Ley 1/1999, de 17 de marzo, del Estatuto de los productores e industriales agroalimentarios de las Illes Balears

Artículo 29 Atribución de la potestad sancionadora

1. Corresponde a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears la potestad sancionadora en materia de producción y comercialización agroalimentaria, ejerciéndose por los órganos administrativos de la misma que la tengan atribuida.

2. El órgano competente, previa tramitación del procedimiento sancionador correspondiente, sancionará las infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentaria cometidas en el ámbito territorial de las Illes Balears.

Artículo 30 Tipificación de infracciones

Las infracciones administrativas en materia de producción y comercialización agroalimentaria se clasifican en antirreglamentarias, por clandestinidad, económicas, por fraude y por obstrucción de la inspección.

1. Se considerarán infracciones antirreglamentarias:

• a) La no presentación del certificado acreditativo de las inspecciones oficiales de la empresa o el producto cuando se esté obligado a la no exhibición del mismo en el local correspondiente en la forma establecida.
• b) El incumplimiento en la remisión dentro de los plazos marcados de las declaraciones establecidas en la normativa agroalimentaria o la presentación de documentos defectuosos, cuando éstos sean obligatorios.
• c) La faltada talonarios matrices de facturas de venta, libros de movimientos o cuantos documentos obliguen a llevar las disposiciones vigentes.
• d) La falta de inscripción o de comunicación de las modificaciones de los datos declarados al organismo administrativo correspondiente, de las explotaciones e industrias agroalimentarias, seguí las normas en vigor.
• e) La paralización de las actividades de las industrias agrarias y alimentarias sin haberlo comunicado al correspondiente organismo administrativo con arreglo a la legislación vigente.
• f) El incumplimiento de las instrucciones que sobre su actividad y competencia emanen de las administraciones competentes en materia agroalimentaria, siempre que se trate de infracciones meramente formales no previstas en los apartados siguientes.
• g) Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o las informaciones en el etiquetado, los documentos de acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, la rotulación, la presentación y el embalaje de los productos agroalimentarios o de las materias y los elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias.
  LE0000637581_20240529Letra g) del número 1 del artículo 30 introducida por el número 1 de la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 3/2019, 31 enero, agraria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 9 febrero).Vigencia: 1 marzo 2019
  Véase el apartado I del anexo de la Res. 4 noviembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears («B.O.E.» 19 noviembre), que introduce el presente apartado.LE0000654046_20191120
• h) No tener o no llevar un sistema de autocontrol y de trazabilidad interna, cuando se tenga la obligación de hacerlo, porque así lo indique una normativa sectorial específica, o no disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la identificación, los registros o la documentación de acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y procedimientos de trazabilidad suficientemente actualizados.
  LE0000637581_20240529Letra h) del número 1 del artículo 30 introducida por el número 1 de la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 3/2019, 31 enero, agraria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 9 febrero).Vigencia: 1 marzo 2019
  Véase el apartado I del anexo de la Res. 4 noviembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears («B.O.E.» 19 noviembre), que introduce el presente apartado.LE0000654046_20191120
• i) No disponer de cualquiera de los elementos reglamentarios en el sistema de garantía de la trazabilidad, como la identificación, los registros o la documentación de acompañamiento de los productos, o no disponer de los sistemas o los procedimientos de trazabilidad que sean adecuados y comprensibles y estén al día.
  LE0000637581_20240529Letra i) del número 1 del artículo 30 introducida por el número 1 de la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 3/2019, 31 enero, agraria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 9 febrero).Vigencia: 1 marzo 2019
  Véase el apartado I del anexo de la Res. 4 noviembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears («B.O.E.» 19 noviembre), que introduce el presente apartado.LE0000654046_20191120

2. Son infracciones por clandestinidad:

• a) La tenencia en explotaciones agrarias o establecimientos agroalimentarios o en locales anejos, de sustancias no autorizadas por la legislación especifica para la producción o elaboración de los productos.
• b) La elaboración, distribución o venta de productos, de materias o de elementos y/o para el sector agroalimentario sin que el titular responsable o el local posea la preceptiva autorización cuando legalmente fuera exigible dicho requisito.
• c) La falta de inscripción de dichos productos, materias o elementos en la forma que para cada uno de ellos se hubiera establecido.
• d) La tenencia o venta de productos a granel sin estar autorizados para ello, o la circunstancia de no reunir los envases los requisitos exigidos por las disposiciones correspondientes.
• e) La falta de etiquetas o rotulación indeleble, que fuesen preceptivas, o el no ajustarse las mismas a la forma o condiciones establecidas pata dichos productos.
• f) El suministro, sin ajustarse a la realidad, de cuantos datos sean normativamente exigibles.
• g) La posesión de maquinaria o útiles sin la preceptiva inscripción de la misma en los registros normativamente establecidos! así como no darlas de baja en dichos registros cuando por cualquier causa des en de utilizarse de una manera permanente.
• h) La plantación o el cultivo no autorizado de especies o variedades de plantas que estén sujetas a normativas especificas o la multiplicación, sin la autorización del obtentor, de variedades registradas.
• i) La instalación o modificación de las industrias agrarias y alimentarias con incumplimiento de las disposiciones en materia de regulación de dichas industrias.
• j) El ejercicio de actividades en las industrias agrarias y alimentarias sin estar inscritas en el correspondiente registro o cuando aquellas actividades no estén previstas en dicha inscripción o ésta haya sido cancelada.
• k) El ejercicio de actividades agroalimentarias sin disponer o utilizar los equipos técnicamente adecuados.
• l) La transferencia de las autorizaciones para la instalación o modificación de industrias agrarias y alimentarias no liberalizadas sin permiso expreso de la administración competente, así como el incumplimiento de las cláusulas de la autorización o de los requisitos exigibles, y el incumplimiento de los plazos previstos en dicha autorización, o, en su caso, en las prórrogas otorgadas para realizar las instalaciones o las modificaciones autorizadas.
• m) Y, en general, toda actuación que con propósito de lucro, tienda a eludir la efectividad de las normas y medidas de vigilancia o intervención establecidas en las materias a que se refiere este apartado segundo.

3. Son infracciones en materia económica:

• a) La venta de medios de producción o productos agroalimentarios por debajo del precio de coste.
• b) La aportación de datos falsos que puedan inducir a cualquier administración a otorgar ayudas, subvenciones o beneficios de cualquier índole, sin que se cumplan los requisitos o se reúnan las condiciones previamente establecidas a partir del momento en que se conceda la subvención o el beneficio.
• c) La no expedición de facturas comerciales, la omisión en las mismas o la deficiente extensión de algunos de los datos exigidos por la legislación vigente.
• d) Y, en general, toda actuación que con propósito de lucro tienda a eludir la efectividad de las normas y medidas de vigilancia o intervención establecidas en las materias a que se refiere este apartado tercero.

4. Son infracciones por fraude:

• a) La elaboración de medios de producción, productos agrarios y alimentarios, mediante tratamientos o procesos que no estén autorizados por la normativa vigente, así como la adición o sustracción de sustancias o elementos que modifiquen su composición con fines fraudulentos.
• b) Las defraudaciones en la naturaleza, la composición, la calidad, la riqueza, el peso, el exceso de humedad o cualquier otra discrepancia que existiese entre las características reales de la materia o del elemento de que se trate y las ofrecidas por el productor, fabricante o vendedor, así como todo acto voluntaria de naturaleza simular que suponga transgresión o incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
• c) La utilización en las etiquetas, los envases o la propaganda, de indicaciones de procedencia, de indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración de indicaciones de denominación de calidad, clase de producto y de indicaciones falsas que no se correspondan al producto o induzcan a confusión.
• d) La falsificación de productos agroalimentarios y la venta de los Productos falsificados.
• e) Y en general el incumplimiento de los requisitos, les obligaciones o prohibiciones que tiendan a eludir la efectividad de las normas relacionadas con la producción y comercialización agroalimentarias, incluido el transporte.

5. Son infracciones por obstrucción a la inspección:

• a) La obstrucción o negativa a facilitar las funciones de inspección, vigilancia o información así como a suministrar datos a los inspectores, y, en especial, la negativa encaminada a evitar las tomas de muestras o a hacer ineficaz la inspección así como el suministro de información inexacta en la documentación falsa.
• b) La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presión a los funcionarios encargados de las funciones a que se refiere la presente ley o contra las empresas, los particulares o las asociaciones de consumidores que hayan iniciado o pretendan iniciar cualquier clase de acción legal, denuncia o participación en procedimientos ya iniciados; así como la tentativa de ejercitar tares actos.
• c) El incumplimiento de los requerimientos efectuados por los órganos administrativos, encaminados al esclarecimiento de los hechos y a la averiguación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
• d) El incumplimiento de las medidas cautelares y preventivas adoptadas por la autoridad competente y cualquier conducta tendente a ocultar o manipular las mercancías obtenidas.

Artículo 31 Responsabilidad de las infracciones

1. Según responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas físicas o jurídicas que por acción u omisión hubieren participado en las mismas.

2. El fabricante, importador, vendedor o suministrador de los medios de producción o de materias y de elementos necesarios para la producción agroalimentaria responden del origen, identidad e idoneidad de los mismos, y de las infracciones comprobadas en ellos.

3. De los productos a granel o envasados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, será responsable el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor.

4. En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre integro, responde la firma o razón social que figure en la etiqueta, la presentación o la publicidad. Podrá eximirse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables. Asimismo también será responsable el que comercialice y envase dichos productos.

5. Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica también se considerado responsables las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables de la elaboración y del control.

6. El transportista que lleve la mercancías sin la documentación adecuada, cuando se pruebe la connivencia.

7. Si en la comisión de la infracción concurriesen varias personas responderán solidariamente de ella.

Artículo 32 Calificación de las infracciones

1. Las infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentarias se califican en leves, graves o muy graves.

2. Se califican como leves las infracciones de clandestinidad y de obstrucción a la inspección, y las que tipifica el artículo 30.1, 2 y 4 de esta ley, que no estén calificadas como graves.

3. Se califican como graves la infracción antirreglamentaria tipificada en el artículo 30.1.h) y las infracciones en materia económica y por fraude, tipificadas en el artículo 30.3 y 4, ambos de esta ley, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Que las infracciones se cometan en el origen de la producción o la distribución, de manera consciente y deliberada o por falta de los controles o las precauciones exigibles en la actividad, el servicio o la instalación de que se trate.
• b) Que la negativa a facilitar información o colaborar con los servicios de control e inspección sea reiterada.

4. Se califica como muy grave cualquier infracción de las que se tipifican como graves en el apartado 3 anterior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• a) Que la infracción implique la extensión de la alteración, la adulteración, la falsificación o el fraude a terceras personas a las que se faciliten productos, informes, medios o procedimientos.
• b) Que la infracción, en todo o en parte, sea concurrente con infracciones sanitarias muy graves o haya servido para facilitarlas o encubrirlas.

LE0000637581_20240529Artículo 32 redactado por el número 2 de la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 3/2019, 31 enero, agraria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 9 febrero).Vigencia: 1 marzo 2019

Véase el apartado I del anexo de la Res. 4 noviembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears («B.O.E.» 19 noviembre), que modifica el presente artículo.LE0000654046_20191120

Artículo 33 Cuantías de las sanciones

1. La comisión de infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentarias puede dar lugar a las sanciones siguientes:

• a) Infracciones leves: advertencia o multa de hasta 3.000 €.

  La advertencia sólo se puede imponer cuando se enmienden los defectos detectados en el plazo determinado, siempre que no se haya dado otra advertencia en el último año por un hecho igual o similar y la conducta infractora no tenga efectos sobre la salud pública, los intereses de los consumidores o la credibilidad del sistema alimenticio.

• b) Infracciones graves: multa comprendida entre 3.001 y 15.000 €.

  Esta cantidad se puede sobrepasar hasta el quíntuple del valor de los productos objeto de la infracción.

• c) Infracciones muy graves: multa comprendida entre 15.001 y 600.000 €.

  Esta cantidad se puede sobrepasar hasta el quíntuple del valor de los productos objeto de la infracción.

2. El Consejo de Gobierno puede actualizar la cuantía de las sanciones cuando las circunstancias económicas y sociales lo requieran.

LE0000637581_20240529Artículo 33 redactado por el número 3 de la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 3/2019, 31 enero, agraria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 9 febrero).Vigencia: 1 marzo 2019

Véase el apartado I del anexo de la Res. 4 noviembre 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears («B.O.E.» 19 noviembre), que modifica el presente artículo.LE0000654046_20191120

Artículo 34 Multas coercitivas

1. En los supuestos previstos en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la autoridad competente, independientemente de las multas sancionadoras, podrá imponer a los agentes económico,? a las empresas, a las asociaciones, a las uniones o a las agrupaciones de empresa, multas coercitivas de 10.000 a 1.500.000 pesetas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado con el fin de obligarlas a la cesación de una acción prohibida, conforme a lo dispuesto en esta ley, o a la remodelación de los efectos de una infracción.

2. Una vez cumplida la resolución se podrá reducir la cuantía de la multa resultante de su decisión inicial, atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Artículo 35 Criterios de graduación de las sanciones

1. Una vez calificadas las infracciones como leves, graves o muy graves, se graduaran tu sanciones en grado mínimo, medio o máximo. En la graduación de las sanciones deberán observarse los siguientes criterios:

• a) El fraude, la culpa, o la simple inobservancia.
• b) La naturaleza de los perjuicios causados a los productores y/o industriales agroalimentarios.
• c) La amonestación previa.
• d) El volumen de Ventas.
• e) La cuantía del beneficio incito obtenido.
• f) El reconocimiento y la subsanación de tu infracciones antes de que se resuelva el correspondiente procedimiento sancionador.

2. De acuerdo con estos criterios, las sanciones pecuniarias se impondrán motivadamente en los grados mínimo, medio y máximo, entre los límites que se indican a continuación:

• a) Sanción pecuniaria por infracción leve:

  Grado mínimo: hasta 1.000 €

  Grado medio: de 1.001 a 2.000 €

  Grado máximo: de 2.001 a 3.000 €

• b) Sanción pecuniaria por infracción grave:
  • • Grado mínimo: de 3.001 a 6.000 €
  • • Grado medio: de 6.001 a 20.000 €
  • • Grado máximo: de 20.001 a 60.000 €
  LE0000921448_20240529Letra b) del número 2 del artículo 35 redactada por el artículo 13 del D Ley 3/2024, 24 mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears («B.O.I.B.» 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2024
• c) Sanción pecuniaria por infracción muy grave:
  • • Grado mínimo: de 60.001 a 200.000 €
  • • Grado medio: de 200.001 a 400.000 €
  • • Grado máximo: de 400.001 a 600.000 €
  LE0000921448_20240529Letra c) del número 2 del artículo 35 redactada por el artículo 13 del D Ley 3/2024, 24 mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears («B.O.I.B.» 28 mayo).Vigencia: 29 mayo 2024

LE0000637581_20240529Número 2 del artículo 35 introducido por el número 4 de la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 3/2019, 31 enero, agraria de las Illes Balears («B.O.I.B.» 9 febrero).Vigencia: 1 marzo 2019

Artículo 36 Reincidencia

1. La comisión de sucesiva infracciones administrativa en materia de producción y/o comercialización agroalimentaria durante el periodo de dos años, se sancionará incrementando el importe de la multa correspondiente:

• a) En un 50 por 100 cuando se trate de una segunda infracción el mismo precepto reglamentario, y en un 100 por 100 cuando la infracción se cometa por tercera o más veces consecutiva.
• b) En un 25 por 100 cuando se trate de infracción distinta a la anteriormente sancionada, y en un 50 por 100 la tercera y siguientes infracciones que no violen el mismo precepto reglamentario.

2. Cuando la infracción anterior sea de luz considerada muy graves, la nueva sanción por el mismo concepto se incrementará, en todo caso, en el 100 por 100 de su importe, pudiendo ser suspendido, en este caso, el responsable de la infracción del ejercicio de la actividad de producción y/o comercialización agroalimentarias por un tiempo no superior a un año ni inferior a tres meses.

Artículo 37 Principios de proporcionalidad y efectividad de las sanciones

La imposición de la sanciones pecuniaria se hará de manera que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las norma infringidas. Siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad, y con la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponer.

Artículo 38 Otras sanciones

1. La autoridad a la que corresponda resolver el expediente podrá acordar, previa propuesta del instructor y como sanción, el decomiso de la documentación de presentación del producto así como de la mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada y de aquélla que pueda suponer un riesgo para las persona, los animales o los vegetales, siendo de cuenta del infractor los gastos que originen tu operaciones de intervención, depósito, decomiso y destrucción de la mercancía.

2. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de luz circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos do sector agroalimentario, reincidencia en infracciones graves o muy graves, o acreditada intencionalidad en la comisión de las infracciones, la autoridad que adopte la resolución del procedimiento sancionador podrá acordar que se dé publicidad de las sanciones impuesta acompañado del nombre de la empresa y de luz personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación de la infracciones cometidas. Dichos datos se publicarán en el Boletín Oficial de les Illes Balears, en el boletín del municipio en el cual se halla radicada la empresa, en el Boletín Oficial del Estado si la empresa infractora es de ámbito estatal o internacional y, en los medios de comunicación que se consideren oportunos.

3. También se impondrá como sanción accesoria el pago de los análisis necesarios para comprobar la infracción investigada, cuando éstos fueran necesarios, a la empresa responsable de la misma.

4. Además, podré procederse el cierre temporal del establecimiento, la instalación o el servicio donde se cometió la infracción, por el plazo máximo de cinco años, en aquellos casos en los que se cometió una falta muy grave. No tendrá carácter de sanción la clausula o el cierre de las instalaciones que no tengan lo autorizaciones o los registros preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento mientras que no se cumplan los requisitos exigidos.

Artículo 39 Prescripción y caducidad

1. Las infracciones en materia de producción y comercialización agroalimentarias prescriben a leí cinco años. El plazo de prescripción comienza a contar desde el día de la comisión de la infracción, y se interrumpe en el momento en que el procedimiento se dirige contra el presunto infractor.

2. La acción para perseguir las infracciones caducara cuando, conocida por la Administración competente para sancionar la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, o finalizados los análisis iniciales, transcurras seis meses sin que el órgano competente de aquélla ordene iniciar el procedimiento sancionador.

3. Las solicitudes de análisis contradictorios y dirimentes que fuesen necesarios interrumpirán los plazas de prescripción de la acción de persecución de la infracción, o de caducidad del procedimiento ya iniciado, hasta que se practiquen.

4. Las sanciones regulada en esta ley prescribirán a los tres años de haber adquirido firmeza, salvo la muy grave que prescribirán a los cinco años.

Artículo 40 Procedimiento sancionador

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley serán sancionada previa tramitación del procedimiento sancionador de carácter general, reglamentariamente establecido por el Gobierno de las Illes Balears, respetando las peculiaridades especifico que para esta materia se regulen.

2. El plazo máximo en el cual debe notificarse la resolución expresa que finalice el procedimiento será de 18 meses, contados desde la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador. Transcurrido este plazo sin que se haya realizado la notificación la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones. En el caso de que un procedimiento se suspenda o se paralice por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo para resolver el procedimiento.

Artículo 41 Organos competentes

Los órganos competentes para iniciar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores en materia de producción y comercialización agroalimentarias serán los que se determinen reglamentariamente.

DISPOSICION ADICIONAL

En todo lo no previsto en la presente ley y en las normas que la desarrollen o complementen será de aplicación la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, que aprueba el estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes.

DISPOSICION TRANSITORIA

1. Hasta tanto no se produzca el necesario desarrollo reglamentario, será de aplicación en las Illes Balears la normativa estatal en la materia, en especial la Ley 26/1984, de 19 de julio, de consumidores y usuarios, y el Real Dec

2. A los procedimientos sancionadores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, iniciados antes de su entrada en vigor, les será de aplicación la normativa anterior.

Primera

El Gobierno de las Illes Balears dictará todas las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente ley.

Segunda

En un plazo de seis meses el Gobierno de las Illes Balears reglamentará el sistema para calcular el coste de los productos a efectos de poder determinar si existe venta por debajo del precio de coste.

Tercera

La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears.