Sumario

Ley [BALEARES] 6/1993, 28 septiembre, derogada por la letra c) del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 2/2014, 25 marzo, de ordenación y uso del suelo («B.O.I.B.» 29 marzo), el 29 de mayo de 2014.

Exposición de Motivos

El artículo 46 de la Constitución del Estado español impone a todos los poderes públicos la obligación fundamental de proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 10.20 otorga competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma sobre el patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajístico, y en el artículo 10.3 sobre urbanismo. En actuación del citado mandato constitucional y sobre la base de los soportes competenciales referido se articula esta Ley.

La protección del patrimonio histórico-ambiental acostumbra a ser enfocada legalmente desde ópticas generalistas, como ocurre con la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico vigente. Por contra, en esta Ley se pretende abordar un aspecto muy concreto de la protección que, precisamente a causa de la concreción, frecuentemente queda sin solución y regulación específica, como es el del impacto estético y conservativo que, sobre los denominados comúnmente núcleos antiguos de población, producen con frecuencia las redes de instalaciones y servicios. El desfase que existe entre los avances tecnológicos, la gestión urbanística y la realidad urbana y social de los citados núcleos antiguos de población de nuestra Comunidad Autónoma ofrece, como resultado actual, la caótica proliferación de elementos aparentes de las redes de instalaciones y servicios, la situación de las cuales provoca un evidente menoscabo de las deseables condiciones estéticas y ambientales del entorno y del disfrute de nuestro patrimonio histórico inmobiliario y va, además, en detrimento de la propia conservación. Esta indeseable situación ha de ser corregida para posibilitar, de esta manera, además de una conservación íntegra del patrimonio inmobiliario histórico-ambiental, que, tanto los ciudadanos de las islas como los que las visitan, puedan disfrutar de ellos sin interferencias visuales y, a la vez, preservar las construcciones de la degradación que supone la instalación de redes aéreas.

Ciertamente, existen algunas normas de ámbito estatal dispersas en diferentes cuerpos legales o en diferentes sedes sistemáticas de algunos de éstos, la rígida y conjunta aplicación de las cuales podría evitar alguna de las consecuencias denunciadas en líneas anteriores.

Así, y a modo de recordatorio, en la Ley 16/1985, citada anteriormente se establece, en el artículo 20, la necesidad de redactar un plan especial de protección del área afectada por la declaración de conjunto histórico, lugar histórico o zona arqueológica, el cual deberá contener los «criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre estas...»; y, en el artículo 22.2, queda prohibida «la colocación de cables, antenas y conducciones aparentes en zonas arqueológicas». En la misma dirección, el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el 78 del Reglamento de Planeamiento contemplan como instrumentos de planeamiento los planes especiales de protección para la conservación y valoración del patrimonio histórico y artístico.

Y el artículo 98.2 del citado Reglamento entre las normas de aplicación directa leemos que «en las perspectivas que ofrecen los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas no se permitirá que las instalaciones de elementos, limiten el campo visual o desfiguren su perspectiva». El artículo 21 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, establece que los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones «quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas de protección del Medio Ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana». Igualmente el artículo 246.1 del tan citado texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, señala que «la legitimación de los Ayuntamientos y órganos competentes podrán ordenar también, por motivos de interés turístico o estético la ejecución de obras de conservación y de reforma de fachadas o espacios visibles desde la vía pública».

A pesar de la existencia del entramado legal que acabamos de perfilar en forma no exhaustiva, es notorio que la situación de las redes de instalaciones y servicios en los núcleos antiguos de las poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma continúa constituyendo un atentado al principio de protección al patrimonio histórico.

En consecuencia, se ha considerado necesario crear una normativa específica que en parte recoja, ordene y desarrolle reglas preexistentes y en parte complete las lagunas que la práctica urbanística cotidiana ha puesto de manifiesto. La unificación de esa regulación (en parte de patrimonio histórico, en parte de urbanismo y en buena parte industrial, aunque sobre ésta última no se ha incidido, sino reiterado la normativa existente o remitido a ésta, vista la falta de competencias legislativas de nuestra Comunidad Autónoma), ha de permitir mayor fluidez coordinación y, en suma, eficacia en la defensa y la protección del patrimonio histórico-ambiental de las islas, desde la particular perspectiva reguladora en que esta Ley se sitúa.

La Ley se presenta sistematizada en seis títulos y un título preliminar. En el preliminar se recogen las disposiciones generales relativas a las finalidades, el ámbito y los instrumentos de protección, los cuales constituyen el auténtico núcleo de la normativa.

En el título I se establecen las normas generales de protección, divididos en un principio informador (el grado máximo de adecuación de los elementos de las redes de instalaciones), los grados de adecuación admisibles y las exigencias de unidad de los elementos de las redes y de integridad de los edificios.

El título II se refiere al objeto de regulación: las áreas histórico-ambientales. Esta nueva categoría de protección constituye el presupuesto jurídico sobre el cual se establece toda la regulación protectora. El capítulo primero se refiere a la noción la extensión y la declaración, si procede, de área histórico-ambiental. Esta noción se conforma tanto por los bienes inmuebles declarados de interés cultural y sus zonas de respeto, como por aquellos conjuntos de bienes inmuebles que dado su interés histórico-ambiental son declarados así. El capítulo segundo se dedica a las llamadas medidas de protección inmediata, de gran trascendencia porque tienden, de una parte, a posibilitar que la existencia o declaración de un área histórico-ambiental no paralice la ampliación o la reforma de las redes de instalaciones o la rehabilitación de edificios, pero, al mismo tiempo, que estas actividades se ajusten a los fines protectores de esta Ley.

El título III contiene el específico instrumento de planeamiento previsto para que actúe sobre el área histórico-ambiental, esencial para la ejecución de los fines de la Ley: el plan especial de reforma de redes e instalaciones (PERRI). Se configura como un plan especial sectorial (sólo afecta a las redes de instalaciones) y, en principio, no derivado; es decir, que no desarrolla las previsiones de un plan director territorial ni de un plan general; vista la previsión del artículo 76.3 del Reglamento del planeamiento.

No obstante, se prevé que, con el tiempo, se puedan redactar estos mismos PERRI con carácter derivado, porque la Ley contiene también la previsión de la obligada inclusión de éstos entre las determinaciones de los futuros instrumentos de planeamiento que afecten a un área histórico-ambiental.

Especialmente se tendrán que incluir en los planes especiales de protección del área afectada por la declaración de conjunto histórico, lugar histórico o zona arqueológica, como bienes de interés cultural, referidos en el anteriormente citado artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico. Puede que sea preciso aclarar que el plan especial de reforma de las redes de instalaciones (PERRI) no es el plan especial de protección que acabamos de citar: su ámbito es mucho menor y puede existir sin necesidad que existiese éste. Aquello que no será legalmente factible en nuestra Comunidad Autónoma a partir del inicio de la vigencia de esta Ley, será la existencia de un plan especial de protección del área declarada bien de interés cultural, que no contemple el PERRI. Por otra parte, las reglas sobre las determinaciones, la documentación, la tramitación y la aprobación son los generales para este tipo de planeamiento, exceptuando los matices que las peculiaridades y la concreción de los fines de los PERRI imponen.

El título IV se dedica al proyecto de urbanización específico de los PERRI, el proyecto de dotación definitiva de servicios, visto que previamente (capítulo segundo del título II) se ha regulado el proyecto de dotación provisional de servicios.

El título V se dedica a las servidumbres histórico-ambientales de redes, categoría legal que en estos casos sustituye las servidumbres ordinarias.

En la lacónica regulación de éstos se ha tenido en cuenta la legislación sobre las servidumbres de paso para instalaciones.

El título VI se dedica a núcleos de actuación preferente haciendo la distinción entre núcleos de actuación inmediata, mediana y a largo plazo.

Las disposiciones adicionales realizan las previsiones indispensables para la efectividad de los contenidos del texto articulado. Y la disposición final es un mandato a la administración autonómica para que adapte la estructura organizativa a la consecución de los fines que esta Ley pretende.

Por último, es preciso justificar el rango con que aparece el texto articulado, a pesar de que algunas de sus normas concordantes lo tienen inferior y la casuística de algunos de sus artículos parece desaconsejarlo.

Existen dos razones que lo justifiquen. Primeramente, es obvio que alguno de los contenidos requiere constitucionalmente la fuerza de ley formal. La Ley se podría haber limitado a éstos y llevar a cabo una remisión a un texto reglamentario que contuviese el resto. No se ha hecho así, por entender que si, como he dicho antes, una de las razones que hasta ahora han hecho ineficaz la adecuación de las redes de instalaciones al entorno histórico-artístico es la dispersión normativa, ésta se ha de evitar a toda costa y se ha de regular en un único, ordenado y casi didáctico cuerpo normativo. En consecuencia sólo es factible, por la primera razón, la promulgación de una ley.