Sumario

I

La Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su título II los instrumentos de prevención ambiental a aplicar en nuestra Comunidad Autónoma, entre los que se encuentran la evaluación ambiental de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Ambos instrumentos permiten estimar, prevenir, corregir y, en definitiva, minimizar los efectos que determinadas intervenciones, públicas o privadas, puedan provocar en el medio ambiente; aportando la necesaria integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones sobre la autorización o aprobación de los proyectos con incidencia significativa en el medio ambiente y en la elaboración y aprobación, desde las administraciones públicas, de aquellos planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

La Constitución Española proclama en su artículo 45 el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; y en su artículo 149.1.23 otorga al Estado las competencias en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las competencias recogidas en la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a la competencia exclusiva sobre las normas adicionales y complementarias de las del estado en materia de protección ambiental y lucha contra el cambio climático detallada en el artículo 9.1.33, y a la competencia en desarrollo normativo y ejecución en materia de medio ambiente detallada en el artículo 10.1.2.

La regulación comunitaria en materia de evaluación ambiental de planes y programas se recoge inicialmente en la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que se ha traspuesto a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que constituye el marco normativo estatal en la regulación de la evaluación ambiental de planes y programas. Dentro de este marco normativo, la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura recoge la evaluación ambiental de planes y programas en nuestra Comunidad Autónoma.

La regulación comunitaria en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos se inició con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la cual se incorporó al derecho interno a través del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. En los 25 años transcurridos desde entonces son varias las modificaciones habidas tanto en la Directiva como en el Real Decreto Legislativo inicial, modificaciones que se han recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, que vino a armonizar y refundir en un único texto las diversas disposiciones vigentes y constituye la norma básica a nivel estatal en esta materia. En la Comunidad Autónoma de Extremadura la normativa autonómica en evaluación de impacto ambiental de proyectos ha sido el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura, hasta su derogación por la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, desde su entrada en vigor establece, junto con la legislación básica estatal anteriormente citada, el marco de la evaluación de impacto ambiental de proyectos en nuestra Comunidad Autónoma.

El presente reglamento aborda el desarrollo reglamentario de los procedimientos de evaluación ambiental, incluyendo tanto aquellos extremos susceptibles de desarrollo recogidos expresamente en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como aquellos otros que, dentro de la habilitación general recogida en la disposición final segunda de dicha ley, se ha considerado oportuno desarrollar, todo ello y como no puede ser de otra forma, dentro del marco establecido por la normativa básica estatal en materia de medio ambiente y demás preceptos de la legislación general del Estado.

II

El decreto recoge en su artículo único la aprobación del reglamento de evaluación de impacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los aspectos relativos a la evaluación ambiental de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. El decreto incluye también una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, la segunda de las cuales, en ejercicio de la habilitación recogida en la disposición final segunda de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modifica los Anexos I, II y III de la citada ley por los que se insertan como Anexos I, II y III al presente decreto.

En lo que se refiere a su estructura, el reglamento se compone de tres títulos y 52 artículos. Desde el punto de vista de su contenido, el título primero desarrolla las disposiciones de carácter general tales como el objeto de la disposición y su ámbito de aplicación, las definiciones necesarias para su compresión y correcta aplicación y la determinación de las administraciones competentes para ejecutar los distintos procedimientos de evaluación ambiental previstos.

El título segundo está dedicado a la evaluación ambiental de planes y programas. El capítulo primero determina los planes y programas, así como sus modificaciones y revisiones, sometidos a evaluación ambiental, siendo especialmente reseñable en este último punto la delimitación de las modificaciones de los instrumentos de ordenación urbanística que precisan evaluación ambiental. El segundo capítulo desarrolla el procedimiento de la evaluación ambiental, en una primera sección se regula el procedimiento general aplicable, definiendo las funciones del órgano promotor y del órgano ambiental, así como el contenido mínimo de los documentos de inicio y de referencia, del informe de sostenibilidad ambiental y de la memoria ambiental, igualmente, para esta última se establece la forma de elaboración que, de forma general, se realiza conjuntamente a partir de una propuesta del órgano ambiental. La segunda sección recoge el procedimiento a aplicar para la determinación de la necesidad o no de someter un plan o programa a evaluación ambiental por tener efectos significativos sobre el medio ambiente o por afectar a Red Natura 2000, definiéndose un procedimiento basado en la determinación caso por caso. El capítulo tercero desarrolla las especialidades del procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, dedicándose artículos independientes a recoger las particularidades de los siguientes instrumentos: las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales, los planes generales municipales, los planes parciales y los planes especiales de ordenación. Se establece un procedimiento distinto del general para la elaboración de la memoria ambiental en los instrumentos de ordenación urbanística correspondiendo, en este caso, al Ayuntamiento la elaboración de la propuesta de la memoria ambiental. Del mismo modo se determina la necesidad y alcance de algunos informes incluidos en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, tal y como se establece en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

El título tercero regula la evaluación de impacto ambiental de proyectos a lo largo de seis capítulos estableciendo los distintos procedimientos que se pueden aplicar para los distintos tipos de proyecto definidos en los anexos correspondientes, recogiendo el papel del promotor y de los órganos sustantivo y ambiental en cada uno de ellos. El primer capítulo establece los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y abreviada, así como la posibilidad de excepcionar algunos proyectos. El segundo regula la evaluación de impacto ambiental ordinaria aplicable a los proyectos recogidos en el Anexo II-A, evaluación que se inicia con la solicitud por parte del promotor y termina con la emisión de la declaración de impacto ambiental y su publicidad. El siguiente capítulo recoge la evaluación de impacto ambiental de los proyectos incluidos en el Anexo II-B y de los proyectos no incluidos en el Anexo II que puedan afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, en este caso se realiza caso por caso la evaluación de la necesidad de someter los proyectos al procedimiento ordinario o al abreviado. El cuarto capítulo recoge el procedimiento abreviado para los proyectos incluidos en el Anexo III. Finalmente, en los últimos capítulos se recogen un conjunto de disposiciones comunes aplicables a todos los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación del decreto y se regula la vigilancia, inspección y control de los proyectos objeto de evaluación de impacto ambiental.

Finalmente, el reglamento incluye nueve disposiciones adicionales y una disposición transitoria, además de seis anexos.

III

El reglamento que se aprueba cumple con la doble función de desarrollar las previsiones de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a la evaluación ambiental de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos y, a su vez, de recoger en un único texto los procedimientos completos recogidos en la normativa autonómica y estatal básica en materia de medio ambiente.

En virtud, a iniciativa del Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación de Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 29 de abril de 2011,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES