Sumario

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci�n y el Estatuto de Autonom�a, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana

PREAMBULO

I

La producci�n de residuos ha aumentado en los �ltimos a�os de una forma considerable, evolucionando, paralelamente, hacia una mayor complejidad. Nuestros modos de comportamiento y costumbres han provocado un crecimiento progresivo en la generaci�n de residuos. Adem�s, los residuos producidos han cambiado hacia una composici�n m�s heterog�nea. Uno de los efectos de esta evoluci�n es la necesidad de una �nica regulaci�n para todos los tipos de residuos.

La salud humana y la protecci�n y mejora del medio ambiente requieren el establecimiento de un r�gimen jur�dico de los residuos. Los poderes p�blicos deben centrar sus esfuerzos en prevenir la producci�n de nuevos residuos, disminuir la cantidad producida y la peligrosidad de las sustancias que los componen, valoriz�ndolos en la medida de lo posible. La consecuci�n de estos objetivos se enmarca dentro de una pol�tica de sostenibilidad y de racional utilizaci�n de los recursos naturales.

El conjunto de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye la expresi�n de la pol�tica de residuos de la Generalitat , proporcionando las bases para convertir la gesti�n de los residuos en una pr�ctica adecuada que garantice la salud de las personas y un alto nivel de calidad en nuestro medio ambiente.

La Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana se enmarca en la normativa comunitaria, que responde a esta evoluci�n, y en concreto en lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, que proporciona el marco jur�dico para la definici�n, prevenci�n en la producci�n y gesti�n de residuos; la Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos, que establece un mayor control y vigilancia para �stos; el Reglamento 259/93/CEE, del Consejo, de 1 de febrero, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea; y la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, que regula el vertido de residuos, que sin haber sido transpuesta por el Estado se incorpora ya al texto legal valenciano.

El Estado ha transpuesto al derecho interno espa�ol el resto de las normas citadas por medio de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, dictada con car�cter b�sico, y que ha supuesto la adecuaci�n del ordenamiento jur�dico espa�ol a los principios derivados de estas normas comunitarias, estableciendo una norma com�n para todos ellos, que podr� ser completada con una regulaci�n espec�fica para determinadas categor�as de residuos.

En el marco del mandato global de protecci�n del art�culo 45 de la Constituci�n Espa�ola, la competencia legislativa de la Generalitat sobre la materia viene establecida en el apartado 6 del art�culo 32 del Estatuto de Autonom�a de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Org�nica 5/1982, de 1 de julio, y en el apartado 1.23� del art�culo 149 de la Constituci�n Espa�ola, de dictar normas adicionales de protecci�n, as� como en el art�culo 31.9 del Estatuto de Autonom�a de la Comunidad Valenciana, en que se atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de ordenaci�n del territorio, urbanismo y vivienda.

II

En los �ltimos 25 a�os el concepto de residuo ha evolucionado en varios sentidos; el primero, m�s jur�dico, ha permitido avanzar en la delimitaci�n de las sustancias u objetos que pueden considerares como tales y las consecuencias del aumento de su producci�n ha obligado a introducir nuevos sujetos jur�dicos como el productor, poseedor o gestor. El segundo sentido, el de su gesti�n, lleva impl�citas las operaciones a que se le somete y, en concreto, las distintas t�cnicas de gesti�n final del residuo, avanzando en la posibilidad de su reciclado, reutilizaci�n, recuperaci�n y otras formas de valorizaci�n.

La ley comienza definiendo los conceptos b�sicos que ser�n aplicados en esta ley y en su posterior desarrollo reglamentario. Destaca el concepto de residuo, del que expresamente se excluyen los objetos o sustancias que no tienen modificadas sus propiedades y caracter�sticas originales y que se utilizan de forma directa sin someterse previamente a una operaci�n de valorizaci�n o eliminaci�n. Esta exclusi�n expl�cita da lugar a la distinci�n entre los residuos y los tradicionalmente denominados subproductos o materias primas secundarias, haci�ndose eco de la evoluci�n que dicho concepto est� experimentando en el �mbito comunitario. Junto al concepto de residuo se define expresamente el vocablo desprenderse, crucial para considerar como residuo una sustancia y, sin embargo, hu�rfano de definici�n en la legislaci�n estatal y comunitaria. Merece la pena destacar, por su importancia, el concepto de residuo peligroso, el cual se refiere no s�lo a las materias y sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos, tal y como precisa la ley b�sica estatal, sino tambi�n a aquellas que, a�n no figurando en ella, sean caracterizadas como tales en base a los criterios establecidos en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, cubri�ndose de esta forma las lagunas a las que podr�a dar lugar una interpretaci�n restrictiva del concepto de residuo peligroso dispuesto en la ley b�sica estatal.

En el cap�tulo II del t�tulo I, dedicado a la organizaci�n y competencias de las administraciones p�blicas, se establece con car�cter general la competencia de las entidades locales para la gesti�n de los residuos urbanos o municipales, siendo los municipios titulares del servicio p�blico de recogida, transporte, valorizaci�n y eliminaci�n de residuos urbanos. Como novedad de la presente ley se atribuye la valorizaci�n de esta categor�a de residuos a la competencia municipal y se someten las actividades de valorizaci�n y eliminaci�n de los residuos urbanos al r�gimen de autorizaci�n administrativa de la comunidad aut�noma. Se aplica la previsi�n que al efecto existe en el art�culo 13.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en l�nea con la exigencia de autorizaci�n que a nivel comunitario se establece para toda actividad de eliminaci�n y valorizaci�n, sin distinguirse la naturaleza p�blica o privada de los sujetos que lleven a cabo las mismas. Asimismo, se prev�, de forma expresa, la posibilidad de que se constituyan voluntariamente consorcios entre los entes locales y la Generalitat para una m�s eficaz prestaci�n de los mencionados servicios, as� como la posibilidad de que los municipios soliciten su dispensa en los t�rminos dispuestos en la vigente legislaci�n de r�gimen local.

Finalmente, las diputaciones provinciales contribuir�n a la adecuada ejecuci�n de las competencias locales, tal y como dispone al efecto la legislaci�n de r�gimen local.

La Generalitat ostenta competencias sobre el r�gimen jur�dico de la producci�n y gesti�n de los residuos, destacando la mayor intervenci�n respecto de los peligrosos, de conformidad con la normativa b�sica estatal. Asimismo coordina mediante los diferentes planes auton�micos de residuos todas las actuaciones que desarrollen en materia de gesti�n de residuos, y colabora con las administraciones locales para lograr una adecuada prestaci�n de los servicios de su competencia. Se prev� igualmente la posibilidad de que la Comunidad Aut�noma declare servicio de titularidad auton�mica o local todas o algunas de las actividades de gesti�n de residuos, disponi�ndose al efecto de forma expresa la titularidad auton�mica de las actividades de valorizaci�n y eliminaci�n de los siguientes residuos: pilas bot�n y acumuladores, frigor�ficos con clorofluoro-carbonos, l�mparas de mercurio y medicamentos caducados.

III

En el t�tulo II se regula la planificaci�n, competencia de la Generalitat, cuyo objetivo es coordinar la actuaci�n de las diferentes administraciones p�blicas en aras de una adecuada gesti�n de los residuos. Se prev�n en el �mbito auton�mico dos tipos de planes, el Plan Integral de Residuos y los planes zonales, ambos de obligado cumplimiento para todas las administraciones p�blicas y particulares, mediante los cuales se distribuyen en el territorio de la comunidad aut�noma el conjunto de instalaciones necesarias para garantizar el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad. Ambos planes se elaboran previa audiencia de las entidades locales afectadas, y persiguen el cumplimiento de objetivos concretos de valorizaci�n, facilit�ndose la participaci�n de la iniciativa privada en este �mbito y procurando una gesti�n correcta de los residuos que se generen en la Comunidad Valenciana, en todos los �mbitos de gesti�n, tanto p�blicos como privados.

Los planes zonales, que se constituyen como instrumentos de desarrollo y mejora del Plan Integral de Residuos, son documentos detallados que adaptar�n las previsiones de �ste a cada zona que delimiten, pudiendo modificar, cuando sea conveniente, aquellas previsiones del plan integral que no tengan un car�cter vinculante o normativo. Mediante estos planes auton�micos la Generalitat garantiza una adecuada direcci�n de la gesti�n de los residuos en toda la Comunidad Valenciana.

Como instrumento bisagra entre las previsiones de los planes auton�micos y la gesti�n de los residuos de servicio p�blico, se regulan los denominados proyectos de gesti�n. Son planes de alcance generalmente supramunicipal, que establecer�n la forma en que se va llevar a cabo la construcci�n de las infraestructuras e instalaciones y el desarrollo de la gesti�n de los residuos. A trav�s de estos planes se da cabida asimismo a la prestaci�n del servicio por la iniciativa privada, mediante un sencillo procedimiento de concurso en el que se garantiza la p�blica concurrencia, para obtener la condici�n de adjudicatario de la gesti�n indirecta de este servicio.

IV

El t�tulo III regula el r�gimen de producci�n, posesi�n y gesti�n de los residuos, destacando, como novedades espec�ficas, la posibilidad de la conselleria de obligar a cualquier productor o poseedor de residuos a caracterizarlos, en coherencia con la definici�n que de residuo peligroso se ha establecido; la creaci�n del Registro de Productores de Residuos que incluya los no peligrosos cuya gesti�n plantee especiales dificultades; as� como del Cat�logo de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el cual se especificar�n las distintas categor�as de residuos y las operaciones de gesti�n que obligatoriamente habr�n de llevarse a cabo con cada uno de ellos; finalmente, se prev� la posibilidad de que se exija a los productores de residuos no peligrosos la constituci�n de un seguro de responsabilidad civil, en la forma que se determine reglamentariamente.

En lo que respecta a la gesti�n de los residuos, la ley regula la creaci�n del Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana, y la obligaci�n que tienen los gestores de llevar el registro de las operaciones realizadas; la previsi�n expresa de un posterior desarrollo reglamentario de las actividades de gesti�n llevadas a cabo internamente por los productores que podr�n quedar exentas de autorizaci�n administrativa, as� como del r�gimen jur�dico de la gesti�n de determinados residuos particulares cuyas especiales caracter�sticas exigen una regulaci�n espec�fica. Asimismo, se dedica una secci�n entera a la regulaci�n de los vertederos, transponiendo la Directiva comunitaria 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos y previendo la necesidad expresa de autorizaci�n de la conselleria competente en medio ambiente de todos los vertederos, con arreglo a la clasificaci�n establecida en la ley y a los requisitos t�cnicos que se determinen reglamentariamente.

V

El t�tulo IV establece el r�gimen aplicable a los suelos contaminados, incluy�ndose, adem�s de las previsiones de la legislaci�n b�sica, disposiciones espec�ficas relativas a la declaraci�n de suelos contaminados as� como a su posterior inclusi�n en el Inventario de Suelos Contaminados de la Comunidad Valenciana. Se ampl�a el plazo fijado en el art�culo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, para resolver expresamente los mencionados procedimientos, se�al�ndose un plazo m�ximo de un a�o, dadas las especiales dificultades que plantea la pronta finalizaci�n de los procedimientos en un �mbito tan complejo y necesitado de estudios t�cnicos como es el de los suelos contaminados.

VI

Por �ltimo, en el t�tulo V se establece el r�gimen de inspecci�n, responsabilidad administrativa y sanciones; en �l se determina la responsabilidad de los distintos intervinientes en el ciclo de los residuos y se tipifican las distintas infracciones que dan lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa. La consecuencia de las infracciones es la imposici�n de las correspondientes sanciones tras el previo procedimiento sancionador, que se concretan en mulatas que en ning�n caso ser�n inferiores al beneficio obtenido por el il�cito y en la obligaci�n de reponer o restaurar las cosas al ser y estado anteriores a la infracci�n cometida.

VII

La ley concluye con un r�gimen de disposiciones adicionales y transitorias que completan y permiten una progresiva aplicaci�n de algunas de las cuestiones m�s trascendentes reguladas en la ley, como las instalaciones existentes y el nuevo r�gimen de los vertederos.

Nos encontramos, por tanto, ante una disposici�n normativa que, desde la realidad de lo existente, establece un r�gimen para los residuos flexible y eficaz. Una norma que, dentro del marco de la normativa b�sica del Estado, respeta y ampl�a las competencias municipales y se adelanta al resto de Espa�a con la incorporaci�n de la m�s reciente normativa europea en materia de vertederos. La ley es la manifestaci�n de una pol�tica medioambiental sostenible, basada en el mantenimiento del crecimiento de la Comunidad Valenciana con pleno respeto al medio ambiente y desde una racional utilizaci�n de los recursos.