Sumario

--> Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 10/1998, 9 julio, derogada por el n鷐ero 1 de la Disposici髇 Derogatoria 趎ica de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 3/2013, 18 junio, de Patrimonio Hist髍ico de la Comunidad de Madrid (獴.O.C.M.� 19 junio) el 20 de junio de 2013.

PRE罬BULO

1

La Constituci髇 Espa駉la de 1978 consagra jur韉icamente, en su art韈ulo 46, la conservaci髇 y enriquecimiento del patrimonio hist髍ico como una de las funciones que obligatoriamente deben asumir los poderes p鷅licos. Por su parte, el art韈ulo 26 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad de Madrid, en los apartados 13 y 14, establece la plenitud de funci髇 legislativa en patrimonio monumental de inter閟 de la Comunidad y en archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de m鷖ica, servicios de bellas artes y dem醩 centros de dep髎ito cultural o colecciones de naturaleza an醠oga que no sean de titularidad estatal. La cultura no es otra cosa que el resultado de la superior capacidad simbolizadora que distingue a la especie humana y as� conservar el patrimonio hist髍ico depositado en ella es condici髇 inexcusable para la pervivencia de la memoria de dicha especie.

El conocimiento del pasado de la Humanidad, en sentido amplio, y de una sociedad, en sentido estricto, nos proporciona los criterios fundamentales para entender el presente y, a鷑 m醩, para crear el futuro. El conocimiento del pasado adquiere, adem醩, una nueva dimensi髇 desde el momento en que se manifiesta como un elemento b醩ico para poder entendernos a nosotros mismos y, por lo tanto, para reconocernos individual y colectivamente, contribuyendo a la conformaci髇 y enriquecimiento de nuestra personalidad.

La memoria colectiva forma parte de nuestra propia memoria individual personal, y viceversa. Porque todos y cada uno de los individuos de una sociedad forman parte de la Historia, haciendo todos ellos Historia.

Por todo esto, la salvaguarda y conservaci髇 del patrimonio hist髍ico se formula como el mejor medio, el m醩 importante y fundamental, para su conocimiento y, por tanto, su disfrute, como forma de asegurar y garantizar el acceso a la cultura y, por consiguiente, el enriquecimiento de la sensibilidad y el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, conformando en ellos criterios propios.

El Patrimonio Hist髍ico de la Comunidad de Madrid ha de ser globalmente entendido y valorado como la explicaci髇 de una historia pasada que a trav閟 de sus manifestaciones sociales, culturales y econ髆icas han posibilitado la evoluci髇 hist髍ica cuyos vestigios patrimoniales deben ser valorados y protegidos como un conjunto coherente que testimonia y facilita el conocimiento de esa evoluci髇.

La noci髇 de patrimonio, tan vinculada al derecho civil, est� te駃da de la concepci髇 cl醩ica de la 玼niversitas�, que adquiere en el presente caso una relevancia especial, pues lo que da unidad al conjunto de bienes materiales e inmateriales es su vinculaci髇 a una comunidad definida social y pol韙icamente y geogr醘icamente delimitada en su presente, pero proyectada hacia atr醩 en su pasado secular y hacia su desarrollo futuro, y el destino de ese conjunto de bienes, lo que justifica que las Administraciones P鷅licas velen por su 玴rotecci髇, acrecentamiento y conservaci髇 para su difusi髇 y transmisi髇 a las generaciones venideras�, como se recoge en el art韈ulo primero de esta Ley, es la relevancia que para la cultura de esa Comunidad poseen. Las manifestaciones culturales de las sociedades que nos precedieron no pueden dejarse al albur de intereses particulares; que amparados en las tecnolog韆s modernas podr韆n da馻r gravemente este valioso legado cultural.

Cultura es otro concepto cuya definici髇 implica no s髄o una dificultad desde el punto de vista t閏nico-jur韉ico, por su car醕ter gen閞ico, sino que est� llena de matices valorativos, sociales y pol韙icos, adem醩 de referirse a algo que es a la vez estable y din醡ico como la vida de los habitantes que la producen y a su vez se enriquecen con ella. Porque la cultura, como Ortega defini� la filosof韆, si algo es de verdad, si es algo, no puede ser una gris y nula cosa que pasa en las c醫edras, sino algo que pasa en cada uno de nosotros, que es cada uno de nosotros. Cuanto m醩 conocido sea el patrimonio, m醩 se fortalecer� frente al expolio y m醩 se enriquecer�. De ah� la inexcusable necesidad de que los medios de comunicaci髇 social y el sistema educativo se conviertan en piezas fundamentales del conocimiento del patrimonio hist髍ico de la Comunidad de Madrid.

La consideraci髇 del patrimonio hist髍ico como instrumento de promoci髇 cultural con un valor cultural fundamental, ya mencionado anteriormente.

La asunci髇 efectiva de la acci髇 de tutela del patrimonio hist髍ico por parte de los poderes p鷅licos.

En este punto, hay que recordar que la Constituci髇 encarga a los poderes p鷅licos, a trav閟 del desarrollo legislativo, que adecuen la realidad social a ciertos valores, entre los que se encuentra la cultura e, incluso, a promover otra distinta. Por otro lado, los poderes p鷅licos deben proporcionar a la sociedad la procura existencial, es decir, todo aquello que es necesario y esencial para subsistir dignamente, pero que queda fuera de las posibilidades que tiene el individuo de prove閞selo por s� mismo. Es decir, los poderes p鷅licos est醤 obligados a satisfacer las necesidades culturales de la sociedad. Por lo tanto, el patrimonio hist髍ico entra dentro del campo de los derechos fundamentales del ciudadano recogidos por la Constituci髇, y la acci髇 de tutela sobre el patrimonio hist髍ico se manifiesta como tuteladora de la libertad de todos los ciudadanos.

Como principio del estado democr醫ico, la Constituci髇 consagra el principio de la participaci髇 ciudadana en la vida social, con menci髇 expresa al 醡bito de la cultura, siendo los poderes p鷅licos un elemento activo y din醡ico para la consecuci髇 de este fin.

La Comunidad de Madrid, mediante la presente Ley, pretende adecuar a la realidad de la regi髇 de Madrid y a sus necesidades en materia de patrimonio hist髍ico la normativa legal por la que se regir� la defensa, protecci髇 conservaci髇 y sanciones contra las agresiones que puede sufrir.

Para la protecci髇 del legado cultural la Comunidad de Madrid no s髄o ha de desarrollar la infraestructura administrativa m醩 adecuada, sino los medios materiales imprescindibles.

La aplicaci髇 en la Comunidad de Madrid del 1 por 100 cultural ser� una ayuda importante que habr� de vincularse a la voluntad pol韙ica de salvaguardar el patrimonio y a una mayor sensibilizaci髇 ciudadana respecto al mismo.

Todos los esfuerzos destinados a extender el acceso y conocimiento de los bienes que integran el patrimonio por la colectividad tendr醤 como consecuencia el que las generaciones venideras puedan disfrutarlo. Constituye un deber inexcusable de las Administraciones P鷅lica transmitir, acrecent醤dolo, en la medida de lo posible, el patrimonio recibido.

No hay que perder de vista igualmente que el patrimonio radicado en la Comunidad de Madrid tambi閚 lo es de cada uno de los municipios que la integran y es una parte de patrimonio hist髍ico espa駉l. La coordinaci髇 con el resto de las Administraciones P鷅licas en presencia es de una capital importancia.

2

En el sentido expresado anteriormente, la definici髇 del objeto de la Ley ha querido hacerse desde una perspectiva que haga referencia a la condici髇 de depositaria de la Comunidad de Madrid de una seria de bienes que por su naturaleza se considera que deben ser protegidos, pero que pertenecen al acervo de una comunidad m醩 amplia, en primer lugar, la espa駉la, pero tambi閚 la europea y el resto de los pueblos. Corresponde a la Comunidad de Madrid preservarlos para sus propios ciudadanos, pero tambi閚 para los dem醩.

La interrelaci髇 con la legislaci髇 estatal ha de ser necesariamente estrecha, y por ello se ha tomado como referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, y se ha huido en lo posible de la utilizaci髇 de nomenclaturas diversas para expresar la misma realidad protegida.

La colaboraci髇 con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se ha considerado desde dos puntos de vista, el que se recoge en las disposiciones generales como deber gen閞ico que obliga a todas las Administraciones P鷅licas, y mediante la atribuci髇 de competencias a los municipios para un m醩 eficaz control de la protecci髇 del patrimonio hist髍ico radicado en su t閞mino, incluyendo la potestad sancionadora.

En el marco de la colaboraci髇 general de los particulares se recoge la acci髇 p鷅lica en materia de protecci髇 del patrimonio hist髍ico que puede ser ejercitada por cualquier ciudadano que tuviera conocimiento de actuaciones en contra de lo establecido por la presente Ley.

Se ha huido de la proliferaci髇 de organismos, cuya suma de intervenciones con demasiada frecuencia ralentiza los procedimientos de protecci髇, cre醤dose dos que se han considerado imprescindibles, como son el Consejo Regional de Patrimonio Cultural, como 髍gano asesor y consultivo de la Comunidad de Madrid en materia de protecci髇 de su patrimonio hist髍ico, e Hist髍ico, adscrito a la Consejer韆 de Educaci髇 y Cultura, y, por otra parte, el Instituto de Restauraci髇 de Bienes Culturales, adscrito a la Consejer韆 de Educaci髇 y Cultura, bajo la dependencia de la Direcci髇 General de Patrimonio Cultural, que centralizar� las actuaciones de mantenimiento, conservaci髇 y restauraci髇 de los bienes integrantes del patrimonio hist髍ico de la Comunidad de Madrid.

De los propietarios y poseedores de bienes objeto de la Ley se requiere un especial deber de conservaci髇 de los mismos, que vendr� concretado para cada uno de los reg韒enes jur韉icos de protecci髇 establecidos en la Ley.

Se ha conservado la figura de protecci髇 establecida por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, de 獴ien de Inter閟 Cultural�; as� ser醤 declarados los bienes culturales m醩 destacados del patrimonio hist髍ico en la Comunidad de Madrid, y dentro de la misma, en aras de esa necesaria claridad y econom韆, las categor韆s de Monumento, Conjunto, Jard韓 y Sitio Hist髍icos, as� como la Zona Arqueol骻ica. Unicamente se han introducido dos categor韆s nuevas: Lugar de Inter閟 Etnogr醘ico y Zona Paleontol骻ica, ya que aunque podr韆 interpretarse que est醤 incluidas en alguna de las antes citadas, parece m醩 adecuado dotarlas de singularidad por cuanto en nuestra Comunidad se dan concretos ejemplos de estas categor韆s.

Se ha introducido una figura intermedia de protecci髇, la de bien incluido en el Inventario, para aquellos que, sin tener el valor excepcional de los anteriores, posean especial significaci髇 e importancia que les hagan acreedores de un r間imen de protecci髇 superior al del resto de los bienes culturales. Se agiliza el procedimiento respecto del de declaraci髇 de 獴ien de Inter閟 Cultural�, pero se mantiene el necesario control sobre los avatares de dichos bienes a trav閟 del Inventario.

As� como resulta imprescindible para una mejor protecci髇 y seguridad jur韉ica la correcta definici髇 del bien protegido y los elementos que lo componen, tambi閚 el entorno de dichos bienes ha de ser concretamente definido y delimitado, ya que constituye aquello que los valoriza y cuya ausencia los empobrece, por lo que la resoluci髇 de declaraci髇 o de inclusi髇 en el Inventario debe recoger necesariamente dicho entorno.

A pesar de la dificultad que entra馻 muchas veces adaptar la protecci髇 del patrimonio hist髍ico a la din醡ica del desarrollo urban韘tico, se ha tratado de vincular ambas mediante la utilizaci髇 de los instrumentos ya previstos en la legislaci髇 sobre el r間imen del suelo y la ordenaci髇 urbana, dando entrada a la administraci髇 cultural sin forzar por ello las competencias establecidas en materia urban韘tica. Unicamente se dota de singularidad a la figura de los Planes Directores de Monumentos, pero al tratarse de bienes concretos y perfectamente delimitados resulta menor la incidencia de su regulaci髇 sobre el planeamiento.

La naturaleza de los bienes muebles, hace m醩 dif韈il su control y por ende su protecci髇. Por ello se ha acudido a la creaci髇 de un Registro de empresas y empresarios dedicados al comercio de bienes culturales muebles, y se establece la obligaci髇 de la existencia de Libros-Registro en sus establecimientos comerciales. En esta materia se hace, m醩 que en ninguna otra, necesaria la colaboraci髇 entre las diversas Administraciones P鷅licas y el apoyo a la Administraci髇 General del Estado en su labor de vigilancia sobre las exportaciones.

La dificultad expuesta anteriormente se muestra con toda claridad en la protecci髇 del patrimonio arqueol骻ico, pues en muchas ocasiones no es posible la determinaci髇 de la ubicaci髇 de los yacimientos. Por ello se establecen 獳mbitos�, donde estas posibilidades est醤 de alguna forma contrastadas y se requiere la autorizaci髇 de la administraci髇 cultural y la realizaci髇 de prospecciones o excavaciones previas a la realizaci髇 de cualquier tipo de obra.

3

Las medidas de fomento van encaminadas a facilitar el deber de conservaci髇 por los poseedores y propietarios de los bienes culturales en sus diferentes reg韒enes de protecci髇, mediante ayudas directas o beneficios fiscales.

Todas estas medidas requieren los necesarios fondos p鷅licos para atenderlas. Se ha considerado que el establecimiento de un porcentaje de un 1 por 100 sobre los proyectos de obras que se realicen por la Administraci髇 de la Comunidad de Madrid, as� como por sus organismos aut髇omos, resulta esencial para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Por otra parte, la experiencia demuestra que, muchas veces, la falta de informaci髇 es el peor enemigo de cualquier pol韙ica de protecci髇 del patrimonio hist髍ico por lo que se establece un deber de asesoramiento por la Consejer韆 de Educaci髇 y Cultura, a trav閟 de la Direcci髇 General de Patrimonio Cultural, tanto a Ayuntamientos como a particulares.

Se han regulado las medidas tendentes al restablecimiento de la legalidad infringida, que han de ser necesariamente m醩 醙iles y r醦idas para evitar que sigan produci閚dose, en su caso, los resultados da駉sos, introduciendo la multa coercitiva, como elemento que refuerce la actuaci髇 de la Administraci髇 que, en ocasiones, se encuentra sin medios personales o materiales para llevar a cabo la material paralizaci髇 de las actuaciones il韈itas.

El r間imen sancionador, claramente diferenciado de las medidas anteriores, cierra el articulado de la Ley.