Sumario

Véase D [CASTILLA-LA MANCHA] 38/2002, 12 marzo, de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y Trabajo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas («D.O.C.M.» 15 marzo).

Exposición de motivos

Cada cinco días muere en España una mujer como consecuencia de malos tratos producidos por su esposo o compañero. Cada año se producen en nuestro país más de medio millón de agresiones delictivas a mujeres en el ámbito familiar sin que muchas de estas conductas puedan ser juzgadas en los tribunales debido al miedo o la vergüenza que impide la correspondiente denuncia de la víctima.

En Castilla-La Mancha se producen quince mil casos de malos tratos cada año y durante los dos últimos años han fallecido, como consecuencia de los mismos, cinco mujeres. El número de denuncias anuales presentadas por este tipo de delitos se aproxima al millar.

Este grave problema, que convulsiona la conciencia de cualquier ciudadano sensible no provoca, sin embargo, el rechazo social que acompaña a otras formas de violencia. A la vez, produce verdadera alarma debido a que los poderes públicos no han hecho todo lo que es obligado para combatir esta lacra social que, a veces, se trata de esconder bajo un manto de silencio cómplice.

Ningún Gobierno puede desentenderse de este problema, pensando que son solamente los Jueces quienes han de hacerse cargo de él. La violencia contra las mujeres ha de ocupar a los Jueces como delito grave que es, pero además es un asunto de Gobierno que exige políticas activas e iniciativas concretas.

La lucha efectiva contra la violencia que padecen las mujeres debe desarrollarse en el espacio de la vida pública, porque se trata de una flagrante violación de los derechos humanos que hay que combatir con toda la fuerza y todos los instrumentos del sistema democrático, para impedir que día a día se siga practicando esa especie de terror de puertas adentro del hogar por quienes de puertas afuera pretenden aparecer como ciudadanos de intachable conducta.

Garantizar la publicidad de la justicia y el conocimiento de las sentencias firmes en este tipo de delitos, persigue conseguir que la acción de la justicia constituya, como debe, a crear un clima social de rechazo al delito que se combate. La pena que el juez imponga en cada caso debe ser respetada en sus estrictos términos, pero además los poderes públicos son responsables de que nos e arroje un manto de silencio sobre el crimen para que no se juzgue, o sobre la propia condena para que no se conozca.

A este respecto, la presente Ley prevé un programa de actuaciones que favorezca la readaptación voluntaria del agresor.

La Administración Regional ha creado una amplia Red de recursos de protección a la mujeres maltratadas: Casas de Acogida, centros de Urgencias, Centros de atención a mujeres jóvenes, Teléfono gratuito de atención 24 horas y programas de asistencia jurídico-procesal y psicológica. Quizá, por ello, Castilla-La Mancha sea la región española donde menos denuncias por malos tratos se retiran una vez presentadas por la víctimas. Sin embargo, es necesario ordenar y ampliar los instrumentos legales que garanticen la sensibilización, prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia.

La presente Ley quiere ser un paso eficaz para combatir la violencia doméstica, así como un instrumento para garantizar las medidas de asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia y para hacer efectivo el asesoramiento y la asistencia letrada en juicio.

También contempla la ley el ejercicio de la acción popular por parte de la Administración Pública en los procedimientos penales, cuando su intervención contribuya a defender los derechos de la víctima o a proteger los intereses públicos presentes en el caso.

Por otra parte, recoge de forma novedosa, un sistema de ayudas públicas para el acceso a la vivienda y al empleo en beneficio de las mujeres víctimas o de sus hijos o ascendientes cuando éstos dependan de aquella. Igualmente, se ordena un marco de ayudas económicas para paliar las consecuencias de las agresiones sobre la mujer o sus hijos.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 31, apartado primero, párrafos 1 y 20, reconoce la competencia exclusiva de la Administración Autonómica para la organización, régimen y funcionamiento de sus Instituciones de Autogobierno y la protección y tutela de los grupos sociales necesitados de especial atención, entre los que, indudablemente, está incluida la mujer víctima de malos tratos.