Sumario

Ley [CANARIAS] 4/1994, 25 abril, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única del D Legislativo [CANARIAS] 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial («B.O.I.C.» 25 abril) el 26 de abril de 2012.

Preámbulo

El artículo 29 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su apartado 10, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de ferias y mercados interiores.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 33 del mismo texto legal, en su apartado c), le corresponde a la Comunidad Autónoma Canaria la función ejecutiva, en los términos que establezcan las Leyes y normas reglamentarias que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado en materia de comercio interior y defensa del consumidor.

La Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias complementarias a Canarias, atribuye a esta Comunidad Autónoma la potestad legislativa sobre las materias de titularidad estatal contenidas en el artículo 33 de su Estatuto de Autonomía, en cuanto no se encuentren reservadas al Estado por la Constitución. Este precepto habilita a la Comunidad Autónoma Canaria a legislar en materia de comercio interior.

La Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias se dicta para dar cumplimiento al mandato estatutario. Una materia de tanta importancia, como es el comercio interior, no podía quedar sin una normativa clara y precisa que estableciera los principios generales a los que deben someterse los operadores económicos en este sector.

En la elaboración de esta Ley se ha tratado de incorporar las particulares circunstancias que concurren en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que exigen un tratamiento de determinados aspectos del comercio interior, fundamentalmente en la actuación pública sobre la actividad comercial, especialmente en lo relativo a la reforma y modernización de las estructuras comerciales, el control de los operadores económicos que intervienen en esta actividad, las previsiones de ocupación de suelo y demás aspectos que incidan en el denominado «urbanismo comercial».

La Ley de Ordenación de la Actividad Comercial no puede limitarse únicamente al respeto de la normativa vigente, sino que con su promulgación se quiere hacer frente a las nuevas demandas de una sociedad moderna, a un nuevo estilo de vida y, consecuentemente, a la aparición de un nuevo consumidor, demanda que ha originado una adecuación de las tradicionales estructuras comerciales y la aparición de las grandes superficies. Ante esta nueva situación la presente Ley pretende lograr un nivel adecuado de equipamiento comercial en el que se garantice la armonización de los intereses de los grandes y pequeños comerciantes junto con los intereses generales de la población.

Y todo ello con la finalidad última de promover la actividad comercial en el territorio de esta Comunidad Autónoma y proteger los dos principales intereses que en la misma concurren: el interés de los comerciantes, en cuanto a la existencia de un sector moderno bien equipado y que cubra de manera racional el territorio de las islas, y el de los consumidores, en cuanto a la existencia de unidades comerciales competitivas, cercanas a sus lugares de residencia y con altos niveles de transparencia en cuanto a la calidad y precio de los productos y servicios que ofertan al público. De ahí que esta normativa, dada la estrecha vinculación conceptual y finalista existente entre la ordenación del comercio interior y la protección de los consumidores y usuarios, reflejada en el artículo 51 de la Constitución Española, suponga también la regulación de la protección del consumidor o usuario.