Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja

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Sumario

El Presidente de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, promulgo la siguiente Ley:

Exposici髇 de motivos

1

El Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja constituye uno de los recursos esenciales, junto con los financieros y humanos, para el cumplimiento de los fines que la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, a trav閟 del Estatuto de Autonom韆, tiene encomendados y para la ejecuci髇 de las pol韙icas p鷅licas que al Gobierno de La Rioja corresponde, en orden a la consecuci髇 de esos fines.

En efecto, el Estatuto de Autonom韆 atribuye a la Comunidad Aut髇oma de La Rioja competencias exclusivas en su art韈ulo 8.uno.1 para establecer la organizaci髇, estructura, r間imen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, y tambi閚 en su art韈ulo 8.uno.2 para la regulaci髇 del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organizaci髇 propia. Como manifestaci髇 espec韋ica de dichas competencias, el art韈ulo 31.5 del Estatuto de Autonom韆 le asigna espec韋icamente la atribuci髇 de regular los bienes de dominio p鷅lico y patrimoniales cuya titularidad le corresponda, si bien el art韈ulo 44.3 del mismo Estatuto establece una reserva de Ley afirmando que 玼na Ley del Parlamento de La Rioja regular� el r間imen jur韉ico, as� como la Administraci髇, defensa y conservaci髇 del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma�.

La Ley 1/1993, de 23 de marzo, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja vino a dar cumplimiento y desarrollo a las citadas previsiones, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado. La indicada Ley, junto a la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y R間imen Jur韉ico de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organizaci髇 del Sector P鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja y la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Funci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, constituyen los pilares esenciales en el proceso de autogobierno de La Rioja, estableci閚dose el r間imen jur韉ico de los bienes y derechos de su patrimonio, soporte b醩ico para la prestaci髇 de los servicios p鷅licos y para el ejercicio de las competencias que la Comunidad Aut髇oma de La Rioja ha asumido.

El aumento de competencias de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja y la necesidad de actualizar y regularizar el Patrimonio como consecuencia del proceso de transferencias, exige disponer de un instrumento normativo nuevo que agilice la tramitaci髇 de los procedimientos patrimoniales.

2

La Constituci髇 atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de legislaci髇 procesal (art韈ulo 149.1.60), legislaci髇 civil (art韈ulo 149.1.80), y sobre las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas (art韈ulo 149.1.180), que act鷄n como l韒ites a la competencia que la Comunidad Aut髇oma de La Rioja ostenta para la regulaci髇, mediante Ley, del r間imen jur韉ico de su patrimonio.

En el marco de esa Normativa b醩ica y general, desarrollada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, la presente Ley tiene por objeto regular el r間imen jur韉ico de los bienes y derechos de dominio p鷅lico o demaniales, y de los dem醩 bienes de dominio privado o patrimoniales, que integran el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

Se parte, por tanto, de un concepto amplio de patrimonio que engloba a todos los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la Administraci髇 Auton髆ica.

La Ley se estructura en siete T韙ulos. El T韙ulo I recoge las disposiciones generales o comunes a todos los bienes o derechos con independencia de su pertenencia a una categor韆 u otra. El T韙ulo II regula los diferentes mecanismos de los que puede hacer uso la Comunidad Aut髇oma de La Rioja para la protecci髇 y defensa de su Patrimonio. El T韙ulo III reconoce y distingue las diversas formas de adquisici髇 de bienes y derechos. El T韙ulo IV regula el r間imen jur韉ico de los bienes de dominio p鷅lico. El T韙ulo V establece el r間imen jur韉ico de los bienes de dominio privado. El T韙ulo VI establece, como novedad en nuestra legislaci髇, un r間imen especial para la utilizaci髇 de edificios administrativos, con los objetivos de conseguir una eficiente administraci髇 patrimonial de los mismos y de facilitar la adecuaci髇 y suficiencia de estos activos para servir al servicio p鷅lico al que est醤 destinados. Finalmente, la Ley se cierra con un T韙ulo VII que establece un detallado r間imen sancionador.

Desde un punto de vista subjetivo, el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja engloba el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponda, tanto a su Administraci髇 General como a los Organismos P鷅licos integrantes de su Sector P鷅lico. Por otro lado, el concepto de Sector P鷅lico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organizaci髇 del Sector P鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, integra no s髄o a la Administraci髇 General sino tambi閚 a los Organismos P鷅licos vinculados o dependientes de la misma y a otros Entes Instrumentales, si bien, quedan fuera del concepto de patrimonio, a los efectos de esta Ley, los bienes y derechos cuya titularidad corresponda tanto a las empresas p鷅licas constituidas como sociedades mercantiles como a las fundaciones p鷅licas. Tampoco el patrimonio de los Consorcios p鷅licos se puede considerar integrante del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, dado que los municipios aportan bienes a estas especiales formas de Administraci髇, y la inclusi髇 de tales bienes en el Patrimonio de la Comunidad supondr韆 un injustificado cambio de titularidad de los mismos.

Se integran tambi閚 en el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja los bienes del Parlamento de La Rioja, al que la Ley reconoce autonom韆 patrimonial y facultades sobre los bienes propios y adscritos.

Por lo que respecta al patrimonio de la Universidad, ha de considerarse que constituye un verdadero patrimonio separado del Patrimonio propio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, aunque la administraci髇 y disposici髇 de esos bienes y derechos debe ajustarse, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 80.3 de la Ley Org醤ica de Universidades, 玜 las normas generales que rijan en esta materia�, es decir, a la normativa b醩ica estatal ya citada y a la normativa dictada por la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

Las propiedades administrativas especiales se regir醤 por su legislaci髇 espec韋ica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

De este modo, el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja regulado en esta Ley aparece integrado por el conjunto de bienes y derechos, de dominio p鷅lico o patrimoniales, cuya titularidad corresponde a la Administraci髇 General y a sus Organismos P鷅licos. Se diferencia espec韋icamente de la Hacienda P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, que engloba el conjunto de derechos y obligaciones de contenido econ髆ico.

Esta concepci髇 unitaria del patrimonio no impide el establecimiento de un sistema de gesti髇 patrimonial diferenciado. Es decir, la Ley asigna a las diferentes Consejer韆s de la Administraci髇 General, y a los dem醩 organismos y entes del sector p鷅lico a los que resulta de aplicaci髇 esta Ley competencias para la gesti髇 y administraci髇 de los bienes y derechos que utilicen para el cumplimiento de sus fines, correspondiendo a la Consejer韆 competente en materia de Hacienda el ejercicio de las funciones dominicales sobre todo el Patrimonio de la Comunidad, sin perjuicio de las que correspondan al Parlamento o al Consejo de Gobierno, o a otros 髍ganos de la Comunidad por tratarse de propiedades administrativas especiales.

3

Los bienes y derechos que integran el patrimonio de esta Administraci髇 territorial se clasifican en las dos categor韆s tradicionales: bienes de dominio p鷅lico o demaniales, y bienes de dominio privado o patrimoniales, categor韆s a las que corresponde un r間imen jur韉ico diferente derivado de la afectaci髇 o no de esos bienes a un uso o servicio p鷅lico, distinci髇 que justifica una mayor protecci髇 de estos 鷏timos.

La Ley define el dominio p鷅lico atendiendo al criterio determinante de la vinculaci髇 directa o afectaci髇 de los bienes o derechos reales a un uso general o servicio p鷅lico, o bien cuando una norma con rango de Ley as� lo haya determinado expresamente. Es decir, por su vinculaci髇 a un fin que no puede ser calificado de uso o servicio p鷅lico, pero cuya relevancia puede justificar la integraci髇, mediante Ley, del bien en el dominio p鷅lico.

Son bienes patrimoniales los que no se hallan afectados a un uso general o servicio p鷅lico, as� como aquellos otros que por su propia naturaleza no admiten la calificaci髇 de demaniales, como los derechos de arrendamiento, y las acciones y participaciones en sociedades mercantiles.

El T韙ulo I contiene como novedad la inclusi髇 entre las disposiciones generales de previsiones en cuanto a seguros, rendimientos, custodia, procedimientos de valoraci髇 de los bienes y algunos preceptos comunes tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales, y a toda clase de negocios jur韉icos sobre los bienes que integran el patrimonio.

4

Una de las obligaciones b醩icas para todas las Administraciones P鷅licas, establecida legalmente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, es la de proteger y defender los bienes y derechos que integran su patrimonio, en cuanto que estos, sean demaniales o patrimoniales, deben preservarse, est醤 entregados al uso general o sirven de soporte o instrumento para el desarrollo de funciones o servicios p鷅licos.

La protecci髇 y defensa del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja aparece regulada en el T韙ulo II, que ofrece una ordenaci髇 conjunta de todas las posibles formas de protecci髇.

En primer lugar se establecen las obligaciones de defensa y de custodia de dichos bienes, a馻diendo la obligaci髇 espec韋ica de ejercer las potestades previstas en este T韙ulo, adem醩 de las oportunas inscripciones registrales y la defensa en juicio si fuera pertinente.

A fin de llevar un control de todos los bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, y como herramienta para su mejor defensa y custodia, la Ley regula el Inventario General de Bienes y Derechos. Tambi閚 se atribuye a la Consejer韆 competente en materia de Hacienda la competencia para la inscripci髇 de bienes y derechos en los correspondientes Registros a nombre de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja.

Con relaci髇 a las prerrogativas y a las potestades protecci髇 y defensa del patrimonio, se reconoce la prerrogativa de inembargabilidad de los bienes, estableciendo la prohibici髇 de dictar providencia de embargo o de despachar mandamiento de ejecuci髇 contra los bienes y derechos del Patrimonio de la Administraci髇 Auton髆ica, sin perjuicio de lo previsto sobre esta materia en la legislaci髇 reguladora de la Hacienda P鷅lica. Con respecto a este privilegio de inembargabilidad, se ha seguido el criterio mantenido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 166/1998, de modo que aqu閘 se predica tanto de los bienes demaniales como de los patrimoniales materialmente afectados a un uso o servicio p鷅lico. Asimismo, se regulan las prerrogativas de recuperaci髇 posesoria, investigaci髇, inspecci髇, deslinde y desahucio administrativo.

Se han incluido una serie de pautas generales sobre los procedimientos de protecci髇 del patrimonio que, aunque deban desarrollarse reglamentariamente con posterioridad, permitir醤 ya su aplicaci髇 desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley.

5

El T韙ulo III contiene las normas relativas a los negocios de adquisici髇 de bienes y derechos, reconoci閚dose en aplicaci髇 del art韈ulo 44 del Estatuto de Autonom韆, la plena capacidad de aqu閘la para adquirir bienes y derechos por cualquiera de los medios establecidos en el Ordenamiento Jur韉ico.

En este T韙ulo se regulan con car醕ter general las distintas formas de adquisici髇 de bienes y derechos por la Comunidad Aut髇oma de La Rioja, ya sea a t韙ulo oneroso o lucrativo.

Adem醩, se hace referencia a las formas especiales de adquisici髇 como consecuencia de transferencias, resoluciones judiciales, actuaciones urban韘ticas, extinci髇 de Organismos P鷅licos o reducciones de capital, as� como aquellas que se derivan de la aplicaci髇 de figuras jur韉icas sujetas al derecho privado como son la usucapi髇, la accesi髇 o la ocupaci髇.

Se presta una especial atenci髇 en este T韙ulo a los arrendamientos de bienes y a la constituci髇 de sociedades y adquisici髇 a t韙ulo oneroso de acciones, participaciones y valores. La regulaci髇 de la adquisici髇 de los Derechos de Propiedad Incorporal viene a cerrar este T韙ulo.

6

El T韙ulo IV regula el r間imen de los bienes de dominio p鷅lico, dividido en tres Cap韙ulos.

Los dos primeros contienen las reglas de la afectaci髇 y desafectaci髇 y mutaciones demaniales atribuy閚dose, con car醕ter general, al Consejero competente en materia de Hacienda la competencia para efectuar tales operaciones.

El Cap韙ulo III fija las pautas del r間imen de utilizaci髇 general y particular de los bienes de dominio p鷅lico cuando no resulte contrario al inter閟 general, permitiendo la explotaci髇 de los mismos a trav閟 de las f髍mulas admitidas en nuestro ordenamiento jur韉ico. La principal novedad con respecto a la Ley anterior es la prolija regulaci髇 que se efect鷄 del r間imen de autorizaciones y concesiones sobre el dominio p鷅lico, que pretende dar soluci髇 a todos los supuestos que se han planteado a lo largo de estos a駉s, pero sin necesidad de recurrir a la aplicaci髇 supletoria de la normativa estatal.

7

El T韙ulo V regula el r間imen jur韉ico de los bienes de dominio privado o patrimoniales y se estructura en cinco Cap韙ulos que se refieren, respectivamente, a la enajenaci髇 a t韙ulo oneroso de bienes y derechos, permutas, cesiones gratuitas, prescripci髇 y explotaci髇.

Para la enajenaci髇 de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, la Ley exige la previa declaraci髇 de alienabilidad que ser� acordada por el Consejero competente en materia de Hacienda, as� como la depuraci髇 de la situaci髇 f韘ica y jur韉ica de los mismos y, en su caso, la inscripci髇 en el Registro de la Propiedad.

La enajenaci髇 de bienes se efectuar� con car醕ter general mediante subasta, salvo que concurra alguno de los supuestos tasados en la Ley, en los cuales podr� autorizarse la enajenaci髇 directa.

Se regulan como novedades rese馻bles las enajenaciones de parcelas inedificables y fincas r鷖ticas inexplotables, as� como las aportaciones a Juntas de Compensaci髇 y las permutas por cosa futura. Por otra parte, la regulaci髇 de la explotaci髇 de bienes patrimoniales es m醩 prolija y detallada que la que exist韆 hasta ahora.

8

El T韙ulo VI aparece como una novedad con respecto a la anterior Ley de Patrimonio.

La culminaci髇 del proceso de transferencias previsto en el Estatuto de Autonom韆 hasta este momento permite establecer ya una planificaci髇 del uso de edificios administrativos con vocaci髇 de permanencia, y las herramientas establecidas en la presente Ley coadyuvar醤 a la racionalizaci髇 de tales usos.

Este T韙ulo establece un r間imen especial en relaci髇 con la gesti髇 patrimonial de los edificios administrativos, que supone una ordenaci髇 novedosa y que se establece sin perjuicio del r間imen general aplicable para la adquisici髇, administraci髇, conservaci髇 y enajenaci髇 de los inmuebles que integran el patrimonio p鷅lico.

A trav閟 de este r間imen se pretende obtener una atenci髇 eficiente de las necesidades de los servicios p鷅licos, actuando coordinadamente a trav閟 de planes y programas en 醡bitos sectoriales o territoriales sobre los inmuebles destinados a estos usos o a otros que se determinen reglamentariamente.

Se ha previsto la intervenci髇 de un 髍gano asesor que analizar� las situaciones y las necesidades planteadas, con la formulaci髇 de las propuestas que procedan.

9

El T韙ulo VII de la Ley desarrolla el r間imen sancionador, con las previsiones habituales sobre infracciones y sanciones, y del r間imen de su prescripci髇, responsabilidad, competencias para imponer sanciones y procedimiento.

Adem醩, la Ley ha reforzado el r間imen preexistente mediante la regulaci髇 de otros instrumentos que no estaban incluidos en la Ley de 1993, tales como las medidas cautelares, la obligaci髇 de reparaci髇 e indemnizaci髇, la posibilidad de ejecuci髇 subsidiaria o las multas coercitivas.