EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 9/1990, de 20 de junio, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de urbanismo y habitabilidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con la aprobación de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, se completo el marco regulador de estos entes, que a pesar de estar ya delimitados dentro de la organización institucional de la comunidad autónoma según dispone el propio Estatuto de Autonomía, requerían un tratamiento legal concreto en el que además de remarcar su papel como órganos de administración local, se definieran con precisión los diversos grados de atribución competencial, así como el régimen jurídico de las competencias asumidas, y ello en consonancia con las amplias previsiones al respecto contenidas en el Estatuto de Autonomía. La determinación de aspectos importantes tales como el control y la coordinación de las competencias y el sistema de financiación de las mismas, son por otro lado objeto de dicha Ley.

La presente Ley de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de urbanismo y habitabilidad constituye el primer paso del proceso general que perfila el Estatuto de Autonomía y desarrolla la Ley de Consejos Insulares y debe significar, sin lugar a dudas, una más próxima y mejor prestación del servicio público.

Artículo 1.

En atención a lo que establecen los artículos 39.8 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares y el artículo 12.3 de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, por la presente Ley se atribuyen a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y de Eivissa y Formentera y con carácter de propias, todas las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de las islas Baleares en relación con la legislación de régimen del suelo y ordenación urbana y por disposiciones reglamentarias y concordantes, en sus respectivos territorios.

Se atribuye asimismo a los Consejos Insulares la expedición de cédulas de habitabilidad de los edificios, viviendas y locales radicados en su propio ámbito territorial.

Artículo 2.

Artículo 3.

No obstante la atribución competencial genérica que a favor de los Consejos Insulares opera el contenido del artículo 1, corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el ejercicio de las siguientes competencias:

1. Potestad reglamentaria normativa sobre las competencias atribuidas a los consejos insulares por la presente Ley y ello con sujeción a las limitaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía.

2. 

3. Emisión de informe preceptivo y no vinculante, previo a la aprobación definitiva de planes generales o normas subsidiarias, así como de planes especiales que no sean en desarrollo del planeamiento general, incluidas modificaciones y revisiones. Dichos informes se considerarán favorables si no fueren emitidos en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de recepción de la pertinente solicitud.

4. Declaraciones de utilidad pública de obras e instalaciones en suelo no urbanizable cuando afecten al ámbito territorial de más de un Consejo Insular.

5. La intervención del órgano ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica a que se deberán sujetar las figuras del planeamiento urbanístico, de conformidad con la normativa vigente en el ámbito de la comunidad autónoma.

6. Archivo central de urbanismo, a cuyo efecto deberá remitirse un ejemplar de todo el planeamiento aprobado definitivamente por los Consells Insulares o sus Comisiones de Urbanismo.

Artículo 4.

Sin perjuicio de la coordinación general a la que se refiere el capítulo VI de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, se establecen las siguientes fórmulas de cooperación:

1. La comunidad autónoma y los Consejos Insulares acordarán los adecuados mecanismos de colaboración e información mutua en las materias objeto de esta transferencia.

2. A efectos puramente informativos, los Consejos Insulares comunicarán a la comunidad autónoma las inscripciones en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras y en el registro de catálogos previsto en la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana.

3. Las respectivas comisiones insulares de urbanismo trasladarán a la comunidad autónoma, en el plazo máximo de quince días, las resoluciones sobre planes generales, normas subsidiarias de planeamiento y planes especiales que no sean en desarrollo de planeamiento general, adjuntando un ejemplar del plan objeto de resolución, a los oportunos efectos jurídicos.

Artículo 5.

1. El coste efectivo anual de atribución de las competencias a las que la presente Ley se refiere, asciende a 67.615.153 pesetas para 1990.

2. El coste efectivo anual antes referido implica una sobrefinanciación inicial cuantificada en 20.538.603 pesetas, que deberá ser financiada mediante minoración en los créditos presupuestarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el ejercicio de 1990, por lo cual quedan autorizadas las modificaciones de crédito que se estimen pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo que el presente artículo determina.

La cantidad expresada como sobrefinanciación sera objeto de revisión en la cifra que se determine por aplicación del contenido del punto 4 del presente artículo.

3. La sobrefinanciación a la que se refiere el apartado anterior no tendrá a ninguno de los efectos la consideración de precedente, sino que por el contrario, deberá ser computada como una entrega a cuenta de futuras valoraciones de atribuciones competenciales.

4. El coste efectivo al que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrá experimentar el incremento o minoración preciso en función de las remuneraciones concretas que afecten al personal que se traspase a los Consejos Insulares.

Artículo 6.

El coste efectivo cifrado en el artículo anterior será aplicado a los consejos insulares de acuerdo con los siguientes porcentajes y cuantías:

1. Consejo Insular de Mallorca. Total: 36.994.323 pesetas. Porcentaje sobre total coste efectivo: 54,71 %.

2. Consejo Insular de Menorca. Total: 15.280.635 pesetas. Porcentaje sobre total coste efectivo: 22,60 %.

3. Consejo Insular de Eivissa y Formentera. Total: 15.340.195 pesetas. Porcentaje sobre total coste efectivo: 22,69 %.

Artículo 7.

1. Personal que se traspasa. Se traspasa a los Consejos Insulares el siguiente personal con la residencia que se indica:

• Mallorca:

• Dos técnicos de grado superior (arquitecto y/o ingeniero de caminos, canales y puertos).

• Un técnico jurídico-administrativo (licenciado en derecho).

• Un técnico de grado medio (arquitecto técnico).

• Un administrativo.

• Un auxiliar administrativo.

• Un técnico de grado medio (arquitecto técnico).

• Un administrativo, jefe de negociado.

• Un administrativo.

• Tres auxiliares administrativos.

• Menorca:

• Un técnico de grado medio (arquitecto técnico).

• Un administrativo.

• Un auxiliar administrativo.

• Eivissa y Formentera:

• Un técnico de grado medio (arquitecto técnico).

• Un administrativo.

• Un auxiliar administrativo.

2. Con cargo al coste efectivo establecido, y sin que les sea aplicable el apartado 4 del artículo 5 de esta Ley, el Consejo Insular de Mallorca contratará un asesor jurídico; el Consejo Insular de Menorca, un técnico de grado superior (arquitecto superior o ingeniero de caminos, canales y puertos) y un técnico jurídico-administrativo (licenciado en derecho); y el Consejo Insular de Eivissa y Formentera un técnico de grado superior (arquitecto superior o ingeniero de caminos, canales y puertos) y un técnico jurídico-administrativo (licenciado en derecho).

Artículo 8.

1. Se transfiere al Consejo Insular de Menorca el local ocupado por los servicios de urbanismo y habitabilidad, calle Rosario, número 12, 1° Maò, y ello con sujeción al contenido del artículo único de la Ley 2/1984, de 24 de enero, de Arrendamientos Urbanos.

2. Se transfiere al Consejo Insular de Eivissa y Formentera el local ocupado por los servicios de urbanismo y habitabilidad, calle Isidoro Macabich, número 38, 1°, Eivissa, y ello con sujeción al contenido del artículo único de la Ley 2/1984, de 24 de enero, de Arrendamientos Urbanos.

3. Se transfiere a los Consejos Insulares el mobiliario de oficina utilizado por los servicios objeto de traspaso, según el inventario anexo a esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

1. La Comisión Central de Urbanismo se extingue y sus competencias se atribuyen a los Consejos Insulares en el ámbito de sus respectivos territorios.

2. Queda extinguida la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares y sus competencias quedan atribuidas a los Consejos Insulares en sus respectivos territorios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Se creará, por acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Consejo Insular correspondiente, una comisión paritaria cuya misión será la de instrumentar el traspaso de medios y documentación que la presente Ley determina, así como la de garantizar que los expedientes estén resueltos en los plazos establecidos por la legislación vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de los anuncios, acuerdos y otros documentos exigidos por la ley, como consecuencia del ejercicio de los Conselles Insulares de las competencias en materia de urbanismo y habitabilidad, será gratuita.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

Los funcionarios de la comunidad autónoma, bien procedentes de la administración general del Estado o de otros organismos o instituciones públicas, bien que hayan ingresado directamente, que con motivo de la atribución de competencias a los Consejos Insulares resulten transferidos, continuarán manteniendo todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de participar en los concursos de traslado que convoque la comunidad autónoma, en igualdad de condiciones con el resto de los miembros de su categoría o cuerpo, para que así puedan ejercer en todo momento su derecho permanente de opción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda sin efecto el Decreto de 28 de junio de 1982 de delegación de competencias del Consejo General Interinsular de Baleares en los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera, en materia de disciplina urbanística, así como cualquier disposición contraria a esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, aunque se suspenda la efectividad de la atribución competencial que la presente Ley determina hasta el lunes día 5 de noviembre de 1990.

Las Comisiones Insulares de Urbanismo, desde la fecha de su constitución que será el mismo día 5 de noviembre de 1990, asumirán la continuación de todos los expediente en trámite.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.

Palma de Mallorca, 9 de junio de 1990.

 

Gabriel Cañellas Fons,
Presidente.

Notas: Artículo 3 (apdo. 5): Redacción según Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears. Artículos 2 y 3 (apdo. 2): Derogado por Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares. Disposición adicional tercera: Introducida por la Ley 15/1990, de 29 de noviembre, de adición de una disposición adicional a la Ley 9/1990, de 20 de junio, de atribución de competencias a los Consells Insulares en materia de urbanismo y habitabilidad.