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Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Ficha:
  • rgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE nm. 309 de
  • Vigencia desde 26 de Marzo de 2004. Esta revisin vigente desde 10 de Junio de 2011
Versiones/revisiones:

Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

Espaa se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonizacin del rgimen jurdico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusin de su prctica y promover la unidad de criterios en su aplicacin, en la conviccin de que una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de solucin de controversias.

La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, es tributaria de esta vocacin, ya antes manifestada explcitamente en el Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, que abri las puertas al arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta que el incremento de las relaciones comerciales internacionales, en particular en el rea iberoamericana, y la inexistencia de adecuados servicios de arbitraje comercial internacional en nuestro pas determina que la utilizacin de la tcnica arbitral por empresarios y comerciantes de la citada rea se efecte con referencia a instituciones de otro contexto cultural idiomtico, con el efecto negativo que ello representa para Espaa y la prdida que para nuestro pas significa la ruptura de las vinculaciones con los citados pases en materia de tan creciente inters comn.

Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocacin y esa prctica, pero con la pretensin de producir un salto cualitativo. As, su principal criterio inspirador es el de basar el rgimen jurdico espaol del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL), recomendada por la Asamblea General en su Resolucin 40/72, de 11 de diciembre de 1985, teniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades de la prctica del arbitraje comercial internacional. El legislador espaol sigue la recomendacin de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo y, adems, toma en consideracin los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisin con el propsito de incorporar los avances tcnicos y atender a las nuevas necesidades de la prctica arbitral, particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de adopcin de medidas cautelares.

La Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jurdicas europeo-continental y anglosajona producto de un cuidado estudio del derecho comparado. Su redaccin no responde, por ello, plenamente a los cnones tradicionales de nuestro ordenamiento, pero facilita su difusin entre operadores pertenecientes a reas econmicas con las que Espaa mantiene activas y crecientes relaciones comerciales. Los agentes econmicos de dichas reas adquirirn, por tanto, mayor certidumbre sobre el contenido del rgimen jurdico del arbitraje en Espaa, lo que facilitar y aun impulsar que se pacten convenios arbitrales en los que se establezca nuestro pas como lugar del arbitraje. La Ley Modelo resulta ms asequible a los operadores econmicos del comercio internacional, habituados a una mayor flexibilidad y adaptabilidad de las normas a las peculiaridades de casos concretos surgidos en escenarios muy diversos.

La nueva ley se dicta con conciencia de los innegables avances que su precedente, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, supuso para la regulacin y modernizacin del rgimen de esta institucin en nuestro ordenamiento jurdico. Durante su vigencia se ha producido una notable expansin del arbitraje en nuestro pas; ha aumentado en gran medida el tipo y el nmero de relaciones jurdicas, sobre todo contractuales, para las que las partes pactan convenios arbitrales; se ha asentado el arbitraje institucional; se han consolidado prcticas uniformes, sobre todo en arbitrajes internacionales; se ha generado un cuerpo de doctrina estimable; y se ha normalizado la utilizacin de los procedimientos judiciales de apoyo y control del arbitraje.

Sin embargo, las consideraciones hechas anteriormente revelan que, partiendo del acervo descrito, resulta necesario impulsar otro nuevo e importante avance en la regulacin de la institucin mediante la sealada incorporacin de nuestro pas al elenco creciente de Estados que han adoptado la Ley Modelo. Adems, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 36/1988 ha permitido detectar en ella lagunas e imperfecciones. El arbitraje es una institucin que, sobre todo en su vertiente comercial internacional, ha de evolucionar al mismo ritmo que el trfico jurdico, so pena de quedarse desfasada. La legislacin interna de un pas en materia de arbitraje ha de ofrecer ventajas o incentivos a las personas fsicas y jurdicas para que opten por esta va de resolucin de conflictos y porque el arbitraje se desarrolle en el territorio de ese Estado y con arreglo a sus normas. Por consiguiente, tanto las necesidades de mejora y seguimiento de la evolucin del arbitraje como la acomodacin a la Ley Modelo hacen necesaria la promulgacin de esta ley.

II

La nueva regulacin se sistematiza en nueve ttulos. El ttulo I contiene las disposiciones generales sobre arbitraje.

El artculo 1 determina el mbito de aplicacin de la ley sobre la base de los siguientes criterios:

En primer lugar, se dejan a salvo, como no poda ser de otro modo, las disposiciones contenidas en convenios internacionales de los que Espaa sea parte.

En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposicin entre arbitraje ordinario y arbitrajes especiales, esta ley pretende ser una ley general, aplicable, por tanto, ntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulacin especial; pero tambin supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo que alguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad.

En tercer lugar, en lo que respecta a la contraposicin entre arbitraje interno y arbitraje internacional, esta ley opta claramente por una regulacin unitaria de ambos. Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre dualismo (que el arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida por preceptos distintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas excepciones, los mismos preceptos se apliquen por igual al arbitraje interno e internacional), la ley sigue el sistema monista. Son pocas y muy justificadas las normas en que el arbitraje internacional requiere una regulacin distinta de la del arbitraje interno. Aun con la conciencia de que el arbitraje internacional responde en muchas ocasiones a exigencias distintas, esta ley parte de la base -corroborada por la tendencia actual en la materia- de que una buena regulacin del arbitraje internacional ha de serlo tambin para el arbitraje interno, y viceversa. La Ley Modelo, dado que se gesta en el seno de la CNUDMI/UNCITRAL, est concebida especficamente para el arbitraje comercial internacional; pero su inspiracin y soluciones son perfectamente vlidas, en la inmensa mayora de los casos, para el arbitraje interno. Esta ley sigue en este aspecto el ejemplo de otras recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que la Ley Modelo no slo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino para el arbitraje en general.

En cuarto lugar, la delimitacin del mbito de aplicacin de la ley es territorial. No obstante, hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de intervencin judicial, que deben aplicarse tambin a aquellos arbitrajes que se desarrollen o se hayan desarrollado en el extranjero. El criterio, en todo caso, es tambin territorial, puesto que se trata de normas procesales que han de ser aplicadas por nuestros tribunales.

El artculo 2 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre disposicin, como haca la Ley 36/1988. Sin embargo, se reputa innecesario que esta ley contenga ningn elenco, siquiera ejemplificativo, de materias que no son de libre disposicin. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles. Es concebible que por razones de poltica jurdica haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar su carcter arbitrable. Pero ello excede del mbito de una regulacin general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones especficas en otros textos legales.

Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce tambin la regla, para el arbitraje internacional, de que los Estados y entes dependientes de ellos no puedan hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento jurdico. Se pretende con ello que, a estos efectos, el Estado sea tratado exactamente igual que un particular.

El artculo 3 regula la determinacin del carcter internacional del arbitraje, que resulta relevante para la aplicacin de aquellos artculos que contienen reglas especiales para los arbitrajes internacionales que se desarrollen en nuestro territorio. As, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento en qu casos un arbitraje es internacional; lo que debe facilitar la interpretacin y aplicacin de esta ley en el contexto del trfico jurdico internacional. Adems, debe tenerse en cuenta que existen convenios internacionales cuya aplicacin exige una definicin previa del arbitraje internacional. La determinacin del carcter internacional del arbitraje sigue sustancialmente los criterios de la Ley Modelo. A stos resulta conveniente aadir otro: que la relacin jurdica de la que dimana la controversia afecte a los intereses del comercio internacional. Se trata de un criterio ampliamente desarrollado en otros ordenamientos, con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no concurran los elementos anteriormente establecidos por la ley, resulte indudable su carcter internacional a la luz de las circunstancias del caso. Por otra parte, la ley evita la confusin que la pluralidad de domicilios de una persona, admitida en otros ordenamientos, podra causar a la hora de determinar si un arbitraje es internacional o no.

El artculo 4 contiene una serie de reglas de interpretacin, entre las que tienen especial relevancia las que dotan de contenido a las normas legales dispositivas de esta ley mediante la remisin, por voluntad de las partes, a la de una institucin arbitral o al contenido de un reglamento arbitral. As, esta ley parte en la mayora de sus reglas de que debe primar la autonoma de la voluntad de las partes. Mas esa voluntad se entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la institucin administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los rbitros, en virtud del reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido. Se produce, por tanto, una suerte de integracin del contenido del contrato de arbitraje o convenio arbitral, que, por mor de esta disposicin, pasa a ser en tales casos un contrato normativo. De este modo, la autonoma privada en materia de arbitraje se puede manifestar tanto directamente, a travs de declaraciones de voluntad de las partes, como indirectamente, mediante la declaracin de voluntad de que el arbitraje sea administrado por una institucin arbitral o se rija por un reglamento arbitral. En este sentido, la expresin institucin arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organizacin de las caractersticas previstas que tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a l, se dedique a la administracin de arbitrajes. Pero se precisa que las partes pueden someterse a un concreto reglamento sin encomendar la administracin del arbitraje a una institucin, en cuyo caso el reglamento arbitral tambin integra la voluntad de las partes.

El artculo 5 establece las reglas sobre notificaciones, comunicaciones y cmputo de plazos, que se aplican tanto a las actuaciones tendentes a poner en marcha el arbitraje como al conjunto de su tramitacin. Se regulan la forma, el lugar y el tiempo de las notificaciones y comunicaciones. Respecto del cmputo de los plazos por das, se dispone que se trata de das naturales. Esta regla no es aplicable en el seno de los procedimientos judiciales de apoyo o control del arbitraje, en que rigen las normas procesales, pero s a los plazos establecidos, en su caso, para la iniciacin de dichos procedimientos, como, por ejemplo, el ejercicio de la accin de anulacin del laudo.

El artculo 6 contiene una disposicin sobre renuncia tcita a las facultades de impugnacin, directamente inspirada -como tantas otras- en la Ley Modelo, que obliga a las partes en el arbitraje a la denuncia tempestiva e inmediata de las violaciones de normas dispositivas, esto es, aplicables en defecto de voluntad de las partes.

El artculo 7, sobre intervencin judicial en el arbitraje, es un corolario del denominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje. De este modo, la intervencin judicial en los asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse a los procedimientos de apoyo y control, expresamente previstos por la ley.

El artculo 8 contiene, directamente o por remisin, las normas de competencia objetiva y territorial para el conocimiento de todos los procedimientos de apoyo y control del arbitraje, incluso de aquellos que no se encuentran regulados en esta ley, sino en la de Enjuiciamiento Civil. Para el exequtur de laudos extranjeros se atribuye competencia a las Audiencias Provinciales, en vez de -como hasta ahora- a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con la finalidad de descargar a sta y ganar celeridad.

III

El ttulo II regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin perjuicio de la aplicacin de las normas generales sobre contratos en todo lo no especficamente previsto en esta ley. En lneas generales, la ley trata de perfeccionar la legislacin anterior, precisando algunos puntos que se haban revelado problemticos.

Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitos de forma del convenio arbitral. La ley refuerza el criterio antiformalista. As, aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta posterior. Se da as cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos medios de comunicacin y nuevas tecnologas. Se consagra tambin la validez de la llamada clusula arbitral por referencia, es decir, la que no consta en el documento contractual principal, sino en un documento separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en l se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma. En lo que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se opta por una solucin inspirada en un principio de conservacin o criterio ms favorable a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el convenio arbitral sea vlido con arreglo a cualquiera de los tres regmenes jurdicos sealados en el apartado 6 del artculo 9: las normas elegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el derecho espaol.

La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenio arbitral. Respecto de este ltimo, se mantiene la regla de que debe ser hecho valer por las partes y especficamente por el demandado a travs de la declinatoria. Adems, se precisa que la pendencia de un proceso judicial en el que se haya interpuesto declinatoria no impide que el procedimiento arbitral se inicie o prosiga; de modo que la incoacin de un proceso judicial no puede ser sin ms utilizada con la finalidad de bloquear o dificultar el arbitraje. Y se aclara que la solicitud de medidas cautelares a un tribunal no supone en modo alguno renuncia tcita al arbitraje; aunque tampoco hace actuar sin ms el efecto negativo del convenio arbitral. Con ello se despeja cualquier duda que pudiere subsistir acerca de la posibilidad de que se acuerden judicialmente medidas cautelares respecto de una controversia sometida a arbitraje, aun antes de que el procedimiento arbitral haya comenzado. Esta posibilidad es indudable a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es importante que se recoja tambin en la legislacin de arbitraje. Adems, da cobertura a una eventual solicitud de medidas cautelares ante un tribunal extranjero respecto de un arbitraje regido por la ley espaola.

IV

El ttulo III se dedica a la regulacin de la figura del rbitro o rbitros. La ley prefiere las expresiones rbitro o rbitros a la de tribunal arbitral, que puede causar confusin con los tribunales judiciales. Adems, en la mayor parte de los preceptos la referencia a los rbitros incluye tanto los supuestos en que hay un colegio arbitral como aquellos en los que el rbitro es nico.

La ley opta por establecer que a falta de acuerdo de las partes se designar un solo rbitro. Es sta una opcin guiada por razones de economa. En cuanto a la capacidad para ser rbitro, se opta por el criterio de la mayor libertad de las partes, como es hoy la regla general en los pases ms avanzados en materia de arbitraje: nada impone la ley, salvo que se trate de personas naturales con capacidad de obrar plena. Sern las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones -no adecuadas a la realidad del arbitraje- designen a los rbitros. Slo para los casos en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes, la ley prev y regula las situaciones que pueden presentarse en la designacin de los rbitros, para evitar la paralizacin del arbitraje. En estos casos es necesaria la actuacin judicial, si bien se pretende, de un lado, que el procedimiento judicial pueda ser rpido y, de otro, dar criterios al Juez de Primera Instancia para realizar la designacin. Muestras de lo primero son la remisin al juicio verbal y la no recurribilidad separada de las resoluciones interlocutorias que el Juzgado dicte en este procedimiento, as como de la que proceda a la designacin. Muestra de lo segundo es la regla acerca de la conveniencia de que en los arbitrajes internacionales el rbitro nico o el tercer rbitro sea de nacionalidad diferente a la de las partes. Debe destacarse, adems, que el juez no est llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificacin de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizara indebidamente la designacin y vaciara de contenido la regla de que son los rbitros los llamados a pronunciarse, en primer trmino, sobre su propia competencia. Por ello, el juez slo debe desestimar la peticin de nombramiento de rbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez no est llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio.

Se establece el deber de todos los rbitros, al margen de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en el arbitraje. Garanta de ello es su deber de revelar a las partes cualquier hecho o circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia. Se elimina el reenvo a los motivos de abstencin y recusacin de jueces y magistrados, por considerar que no siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos los supuestos, y se prefiere una clusula general. Respecto del procedimiento de recusacin, la premisa es una vez ms la libertad de las partes, ya sea por acuerdo directo o por remisin a un reglamento arbitral. En su defecto, se establece que sean el rbitro o los rbitros quienes decidan sobre la recusacin, sin perjuicio de poder hacer valer los motivos de recusacin como causa de anulacin del laudo. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales frente a la decisin desestimatoria de la recusacin tendra, sin duda, la ventaja de una certidumbre preliminar sobre la imparcialidad, pero se prestara a una utilizacin dilatoria de esta facultad. Se estima que sern mucho menos frecuentes los supuestos en que una recusacin ser indebidamente desestimada y dar lugar a la nulidad de todo el procedimiento arbitral que los casos en que se formularan pretensiones inmediatas ante la autoridad judicial con la finalidad de dilatar el procedimiento.

La ley se ocupa igualmente de otros supuestos que pueden conducir al cese de alguno de los rbitros en sus funciones y al nombramiento de sustituto. Se prev la posibilidad de que en tales casos haya que repetir actuaciones ya practicadas, pero no se obliga a ello.

V

El ttulo IV se dedica a la importante cuestin de la competencia de los rbitros.

El artculo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los rbitros tienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha bautizado con la expresin alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley de 1988 ya consagraba en trminos menos precisos. Esta regla abarca lo que se conoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los rbitros tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral. Adems, bajo el trmino genrico de competencia han de entenderse incluidas no slo las cuestiones que estrictamente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las relativas a las personas de los rbitros, que tienen su tratamiento propio). La ley establece la carga de que las cuestiones relativas a la competencia de los rbitros sean planteadas a limine. Ha de resaltarse que el hecho de que una de las partes colabore activamente en la designacin de los rbitros no supone ningn tipo de renuncia tcita a hacer valer la incompetencia objetiva de stos. Es una lgica consecuencia de la regla de Kompetenz-Kompetenz: si son los rbitros los que han de decidir sobre su propia competencia, la parte est simplemente contribuyendo a designar a quien o a quienes podrn decidir sobre dicha competencia. Lo contrario abocara a la parte a una situacin absurda: debera permanecer pasiva durante la designacin de los rbitros para poder luego alegar su falta de competencia sobre la controversia. La regla de la alegacin previa de las cuestiones atinentes a la competencia de los rbitros tiene una razonable modulacin en los casos en que la alegacin tarda est, a juicio de los rbitros, justificada, en la medida en que la parte no pudo realizar esa alegacin con anterioridad y que su actitud durante el procedimiento no puede ser interpretada como una aceptacin de la competencia de los rbitros. Queda a la apreciacin de los rbitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas con carcter previo o junto con las cuestiones de fondo. La ley parte de la base de que los rbitros pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas.

El artculo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los rbitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisin a un reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a determinar el mbito de esta potestad cautelar. Obviamente, los rbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecucin de las medidas cautelares ser necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos trminos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los rbitros la primera, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga ni restringe la posibilidad, prevista en los artculos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopcin de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal.

VI

El ttulo V regula las actuaciones arbitrales. La ley vuelve a partir del principio de autonoma de la voluntad y establece como nicos lmites al mismo y a la actuacin de los rbitros el derecho de defensa de las partes y el principio de igualdad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso que es. Garantizado el respeto a estas normas bsicas, las reglas que sobre el procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto, aplicables slo si las partes nada han acordado directamente o por su aceptacin de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral. De este modo, las opciones de poltica jurdica que subyacen a estos preceptos quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes.

En lo que respecta al lugar del arbitraje, hay que destacar que se permite la celebracin de audiencias y de deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje. La determinacin del lugar o sede del arbitraje es jurdicamente relevante en muchos aspectos, pero su fijacin no debe suponer rigidez para el desarrollo del procedimiento.

El inicio del arbitraje se fija en el momento en que una parte recibe el requerimiento de la otra de someter la controversia a decisin arbitral. Parece lgico que los efectos jurdicos propios del inicio del arbitraje se produzcan ya en ese momento, incluso aunque no est perfectamente delimitado el objeto de la controversia. Las soluciones alternativas permitiran actuaciones tendentes a dificultar el procedimiento.

La determinacin del idioma o idiomas del arbitraje corresponde lgicamente a las partes y, en su defecto, a los rbitros. No obstante, salvo que alguna de las partes se oponga, se permite que se aporten documentos o se practiquen actuaciones en idioma no oficial del arbitraje sin necesidad de traduccin. Con ello se consagra una regla prctica muy extendida, que admite la aportacin de documentos o declaraciones en otro idioma.

En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones procesales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos trminos. Al fin y al cabo, la determinacin del objeto de la controversia, siempre dentro del mbito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva. Sin embargo, la prctica arbitral demuestra que quien inicia el arbitraje formula en todo caso una pretensin frente a la parte o partes contrarias y se convierte, por tanto, en actor; y ello sin perjuicio de que el demandado pueda reconvenir. Parece, por tanto, razonable que, sin perjuicio de la libertad de las partes, el procedimiento arbitral se estructure sobre la base de una dualidad de posiciones entre demandante y demandado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser flexibilizada a la hora de configurar los requisitos de los actos de las partes en defensa de sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La funcin de la demanda y de la contestacin a que se refiere el artculo 29 no es sino la de ilustrar a los rbitros sobre el objeto de la controversia, sin perjuicio de alegaciones ulteriores. No entran aqu en juego las reglas propias de los procesos judiciales en cuanto a requisitos de demanda y contestacin, documentos a acompaar o preclusin. El procedimiento arbitral, incluso en defecto de acuerdo de las partes, se configura con gran flexibilidad, acorde con las exigencias de la institucin.

Esa flexibilidad se da tambin en el desarrollo ulterior del procedimiento. Cabe que el procedimiento sea en ciertos casos predominantemente escrito, si las circunstancias del caso no exigen la celebracin de audiencias. Sin embargo, la regla es la celebracin de audiencias para la prctica de pruebas. La ley trata de evitar, adems, que la inactividad de las partes pueda paralizar el arbitraje o comprometer la validez del laudo.

La fase probatoria del arbitraje est tambin presidida por la mxima libertad de las partes y de los rbitros -siempre que se respeten el derecho de defensa y el principio de igualdad- y por la mxima flexibilidad. La ley establece nicamente normas sobre la prueba pericial, de singular importancia en el arbitraje contemporneo, aplicables en defecto de voluntad de las partes. Estas normas estn encaminadas a permitir tanto los dictmenes emitidos por peritos designados directamente por las partes como los emitidos por peritos designados, de oficio o a instancia de parte, por los rbitros, y a garantizar la debida contradiccin respecto de la pericia.

Se regula igualmente la asistencia judicial para la prctica de pruebas, que es una de las tradicionales funciones de apoyo judicial al arbitraje. La asistencia no tiene que consistir necesariamente en que el tribunal practique determinadas pruebas; en ciertos casos, bastar con otras medidas que permitan a los rbitros practicarlas por s mismos, como, por ejemplo, medidas de aseguramiento o requerimientos de exhibicin de documentos.

VII

El ttulo VI se dedica al laudo y a otras posibles formas de terminacin del procedimiento arbitral. El artculo 34 regula la importante cuestin de qu normas han de aplicarse a la resolucin del fondo de la controversia, sobre la base de los siguientes criterios: 1.) La premisa es, una vez ms, como en la Ley de 1988, la libertad de las partes. 2.) Se invierte la regla que la ley de 1988 contena a favor del arbitraje de equidad. La preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las partes es la orientacin ms generalizada en el panorama comparado. Resulta, adems, muy discutible que la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, sin ms especificaciones, pueda presumirse que incluya la de que la controversia sea resuelta en equidad y no sobre la base de los mismos criterios jurdicos que si hubiere de resolver un tribunal. El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las partes lo hayan pactado expresamente, ya sea a travs de una remisin literal a la equidad, o a trminos similares como decisin en conciencia, ex aequo et bono, o que el rbitro actuar como amigable componedor. No obstante, si las partes autorizan la decisin en equidad y al tiempo sealan normas jurdicas aplicables, los rbitros no pueden ignorar esta ltima indicacin. 3.) Siguiendo la orientacin de los ordenamientos ms avanzados, se suprime la exigencia de que el derecho aplicable deba tener relacin con la relacin jurdica o con la controversia, ya que se trata de un requisito de difusos contornos y difcil control. 4.) La ley prefiere la expresin normas jurdicas aplicables a la de derecho aplicable, en la medida en que esta ltima parece englobar la exigencia de remisin a un concreto ordenamiento jurdico de un Estado, cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional. 5.) La ley no sujeta a los rbitros a un sistema de reglas de conflicto.

En la adopcin de decisiones, cuando se trata de un colegio arbitral, y sin perjuicio de las reglas que directa o indirectamente puedan fijar las partes, se mantiene la lgica regla de la mayora y la de que a falta de decisin mayoritaria decide el presidente. Se introduce la norma que permite habilitar al presidente para decidir cuestiones de procedimiento, entendindose por tales, a estos efectos, no cualesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino, ms limitadamente, las relativas a la mera tramitacin o impulso procesales.

Se prev la posibilidad de que los rbitros dicten un laudo sobre la base del contenido de un previo acuerdo alcanzado por las partes. Esta previsin, que podra reputarse innecesaria -dado que las partes tienen poder de disposicin sobre el objeto de la controversia-, no lo es, porque a travs de su incorporacin a un laudo el contenido del acuerdo adquiere la eficacia jurdica de aqul. Los rbitros no pueden rechazar esta peticin discrecionalmente, sino slo por una causa jurdica fundada. La ley no hace sino dar cobertura legal a algo ya frecuente en la prctica y que no merece objecin alguna.

En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal de la posibilidad de dictar laudos parciales, que pueden versar sobre alguna parte del fondo de la controversia o sobre otras cuestiones, como la competencia de los rbitros o medidas cautelares. La ley pretende dar cabida a frmulas flexibles de resolucin de los litigios que son comunes en la prctica arbitral. As, por ejemplo, que primero se decida acerca de si existe responsabilidad del demandado y slo despus se decida, si es el caso, la cuanta de la condena. El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo definitivo y, respecto de la cuestin que resuelve, su contenido es invariable.

Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que -anlogamente a lo dispuesto para el convenio arbitral- la ley permite no slo que el laudo conste por escrito en soportes electrnicos, pticos o de otro tipo, sino tambin que no conste en forma escrita, siempre que en todo caso quede constancia de su contenido y sea accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulacin de los requisitos de forma del convenio arbitral como en la de los del laudo la ley considera necesario admitir la utilizacin de cualesquiera tecnologas que cumplan los requisitos sealados. Pueden, pues, desarrollarse arbitrajes en que se utilicen tan slo soportes informticos, electrnicos o digitales, si las partes as lo consideran conveniente.

La ley introduce la novedad de que el plazo para emitir el laudo, en defecto de acuerdo de las partes, se compute desde la presentacin de la contestacin o desde la expiracin del plazo para presentarla. Esta novedad responde a la necesidad de que la celeridad propia del arbitraje sea adecuada a las exigencias prcticas. Un plazo de seis meses desde la aceptacin de los rbitros se ha revelado en no pocos casos de imposible cumplimiento y obliga en ocasiones a una tramitacin excesivamente rpida o a la omisin de ciertos actos de alegacin o, sobre todo, de prueba, por la exigencia de cumplir el plazo para dictar el laudo. La ley considera que es igualmente razonable que la prrroga del plazo pueda ser acordada por los rbitros directamente y que no necesite el acuerdo de todas las partes. El freno a un posible retraso injustificado en la decisin de la controversia se encuentra, entre otras causas, en la responsabilidad de los rbitros.

En materia de condena en costas se introducen ciertas precisiones sobre su contenido posible.

Se suprime el carcter preceptivo de la protocolizacin notarial del laudo. Esta exigencia es desconocida en prcticamente todas las legislaciones de arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, vlido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la accin de anulacin transcurre desde su notificacin, sin que sea necesario que la protocolizacin, cuando haya sido pedida, preceda a la notificacin. Y tampoco la fuerza ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolizacin, aunque en el proceso de ejecucin, llegado el caso, el ejecutado podr hacer valer por va de oposicin la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional.

La ley contempla determinadas formas de terminacin anormal del procedimiento arbitral y da respuesta al problema de la extensin del deber de los rbitros de custodia de las actuaciones.

En la regulacin de la correccin y aclaracin del laudo se modifican los plazos, para hacerlos ms adecuados a la realidad, y se distingue en funcin de que el arbitraje sea interno o internacional, dado que en este ltimo caso puede bien suceder que las dificultades de deliberacin de los rbitros en un mismo lugar sean mayores. Se introduce adems la figura del complemento del laudo para suplir omisiones.

VIII

El ttulo VII regula la anulacin y revisin del laudo. Respecto de la anulacin, se evita la expresin recurso, por resultar tcnicamente incorrecta. Lo que se inicia con la accin de anulacin es un proceso de impugnacin de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulacin del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisin del fondo de la decisin de los rbitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o slo a instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo. Se ampla el plazo para el ejercicio de la accin de anulacin, lo que no ha de perjudicar a la parte que haya obtenido pronunciamientos de condena a su favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva.

El procedimiento para el ejercicio de la accin de anulacin trata de conjugar las exigencias de rapidez y de mejor defensa de las partes. As, tras una demanda y una contestacin escritas, se siguen los trmites del juicio verbal.

IX

El ttulo VIII se dedica a la ejecucin forzosa del laudo. En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tanto generales como especficas, sobre esta materia. Esta ley se ocupa nicamente de la posibilidad de ejecucin forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en que se ejercite la accin de anulacin. La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnacin. Ningn sentido tendra que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecucin provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener la suspensin de la ejecucin mediante la prestacin de caucin para responder de lo debido, ms las costas y los daos y perjuicios derivados de la demora en la ejecucin. Se trata de una regulacin que trata de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado.

X

El ttulo IX regula el exequtur de laudos extranjeros, compuesto por un nico precepto en el que, adems de mantenerse la definicin de laudo extranjero como aquel que no ha sido dictado en Espaa, se hace un reenvo a los convenios internacionales en los que Espaa sea parte y, sobre todo, al Convenio de Nueva York de 1958. Dado que Espaa no ha formulado reserva alguna a este convenio, resulta aplicable con independencia de la naturaleza comercial o no de la controversia y de si el laudo ha sido o no dictado en un Estado parte en el convenio. Esto significa que el mbito de aplicacin del Convenio de Nueva York en Espaa hace innecesario un rgimen legal interno de exequtur de laudos extranjeros, sin perjuicio de lo que pudieran disponer otros convenios internacionales ms favorables.