sector p鷅lico. Regula los supuestos de infracci髇, los tipos de responsabilidad, el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad y el r間imen de la indemnizaci髇 correspondiente.
• 9. LAS DISPOSICIONES ADICIONALES Las disposiciones adicionales complementan las previsiones de la Ley mediante el establecimiento de una serie de especialidades o previsiones espec韋icas necesarias para completar el conjunto de la regulaci髇.
• 10. LAS DISPOSICIONES FINALES La renovaci髇 del r間imen econ髆ico-financiero que esta Ley persigue plantea la necesidad de introducir modificaciones en la regulaci髇 que otras leyes establecen respecto de algunas de las entidades que forman parte del sector p鷅lico auton髆ico.

  As�, es necesario modificar las normas que la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad, establece sobre la creaci髇 de las entidades institucionales y las empresas p鷅licas para introducir la necesidad de un plan inicial de actuaci髇 que favorezca la racionalidad y la eficacia en la constituci髇 de esas entidades.

  Tambi閚 es necesario modificar la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y Le髇, para introducir en ella, su lugar natural, la definici髇 de las fundaciones p鷅licas, y exigir para su constituci髇 una memoria econ髆ica.