Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art�culo 12.8 del Estatuto de Autonom�a, promulgo y ordeno la publicaci�n de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

La Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que desarroll� el que fuera art�culo 43 del Estatuto de Autonom�a -hoy art�culo 44-, describi� en su pre�mbulo al Consejo en la doble vertiente de �rgano de dimensi�n reflexiva y racionalizadora dirigido a velar por la correcta interpretaci�n del bloque constitucional en su aplicaci�n a Canarias -la adecuaci�n al Estatuto de Autonom�a de los proyectos y proposiciones de Ley, en la dicci�n del antiguo precepto estatutario-, y en su otra vertiente de instituci�n de apoyo al quehacer administrativo ordinario que habr�a de desarrollarse mediante juicios t�cnicos en los temas sometidos a consulta, se�al�ndose que el alejamiento de la perspectiva de la l�nea ejecutiva reportar�a la ventaja de la aprehensi�n de los problemas suscitados con una mayor profundidad que habr�a de facilitar el desapasionamiento de la gesti�n diaria.

La sentencia 204/92, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional, despej� desde el primer momento la incertidumbre de la superposici�n de �rganos de consulta (Consejo de Estado y �rganos similares de las Comunidades Aut�nomas), sentando la doctrina del reconocimiento de la competencia de las Comunidades Aut�nomas para la creaci�n, en virtud de sus potestades de autoorganizaci�n, de �rganos consultivos propios semejantes al Consejo de Estado, estableciendo al propio tiempo la constitucionalidad de la sustituci�n de los informes preceptivos de �ste por los del correspondiente �rgano superior consultivo auton�mico.

Por otra parte, el legislador estatal, en coherencia con tal doctrina, ha tenido en cuenta que son numerosas las Comunidades Aut�nomas que han optado por dotarse de �rganos consultivos, reflejando en sucesivos textos legales supuestos de consulta a �stos; as�, por ejemplo, las Leyes 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones p�blicas, y 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen jur�dico de las Administraciones p�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.

La reforma del Estatuto de Autonom�a de 1996 dio nueva redacci�n al precepto referido al Consejo Consultivo -art�culo 44, se�alado anteriormente-, y depur� su formulaci�n sin mayores innovaciones, que se redujeron a precisar el car�cter supremo del �rgano consultivo en el �mbito de la Comunidad Aut�noma, a introducir la referencia a la Constituci�n como par�metro de las iniciativas legislativas, y a asegurar la imparcialidad y la independencia del Consejo, lo que ya se hab�a materializado en la Ley 4/1984.

La revisi�n que se aborda en esta ley responde, por tanto, a la necesidad de introducir mejoras en la regulaci�n del �rgano de consulta que ha aconsejado la experiencia en los a�os transcurridos desde que se constituy� el Consejo Consultivo de Canarias, en buena parte sugeridas desde la propia instituci�n.

En l�neas generales, la ley innova en tres vertientes: la composici�n del Consejo, el alcance de la funci�n consultiva, y su funcionamiento.

El Consejo Consultivo, de cinco miembros pasa a estar integrado por siete, manteniendo la proporci�n en las propuestas de nombramiento que hayan de hacer el Parlamento -cuatro- y el Gobierno -tres-, y se refuerza a�n m�s el qu�rum de mayor�a para la formaci�n de la propuesta parlamentaria de Consejeros, que pasa de las tres quintas partes de los miembros de la C�mara a la de las dos terceras partes.

El conjunto de supuestos en los que habr� de dictaminar el Consejo con car�cter preceptivo ha quedado sensiblemente ampliado, de modo que, por una parte, va a requerirse la intervenci�n previa del Consejo en todas las iniciativas legislativas -excepci�n hecha de los proyectos de Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma-, y no ya tan s�lo en algunas de ellas en raz�n de materias determinadas. De otra parte, la incorporaci�n de un apartado sobre consulta preceptiva en materia de legalidad de la actuaci�n de las diversas administraciones p�blicas canarias, comporta un incremento notable del papel del Consejo. Novedoso ha sido tambi�n, junto a la posibilidad de solicitar con car�cter facultativo el parecer del Consejo, propiciar que en el curso del procedimiento legislativo en la C�mara, pueda recabarse dicho parecer sobre los informes de las ponencias cuyos textos articulados hayan producido modificaciones en el texto inicial.

En cuanto al modo de funcionar el �rgano, se produce otra significativa innovaci�n, al crearse las Secciones como alternativa al Pleno para resolver en determinado tipo de asuntos y las figuras de los Secretarios -de Pleno y de Secci�n- y de los Presidentes de las Secciones, al tiempo que se transforma el cargo de Letrado-Secretario General en Letrado Mayor, con funciones de asistencia y direcci�n de los servicios del Consejo.