Sumario

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

1

La Constituci髇 Espa駉la de 1978 juega un papel de primer orden en cualquier legislaci髇 que, con posterioridad a ella, pretenda regular la creaci髇, organizaci髇 y funcionamiento de las sociedades cooperativas. Ello por dos razones: La primera, porque las sociedades cooperativas conforman una materia sobre la cual las Comunidades Aut髇omas pueden asumir competencias, incluso competencias exclusivas, siempre que, entre otros requisitos, el domicilio social se encuentre en el territorio de la Comunidad Aut髇oma; y la segunda, porque en su art韈ulo 129.2 obliga a los poderes p鷅licos a fomentar mediante una legislaci髇 adecuada las sociedades cooperativas.

Ambos datos dejan su impronta en la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

Atendiendo el primero de ellos, debe afirmarse, desde este momento, que la Comunidad Aut髇oma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las sociedades cooperativas respetando la legislaci髇 mercantil, a tenor de lo establecido en el art韈ulo 7.23 de su Estatuto de Autonom韆, en la redacci髇 dada por la Ley Org醤ica 8/1994, de 24 de marzo. Como es bien sabido, la titularidad de la competencia exclusiva sobre una determinada materia, en este caso la de las sociedades cooperativas, atribuye a la Comunidad Aut髇oma diversos poderes jur韉icos de 韓dole normativo y de ejecuci髇. Hasta ahora la Junta de Extremadura ha venido ejerciendo funciones ejecutivas consistentes principalmente en la calificaci髇, inscripci髇 y certificaci髇 de actos que tienen acceso al Registro de Cooperativas extreme駉, y en el asesoramiento de las sociedades cooperativas. Con la finalidad de ejercer de forma plena la nueva competencia se ha elaborado la presente Ley.

En el ejercicio de la potestad legislativa sobre las sociedades cooperativas por la Comunidad Aut髇oma de Extremadura debe tenerse presente el, anteriormente indicado, art韈ulo 129.2 de la Constituci髇, en cuya virtud nuestra Comunidad Aut髇oma tiene la obligaci髇 de fomentar las sociedades cooperativas mediante una legislaci髇 adecuada. As� mismo, el art韈ulo 62.2 del Estatuto de Autonom韆 de Extremadura faculta a la Junta de Extremadura a realizar acciones de fomento de este tipo de sociedades. Tales medidas de fomento se vienen articulando a trav閟 de los sucesivos Decretos y Ordenes reguladoras de las diferentes modalidades de ayudas p鷅licas que tienen como destinatarios a las sociedades cooperativas. Ahora es el momento de fomentar tales entidades mediante un instrumento nuevo: La Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura. Hay que advertir que la Ley no contiene medidas de fomento en sentido estricto, es decir subvenciones y dem醩 ayudas p鷅licas, salvo en aspectos muy puntuales que luego se dir醤, puesto que esta materia es el objeto de otras normas: Una Ley de Sociedades Cooperativas tiene como contenido natural el regular c髆o se crean y c髆o funcionan las sociedades de esta clase, de manera que el fomento del cooperativismo, que con esta norma se persigue, se articula mediante diferentes t閏nicas que pretenden hacer m醩 eficaz y eficiente el nacimiento y vida de las sociedades cooperativas.

En esta l韓ea, la Ley responde a dos principios generales: Uno, dar libertad de regulaci髇 a las sociedades cooperativas, a trav閟 de sus estatutos o de acuerdos de la Asamblea General, en todas las materias en que as� se ha cre韉o conveniente; y, dos, facilitar el desarrollo de la empresa en que consista el objeto social de cada sociedad cooperativa mediante una configuraci髇 adecuada de la estructura y funcionamiento de tales entes.

2

En las disposiciones generales sobre las sociedades cooperativas, y a la hora de definir este tipo de sociedades mercantiles se ha optado por acoger el concepto acu馻do en la 鷏tima Declaraci髇 de la Alianza Cooperativa Internacional-Manchester, septiembre de 1955. As� mismo, se fija como cifra de capital social m韓imo la cantidad de 500.000 pesetas. El establecimiento de una cifra de capital social m韓imo dota de solvencia financiera a la sociedad, por ello se exige que, adem醩, est� 韓tegramente desembolsada desde la constituci髇 de la sociedad cooperativa. Pero la mencionada cifra no puede ser tan alta que desincentive la constituci髇 de este tipo de sociedades. Se ha optado por las 500.000 pesetas porque es la cantidad que se exige para constituir una sociedad de responsabilidad limitada.

3

En la misma l韓ea anterior, y en el cap韙ulo destinado a la constituci髇 de la sociedad cooperativa, se reduce de cinco a tres el n鷐ero m韓imo de socios en las de primer grado, para facilitar las posibilidades de creaci髇 de empleo a trav閟 de la constituci髇 de sociedades cooperativas.

Este n鷐ero m韓imo se ha elevado a cinco para las sociedades cooperativas de transportistas, porque, seg鷑 se ha podido apreciar en el sector, tres socios no pueden afrontar la organizaci髇 de medios que requiere una empresa de transportes.

4

En la regulaci髇 del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, la Ley simplemente prev� la estructura, principios y funciones, remitiendo a un Reglamento la regulaci髇 m醩 detallada.

5

El r間imen jur韉ico de los socios sigue b醩icamente el patr髇 de la Ley General de Cooperativas con algunas novedades, entre las que destacan la atribuci髇 玡x lege� de legitimaci髇 activa para recurrir el acuerdo del Consejo Rector en materia de adquisici髇 de la condici髇 socio; la admisi髇 de socios temporales; o la libertad de regulaci髇 concedida a las sociedades cooperativas para que mediante sus estatutos configuren las sanciones que hayan de imponerse a los socios en el ejercicio de la disciplina social.

6

Para conseguir que las sociedades cooperativas tengan mayores posibilidades de financiaci髇 propia y para fomentar que el entorno social y econ髆ico que rodea a la sociedad cooperativa participe en la misma, se ha potenciado la figura de los asociados.

7

La Asamblea General se configura en la Ley como 髍gano social necesario y no permanente, con algunas novedades puntuales que tienden, por un lado, a facilitar el control del Consejo Rector por parte de los socios y asociados y, por otro, a hacer m醩 eficaz el funcionamiento de la Asamblea. En relaci髇 con la primera faceta presentada, se faculta a que, adem醩 de los Interventores, cualquier socio o asociado pueda solicitar del Consejo Rector la convocatoria de la Asamblea General ordinaria; o que los socios y asociados participen en la elaboraci髇 del orden del d韆. En cuanto al segundo aspecto arriba apuntado, se impone que el anuncio de la convocatoria de la Asamblea General se haga en el domicilio social de la sociedad cooperativa y en cada uno de los centros de trabajo, y, en los casos que se馻la la Ley, en los peri骴icos de mayor circulaci髇 en los lugares donde se encuentre el domicilio social o los centros de trabajo, con la finalidad de que sea conocido por sus verdaderos destinatarios; o se fijan en media hora el lapso de tiempo que debe mediar entre las reuniones de la Asamblea General en primera y segunda convocatoria, con lo que se asegura que, al menos, los asistentes a la primera convocatoria tambi閚 permanecer醤 en la segunda.

8

El Consejo Rector se configura como 髍gano necesario y permanente con funciones de administraci髇 y representaci髇 de la entidad. En este mismo 醡bito de funciones administrativas y representativas se prev�, si bien con car醕ter no necesario y con las facultades que en cada caso se le otorguen, la figura del Gerente, que respeta el dise駉 que del Director realiza la Ley General, cambi醤dose la denominaci髇 por considerar que un Gerente parece desempe馻r funciones m醩 globales, mientras que un Director parece limitarse a actividades m醩 sectoriales.

Las novedades introducidas en el 髍gano de administraci髇 y representaci髇 son en unas ocasiones, debidas a la configuraci髇 subjetiva que la Ley hace de las sociedades cooperativas, y as�, dado el n鷐ero m韓imo de socios que se exige para constituir una sociedad cooperativa, se suprime la obligatoriedad de la figura del Vicepresidente del Consejo Rector, salvo que los estatutos dispongan lo contrario, lo que por otra parte guarda consonancia con la facultad de autorregulaci髇 social que inspira a la Ley en buena parte de sus preceptos; e, incluso, en el caso de sociedades cooperativas de tres socios se reduce el n鷐ero de miembros del Consejo a dos. En otras ocasiones las novedades en la regulaci髇 del Consejo Rector se realizan por imperativo constitucional: Como la Constituci髇 obliga en su art韈ulo 129.2 a promover las diversas formas de participaci髇 en la empresa, se flexibilizan los requisitos para que el Consejo Rector cuente con un vocal en representaci髇 de los trabajadores, quien, adem醩, debe ser miembro de los 髍ganos de representaci髇 de los mismos, si existiesen, para, por una parte, reforzar tales 髍ganos de representaci髇 y, por otra, aprovechar las garant韆s de independencia del empresario que a estos 髍ganos les reconoce la legislaci髇 vigente; o, tambi閚, como la Constituci髇 consagra en su art韈ulo 14 el principio de igualdad ante la Ley, se da igual trato en sede de incompatibilidades para ser miembro del Consejo Rector o Gerente y en materia de conflicto de intereses con la Sociedad Cooperativa al matrimonio y a la uni髇 por an醠oga relaci髇 de afectividad. Tambi閚 se ha buscado dar m醩 garant韆s al funcionamiento de este 髍gano con la regulaci髇 de la figura del Tesorero. Y, en fin, en otros lugares las novedades de la Ley, obedecen a criterios puramente t閏nicos, como la precisi髇 que el parentesco por afinidad que genera incompatibilidad para ser miembro del Consejo Rector o Gerente, lo es tanto el matrimonial como el extramatrimonial.

9

La censura interna de cuentas es realizada por los socios, con la novedad, respecto a la Ley General, de ampliar a cuatro a駉s el per韔do de actuaci髇 de los Interventores.

La revisi髇 externa de las cuentas se encomienda a auditores de cuentas, de conformidad con la Ley 19/1988, de 22 de julio. Con el 醤imo de lograr mayor transparencia en la gesti髇 financiera de la entidad se facilita el sometimiento de las cuentas a auditor韆 externa incluyendo en el c韗culo de legitimados para solicitarla al Consejo Rector y a los socios en el n鷐ero que determinen los estatutos sin fijar limitaci髇 como hace la Ley General. Por otra parte, no regula la Ley extreme馻 algunas materias contempladas en la Ley General, tales como las prohibiciones en que pueden incurrir los auditores o el contenido del informe de los mismos. Estas materias se regulan en la Ley de Auditor韆 de Cuentas, posterior a la Ley General, cuyas normas resultan, l骻icamente, aplicables a la revisi髇 y verificaci髇 de los documentos contables de las sociedades cooperativas constituidas con arreglo a la Ley Auton髆ica.

10

Novedad importante de la Ley son las normas jur韉icas dedicadas a la figura del Letrado Asesor. Se configura como 髍gano necesario para las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado y facultativo para las restantes con la finalidad de que la actuaci髇 de las mismas sea ajustada al ordenamiento jur韉ico. Se describen los asuntos en los que es preceptivo su informe, la manera de documentar su asesoramiento jur韉ico, y las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas normas. Para contribuir a la imparcialidad del asesoramiento jur韉ico se limita la relaci髇 entre el Letrado Asesor y la sociedad cooperativa al contrato de trabajo o al arrendamiento de servicios, no contempl醤dose, y por lo tanto, prohibi閚dose, que preste sus servicios como socio de trabajo. Con la misma finalidad anterior se establece un amplio cat醠ogo de prohibiciones.

11

El r間imen econ髆ico de las sociedades cooperativas extreme馻s, como el resto de la Ley, est� presidido por la b鷖queda constante de un equilibrio entre los diferentes objetivos de la norma.

As� acontece que para prestar amparo a las peque馻s sociedades y en paralelo al n鷐ero m韓imo de socios, se ha incrementado hasta un tercio el importe m醲imo de las aportaciones al capital social porque, de otro modo, se hubieran escapado de su abrigo aquellas que no excediendo de dicho n鷐ero y l韒ite hubieran sido acogidas por las proyectadas sociedades laborales de responsabilidad limitada.

Se han ideado f髍mulas flexibles para la transmisi髇 de aportaciones entre los socios y asociados, manteniendo, eso s�, prevenciones para no quedarse por debajo de la participaci髇 m韓ima obligatoria y la m醲ima permitida, pero, en general ideando un sistema que permita hacer efectivos derechos de suscripci髇 preferente de participaciones, sacando al mercado nuevas participaciones o las que los titulares antiguos deseen desprenderse respecto a las que los miembros ya existentes tendr醤 tambi閚 preferencia. Con ello se pretende consolidar la figura del socio o asociado que ha cultivado la posici髇 de la cooperativa hasta la fecha, dejando para los solicitantes de la condici髇 de miembros nuevas aportaciones, con lo que se persigue incrementar la capacidad de la cooperativa.

Novedad es, asimismo, la posibilidad de transmisi髇 de aportaciones entre los socios y asociados no s髄o de su c髇yuge, sino con quien mantenga an醠oga relaci髇 de afectividad, que no se contempla aqu� como una apuesta de progreso sino en aplicaci髇 estricta de lo establecido en el art韈ulo 14 de nuestra Constituci髇. En cambio, nos ha parecido que deb韆n ponerse l韒ites a la transmisi髇 entre parientes que al no precisarse grados en la Ley General y otras Leyes auton髆icas, podr韆n permitir la entrada de personas muy alejadas en la consanguinidad o afinidad tanto matrimonial como extramatrimonial. En este sentido hemos optado por priorizar la figura del socio o asociado ya existente, sin que esto cercene, se entiende, el juego de la familia en la cooperativa, de hecho, cada d韆 m醩 restringida en nuestra sociedad a la familia pr髕ima o los miembros m醩 cercanos.

La posibilidad, como m醩 adelante se ver�, para determinadas sociedades cooperativas, de que los asociados perciban remuneraci髇 de las aportaciones en funci髇 de los resultados de la cooperativa, ha motivado que se protejan los intereses de los acreedores de la cooperativa. En efecto, hasta la fecha, las distintas leyes han declarado inembargables las aportaciones al capital social, aunque permitiendo el ejercicio de acciones sobre los intereses que produzcan, as� como sobre los reembolsos y retornos cooperativos. La nueva forma de remuneraci髇 requerir韆 una acepci髇 m醩 amplia, so pena de convertir en un oasis jur韉ico de inembargabilidad tales aportaciones, que si bien hubieran potencionado la cooperativa, no hubiera sido una apuesta de equidad. En tal sentido, se proclaman los derechos sobre los frutos de tales aportaciones, expresi髇 閟ta en el amplio sentido de nuestro C骴igo Civil.

En cuanto a las aportaciones de los nuevos socios, nos ha parecido cauteloso a馻dir la necesidad de que cuando se opere una distribuci髇 proporcional de aportaciones de los socios iniciales, se arbitre un sistema que respete dicha proporcionalidad para los nuevos socios, como la Ley General recoge y 閟ta reitera para cuando la distribuci髇 de las aportaciones se haga de manera igualitaria.

Mayor versatilidad se da a la posici髇 de los miembros en la sociedad cooperativa para que, respetando los requisitos generales, se pueda solicitar la transformaci髇 del tipo de las aportaciones de los socios o asociados en la cooperativa y que requerir� vigilancia y algunas cautelas para la adopci髇 de esta decisi髇 por el Consejo Rector.

Distinta ha sido la regulaci髇 de las cuotas de ingreso, que, si no se fijan en los estatutos o mediante acuerdo de la Asamblea General, vendr醤 determinadas en funci髇 de los Fondos que tengan car醕ter obligatorio.

La principal novedad del r間imen econ髆ico de esta Ley viene determinada por la proclamaci髇 general de determinar y distribuir los beneficios y excedentes cooperativos siguiendo la tradici髇 cooperativa, tal y como recoge la Ley General, pero previendo la posibilidad que determinadas sociedades cooperativas puedan acogerse, previa solicitud, a un r間imen m醩 vers醫il donde s髄o existir� la obligaci髇 de dotar del 30 por 100 de los resultados (beneficios y excedentes que ya no tendr醤 tal distinci髇) a los Fondos de Reserva Obligatorios.

La decisi髇, sin embargo, previo acuerdo por mayor韆 cualificada de la Asamblea General, no ser� de la propia cooperativa, sino de la Direcci髇 General de Trabajo, previo informe del Consejo Superior del Cooperativismo.

Para iluminar a la Direcci髇 General y al Consejo en esta decisi髇, siempre compleja, no se ha acudido a criterios autom醫icos que pueden provocar una decisi髇 err髇ea. Acaso el n鷐ero de socios hubiera sido una buena medida, pero es sabido que, en ocasiones, la solvencia de una cooperativa no depende del n鷐ero de socios, sino de la conjunci髇 de diversos factores. Se acude as� a la ponderaci髇, siempre buena consejera, de seis puntos de referencia: El n鷐ero de socios, el volumen de negocios, la situaci髇 patrimonial y econ髆ica y la solvencia financiera. Estos criterios ayudar醤, a buen seguro, a tomar una decisi髇 que colocar� a la cooperativa que ya goza de buena salud, en un nuevo estadio de desarrollo. Esto y no otra cosa es lo que se pretende.

Empero, esta opci髇 y posterior aprobaci髇, no se queda ah�. Se ha pretendido, en esta esfera, dotar a estas sociedades cooperativas especiales de otros resortes m醩 flexibles a鷑 que los ya otorgados a las generales. De esta manera debe entenderse la posibilidad de que la participaci髇 de cada miembro tenga como l韒ite el 40 por 100 del capital social frente al tercio ideado para las sociedades cooperativas ordinarias.

Como quiera, sin embargo, que estas nuevas formas de funcionamiento no est醤 exentas de riesgo, tanto para los propios miembros de la sociedad como para terceros, y en el contexto de la garant韆 de todos ellos, se obliga a la realizaci髇 anual de una Auditor韆 Externa de las cuentas anuales.

Asimismo, y como contrapunto, debe entenderse el derecho de los miembros en caso de expulsi髇 o baja de cooperativa, que atempera las consecuencias ordinarias del reembolso, en el que con car醕ter general la Ley extreme馻, como lo hiciera la Ley General, prima la posici髇 de la cooperativa sobre sus miembros, presumiendo que aqu�, la fortaleza de la sociedad permite un trato menos desfavorable de sus socios o asociados.

Por 鷏timo, y como opci髇 a contemplar en los estatutos, se prev� que la retribuci髇 de los asociados al capital social, fijada de la misma manera que la de los socios, es decir, sujeta al percibo de intereses, pueda efectuarse en funci髇 de los resultados anuales y en proporci髇 al capital social desembolsado por cada uno de ellos hasta el l韒ite del 45 por 100, as� como imputar p閞didas por igual mecanismo y limitaci髇.

12

Para la modificaci髇 de los estatutos se arbitra un procedimiento general caracterizado esencialmente por exigir el acuerdo de la Asamblea General, y un procedimiento especial, para el cambio de domicilio dentro del mismo t閞mino municipal, en el que basta el acuerdo del Consejo Rector. En ambos casos se exige, l骻icamente, la inscripci髇 de la modificaci髇 en el Registro de Cooperativas.

Para la modificaci髇 de los estatutos se arbitra un procedimiento general caracterizado esencialmente por exigir el acuerdo de la Asamblea General, y un procedimiento especial, para el cambio de domicilio dentro del mismo t閞mino municipal, en el que basta el acuerdo del Consejo Rector. En ambos casos se exige, l骻icamente, la inscripci髇 de la modificaci髇 en el Registro de Cooperativas.

13

Se regula la transformaci髇 de la sociedad cooperativa en cualquier clase de sociedad mercantil y, si as� lo permite su objeto, en sociedad civil. De estas normas debe destacarse la que confiere al Fondo de Reserva Obligatorio, al Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 y a otros Fondos y Reservas no repartibles el destino establecido para el caso de disoluci髇, con el fin de que en la transformaci髇 sigan respet醤dose los principios cooperativos.

Asimismo, se regula la transformaci髇 de otras sociedades en cooperativas.

La regulaci髇 de la fusi髇 de sociedades cooperativas sigue las pautas de la Ley General, con las novedades de obligar a que en el anuncio del acuerdo de fusi髇 se mencione expresamente el derecho de separaci髇 de los acreedores y de prever la fusi髇 de cooperativas con otras sociedades.

La escisi髇 de la sociedad cooperativa se regula, por una parte, con normas jur韉icas especiales y, por otra, con una remisi髇 al r間imen jur韉ico de la fusi髇.

14

En la regulaci髇 de la disoluci髇 de la sociedad cooperativa se siguen los c醤ones de la Ley General y de las modernas leyes especiales sobre las sociedades mercantiles.

Amen de algunas precisiones t閏nicas, como, por ejemplo, la relativa a la legitimaci髇 para solicitar judicialmente el nombramiento de Interventores de la liquidaci髇 o la consistente en determinar los efectos de la falta de intervenci髇 en los actos realizados por los liquidadores, se han introducido, en las normas reguladoras de la liquidaci髇, diversas medidas cuya finalidad es que contin鷈 la empresa que toda sociedad cooperativa gestiona y que se mantengan los puestos de trabajo en ella existentes. Tales medidas consisten, primero, en facilitar, en la fase de liquidaci髇, la enajenaci髇 del establecimiento o partes de 閘 susceptibles de explotaci髇 independiente; segundo, regular la cesi髇 global del activo y del pasivo; y tercero, en asimilar los dos supuestos anteriores a la creaci髇 de empleo nuevo a los efectos de obtener las oportunas subvenciones. La citada en 鷏timo lugar es una de las dos medidas de fomento, en sentido estricto, que se contienen en la Ley; la otra medida, referida a las sociedades cooperativas de trabajo asociado, se explica en el apartado siguiente. Debe destacarse, por 鷏timo, el destino que se da al activo sobrante, si lo hubiere, as� como al remanente del Fondo de Educaci髇 y Promoci髇, que se adjudicar� a la Uni髇 correspondiente con car醕ter finalista y no a la Hacienda P鷅lica.

15

Las normas jur韉icas contenidas en la Ley sobre las clases de sociedades cooperativas se agrupan en dos grandes bloques: Uno, relativo a aspectos generales de la clasificaci髇 de las sociedades cooperativas, y, otro, destinado a regular cada una de las clases tipificadas en la Ley.

Las normas generales descansan sobre una idea clave: El cat醠ogo de sociedades cooperativas que se regula tiene car醕ter meramente ejemplificativo y no exhaustivo, de manera que tales entidades pueden dedicarse a cualquier actividad econ髆ica l韈ita, d� lugar a una de las clases tipificadas en la Ley o no. Paralelamente se faculta al Consejo de Gobierno para que regule las nuevas clases de sociedades cooperativas que la pr醕tica genere. Entre tanto habr� que acudir a la aplicaci髇 anal骻ica de las normas.

Las sociedades cooperativas t韕icas, esto es, las reguladas en la Ley, siguen el patr髇 de la Ley General con algunas novedades. Unas afectan a clases de sociedades cooperativas que ya contempla la mencionada Ley, y, otras, consisten en nuevas clases.

Entre las primeras, sin 醤imo agotador, pueden destacarse las siguientes: En las sociedades cooperativas de trabajo asociado se prev�, entre otras cuestiones, la aplicaci髇 de la legislaci髇 de la Extreme駃dad (la otra medida propia de fomento antes aludida), el incremento del n鷐ero de trabajadores fijos que pueden contratar o la aplicaci髇 a los socios trabajadores de la legislaci髇 laboral, que se declara mejorable v韆 estatutos; dentro de las sociedades cooperativas de servicios se prev� expresamente la sociedad cooperativa de servicios institucionales con participaci髇 de los poderes p鷅licos; al regular las sociedades cooperativas de viviendas, adem醩 de algunas precisiones t閏nicas, como la regulaci髇 de la fase o promoci髇, se impide que una persona pueda ser simult醤eamente, en un mismo partido judicial, titular de m醩 de una vivienda o local de promoci髇 cooperativa, salvo necesidades derivadas de la familia numerosa, o que se trate de entes p鷅licos sin 醤imo de lucro, y, en fin, se impone la auditor韆 de cuentas; en las sociedades cooperativas de ense馻nza se anima a que los ex alumnos sean asociados, y se prev閚 socios de naturaleza p鷅lica que ostentan una posici髇 especial; se regulan por primera vez en nuestro Derecho Auton髆ico las sociedades cooperativas de bienestar social.

Para concluir con la explicaci髇 de la regulaci髇 de las clases de sociedades cooperativas se advierte que respecto de las de cr閐ito se prev� una remisi髇 a su legislaci髇 espec韋ica, aunque esta precisi髇 se contiene en la disposici髇 adicional segunda.

16

Tambi閚 resulta de inter閟 la regulaci髇 de los conflictos individuales y colectivos.

Se configuran distintos medios de acometer un eventual conflicto, en el que no es ocioso haber situado en primer lugar los institutos de la conciliaci髇, la mediaci髇 y el arbitraje, constituyendo novedad el haber introducido la figura de la mediaci髇, distingui閚dola as� de la conciliaci髇 y a tal efecto se efect鷄 la definici髇 cl醩ica de estas tres figuras jur韉icas.

Innovadora es, asimismo, la diferenciaci髇 entre conflictos individuales y colectivos. Se apela por 鷏timo al desarrollo reglamentario donde, a buen seguro, ambos conflictos tendr醤 un tratamiento diferenciado en orden a la legitimaci髇 de las partes.

17

En cuanto a las infracciones a la normativa cooperativa y las responsabilidades por tales incumplimientos era necesario introducir cambios significativos como ya lo hiciera la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, residenciando los pronunciamientos jurisprudenciales habidos en la etapa posconstitucional. De esta manera los principios de la potestad sancionadora regulados en el T韙ulo IX de aquella norma se recogen aqu�, bien expresa, bien t醕itamente, bien que se acomodan para un mejor engarce de lo regulado en esta norma. Especial menci髇 merece la compatibilidad con otras responsabilidades y la regulaci髇 del principio del 玭on bis in idem�. Detenidos aqu�, no es casualidad que se repita el requisito de la identidad de sujeto, hecho y fundamento, tanto para el reproche de conductas tipificadas penal y administrativamente como para, y esto es novedad, cuando concurran estos dos procedimientos, al evidenciarse que, en muchas ocasiones el procedimiento administrativo es paralizado hasta agotar el dilatado proceso penal cuando lo discutido bien que coincidiendo sujeto y hecho ten韆n un fundamento distinto. La celeridad que requer韆 la respuesta administrativa resultaba maltrecha en una apuraci髇 de prurito garantista mal concebido. A su remedio tiende la presente norma.

De las infracciones administrativas se ha preferido mantener el cuadro descrito por la Ley General, variando, eso s�, la calificaci髇 de dos de ellas, a saber, la no dotaci髇 de fondos o la no imputaci髇 de p閞didas, suficientemente cualificadas como para merecer la calificaci髇 de muy graves.

A la hora de graduar las sanciones, se han ampliado de cuatro a seis los criterios a tener en cuenta, pero sobre todo se ha depurado la manera de aplicarlos, concibi閚dose que la ausencia o no constancia en los actos administrativos de cargos o en la resoluci髇 derivar� en la necesaria aplicaci髇 de grado m韓imo, bastando en cambio un solo criterio para el grado medio, y dos para el m醲imo.

Por 鷏timo, se contemplan otras respuestas de la norma ante violaciones de su contenido, sigui閚dose lo dispuesto en la Ley General en cuanto a la intervenci髇 temporal y la descalificaci髇 de las sociedades cooperativas. Es en este aspecto donde hemos abandonado la literalidad, para adentrarnos en la innovaci髇, esta vez en aras del principio de proporcionalidad. Queremos decir que nos parec韆 que no respond韆 a la equidad el hecho de que el reproche m醩 fuerte que la Administraci髇 puede hacer a una sociedad cooperativa viene constituido por la iniciaci髇 de un procedimiento de descalificaci髇. Las causas, sin embargo, amen de las de disoluci髇, eran las infracciones tipificadas como graves, cuando entendemos m醩 acertado que 閟tas fueran las muy graves, y dentro de ellas las adjetivadas por el perjuicio de sus miembros o de terceros.

Para terminar, nos pareci� que la Ley General es muy generosa, y debe serlo, en orden a los efectos registrales de la descalificaci髇, de tal manera que hasta tanto no haya sentencia firme, en eventual proceso jurisdiccional, no se anotar� tal inscripci髇 en el Registro de Sociedades Cooperativas. Esta garant韆, buena en s� misma, puede provocar estrategias dilatorias en perjuicio de terceros, a cuya protecci髇 hemos arbitrado un mecanismo intermedio consistente en la anotaci髇 preventiva de la resoluci髇 en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

18

La regulaci髇 del asociacionismo cooperativo se realiza con estricto respeto a los principios generales en la materia y, en especial, al de libertad de asociaci髇.

19

El dise駉 detallado del Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura se remite a la pertinente regulaci髇 reglamentaria sin perjuicio de dar los trazos principales en la Ley que lo configura, esencialmente, como 髍gano consultivo de la Administraci髇 en materia de cooperativa.

20

En la disposici髇 adicional se precisa el car醕ter de la auditor韆 de cuentas.

En las disposiciones transitorias, adem醩 de las previsiones exigidas por la t閏nica, se regula un flexible r間imen de adaptaci髇 de estatutos por las sociedades cooperativas a la presente Ley.

En las disposiciones finales se prev� una 玽acatio legis� de dos meses, el car醕ter supletorio del Derecho del Estado, el 醡bito de aplicaci髇 de la Ley de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia y la habilitaci髇 al Consejo de Gobierno para que regule nuevas clases de sociedades cooperativas, actualice los importes previstos en la Ley y la desarrolle reglamentariamente.