Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garant韆 de Ingresos y para la Inclusi髇 Social

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Sumario

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente ley

Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garant韆 de Ingresos y para la Inclusi髇 Social

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El marco jur韉ico vigente en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi en materia de garant韆 de ingresos y de inclusi髇 social viene determinado, en la actualidad, por la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales -modificada por la Ley 4/2007, de 22 de junio- y, todav韆 en gran medida tambi閚, dada la inexistencia de desarrollos normativos de aqu閘la, por la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusi髇 Social -modificada por la Ley 8/2000 y la Ley 9/2000, ambas de 10 de noviembre, y por la Ley 4/2003, de 25 de junio, y por la ya mencionada Ley 4/2007, de 22 de junio-, as� como por sus normas de desarrollo, en particular el Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el ingreso m韓imo de inserci髇, el Decreto 199/1999, de 20 de abril, por el que se regulan las ayudas de emergencia social, el Decreto 1/2000, de 11 de enero, por el que se regulan los convenios de inserci髇, y la Orden de 14 de febrero de 2001, por la que se establecen los Est韒ulos al Empleo de los Titulares de la Renta B醩ica y de los beneficiarios de las ayudas de emergencia social.

Este amplio cuerpo normativo, desarrollado a partir de 1998 sobre la base de los avances experimentados en la Comunidad Aut髇oma desde que se pusiera en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en 1989, ha tenido por principal objetivo la lucha contra la exclusi髇 social que, a finales de la d閏ada de los 90, se hab韆 convertido dada la naturaleza estructural del fen髆eno, su car醕ter multidimensional y el proceso de dualizaci髇 social que representa, y dada, sobre todo, su creciente amplitud, en uno de los retos esenciales de las sociedades occidentales. Las administraciones p鷅licas vascas se alertaron, conscientes de que no se trataba de hacer frente 鷑icamente a un fen髆eno de pobreza y precariedad en su formulaci髇 m醩 cl醩ica -por mucho que estos fueran sus signos m醩 visibles-, sino a una realidad m醩 compleja que, retomando la exposici髇 de motivos de la Ley de 1998, se defin韆 como 玪a imposibilidad o la incapacidad de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero tambi閚 el acceso a la educaci髇, a la formaci髇, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna, a la protecci髇 social�. Aquel texto incid韆 ya, en l韓ea con las propuestas europeas, en el papel del trabajo como elemento de inclusi髇 al indicar que, en gran medida, la ruptura del v韓culo existente entre el individuo y la sociedad se deriva de su no participaci髇 en el proceso productivo y al afirmar que 玡n nuestra sociedad moderna, el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que 閟ta los adquiera respecto al individuo. As� entendido, el derecho al trabajo se convierte en condici髇 sine qua non de la plena ciudadan韆 y adquiere todo su significado como derecho pol韙ico. La no participaci髇 o la participaci髇 residual en el mercado de trabajo determinan, casi necesariamente, el inicio de un proceso de exclusi髇 con consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos sociales�.

Desde esta visi髇, se afianzaron algunos de los elementos b醩icos del dispositivo de lucha contra la exclusi髇 social y se estableci� el marco para el desarrollo paulatino de su cobertura, centrando los esfuerzos en dos l韓eas complementarias de actuaci髇: por un lado, iniciar y encauzar el largo proceso de transformaciones estructurales indispensables para la progresiva erradicaci髇 del fen髆eno -en particular, los esfuerzos desarrollados por las pol韙icas de empleo y, m醩 concretamente, por las iniciativas de lucha contra el paro, las pol韙icas de fomento de la formaci髇 profesional tendentes a adecuar el nivel y el tipo de formaci髇 a las necesidades del mercado de trabajo, las pol韙icas de incremento de las viviendas sociales, las acciones de integraci髇 escolar y el considerable reforzamiento de las prestaciones de protecci髇 social- y, por otro, paliar a corto plazo las graves consecuencias sociales de los procesos y de las situaciones de exclusi髇, garantizando a los grupos m醩 desfavorecidos el acceso a un nivel de vida que les permitiera cubrir sus necesidades materiales b醩icas.

Si bien esta formulaci髇 sigue siendo de actualidad, el contexto para su aplicaci髇 ha cambiado sustancialmente, en buena medida gracias al efecto combinado de las l韓eas de acci髇 ya mencionadas, observ醤dose tanto una clara evoluci髇 de las necesidades sociales como la aparici髇 de nuevas realidades:

• • Un elemento esencial de esa evoluci髇 ha venido dado por los fundamentales cambios observados en el contexto socioecon髆ico de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi: una reducci髇 de las tasas de desempleo e, igualmente, un espectacular crecimiento de las tasas de ocupaci髇, que nos han permitido alcanzar una situaci髇, pr醕ticamente, de pleno empleo en un contexto de bonanza de la econom韆 mundial; un fort韘imo incremento en el precio de la vivienda, tanto en r間imen de alquiler como de propiedad, que ha determinado que la vivienda se convierta en uno de los principales problemas de las familias vascas; un muy notable incremento del n鷐ero de personas inmigrantes empadronadas en el territorio auton髆ico, que constituyen, tras las familias monoparentales, el segundo grupo en tama駉 dentro del colectivo de personas en situaci髇 de riesgo de pobreza.
• • Un segundo elemento, no menos importante, viene dado por la evoluci髇 observada en los datos directamente referidos a las situaciones de precariedad y pobreza. Los datos reflejan una evoluci髇 favorable, a largo plazo, de las tasas de pobreza, si bien dentro de una tendencia a la estabilizaci髇. La problem醫ica principal corresponde a quienes padecen una situaci髇 de riesgo de pobreza de mantenimiento, cuya soluci髇 depende de una mejora en los niveles de renta y que, en principio, puede verse resuelta con el acceso a un empleo normalizado o un ajuste suficiente de la pol韙ica de prestaciones sociales. Se observa, asimismo, una reducci髇 de las tasas de pobreza muy severa, aunque, simult醤eamente, un empeoramiento de las condiciones de vida de la poblaci髇 en situaci髇 menos favorecida.

Gran parte de la problem醫ica observada se asocia a la profunda transformaci髇 experimentada, en los 鷏timos a駉s, por el perfil de la pobreza como consecuencia del impacto de tres factores: la problem醫ica econ髆ica creciente de las familias monoparentales, la inmigraci髇 y el acceso a una vida independiente de personas j髒enes sin ocupaci髇 estable.

Por lo que se refiere a los procesos de inclusi髇, los datos apuntan tambi閚 hacia una evoluci髇 favorable. Los estudios de seguimiento realizados con grupos de personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social ponen de manifiesto que se produce entre estas personas un avance lento pero constante hacia la inclusi髇.

En t閞minos generales, y aunque el balance es positivo y puede afirmarse que, indudablemente, la contenci髇 en las tasas de pobreza y la ca韉a observada en los datos referidos a sus formas m醩 graves son resultado de unas pol韙icas p鷅licas que han recibido un nuevo impulso en los 鷏timos a駉s y que permiten prevenir con eficacia las formas m醩 extremas del fen髆eno, el sistema debe garantizar su fortaleza en las situaciones de crisis, que son las que m醩 afectan al bienestar de las ciudadanas y de los ciudadanos. Con todo, es necesario, para reorientar los esfuerzos de las pol韙icas p鷅licas, tener presentes ciertas tendencias que son las que determinan las caracter韘ticas cualitativas de esta evoluci髇:

• • Feminizaci髇 de la pobreza y monoparentalidad. La incidencia de alguna forma de pobreza es m醩 de cinco veces superior en las unidades familiares dependientes de una mujer y se observa que ha crecido ligeramente en los 鷏timos a駉s. Tambi閚 se produce un aumento importante en la incidencia de las diferentes formas de riesgo de pobreza entre las familias monoparentales; son precisamente estas familias, sobre todo cuando est醤 encabezadas por mujeres, las que registran, respecto a las dem醩, tasas particularmente elevadas de desempleo, precarizaci髇 laboral, carencia de ingresos por parte de las personas de referencia, problemas graves de vivienda y problemas graves relacionados con la escasez de ingresos.
• • Concentraci髇 territorial de la pobreza. Se observa, desde el a駉 2000, un proceso de urbanizaci髇 de la pobreza y, sobre todo, de concentraci髇 de las situaciones de riesgo en las comarcas correspondientes a las tres capitales vascas.
• • Pobreza encubierta y dificultades para la emancipaci髇. La emancipaci髇 de las personas j髒enes se est� viendo fuertemente frenada por problemas econ髆icos, configur醤dose el acceso a la vivienda como el principal obst醕ulo para la constituci髇 de un hogar independiente.
• • Pobreza asociada a bajos niveles salariales. Si bien la Comunidad Aut髇oma de Euskadi es una de las Comunidades Aut髇omas con salarios medios m醩 elevados, y de las que registran una menor desigualdad salarial, los datos indican que las personas ocupadas con bajos salarios se constituyen en el principal grupo entre quienes no disponen de recursos suficientes para acceder a los niveles m韓imos de bienestar esperados en la Comunidad Aut髇oma de Euskadi. En este sentido, puede decirse que el origen de la mayor parte de los problemas de pobreza y de ausencia de bienestar se asocian a la precariedad laboral, manifestada no s髄o en las altas tasas de inestabilidad en el empleo sino tambi閚 en la existencia de un n鷆leo importante de bajos salarios.

II

Esta evoluci髇 de la realidad aconseja proceder a una reformulaci髇 del modelo con dos objetivos generales: por un lado, dotarlo de los medios m醩 id髇eos para aportar respuestas mejor adaptadas a las nuevas necesidades y, por otro, corregir algunas disfunciones observadas en la implementaci髇 de algunos de los dispositivos existentes. Con este doble enfoque, el legislador pretende alcanzar los siguientes objetivos espec韋icos:

• • Dar carta de naturaleza al Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social como un sistema aut髇omo, que se constituye en un todo coherente e integrado, susceptible de diferentes f髍mulas de gesti髇 que, si bien en la actualidad se incardinan en los servicios sociales y en los servicios de empleo, en el futuro, si se estimara pertinente, podr韆n enmarcarse, total o parcialmente, en otros 醡bitos de actuaci髇.
• • Establecer las bases conceptuales, estructurales y organizativas del modelo, m醩 id髇eas para garantizar, por su propia naturaleza, el ejercicio de los derechos, y susceptibles, por su dise駉 y flexibilidad, de facilitar, atendiendo a las disponibilidades, el aumento progresivo de la cobertura mediante la aplicaci髇 combinada de los diferentes instrumentos del sistema, en un avance paulatino hacia su mayor universalizaci髇.
• • Responder con soluciones espec韋icas a una situaci髇 crecientemente observada, a saber, el hecho de que la prestaci髇 se conceda, cada vez m醩, como una ayuda orientada a complementar un bajo nivel de ingresos y tenga por destinatarias a personas cuyas dificultades son de naturaleza exclusivamente econ髆ica y no precisan, por tanto, de apoyos especializados para la inclusi髇. Esta evoluci髇 de la poblaci髇 beneficiaria se deriva principalmente del efecto combinado de tres factores: por un lado, la precarizaci髇 del mercado laboral y el aumento del n鷐ero de puestos de trabajo de bajo nivel salarial; por otro, el aumento del umbral econ髆ico de acceso a la prestaci髇, que abre la puerta a unidades familiares con cierto nivel de ingresos propios; y, por 鷏timo, la eliminaci髇 de la edad m醲ima de acceso que determina la incorporaci髇 de personas que, aunque son pensionistas, sus ingresos y condiciones no les permiten llevar una vida digna. Tales cambios apuntan hacia la posibilidad y la conveniencia de dise馻r y articular diferentes modalidades de prestaci髇 y, en concreto, de prever modalidades espec韋icamente destinadas a complementar los ingresos propios, en funci髇 de la procedencia de estos -rentas de trabajo o pensiones-, de gesti髇 m醩 醙il, que tendr韆n la virtud de descargar en cierta medida a los y las profesionales de los servicios sociales de base, y les permitir韆 concentrar sus esfuerzos en los colectivos m醩 necesitados de acompa馻miento social para la inclusi髇.
• • Poner los medios para garantizar la igualdad de trato a toda la ciudadan韆 mediante una implementaci髇 homog閚ea de los diferentes dispositivos de garant韆 de ingresos e inclusi髇 social en el conjunto del territorio auton髆ico, superando as� algunas diferencias de cobertura observadas en la actualidad, y s髄o en parte justificadas por una mayor incidencia de las situaciones de pobreza o de desempleo en cada uno de los territorios hist髍icos.
• • Articular un sistema estable de prestaciones econ髆icas complementarias que permita afrontar los gastos estructurales relacionados con la vivienda a las personas beneficiarias de rentas de garant韆 de ingresos, lo que, a su vez, har� posible una reorientaci髇 de las ayudas de emergencia social hacia la cobertura de gastos extraordinarios, aportando as� una respuesta estable, aunque transitoria, a un problema de naturaleza estructural, hasta que puedan ser susceptibles de un abordaje m醩 integral desde una pol韙ica p鷅lica de vivienda, estrechamente vinculada a objetivos de protecci髇 social.
• • Implantar un modelo que, considerando el empleo como la mejor v韆 de inclusi髇, consiga hacer atractiva la incorporaci髇 al mercado laboral incluso para acceder a un empleo de bajo nivel salarial, en cumplimiento, por otra parte, de las directrices que en materia de cohesi髇 social y acceso al mercado de trabajo se derivan de la Estrategia Europea de Empleo.
• • Favorecer el desarrollo de los servicios especializados orientados a la inclusi髇 social y la coordinaci髇 de los diferentes agentes que intervienen en este campo, caracterizado, m醩 si cabe que otros 醡bitos del bienestar social, por la dispersi髇 y la diversidad.

III

La Ley Org醤ica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonom韆 para el Pa韘 Vasco, establece, con car醕ter general, en su art韈ulo 9, que los poderes p鷅licos vascos, en el 醡bito de sus competencias, adoptar醤 aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obst醕ulos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, y reserva a la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, en el art韈ulo 10, la competencia exclusiva en el 醡bito de la asistencia social, en virtud del art韈ulo 148.1.20 del texto constitucional.

Al amparo de estas competencias, el Parlamento Vasco aprob� la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusi髇 Social, con el objeto de regular, en su 醡bito territorial de actuaci髇, las prestaciones econ髆icas y los instrumentos de car醕ter social que resultaran necesarios para prevenir el riesgo de exclusi髇 personal, social y laboral, as� como para contribuir a la inclusi髇 de quienes carecieran de los recursos personales, sociales o econ髆icos suficientes para desarrollar una vida independiente. En fechas m醩 recientes, el legislativo auton髆ico, con el fin de avanzar hacia la progresiva universalizaci髇 del sistema y de garantizar una mejor respuesta de las pol韙icas p鷅licas a la evoluci髇 de las necesidades sociales, aprob� la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, que supuso la incorporaci髇 de la denominada renta b醩ica al modelo vasco de protecci髇.

Al amparo de las mismas competencias que han permitido la estructuraci髇 y el afianzamiento de ese marco jur韉ico, el legislador pretende, con la presente ley, reordenar el conjunto de dispositivos vigentes y mejorar su articulaci髇, a la vez que completarlo, adapt醤dolo a los cambios observados en la naturaleza de las necesidades y a la evoluci髇 de la realidad social.

Se da as� satisfacci髇 al mandato del Parlamento Vasco que, en su sesi髇 de 23 de febrero de 2006, aprob� una resoluci髇 en la que instaba al Gobierno Vasco a la revisi髇 del marco legal conformado por la Ley contra la Exclusi髇 Social y la Carta de Derechos Sociales, a trav閟 de la readecuaci髇 normativa del objeto y contenido de ambas normas. Este mandato del legislativo vasco se vio reafirmado por su Comisi髇 de Trabajo y Acci髇 Social, en sesi髇 celebrada el 26 de noviembre de 2007, tras el debate sobre el II Plan Interinstitucional de Inclusi髇 Social (2007-2009).

Con la nueva formulaci髇 contenida en la presente ley, adem醩 de dar carta de naturaleza al Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social, se incorporan dos innovaciones esenciales en su estructuraci髇:

• • La primera de ellas viene dada por la articulaci髇 de la renta de garant韆 de ingresos en dos modalidades diferenciadas en funci髇 de dos criterios b醩icos: por un lado la existencia o no de ingresos procedentes del trabajo en la unidad de convivencia y, por otro, el tipo de vinculaci髇 de cada una de las modalidades al convenio de inclusi髇. As�, existir醤:
  • - Por una parte, la renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social, que se dirigir�, fundamentalmente, a las personas y unidades convivenciales que carecen de recursos econ髆icos propios procedentes de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social. Esta prestaci髇 ir� acompa馻da de la aplicaci髇 de apoyos espec韋icos orientados a la inclusi髇 social y/o laboral en el marco de un convenio de inclusi髇 salvo que el servicio social correspondiente, tras realizar el diagn髎tico de necesidades, estime lo contrario. La renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social alcanzar� el nivel del salario m韓imo interprofesional cuando la unidad de convivencia est� configurada por pensionistas cuyos ingresos y condiciones no les permitan llevar una vida digna por no alcanzar dicho nivel y que no sean laboralmente insertables en ese momento.
  • - Y, por otra parte, la renta complementaria de ingresos de trabajo, destinada a personas que disponen de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social. Esta prestaci髇 estar� asociada a la aplicaci髇 de apoyos espec韋icos orientados a la mejora de su situaci髇 laboral mediante la intervenci髇 de los servicios de empleo, as� como, cuando el servicio social lo estime adecuado o necesario, a la aplicaci髇 de otros apoyos orientados a la inclusi髇 social.

  La articulaci髇 de las dos modalidades de renta de garant韆 de ingresos -que, en s� misma, no supone la integraci髇 de nuevas prestaciones sino la ordenaci髇 y clarificaci髇 de un conjunto de situaciones muy diversas hasta la fecha abordadas de forma indiferenciada en el marco de la renta b醩ica- tiene por principal finalidad garantizar una mayor agilidad en la gesti髇 del sistema.

• • Un segundo elemento innovador viene dado por la introducci髇 de la prestaci髇 complementaria de vivienda, cuya finalidad es facilitar a las personas m醩 necesitadas -es decir, a las titulares de la renta de garant韆 de ingresos- el acceso a la vivienda. Esta prestaci髇 pasa as� a dar cobertura a buena parte de las necesidades cubiertas hasta la fecha por las ayudas de emergencia social, con la sustancial diferencia de que se constituye en un derecho; su introducci髇 tendr�, adem醩, la virtualidad de devolver a las ayudas de emergencia social su car醕ter extraordinario.

Dado el car醕ter protector asistencial de la renta de garant韆 de ingresos, su regulaci髇 e implementaci髇 se ampara en la competencia de asistencia social de la Comunidad Aut髇oma, en la medida en que todas las situaciones a las que da cobertura tienen en com鷑 la insuficiencia del nivel de ingresos de la unidad de convivencia a la que va destinada, independientemente de que disponga o no de alg鷑 tipo de ingreso y, cuando as� sea, independientemente de la procedencia de dichos ingresos. La finalidad de la renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social, por lo que se refiere a unidades de convivencia constituidas por titulares de pensiones junto con otras personas a su cargo, no es complementar las pensiones, sino prestar una ayuda espec韋ica y asistencial orientada a paliar su insuficiencia de ingresos. Del mismo modo, en el caso de la renta complementaria de ingresos de trabajo, su finalidad 鷏tima no es actuar como plus salarial o como subsidio de desempleo, sino conceder una ayuda espec韋ica y asistencial orientada a paliar la insuficiencia de ingresos, que en esos casos se derivan de un nivel salarial bajo.

Por lo que se refiere a la prestaci髇 complementaria de vivienda, amparada, en la actualidad, en las competencias de asistencia social, esta prestaci髇 s髄o permanecer� integrada en el Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social en tanto no se articulen, en el marco de la pol韙ica p鷅lica de vivienda, medidas an醠ogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda de los colectivos m醩 vulnerables y desfavorecidos.

Un 鷏timo elemento destacable en relaci髇 con el marco competencial es el hecho fundamental de que tanto la renta de garant韆 de ingresos como la prestaci髇 complementaria de vivienda se configuran como prestaciones subsidiarias y, en su caso, complementarias de todo tipo de recursos y prestaciones de contenido econ髆ico previstas en la legislaci髇 vigente que pudiera corresponder a la persona titular o a cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia. En otros t閞minos, estas prestaciones constituyen la 鷏tima red de protecci髇 y, en consecuencia, no podr醤 ser complementadas por otras prestaciones o ayudas. As� lo ordenaba el Parlamento Vasco cuando el Pleno de la C醡ara, en sesi髇 celebrada el 23 de noviembre de 2005, manifest� 玵ue la renta b醩ica es competencia del Gobierno Vasco, por lo que su financiaci髇 deber� en todos los casos asignarse al mismo, evitando que se produzcan adjudicaciones complementarias a estos ingresos procedentes de otras instituciones, que s髄o conducen a una desigualdad en el trato de los ciudadanos que tienen derecho a esa prestaci髇 en la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco�. Con esta ley se pretende consensuar un pacto social que garantice la redistribuci髇 de las rentas, d� coherencia a las diversas prestaciones y evite que, en funci髇 de coyunturas locales o territoriales particulares, se den pasos que generen desigualdad.

IV

Por lo que se refiere a su estructura y contenidos, el primero de sus siete t韙ulos, dedicado a las disposiciones generales, define los elementos esenciales del sistema:

• • Comienza con la definici髇 de su objeto, consistente en la regulaci髇 del Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social y, en su marco, la regulaci髇 del derecho a las prestaciones econ髆icas y a los instrumentos orientados a prevenir el riesgo de exclusi髇, a paliar situaciones de exclusi髇 personal, social y laboral y a facilitar la inclusi髇 de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o econ髆icos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadan韆.
• • Presenta a continuaci髇 sus objetivos fundamentales: por un lado, constituir el Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social como sistema aut髇omo en cuya gesti髇 colaboran los servicios sociales y especialmente los servicios de empleo, as� como servicios integrados en otros 醡bitos p鷅licos de actuaci髇; por otro, establecer los principios de funcionamiento y las bases estructurales de dicho sistema con vistas al progresivo aumento de su cobertura; por 鷏timo, garantizar el acceso de la ciudadan韆 a las prestaciones econ髆icas y a los instrumentos de inclusi髇 integrados en el Sistema con arreglo a criterios de igualdad y equidad, articulando los medios orientados a corregir las variaciones territoriales observadas en la actualidad.
• • El art韈ulo 3, referido a los principios b醩icos y rectores del Sistema, constituye un elemento clave de su estructura, en la medida en que explicita su fundamento filos骹ico y conceptual y sus orientaciones b醩icas. Adem醩 de retomar algunos de los principios ya afianzados en nuestro 醡bito -como son la responsabilidad p鷅lica, la universalidad, la transversalidad de las pol韙icas para la inclusi髇 social, la solidaridad, la igualdad y la equidad en el acceso y en la aplicaci髇 de servicios y prestaciones, la atenci髇 personalizada e integral, la continuidad de la atenci髇, la calidad y la optimizaci髇 de los recursos, la coordinaci髇 e implicaci髇 de todas las administraciones p鷅licas vascas, la participaci髇 e integraci髇 de la perspectiva de g閚ero, as� como la prioridad a la inclusi髇 laboral femenina-, el texto incide en algunos principios novedosos y muy determinantes de la naturaleza del modelo:
  • - Consolidaci髇 del principio de doble derecho. El principio de doble derecho reconoce tanto el derecho a disponer de medios econ髆icos para hacer frente a las necesidades b醩icas de la vida, cuando no puedan obtenerse en cuant韆 suficiente del empleo o de los diversos reg韒enes de protecci髇 y asistencia social, como el derecho a recibir apoyos personalizados para la inclusi髇 laboral y social, mediante la participaci髇 obligada en un convenio de inclusi髇, poni閚dose as� en pr醕tica el principio de reciprocidad entre la Administraci髇 y el ciudadano o la ciudadana en situaci髇 de exclusi髇, en la l韓ea marcada por las recomendaciones europeas de Lisboa, Niza y Aalborg, que vinculan estrechamente las prestaciones econ髆icas de renta b醩ica y el derecho al trabajo.

    El modelo de doble derecho establece as� una nueva relaci髇 entre prestaci髇 econ髆ica y actividades de inclusi髇, reconociendo la existencia de dos l骻icas diferenciadas. La diferenciaci髇 de ambos derechos implica la asunci髇 de que el derecho a la prestaci髇 econ髆ica se extiende a las personas que presentan 鷑ica y exclusivamente una problem醫ica relacionada con la insuficiencia de sus recursos econ髆icos y que, por razones ajenas a su voluntad, no alcanzan un nivel m韓imo de ingresos, aun cuando no presenten una situaci髇 de exclusi髇 social y no precisen, por tanto, de apoyos para la inclusi髇.

  • - Centralidad del empleo como herramienta de inclusi髇 social. El modelo se basa en el reconocimiento del papel del empleo como herramienta b醩ica para la inclusi髇 en nuestra sociedad, y en la necesidad de reducir tanto las tasas de desempleo que se registran entre los grupos m醩 desfavorecidos como las elevadas tasas de inactividad de determinados colectivos. Por ello, y sin perjuicio del necesario reconocimiento de que para algunas personas el objetivo de la inclusi髇 laboral es muy remoto -y de que esas personas son merecedoras de los servicios y prestaciones oportunas-, subyace a la regulaci髇 el objetivo general de facilitar la incorporaci髇 al mercado de trabajo del mayor n鷐ero posible de personas y, en coherencia con ese objetivo, de devolver al mercado de trabajo su capacidad como factor de inclusi髇 social.
  • - Activaci髇 de las pol韙icas sociales y rentabilizaci髇 del empleo. Las pol韙icas sociales aplicadas en la CAE -y en particular las pol韙icas contra la exclusi髇 social- han asumido desde su creaci髇 el reto de la activaci髇, como pone de manifiesto el reconocimiento de un derecho espec韋ico a recibir de la Administraci髇 los apoyos necesarios para la inclusi髇 sociolaboral.

  Junto a las medidas tradicionales de activaci髇 aplicadas en nuestro entorno en los 鷏timos a駉s -formaci髇, orientaci髇 e intermediaci髇, empleo social protegido, ayudas a la contrataci髇, por citar las m醩 rese馻bles- y, en el marco de este objetivo de activaci髇 de las pol韙icas asistenciales, han recibido notable atenci髇 las pol韙icas dirigidas a convertir la inclusi髇 laboral en una opci髇 atractiva o rentable tanto para las personas perceptoras de rentas m韓imas como para las personas inactivas. Puede decirse incluso que el desarrollo de estas pol韙icas constituye la principal novedad en el desarrollo de las pol韙icas sociales de los pa韘es occidentales en los 鷏timos a駉s -como confirma el hecho de que desde 2003, en el marco de las pol韙icas europeas para el empleo, el Consejo de la UE recomiende la introducci髇 de incentivos fiscales y financieros para que el trabajo sea m醩 atractivo- y que implica un cambio de paradigma, pasando del 玾elfare to work� al 玾elfare in work�, a trav閟 del desarrollo de prestaciones econ髆icas vinculadas a la participaci髇 laboral -玦n work benefits�-.

  El desarrollo de estas pol韙icas puede tener un impacto positivo en t閞minos de estimulaci髇 de la inclusi髇 laboral y, sobre todo, en t閞minos de redistribuci髇 de la renta y de protecci髇 de las y los trabajadores con bajos salarios, devolviendo as� al empleo su capacidad como mecanismo de protecci髇 frente a la pobreza y como herramienta privilegiada para la integraci髇 social.

  El desarrollo de estas medidas parece particularmente apropiado en un contexto como el vasco, en el que la cada vez menor diferencia existente entre la cuant韆 de la renta b醩ica y el salario m韓imo interprofesional podr韆 tender a generar distorsiones en la demanda de estas prestaciones y en el funcionamiento del mercado de trabajo. La vinculaci髇 de este tipo de ayudas a la ocupaci髇 de puestos de trabajo en la econom韆 formal podr韆 adem醩 contribuir a aflorar parte del empleo no declarado.

• • Establecidos los principios rectores, la ley enmarca el Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social en el modelo de atenci髇 personalizada y de proximidad, propio del enfoque comunitario de la atenci髇, y define los componentes b醩icos del Sistema, a saber, las prestaciones econ髆icas, que incluyen prestaciones econ髆icas de derecho y ayudas econ髆icas subvencionales, y los instrumentos orientados a la inclusi髇 social y laboral, que incluyen, por un lado, el convenio de inclusi髇 como dispositivo b醩ico de articulaci髇 del conjunto de acciones de diferente naturaleza y, por otro, las medidas espec韋icas de intervenci髇, ya sean programas, servicios o centros, organizados por los diferentes 醡bitos de la protecci髇 social, en particular por los servicios sociales, los servicios de empleo, los servicios de salud y los servicios de vivienda, susceptibles de aplicarse, de forma combinada, en el marco de un convenio de inclusi髇.
• • Las disposiciones generales concluyen con la regulaci髇 de dos elementos clave en el acceso al ejercicio del derecho: por un lado, la delimitaci髇 de lo que, en el marco de esta ley, debe entenderse por vivienda o alojamiento y, por otro, la unidad de convivencia.

  La unidad de convivencia constituye, l骻icamente, uno de los componentes esenciales del modelo, en la medida en que su definici髇 es determinante del grado de cobertura de cada una de las prestaciones. Su nueva delimitaci髇 pretende dar respuesta a situaciones particulares que han causado importantes dificultades a lo largo de la aplicaci髇 de la normativa anteriormente vigente, y lo hace mediante dos elementos de innovaci髇 complementarios:

  • - Por un lado, se propone una modificaci髇 que supone un claro avance hacia la universalizaci髇 del modelo, consistente b醩icamente en considerar unidades convivenciales a las personas titulares de pensiones contributivas y no contributivas, junto con las personas que dependan econ髆icamente de ellas.
  • - Por otro, se propone establecer elementos que permitan controlar el acceso a la prestaci髇 de personas que aparentan el cumplimiento formal de los requisitos exigidos para la constituci髇 de una unidad de convivencia sin cumplirlos realmente.

El t韙ulo II se dedica a la regulaci髇 de las prestaciones econ髆icas y se divide en cinco cap韙ulos centrados, respectivamente, en las caracter韘ticas de cada una de las prestaciones econ髆icas, en la determinaci髇 del nivel de recursos, en el r間imen econ髆ico de las prestaciones, en las compatibilidades e incompatibilidades y en las normas comunes de procedimiento.

• • Por cuanto se refiere a los tipos de prestaciones econ髆icas y a sus caracter韘ticas:
  • - La denominada renta de garant韆 de ingresos, constituida como derecho subjetivo, se articula como una prestaci髇 玴araguas� en cuyo marco, como ya se ha indicado anteriormente, se engloban dos modalidades, destinadas a diferentes colectivos y con diferente vinculaci髇 al convenio de inclusi髇.

    En t閞minos de cuant韆, el importe m醲imo de la prestaci髇, en sus modalidades de renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social y de renta complementaria de ingresos de trabajo, se fija en el 88% del salario m韓imo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y puede alcanzar hasta un 125% del salario m韓imo interprofesional para las unidades de convivencia constituidas por tres o m醩 personas; si bien estos l韒ites m醲imos de prestaci髇 son id閚ticos para ambas modalidades, en el caso de la renta complementaria de ingresos de trabajo, con el fin de reforzar el est韒ulo al empleo, quedar醤 temporalmente excluidos del c髆puto determinados porcentajes de ingresos procedentes de una actividad laboral por cuenta propia o ajena. Para la modalidad de renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social, cuando est� destinada a unidades de convivencia formadas por pensionistas en situaci髇 de necesidad cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el salario m韓imo interprofesional, se fija la cuant韆 m醲ima del 100% del salario m韓imo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales y hasta un 135% en el caso de las unidades de convivencia de tres o m醩 personas.

    La ley prev�, adem醩, que las cuant韆s m醲imas establecidas se vean complementadas con un subsidio econ髆ico, cuyo importe se determinar� reglamentariamente, cuando se trate de unidades convivenciales monoparentales.

    Dado que la situaci髇 de muchas personas destinatarias de esta renta de garant韆 de ingresos puede ser muy variable y que dicha variabilidad determina el sucesivo acceso a diferentes modalidades de prestaci髇, se introduce en el texto un mecanismo dirigido a automatizar el paso de una modalidad a otra, en funci髇 de los cambios de situaci髇 y de requisitos, sin necesidad de proceder a la extinci髇 de una de ellas y a solicitar el acceso a otra, cada vez que se produce un cambio significativo y determinante de la modificaci髇.

    Por otra parte, y tambi閚 a los efectos de agilizar la tramitaci髇, para la incorporaci髇 de las modificaciones que se deriven de los cambios en las circunstancias econ髆icas que sirvieron de base a la determinaci髇 de la cuant韆, en el caso de la renta complementaria de ingresos de trabajo se prev� un margen de flexibilidad que evite su consideraci髇 cuando dichas modificaciones oscilen en un intervalo inferior al que se determine reglamentariamente. Asimismo, se prev� que en los supuestos de modificaci髇 los efectos de esta 鷏tima s髄o se aplicar醤 a partir del d韆 1 del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificaci髇.

    Se establecen tambi閚, al objeto de garantizar el destino de la prestaci髇 a quien realmente la necesita y de evitar, en lo posible, supuestos de abuso, o cronificaci髇 injustificada, algunos mecanismos espec韋icos de control:

    • • As�, el texto limita a dos a駉s el periodo de concesi髇 de la renta de garant韆 de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, si bien se renovar� con car醕ter bienal en tanto se mantengan las causas que motivaron su concesi髇 y se sigan cumpliendo las condiciones econ髆icas o de otra naturaleza de acceso a la prestaci髇.
    • • Se introduce tambi閚 la regulaci髇, con car醕ter reglamentario, del n鷐ero m醲imo de rentas de garant韆 de ingresos que podr醤 percibirse en una misma vivienda o alojamiento, cuando convivan dos o m醩 unidades de convivencia.
    • • El texto regula asimismo las causas determinantes de la extinci髇 del derecho a la prestaci髇, previendo que si se extinguiera por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisi髇 de infracciones, la persona titular no tendr� la posibilidad de volver a solicitar la renta de garant韆 de ingresos, en cualquiera de sus modalidades, por un periodo de un a駉 a contar desde la fecha de extinci髇. La misma consecuencia tendr韆 una extinci髇 causada por una situaci髇 de suspensi髇 por periodo continuado superior a 18 meses o por la existencia de tres suspensiones por incumplimiento en cualquiera de los periodos de dos a駉s de duraci髇 de la prestaci髇.
  • - Por su parte, la prestaci髇 complementaria de vivienda se regula como una prestaci髇 peri骴ica, articulada como un complemento de la renta de garant韆 de ingresos en cualquiera de sus modalidades, orientada a cubrir, siempre que queden probadas y acreditadas, las necesidades relacionadas con la vivienda o alojamiento habitual de las personas titulares de dichas prestaciones, a saber, los gastos de alquiler. Al igual que la renta de garant韆 de ingresos a la que complementa, esta prestaci髇 se configura como un derecho subjetivo y presenta un car醕ter finalista, debiendo destinarse 鷑icamente al objeto para el que se concede. Las pol韙icas de vivienda del Gobierno Vasco tendr醤 en cuenta el acceso preferente de las personas perceptoras del complemento de vivienda en su planificaci髇 estrat間ica.

    La norma prev�, en relaci髇 con esta prestaci髇, diversos l韒ites:

    • - As�, excluye de la titularidad del derecho a quienes tuvieran en propiedad o en alquiler una vivienda incluida en alguno de los tipos de vivienda de protecci髇 p鷅lica, en los t閞minos previstos en la legislaci髇 vigente en el momento de la solicitud, y excluye, asimismo, del acceso a la prestaci髇 complementaria de vivienda para gastos de alquiler a quienes dispusieran ya de una vivienda en propiedad.
    • - Por otra parte, al regular la concurrencia de titulares prev� que se determinar� reglamentariamente un l韒ite m醲imo con respecto al n鷐ero de unidades convivenciales que podr醤 acceder a la prestaci髇 complementaria de vivienda en una misma vivienda o alojamiento.
    • - Las ayudas de emergencia social completan el dispositivo de prestaciones econ髆icas. Articuladas como prestaciones no peri骴icas, de car醕ter subvencional, se destinan a personas que disponen de un nivel de recursos insuficiente para hacer frente a gastos espec韋icos, de car醕ter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginaci髇 social.

    Tambi閚 aqu�, la ley prev� algunos l韒ites en el acceso y percepci髇 de las ayudas: por un lado, establece que reglamentariamente se establecer� un n鷐ero m醲imo de ayudas percibibles con referencia a una misma vivienda o alojamiento habitual; por otro, fija tambi閚 un tiempo m醲imo de percepci髇 de las ayudas a lo largo de los sucesivos periodos de titularidad, que var韆 en funci髇 del tipo de gasto a cuya cobertura se destinan.

• • En la regulaci髇 de la determinaci髇 del nivel de recursos destacan dos elementos esenciales: as�, en la determinaci髇 de los rendimientos se prev� la posibilidad de excluir, en el caso de la renta de garant韆 de ingresos, determinados ingresos y prestaciones sociales de car醕ter finalista, as� como determinados porcentajes de los ingresos procedentes del trabajo en el caso de la modalidad de renta complementaria de ingresos de trabajo; en la determinaci髇 del patrimonio se except鷄 de la valoraci髇 del patrimonio la vivienda o alojamiento que constituya la residencia habitual, salvo cuando se trate de una vivienda en propiedad de valor excepcional.
• • El r間imen econ髆ico de las prestaciones, adem醩 de regular el tratamiento aplicable a las prestaciones indebidamente percibidas y de las disposiciones sobre prescripci髇 y caducidad, establece unos l韒ites con respecto al importe anual de la suma de los ingresos disponibles y ayudas econ髆icas que se perciban, fij醤dose en un 200% de la renta b醩ica para la inclusi髇 y protecci髇 social que pudiera haber correspondido con car醕ter anual a una unidad de convivencia de las caracter韘ticas de la de la persona titular cuando se combinen y/o sucedan en un mismo a駉 renta de garant韆 de ingresos, prestaci髇 complementaria de vivienda y ayudas de emergencia social, y en un 200% cuando s髄o se perciban ayudas de emergencia social.
• • Tras regular en su cap韙ulo cuarto el r間imen de compatibilidades e incompatibilidades, el t韙ulo II finaliza con las normas comunes de procedimiento. En su marco se prev� que la solicitud de las prestaciones integradas en el Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos y para la Inclusi髇 Social debe hacerse, en todos los casos, ante los servicios sociales municipales, quienes tambi閚 se responsabilizar醤 de su instrucci髇, procur醤dose, siempre que sea posible, simultanear la instrucci髇 correspondiente a la prestaci髇 complementaria de vivienda y la del expediente de renta de garant韆 de ingresos a la que complementa. La resoluci髇 de concesi髇 o denegaci髇 recaer� en la competencia de las diputaciones forales, cuando se trate de la renta de garant韆 de ingresos, en sus dos modalidades, y de la prestaci髇 complementaria de vivienda, mientras que en el caso de las ayudas de emergencia social recaer� en el ayuntamiento del municipio en el que se haya presentado la solicitud.

  El procedimiento previsto establece para las administraciones p鷅licas vascas el deber de garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos de la tramitaci髇 de los expedientes, ajust醤dose al efecto a lo previsto en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal, entendi閚dose que existe un deber general de colaboraci髇 de las administraciones p鷅licas entre s� y que en su marco conviene establecer cauces de comunicaci髇 que permitan un sistema de informaci髇 醙il, permanentemente actualizado y que hagan posible, previa conformidad de la persona atendida y mediando la aplicaci髇 de todos los dispositivos de seguridad que se estimen necesarios, compartir determinados tipos de informaci髇 entre las diferentes administraciones p鷅licas vascas.

El t韙ulo III regula los instrumentos para la inclusi髇 diferenciando, por un lado, los convenios de inclusi髇 y, por otro, los programas y servicios de inclusi髇 social y laboral, que abarcar韆n el conjunto de las diferentes medidas espec韋icas de intervenci髇 en los diferentes 醡bitos de la protecci髇 social, en particular, los servicios de empleo, los servicios sociales, los servicios de salud y los servicios de vivienda, con especial incidencia en los dos primeros.

En el marco de esta reformulaci髇 del modelo se ha considerado indispensable otorgar mayor protagonismo a los instrumentos de naturaleza no econ髆ica directamente vinculados a la inclusi髇, lo que implica, necesariamente, el compromiso firme de las administraciones p鷅licas vascas de desarrollar e innovar en este 醡bito de intervenci髇, pudiendo contribuir a ello los siguientes elementos b醩icos: dotar de contenido real los convenios de inclusi髇, siempre que sea pertinente, hacia la inclusi髇 laboral; garantizar el reforzamiento y la diversificaci髇 de los programas formativos, ocupacionales, de b鷖queda de empleo y de inclusi髇 laboral, fomentando la innovaci髇 y las f髍mulas m醩 garantes de la participaci髇 activa de las personas usuarias; formalizar protocolos de actuaci髇, colaboraci髇 y coordinaci髇 entre los servicios sociales y los servicios de empleo. Por lo que se refiere a la gesti髇 de los convenios de inclusi髇, si bien su negociaci髇 y firma corresponde a los ayuntamientos, a trav閟 de sus servicios sociales o de empleo, cuando sus contenidos est閚 b醩icamente orientados a la incorporaci髇 laboral o a la mejora de la situaci髇 laboral, su aplicaci髇 y seguimiento ser� objeto de derivaci髇 a los servicios de empleo.

El t韙ulo IV regula la planificaci髇 y el desarrollo del Sistema Vasco de Garant韆 de Ingresos e Inclusi髇 Social y establece como principal instrumento de planificaci髇, para el 醡bito auton髆ico, el Plan Vasco para la Inclusi髇 Social, en cuya elaboraci髇 participar醤 todas las administraciones p鷅licas vascas, as� como otras entidades p鷅licas y privadas que intervengan en el sector, a trav閟 de la Comisi髇 Interinstitucional para la Inclusi髇 Social; esta planificaci髇 general -que deber� ajustarse, entre otros, a los principios de equilibrio y homogeneidad territorial y aprovechamiento integral, flexible, racional y eficiente de los recursos disponibles, formales e informales, p鷅licos y privados- ser� completada por las diputaciones forales y los ayuntamientos o agrupaciones de ayuntamientos, los cuales quienes deber醤 desarrollar, en ejecuci髇 de dicho plan, su propia programaci髇 en sus 醡bitos territoriales de actuaci髇. Complementariamente, se prev� la posibilidad de elaborar planes especiales para barrios, municipios, comarcas u otros 醡bitos geogr醘icos que, por su mayor degradaci髇 y por sus elevadas tasas de pobreza y exclusi髇 social, precisen de una acci髇 integral a corto o medio plazo, en coordinaci髇 con las l韓eas marcadas en el Plan Vasco para la Inclusi髇 Social.

A efectos de garantizar la homogeneidad en los criterios de intervenci髇 en todo el territorio auton髆ico, el texto tambi閚 prev� la aplicaci髇 de instrumentos comunes de valoraci髇 y diagn髎tico y de planificaci髇 individual, estableciendo, con tal prop髎ito, como instrumento de referencia la herramienta inform醫ica 獶iagn髎tico e Intervenci髇 Social� para la recogida de informaci髇 sobre necesidades, para la elaboraci髇 de diagn髎ticos sociales en su 醡bito territorial y para la realizaci髇 de diagn髎ticos individuales e itinerarios de inclusi髇 personalizados, si bien, alternativamente, se prev� la posibilidad de recurrir a otros instrumentos t閏nicos validados que sean compatibles con la mencionada herramienta y que hagan posible el trasvase de informaci髇 y la comparabilidad de los datos.

Por 鷏timo, se regula la aplicaci髇 de m閠odos acreditados de evaluaci髇 externa y de mejora continua de la calidad susceptibles de contribuir a determinar las disfunciones o los d閒icit que se producen en la satisfacci髇 de las necesidades y en el funcionamiento de las estructuras de gesti髇 del sistema.

El r間imen competencial, previsto en el t韙ulo V, atribuye al Gobierno Vasco la competencia normativa, as� como la competencia de planificaci髇 del Sistema, la de instrumentaci髇 y financiaci髇, con car醕ter general, de los recursos y medios suficientes para la ejecuci髇 del Plan Vasco para la Inclusi髇 Social, mediante la incorporaci髇 de los programas departamentales en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, y las competencias de dise駉 e implantaci髇, en cooperaci髇 y coordinaci髇 con el resto de las administraciones p鷅licas vascas, de los instrumentos t閏nicos comunes de diagn髎tico y planificaci髇 individual. Recoge asimismo la acci髇 directa, as� como su funci髇 de aplicaci髇, a trav閟 de los servicios de empleo, de los contenidos orientados a la incorporaci髇 al mercado de trabajo que pudieran tener los convenios de inclusi髇. Tambi閚 atribuye al Gobierno Vasco la posibilidad, cuando lo estime pertinente, de evaluar la implementaci髇 de los procesos de inclusi髇 social y laboral, pudiendo proceder a la revisi髇 de casos individuales cuando lo estime pertinente y realizar as� una funci髇 de control de las personas titulares y destinatarias de las prestaciones econ髆icas previstas en esta ley en su nivel competencial.

Por su parte, las diputaciones forales y los ayuntamientos asumen, fundamentalmente, funciones de ejecuci髇, tanto de la planificaci髇 a trav閟 de la elaboraci髇 y desarrollo de programas en aplicaci髇 del Plan Vasco para la Inclusi髇 Social en sus respectivos 醡bitos territoriales como de gesti髇 de las prestaciones econ髆icas, en los t閞minos ya indicados anteriormente, y, en el caso de los ayuntamientos, la negociaci髇 y elaboraci髇 de los convenios de inclusi髇, sin perjuicio de que cuando los mismos tengan contenidos fundamentalmente orientados a la incorporaci髇 laboral o a la mejora del empleo, la concreci髇 de sus contenidos y su seguimiento se deriven a los servicios de empleo. Recaer� en las administraciones p鷅licas competentes la funci髇 de control sobre las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones econ髆icas, en sus respectivos niveles competenciales.

Por lo que se refiere a la financiaci髇 se prev� b醩icamente el establecimiento por parte de las administraciones p鷅licas vascas de las consignaciones presupuestarias pertinentes para el ejercicio de sus respectivas competencias, recayendo en el Gobierno Vasco el deber de consignaci髇 anual en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Euskadi de los recursos econ髆icos necesarios para la financiaci髇 de las cuant韆s de las prestaciones econ髆icas reguladas en la ley.

El t韙ulo VI regula la coordinaci髇 y cooperaci髇 interdepartamental y administrativa, as� como las f髍mulas y cauces de participaci髇. En relaci髇 con lo primero se constituye la Comisi髇 Interinstitucional para la Inclusi髇 Social como m醲imo organismo de colaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas vascas con el fin de asegurar la coordinaci髇 interinstitucional, incluy閚dose entre sus funciones las de proponer criterios para el desarrollo de la ley, elaborar la propuesta de Plan Vasco para la Inclusi髇 Social, acordar los instrumentos comunes de diagn髎tico y planificaci髇 individual de aplicaci髇 por las administraciones p鷅licas vascas o realizar, con car醕ter quinquenal, un informe de control de la calidad de la gesti髇, dirigido a detectar las disfunciones que pudiera generar la intervenci髇 de los tres niveles institucionales en la aplicaci髇 y ejecuci髇 de lo dispuesto en la presente ley. Para la coordinaci髇 interna de las diferentes actuaciones del Gobierno Vasco en materia de inclusi髇 social se constituye la Comisi髇 Interdepartamental para la Inclusi髇 Social como 髍gano de coordinaci髇.

En materia de consulta y participaci髇 se constituye el Consejo Vasco para la Inclusi髇 Social como 髍gano adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garant韆 de ingresos e inclusi髇 social, en el que estar醤 representados el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, as� como las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las de personas usuarias, las del tercer sector de acci髇 social que intervengan en materia de inclusi髇 y las de profesionales de este sector. Entre sus principales funciones se incluye la de emitir informe preceptivo y previo en relaci髇 con anteproyectos de ley en materia de garant韆 de ingresos e inclusi髇 social, proyectos de decreto en materia de garant韆 de ingresos e inclusi髇 social y planes generales o sectoriales en materia de garant韆 de ingresos e inclusi髇 social cuyo 醡bito de actuaci髇 sea la Comunidad Aut髇oma de Euskadi, en particular con el Plan Vasco de Inclusi髇.

El 鷏timo t韙ulo de la ley establece el r間imen de infracciones y sanciones, el cual debe garantizar la adecuaci髇 de la aplicaci髇 de las medidas de lucha contra la exclusi髇 a los principios de justicia social y de responsabilidad en el destino de los recursos p鷅licos, estableciendo para ello medidas sancionadoras de las actuaciones fraudulentas.

En su parte final, adem醩 de la aplicaci髇 transitoria de la normativa vigente a la espera de los desarrollos normativos de la presente ley, se prev閚 una serie de disposiciones complementarias que abordan aspectos tales como la actualizaci髇 del importe de las sanciones o algunos mandatos destinados a asegurar su aplicaci髇 y completar su desarrollo reglamentario.