Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El proceso de consolidaci髇 presupuestaria de los 鷏timos a駉s, que ha eliminado el d閒icit de nuestras cuentas p鷅licas, no s髄o ha tenido unos efectos vigorizantes sobre nuestro crecimiento, sino que adem醩 ha fortalecido enormemente nuestros fundamentos econ髆icos como as� lo atestigua nuestro comportamiento diferencial actual, en t閞minos de crecimiento del Producto Interior Bruto y de creaci髇 de empleo, con el promedio de los pa韘es de la Uni髇 Europea.

El compromiso con la estabilidad presupuestaria es una de las razones fundamentales que explican por qu� la econom韆 espa駉la est� siendo capaz de mantener la senda de convergencia real con los pa韘es de nuestro entorno, incluso en la fase baja del ciclo. En efecto, nuestra renta per c醦ita en paridad de poder adquisitivo ha pasado de representar en 1995 el 78 por ciento del promedio comunitario a suponer el 84 por ciento en 2002 seg鷑 los 鷏timos datos de Eurostat.

El equilibrio presupuestario sigue apoyando, en primer lugar, el escenario de estabilidad macroecon髆ica que garantiza un marco m醩 eficiente para el desarrollo de la actividad econ髆ica; sigue mejorando, por otro lado, las condiciones de financiaci髇 de nuestra econom韆, generando un importante flujo de ahorro p鷅lico y reduciendo el efecto expulsi髇 sobre la inversi髇 privada, y, por 鷏timo, dota a los Presupuestos Generales del Estado de un considerable margen de maniobra para afrontar el contexto de incertidumbre internacional, dado que a diferencia de otros pa韘es comunitarios, Espa馻 puede hoy dejar jugar libremente a los estabilizadores autom醫icos y evitar as�, la introducci髇 de cualquier sesgo proc韈lico en su pol韙ica fiscal.

Adem醩, el ejercicio de estabilidad presupuestaria es compatible con la orientaci髇 del presupuesto hacia aquellas pol韙icas que m醩 favorecen la productividad y el crecimiento a largo plazo, como son la inversi髇 en infraestructuras y el gasto en investigaci髇, desarrollo e innovaci髇 tecnol骻ica, al tiempo que garantiza una cobertura holgada del gasto social y la mejora de los servicios p鷅licos esenciales.

Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria han introducido expl韈itamente el equilibrio presupuestario en nuestro ordenamiento jur韉ico, garantizando que la estabilidad presupuestaria sea, de ahora en adelante, el escenario permanente de las finanzas p鷅licas en Espa馻, tanto a nivel estatal, como a nivel territorial. As� pues, la medida trasciende del 醡bito del Estado y afecta de pleno a comunidades aut髇omas y corporaciones locales, para hacer corresponsables de la estabilidad a todas las administraciones, sin excepci髇.

Esta disciplina sirve como ancla de las cuentas p鷅licas, y con ella se refuerza la credibilidad de la pol韙ica econ髆ica del Gobierno. Tal es el caso de las rebajas de impuestos acometidas en los 鷏timos a駉s que son interpretadas por los ciudadanos como definitivas y permanentes, por lo que se estimula la inversi髇 y el consumo, y con ello el crecimiento econ髆ico y la creaci髇 de empleo.

Definido el marco general de equilibrio presupuestario, en particular estableciendo un techo de gasto para el Estado -que le impide gastar m醩 y le estimula a gastar mejor-, era necesario descender a una esfera microecon髆ica para aplicar los principios rectores de la Ley de Estabilidad a los distintos componentes del presupuesto. En este sentido, la citada norma, en su disposici髇 final primera, impone al Gobierno la obligaci髇 de remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley General Presupuestaria.

Estos principios rectores, todos ello al servicio del principio general de estabilidad presupuestaria, son tres: plurianualidad, transparencia y eficiencia. La plurianualidad refuerza la previsi髇 presupuestaria y normaliza el procedimiento de todas las Administraciones p鷅licas con los programas de estabilidad y crecimiento; la transparencia es el elemento garante de la verificaci髇 y el escrutinio del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y por 鷏timo, la eficiencia en la asignaci髇 y uso de los recursos p鷅licos debe ser la referencia en la orientaci髇 de las pol韙icas de gasto.

La nueva Ley General Presupuestaria que nace de estos principios b醩icos, aspira a conseguir una mayor racionalizaci髇 del proceso presupuestario, continuando el camino iniciado por las leyes de estabilidad presupuestaria, a las que desarrolla.

La racionalizaci髇 se consigue a trav閟 de la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematizaci髇, en tanto que la ley procede a la ordenaci髇 econ髆ica y financiera del sector p鷅lico estatal y sistematiza sus normas de contabilidad y control, y a nivel de eficacia y eficiencia, estableci閚dose un sistema de gesti髇 por objetivos, disminuyendo la rigidez en la ejecuci髇 de los cr閐itos presupuestarios e introduci閚dose el principio de responsabilidad de los centros gestores en la ejecuci髇 de los cr閐itos presupuestarios. Todas estas medidas tienen su encaje en el proceso de modernizaci髇 de la Hacienda P鷅lica, necesario para acompasar y fortalecer el desarrollo de la econom韆 espa駉la.

El antecedente inmediato de esta disposici髇 lo constituye el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, el cual tiene a su vez origen en la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria que, con modificaciones de mayor o menor trascendencia, han supuesto durante una etapa de m醩 de 25 a駉s el marco de referencia del proceso presupuestario, contable y de control del gasto del sector p鷅lico estatal.

Aunque sin lugar a dudas, tanto desde la perspectiva jur韉ica como t閏nica, la Ley General Presupuestaria de 1977 y el posterior texto refundido constituyeron en su momento un significativo avance y su aplicaci髇 e instrumentaci髇 fue inmediata y satisfactoria, es incuestionable la existencia de razones que manifiestan la necesidad de proceder a su revisi髇 y a la promulgaci髇 de una nueva norma m醩 adecuada a las exigencias que hoy se le hacen al sector p鷅lico estatal en lo referente a su capacidad de gesti髇 de los recursos financieros que se ponen a su disposici髇.

La Ley General Presupuestaria es el documento jur韉ico de referencia en la regulaci髇 del funcionamiento financiero del sector p鷅lico estatal. Su promulgaci髇 surge de la necesidad de mejorar y ampliar la normativa vigente, la Ley General Presupuestaria de 1977 y el posterior texto refundido de 1988, con vistas a lograr una mayor racionalizaci髇 del proceso presupuestario, en l韓ea con los nuevos condicionantes que enmarcan la actividad financiera del Estado.

Diversas razones han motivado la conveniencia y oportunidad de la nueva norma. Entre las m醩 importantes se encuentran las siguientes:

El traslado a la norma de las m醩 modernas y novedosas teor韆s y t閏nicas de presupuestaci髇, control y contabilidad en el 醡bito de la gesti髇 p鷅lica, toda vez que el avance tecnol骻ico ya permite la introducci髇 de estas mejoras en los procedimientos de informaci髇 y presupuestaci髇 para lograr una gesti髇 eficiente sin merma de las garant韆s y seguridades que el manejo de fondos p鷅licos necesariamente exige.

La correcci髇 de la dispersi髇 de la legislaci髇 presupuestaria que se ha producido tras la promulgaci髇 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 1988. Por un lado, la Ley de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado de 1997 supuso la aparici髇 de nuevas formas de organizaci髇 institucional que no se adecuaban con las formas de organizaci髇 y de control contenidas en la Ley General Presupuestaria.

Por otro lado, en los 鷏timos a駉s ha sido bastante com鷑 la utilizaci髇 de las leyes de presupuestos anuales o las leyes de 玜compa馻miento� para introducir modificaciones en el 醡bito presupuestario y financiero en general, que han modificado las reglas e incluso los principios contenidos en el texto refundido.

El enorme desarrollo del proceso de descentralizaci髇 en Espa馻. Las Administraciones de las comunidades aut髇omas y de las corporaciones locales han asumido nuevas competencias cedidas desde la Administraci髇 estatal que han originado flujos financieros y formas de gesti髇 compartida que han debido contemplarse y regularse en el nuevo texto legal.

En otro orden de cosas, ha de resaltarse el enorme desarrollo que el proceso de descentralizaci髇 ha tenido lugar en Espa馻 durante los 鷏timos 20 a駉s. Tanto las Administraciones de las comunidades aut髇omas como las correspondientes a las corporaciones locales han asumido nuevas competencias antes ejercidas por la Administraci髇 estatal, que han originado flujos financieros entre las distintas Administraciones y formas de gesti髇 compartidas que necesariamente han debido ser contempladas y reguladas en el nuevo texto legal.

La pertenencia a la Uni髇 Econ髆ica y Monetaria Europea es otro importante argumento para abordar, a trav閟 de una nueva ley, las relaciones financieras con la misma.

El nuevo marco financiero de la Seguridad Social hace conveniente su acomodamiento en la nueva norma financiera, consolidando su integraci髇 en los Presupuestos Generales del Estado sin merma de su autonom韆 como instituci髇 jur韉ica independiente.

Pero es quiz醩 la aprobaci髇 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria la que, como ya se se馻laba al comienzo de esta exposici髇 de motivos, hace inevitable la elaboraci髇 de una nueva disposici髇 legal que venga a regular el r間imen econ髆ico financiero del sector p鷅lico estatal. De hecho, donde se introducen las innovaciones m醩 significativas en la regulaci髇 aplicable al proceso presupuestario es al tratar la programaci髇 presupuestaria y el objetivo de estabilidad.

Los escenarios presupuestarios plurianuales ser醤 sometidos por el Ministerio de Hacienda al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobaci髇 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada a駉 y, en su caso, contendr醤 la actualizaci髇 de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior.

En el marco plurianual de los escenarios presupuestarios se enmarcan anualmente los Presupuestos Generales del Estado y est醤 orientados, igualmente, hacia la estabilidad. La ley define los programas plurianuales y el detalle de su contenido (objetivos, medios, actividades, procesos inversores e indicadores de seguimiento). Estos programas plurianuales, que deben aprobarse por el Ministro de cada departamento, se remitir醤 anualmente al Ministerio de Hacienda para la elaboraci髇 de los escenarios presupuestarios plurianuales.

Las pol韙icas de gasto pasan a ser el elemento nuclear de las asignaciones de los recursos, la evaluaci髇 de la gesti髇 y el logro de los objetivos. Se prev� que las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efect鷈n tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.

Otras novedades significativas de la ley se encuentran en la flexibilizaci髇 de la gesti髇 de los gastos en inversi髇, que pasan de vincular del nivel de art韈ulo (dos d韌itos) al nivel de cap韙ulo (un d韌ito), y en la ampliaci髇 para todo tipo de gasto de la posibilidad de adquirir compromisos de gasto de car醕ter plurianual, siempre que tenga cabida en los escenarios presupuestarios plurianuales, eliminando los supuestos tasados previstos en la legislaci髇 actual.

Adem醩, y con car醕ter general se rebaja el rango de la autoridad competente para aprobar las modificaciones presupuestarias, ampliando las competencias actuales de los departamentos ministeriales y otorgando competencias a los presidentes o directores de los organismos aut髇omos, que no tienen ninguna competencia en la normativa actual.

II

El t韙ulo I de la ley comienza por establecer, en su cap韙ulo I, el 醡bito de aplicaci髇 y la organizaci髇 del sector p鷅lico estatal.

La Ley General Presupuestaria tiene por objeto la regulaci髇 del r間imen presupuestario, econ髆ico-financiero, de contabilidad, intervenci髇 y de control financiero del sector p鷅lico estatal.

Con ello la Ley General Presupuestaria completa en el 醡bito econ髆ico-financiero la regulaci髇 que en materia de organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado y los entes vinculados o dependientes de ella, se contiene en la Ley 6/1997, de 14 de abril.

Como reflejo del principio de universalidad del presupuesto, consagrado en el art韈ulo 134 de la Constituci髇 espa駉la, la ley hace una enumeraci髇 completa de las entidades que integran el sector p鷅lico estatal, que atiende a los criterios de financiaci髇 mayoritaria y de control efectivo por la Administraci髇 General del Estado as� como los diversos entes dependientes o vinculados a ella.

La ley se remite a las definiciones contenidas en la Ley de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado, la Ley General de Seguridad Social, la Ley de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas y la Ley de Fundaciones, respecto de la Administraci髇 General del Estado, sus organismos p鷅licos, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector p鷅lico estatal. Respecto de estas 鷏timas, la disposici髇 final segunda, modifica el apartado uno del art韈ulo 45 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en cuanto a la exigencia de que la mayor韆 de los miembros del patronato sean designados por las entidades del sector p鷅lico estatal, y respecto a la extensi髇 de la autorizaci髇 previa del Consejo de Ministros a otros supuestos distintos de la constituci髇 de la fundaci髇.

La ley adem醩 incluye en el sector p鷅lico estatal las entidades de derecho p鷅lico con r間imen jur韉ico diferenciado, as� como a los consorcios con otras Administraciones, en que la aportaci髇 del Estado sea mayoritaria y pertenezca a 閟te su control efectivo.

En fin, la ley se馻la el pleno sometimiento a sus disposiciones de los fondos sin personalidad jur韉ica con dotaci髇 en los Presupuestos Generales del Estado, y se refiere a los 髍ganos con dotaci髇 diferenciada en los Presupuestos Generales, excluyendo de la aplicaci髇 de la ley a las Cortes Generales, dotadas constitucionalmente de autonom韆 presupuestaria.

La ley atiende a la hora de establecer el r間imen aplicable a las entidades integrantes del sector p鷅lico a su naturaleza econ髆ico-financiera, clasificando a los distintos entes en tres subsectores, el administrativo, el sector p鷅lico empresarial y el sector p鷅lico fundacional.

Culmina el cap韙ulo declarando el car醕ter central de la Ley General Presupuestaria en la regulaci髇 del r間imen econ髆ico-financiero del sector p鷅lico estatal, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa comunitaria.

El cap韙ulo II se ocupa del r間imen jur韉ico de la Hacienda P鷅lica estatal, en cuanto titular de derechos y obligaciones de contenido econ髆ico, partiendo del concepto de Hacienda P鷅lica contemplado en la Ley de 4 de enero de 1977, y ratificado por el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1999, de 23 de septiembre.

Este cap韙ulo ordena y sistematiza el r間imen contemplado por la anterior ley.

As�, define las normas comunes aplicables a todos los derechos de la Hacienda P鷅lica, se ocupa del r間imen jur韉ico particular de los derechos de naturaleza p鷅lica, reduciendo de cinco a cuatro a駉s el plazo de prescripci髇 de los mismos y el r間imen aplicable a los derechos de naturaleza privada.

La ley fija la aplicaci髇 de las normas contenidas en ella para los derechos de naturaleza p鷅lica de la Hacienda estatal a la gesti髇 de los ingresos de derecho p鷅lico de las entidades del sector p鷅lico estatal no integrantes de la Hacienda P鷅lica, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la normativa reguladora de dichas entidades y en la de los correspondientes ingresos, y establece el car醕ter supletorio de las normas contendidas en la ley respecto de la gesti髇 de las cuotas y dem醩 ingresos de derecho p鷅lico de la Seguridad Social, en defecto de lo establecido en la Ley General de la seguridad Social y de las disposiciones especiales aplicables a cada uno de los ingresos.

En cuanto a las obligaciones de la Hacienda P鷅lica, la ley reitera la diferencia entre fuente jur韉ica del gasto p鷅lico y fuente de las obligaciones del Estado, de modo que no basta con que la obligaci髇 nazca para que la misma le sea exigible a la Hacienda P鷅lica, siendo preciso que resulten de la ejecuci髇 de los Presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas, diferenciaci髇 que es una exigencia constitucional derivada del art韈ulo 134.1 de la Carta magna, recogida por la doctrina del Tribunal Constitucional en su Sentencia n鷐ero 63/1986, de 21 de mayo, reiterada en las Sentencias n鷐eros 146/1986 y 13/1992.

Asimismo, fija la prescripci髇 de las obligaciones en los cuatro a駉s al igual que sucede con los derechos de naturaleza p鷅lica.

III

El t韙ulo II se dedica a los Presupuestos Generales del Estado y comienza fijando, en su cap韙ulo I, los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignaci髇 como rectores de la programaci髇 presupuestaria, as� como las reglas de gesti髇 presupuestaria sometidas a un presupuesto anual que se enmarca en los l韒ites de un escenario plurianual.

El cap韙ulo II contiene una regulaci髇 novedosa al tratar la programaci髇 presupuestaria y el objetivo de estabilidad. En concreto, la programaci髇 de la actividad del sector p鷅lico estatal se materializa en los escenarios presupuestarios plurianuales, tanto de ingresos como de gastos, que se deben ajustar al objetivo de estabilidad para los tres ejercicios siguientes y a los que se adecuar醤 los Presupuestos Generales del Estado. Establece adem醩 su procedimiento de elaboraci髇, aprobaci髇 y su contenido.

Dentro de este apartado se definen los programas plurianuales ministeriales y de los Centros Gestores y se vincula la asignaci髇 de recursos de forma prioritaria con el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores, como de forma espec韋ica recoge el art韈ulo 31.

La definici髇 de los Presupuestos Generales del Estado se recoge en el cap韙ulo III, refiri閚dose a ellos como conjunto de derechos y obligaciones de contenido econ髆ico que corresponde liquidar en el ejercicio presupuestario que ser� coincidente con el a駉 natural. Simplifica adem醩 el alcance subjetivo de los presupuestos respecto al que delimitaba la anterior regulaci髇 contenida en el Real Decreto Legislativo 1091/1988.

Regula, asimismo, este cap韙ulo el procedimiento de elaboraci髇 del presupuesto, el tr醡ite de su remisi髇 a las Cortes Generales y contempla el supuesto de pr髍roga de los Presupuestos Generales del Estado si no se formalizase su aprobaci髇 dentro de los plazos previstos, regulando tambi閚 la estructura que adoptan los Presupuestos, tanto lo relativo a los estados de gastos como a los de ingresos.

El cap韙ulo IV reorganiza y sistematiza la normativa relativa a las modificaciones de cr閐ito, junto con la atribuci髇 de competencias en la materia, adem醩 de recoger como novedad m醩 destacada el papel que desempe馻 el Fondo de contingencia de ejecuci髇 presupuestaria para hacer frente a necesidades inaplazables de car醕ter no discrecional y al que se aplican determinado tipo de modificaciones seg鷑 el procedimiento que dispone la ley. Se refiere adem醩, de forma separada, a las peculiaridades que presentan los organismos aut髇omos y la Seguridad Social, respecto del Estado, y se introducen algunas variaciones en la caracterizaci髇 de los supuestos de aplicaci髇 de determinadas modificaciones como es el caso de las incorporaciones de cr閐ito, las transferencias y las generaciones.

Novedoso resulta tambi閚 el que recoja en un cap韙ulo diferenciado las caracter韘ticas espec韋icas de las entidades p鷅licas empresariales, sociedades mercantiles estatales y fundaciones del sector p鷅lico estatal en materia presupuestaria, como hace esta ley, y a las que dedica su cap韙ulo V, y que se concretan en la necesidad de elaborar sus presupuestos de explotaci髇 y capital, la formulaci髇 y tramitaci髇 de un programa de actuaci髇 plurianual, y las singularidades de las variaciones de sus dotaciones presupuestarias.

El 鷏timo cap韙ulo del t韙ulo II se dedica a la gesti髇 presupuestaria, estableciendo como principio general el cumplimiento de la eficacia en la consecuci髇 de un sistema de objetivos que se fijar� a trav閟 de la elaboraci髇 de los programas plurianuales. Se describen las sucesivas fases del procedimiento de gesti髇 de los gastos p鷅licos, as� como la designaci髇 de competencias de gesti髇 de gastos y ordenaci髇 de pagos. Se contemplan tambi閚 determinados aspectos en materia de gesti髇 presupuestaria como el procedimiento de embargo de derechos de cobro, las actuaciones en relaci髇 con los pagos indebidos y dem醩 reintegros, as� como los mecanismos presupuestarios de anticipos de caja fija y de pagos a justificar.

IV

El t韙ulo III, De las relaciones financieras con otras Administraciones, contempla las operaciones financieras con la Uni髇 Europea, con las comunidades aut髇omas y con las entidades locales.

El cap韙ulo I pretende el establecimiento legal de un marco permanente y eficaz para el flujo de fondos entre Espa馻 y la Uni髇 Europea.

De acuerdo con lo anterior, se recoge en este cap韙ulo una autorizaci髇 al Ministro de Econom韆 para llevar a cabo las operaciones de tesorer韆 que exijan las relaciones financieras con las Comunidades Europeas, incluy閚dose entre 閟tas, en todo caso las relativas a las compras de productos, subvenciones y otras intervenciones de mercado financiadas por el Fondo Europeo de Orientaci髇 y Garant韆 Agr韈ola, fondos procedentes del Fondo Social Europeo destinados a cofinanciar proyectos del Instituto Nacional de Empleo, y la puesta a disposici髇 de los entes distintos del Estado y de los organismos aut髇omos de los fondos procedentes de la Uni髇 Europea con destino a los mismos.

En cuanto a los anticipos de tesorer韆, se establece la obligaci髇 de cancelaci髇 antes del fin del ejercicio econ髆ico de los anticipos excepcionales derivados de la intermediaci髇 del Banco de Espa馻 en los pagos o de su especial tramitaci髇, si bien los anticipos para ejecuci髇 de acciones y programas financiados o cofinanciados por fondos europeos que estuvieran pendientes de cancelar a fin del ejercicio, podr醤 cancelarse en el ejercicio siguiente.

Por otro lado, se establece en el caso de acciones cofinanciadas, el reflejo en el Presupuesto de Gastos del Estado de la financiaci髇 a cargo del Presupuesto General de las Comunidades Europeas, conjuntamente con el importe de la financiaci髇 atribuida al Estado.

Por 鷏timo, la promulgaci髇 de la Ley General de Subvenciones, determina la remisi髇 a 閟ta con un car醕ter general del reintegro de ayudas y de la responsabilidad financiera. En el 醡bito de la Pol韙ica Agraria Com鷑 y en el caso de que la Comunidad Europea no asuma un importe que previamente ha sido anticipado por las diferentes Administraciones p鷅licas, se establece que el importe no reembolsado por la Comunidad afectar� a las diferentes Administraciones p鷅licas en relaci髇 con sus respectivas actuaciones.

El cap韙ulo II, que regula las operaciones financieras con las comunidades aut髇omas, responde al car醕ter de ley de referencia o ley general reguladora del sistema financiero del sector p鷅lico estatal de la Ley General Presupuestaria, y en consecuencia contiene los principios generales de las relaciones financieras con las comunidades aut髇omas, que completan la regulaci髇 espec韋ica del sistema de financiaci髇 auton髆ico establecido por otras leyes, entre las que destaca la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.

En este cap韙ulo se incluyen tambi閚 las reglas para la ejecuci髇 de los cr閐itos del Presupuesto de Gastos destinados a las subvenciones correspondientes a competencias de ejecuci髇 no transferidas.

Por 鷏timo debe destacarse la modificaci髇 del art韈ulo 57 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci髇 de las comunidades aut髇omas y ciudades con estatuto de autonom韆, que afecta a los anticipos concedidos a las comunidades aut髇omas para hacer frente a los desfases transitorios de tesorer韆.

El 鷏timo cap韙ulo del t韙ulo III regula los aspectos esenciales de las operaciones financieras con las entidades locales, estableciendo las reglas correspondientes a la gesti髇 presupuestaria de los cr閐itos destinados a la participaci髇 en los tributos del Estado y a la compensaci髇 de beneficios fiscales en tributos locales.

V

El t韙ulo IV define y desarrolla las Operaciones Financieras del Tesoro P鷅lico a lo largo de cinco cap韙ulos.

El cap韙ulo I, relativo a las normas generales, comienza definiendo al Tesoro P鷅lico en los mismos t閞minos en que en lo defin韆 el texto refundido, como los recursos financieros de la Hacienda P鷅lica Estatal, atribuy閚dole como funciones principales, entre otras, la de la recaudaci髇 de los derechos y el pago de las obligaciones del Estado y la de servir al principio de unidad de caja.

La Deuda del Estado, constituida por el conjunto de capitales tomados a pr閟tamo por el Estado, podr� realizarse por diferentes medios: emisi髇 p鷅lica, concertaci髇 de pr閟tamos, etc., no estableci閚dose de forma exhaustiva los medios a trav閟 de los cuales puede realizarse.

Por 鷏timo, este primer cap韙ulo destina un art韈ulo a establecer la informaci髇 que con respecto a las operaciones financieras, habr醤 de facilitar el Gobierno y el Ministro de Hacienda a las Cortes Generales.

El cap韙ulo II desarrolla la normativa relativa a la Deuda del Estado, estableciendo en su primera secci髇 la habilitaci髇 legal para la creaci髇 de Deuda, determinando la forma en que habr醤 de computarse los l韒ites autorizados de variaci髇 de su saldo vivo.

Por otra parte, establece en qu� secci髇 del presupuesto se habilitar醤 los cr閐itos destinados a dar cobertura presupuestaria a los gastos derivados de la misma, as� como la forma en que tanto los ingresos como los gastos provenientes de estas operaciones se imputar醤 a los citados cr閐itos.

La segunda secci髇 de este cap韙ulo desarrolla las operaciones relativas a la Deuda del Estado, tanto en su vertiente de contrataci髇 de la misma como en lo que respecta a la realizaci髇 de operaciones financieras destinadas a limitar, disminuir, o diversificar el riesgo o el coste de la deuda contra韉a tanto en moneda nacional como en divisas.

Asimismo, establece las competencias de los diferentes 髍ganos de la Administraci髇 del Estado implicados en la formalizaci髇 de estas operaciones y por 鷏timo desarrolla la normativa relativa a las emisiones de valores, operaciones de cr閐ito, operaciones financieras de cobertura de riesgos y otras operaciones relativas a la Deuda, con una visi髇 m醩 acorde con la actualidad financiera.

La tercera secci髇, destinada a desarrollar el R間imen Jur韉ico de la Deuda del Estado en lo referente a los valores representativos de la Deuda, regula la transmisi髇 de la misma y la prescripci髇 de las obligaciones de la Administraci髇.

El cap韙ulo III, sobre gesti髇 de la Tesorer韆 del Estado, introduce la aprobaci髇 anual de un Presupuesto Monetario.

Este instrumento, destinado a conseguir una adecuada distribuci髇 temporal de los pagos y evitar ineficiencias en la distribuci髇 y gesti髇 de las disponibilidades l韖uidas, tiene su antecedente en el Plan de Disposici髇 de Fondos referido en el art韈ulo 77 de la anterior Ley General Presupuestaria, e integrar韆 a la Administraci髇 General del Estado y a sus organismos aut髇omos.

Igualmente, constituye una novedad la obligatoriedad legal de que los pagos que se ajusten al Presupuesto Monetario sean ordenados, como criterio general y entre pagos homog閚eos, por orden cronol骻ico de recepci髇 por la Direcci髇 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera. En particular, para una gesti髇 eficiente de la Tesorer韆 del Estado podr醤 aplicarse otros criterios distintos, y, entre otros, el importe de la operaci髇, aplicaci髇 presupuestaria o forma de pago.

En lo que respecta a las relaciones con el Banco de Espa馻 y otras entidades de cr閐ito, la presente norma no altera sustancialmente lo establecido en el texto refundido.

El cap韙ulo IV contempla el endeudamiento y la gesti髇 de tesorer韆 de los organismos aut髇omos y entidades p鷅licas empresariales.

Este cap韙ulo contempla las operaciones de endeudamiento de los organismos aut髇omos, condicionadas a la previa autorizaci髇 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establecer� los t閞minos y l韒ites de las mismas.

Por 鷏timo, el cap韙ulo V se dedica al otorgamiento de avales por la Administraci髇 General de Estado, debiendo destacarse como novedad esencial frente a la anterior Ley General Presupuestaria, el que no se contempla la posibilidad de que los Organismos aut髇omos puedan otorgar avales.

VI

El t韙ulo V se refiere a la contabilidad del sector p鷅lico estatal, configur醤dola como un sistema de informaci髇 econ髆ico-financiera y presupuestaria sobre la actividad desarrollada por las entidades integrantes del mismo.

Como novedad en relaci髇 con el texto refundido de la Ley General Presupuestaria anterior, el presente texto hace referencia expresa a la finalidad de la contabilidad del sector p鷅lico estatal de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situaci髇 financiera, de los resultados y de la ejecuci髇 del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo para, entre otros objetivos, suministrar informaci髇 para la determinaci髇 de los costes de los servicios p鷅licos y facilitar la gesti髇 y la toma de decisiones.

Se aclara la indefinici髇 sobre las distintas situaciones contables del sector p鷅lico estatal, seg鷑 el plan contable aplicable (p鷅lico, privado o adaptaci髇 del Plan General a las entidades sin fines lucrativos), enumer醤dose las entidades que est醤 sometidas a cada uno de los reg韒enes.

Como novedad cabe destacar, asimismo, la enumeraci髇 de los destinatarios de la informaci髇 que suministre la contabilidad de las entidades del sector p鷅lico estatal: 髍ganos de direcci髇 y gesti髇, de representaci髇 pol韙ica y de control externo e interno.

A todo lo anterior, incluido en el cap韙ulo I, bajo el ep韌rafe 玁ormas generales�, hay que a馻dir el hecho de la realizaci髇 de una expresa enumeraci髇 de los principios contables p鷅licos.

En el cap韙ulo II de este t韙ulo, referido a las competencias en materia contable, tras establecer las competencias del Ministro de Hacienda, se hace un desarrollo exhaustivo de las correspondientes a la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado, como Centro Directivo y Gestor de la Contabilidad P鷅lica.

El cap韙ulo III, relativo a la 獻nformaci髇 contable�, comienza estableciendo la obligaci髇 de todas las entidades del sector p鷅lico estatal de formular cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicaci髇, en el plazo m醲imo de tres meses desde el cierre del ejercicio econ髆ico, haciendo referencia a continuaci髇 al contenido que deben tener dichas cuentas, de un lado para las entidades que deban aplicar los principios contables p鷅licos, y de otro para el resto de entidades del sector p鷅lico estatal.

La secci髇 2.� del cap韙ulo III est� referida a la Cuenta General del Estado, contempl醤dose su contenido, su formulaci髇 y remisi髇 al Tribunal de Cuentas y su examen y comprobaci髇.

Se incluye, como novedad, una secci髇 tercera, bajo el ep韌rafe 獻nformaci髇 sobre el objetivo de estabilidad y equilibrio financiero�, en la que se contempla la obligaci髇 de las comunidades aut髇omas y corporaciones locales de suministrar la informaci髇 necesaria para la medici髇 del grado de realizaci髇 del objetivo de estabilidad presupuestaria, con arreglo a lo previsto en la Ley Org醤ica 5/2001, en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en su Reglamento de desarrollo. Asimismo, se establece la obligaci髇 de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado de realizar el seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero as� como de los planes de saneamiento derivados de su incumplimiento, en el ejercicio de las competencias de centralizaci髇 de la informaci髇 contable de las entidades integrantes del sector p鷅lico estatal.

La secci髇 cuarta del cap韙ulo III, denominada 獻nformaci髇 peri骴ica�, incluye como novedades, tanto la obligaci髇 de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado de publicar en el 獴olet韓 Oficial del Estado� anualmente un resumen de los principales estados y documentos que conformen la Cuenta de la Administraci髇 General del Estado, como la de las entidades que deban aplicar principios contables p鷅licos, as� como las referidas en el art韈ulo 129, y que no tengan obligaci髇 de publicidad en el Registro Mercantil, de publicar en el 獴olet韓 Oficial del Estado� anualmente un resumen de los principales estados y documentos que conformen sus cuentas anuales.

El cap韙ulo IV, relativo a la rendici髇 de cuentas no presenta modificaciones esenciales respecto de la anterior regulaci髇 del procedimiento de rendici髇 de cuentas al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado, a que quedan sometidas las entidades integrantes del sector p鷅lico estatal.

Una de las novedades, de naturaleza sistem醫ica, consiste en la exclusi髇 de la regulaci髇 de la auditor韆 de las cuentas anuales, que en la ley anterior se conten韆 en el t韙ulo de contabilidad y en la materia referida al control, y que en la presente ley se regula exclusivamente en el t韙ulo de control, dentro del cap韙ulo relativo a la auditor韆 p鷅lica.

Por 鷏timo, se destaca la regulaci髇 legal de los supuestos de rendici髇 de cuentas de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector p鷅lico estatal que se extinguen o dejan de tener tal condici髇 durante el per韔do a que se refiere la rendici髇, estableci閚dose la obligaci髇 de rendir una cuenta parcial hasta dicha fecha por el titular del ente en el momento de la rendici髇.

VII

El t韙ulo VI regula el control de la actividad econ髆ico-financiera del sector p鷅lico estatal ejercido por la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

La regulaci髇 contenida en esta ley no presenta modificaciones esenciales respecto de la regulaci髇 contenida en la anterior Ley General presupuestaria, centr醤dose las variaciones efectuadas respecto de la anterior regulaci髇 en una exposici髇 m醩 clara y sistem醫ica del referido control interno, integrando en un solo t韙ulo la materia que se encontraba dispersa en diferentes t韙ulos en la anterior ley.

Asimismo, se trata unitariamente el control ejercido sobre las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y el correspondiente al resto del sector p鷅lico estatal. Por otro lado, regula de una forma detallada, a diferencia de la anterior Ley General Presupuestaria, el control de car醕ter posterior, distinto de la funci髇 interventora, que se agrupa en dos modalidades con sustantividad propia: el control financiero permanente y la auditor韆 p鷅lica.

El cap韙ulo I, relativo a las normas generales, configura el citado control como un control interno ejercido con plena autonom韆 respecto de las autoridades y entidades cuya gesti髇 econ髆ico-financiera se controla, y que tiene como objetivos la verificaci髇 del sometimiento de dicha gesti髇 a la legalidad, a los principios de buena gesti髇 financiera y a los establecidos en la citada Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo, y en consonancia con la relevancia atribuida a la presupuestaci髇 por objetivos, el control se concibe asimismo como un instrumento adicional para asegurar su efectividad.

Se establecen a su vez en dicho cap韙ulo las modalidades, que son la funci髇 interventora, el control financiero permanente y la auditor韆 p鷅lica, los principios de actuaci髇 y los deberes y facultades del personal controlador, regul醤dose por 鷏timo los informes generales de control a remitir al Consejo de Ministros, y las especialidades normativas del control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

El cap韙ulo II regula el ejercicio de la funci髇 interventora, estableciendo su 醡bito y sus modalidades de ejercicio, y los supuestos de no sujeci髇 a fiscalizaci髇 previa.

En cuanto a la regulaci髇 de la fiscalizaci髇 limitada previa, las principales innovaciones se encuentran en el reflejo legal de determinados extremos objeto de verificaci髇 que antes se encontraban recogidos en Acuerdo del Consejo de Ministros, y en la supresi髇 de la fiscalizaci髇 plena posterior, superando as� la confusi髇 conceptual existente respecto a naturaleza de la comprobaci髇 posterior de los aspectos no examinados en la fiscalizaci髇 limitada previa, que no forma parte de las actuaciones de fiscalizaci髇 previa, dado su ejercicio posterior y la utilizaci髇 de t閏nicas de auditor韆, quedando englobada en las actuaciones de control financiero permanente.

Por 鷏timo se regulan en dicho cap韙ulo los reparos, el procedimiento de resoluci髇 de discrepancias y la omisi髇 de fiscalizaci髇.

La regulaci髇 legal de este 鷏timo aspecto constituye una novedad, dado el rango reglamentario de la anterior regulaci髇, y que se encuentra justificada por su trascendencia en relaci髇 con la disciplina presupuestaria y los objetivos de la citada Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

La atribuci髇 de un cap韙ulo espec韋ico al control financiero permanente, considerado como instrumento esencial para el seguimiento y control del principio de estabilidad presupuestaria, y su regulaci髇 detallada, suponen asimismo una novedad, teniendo en cuenta que en la anterior Ley General Presupuestaria se regulaba 鷑icamente su 醡bito de aplicaci髇, estableci閚dose en la actual ley su concepto, contenido y r間imen jur韉ico de los informes derivados de su ejercicio, someti閚dose 閟te a un Plan anual de control financiero permanente, que asegure su planificaci髇 y sistem醫ica.

Por 鷏timo, se regula en el cap韙ulo IV la auditor韆 p鷅lica, caracterizada por su car醕ter posterior y no permanente, y coexistente con el ejercicio de la funci髇 interventora, el control financiero permanente y la auditor韆 privada de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditor韆 de Cuentas, ejercida sobre las sociedades mercantiles estatales, en los supuestos establecidos por la legislaci髇 mercantil.

Dentro del cap韙ulo se regulan las modalidades de auditor韆 p鷅lica, el Plan anual de auditor韆s en el que se plasma su planificaci髇 anual y los informes resultantes de su ejercicio, destin醤dose la secci髇 segunda a la regulaci髇 de la auditor韆 de las cuentas anuales de las entidades integrantes del sector p鷅lico estatal, y la secci髇 tercera a auditor韆s p鷅licas espec韋icas.

VIII

El t韙ulo VII se dedica a las responsabilidades derivadas de las infracciones de la esta ley que supongan un da駉 o perjuicio a la Hacienda P鷅lica Estatal o a las entidades integrantes del sector p鷅lico estatal. Se ampl韆, por lo tanto, el 醡bito subjetivo de la anterior regulaci髇, que quedaba limitada a la Hacienda P鷅lica estatal. Dicho 醡bito tambi閚 queda ampliado, al considerarse responsables a las autoridades y personal al servicio de las entidades del sector p鷅lico estatal, frente a la limitaci髇 establecida por la anterior ley a las autoridades y funcionarios.

El t韙ulo regula los supuestos de infracci髇, los tipos de responsabilidad, distingui閚dose entre el dolo y la culpa, y los supuestos de solidaridad y mancomunidad en la responsabilidad.

Se regula, asimismo, la responsabilidad espec韋ica de los interventores y los ordenadores de pagos y el r間imen procedimental de la exigencia de responsabilidad, distingui閚dose la competencia atribuida al Tribunal de Cuentas y la correspondiente al Gobierno y al Ministro de Hacienda.

Por 鷏timo, se contempla el r間imen jur韉ico de los reintegros derivados de la responsabilidad y las diligencias previas tendentes a asegurar su exigencia.