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Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

Ficha:
  • Órgano MINISTERIO DE JUSTICIA
  • Publicado en BOE núm. 235 de
  • Vigencia desde 02 de Octubre de 2015
Versiones/revisiones:

Sumario

Con fecha 29 de julio de 2015 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos financieros del acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia

En Madrid,

a 29 de julio de 2015.

REUNIDOS

El Ministro de Justicia, Sr. don Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud de la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Sr. don Emilio de Llera Suárez-Bárcena, nombrado por el Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, en uso de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

EXPONEN

I. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.

II. El Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, establece en su anexo, apartado B).1.a) que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del mismo anexo establece en su punto 1 que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de Andalucía.

III. El artículo 80 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma tiene competencias compartidas en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuantas competencias ejecutivas le atribuye el Título V del Estatuto y la legislación estatal. Asimismo, el artículo 1 del Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, dispone que compete a la misma las competencias en materia de Administración de Justicia recogidas en el capítulo III del título V del citado Estatuto. Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como la coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.

IV. La sociedad española del siglo XXI demanda una Justicia que, como pilar del Estado de Derecho garantice los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales. En respuesta a esta demanda el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de medios, siempre dentro del planteamiento de la Justicia como servicio público, han de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el impulso de la Oficina Judicial y Fiscal –que facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento–, y el uso masivo de las tecnologías.

Con este fin y para que las Comunidades Autónomas competentes puedan impulsar la mejora de la justicia en su ámbito territorial, especialmente en aquellos aspectos que tengan mayor incidencia en el servicio que se presta a la ciudadanía, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, fijó una partida en los Presupuestos del Ministerio de Justicia de seis millones de euros (6.000.000,00 de euros) en el Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

V. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito presupuestario correspondiente –una vez acordados los criterios objetivos y la distribución resultante por el Pleno de la Conferencia Sectorial y tras la aprobación de la distribución definitiva entre Comunidades Autónomas por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas– será necesario proceder a la suscripción de un Convenio de colaboración a través del cual se formalicen los compromisos financieros vinculados a dicho crédito.

VI. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge, en su Título I, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas, entre los cuales consta el de prestar la cooperación y asistencia activas que las Administraciones pudieran recabar mutuamente para el ejercicio eficaz de sus competencias, así como la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

VII. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia acordó el 8 de abril de 2015 la distribución y criterios de reparto del crédito, siendo la distribución definitiva aprobada, tras informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015 publicado en el BOE de 23 de mayo de 2015.

VIII. Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento para la distribución territorial de los créditos regulado en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y proceder a la transferencia del crédito correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, las partes manifiestan su interés en suscribir el presente convenio de colaboración a través de cual se formalizan los compromisos financieros, de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto formalizar los compromisos financieros entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, vinculados al crédito de seis millones de euros (6.000.000,00 de euros) del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

Segunda Compromisos de las partes

El Ministerio de Justicia se compromete a:

Ordenar el pago de la cuantía de un millón cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y nueve euros (1.466.899,00 euros) del Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450: Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos de Justicia para 2015 a la Comunidad Autónoma de Andalucía, según lo acordado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 8 de abril de 2015, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 22 de mayo de 2015. El libramiento de la citada cuantía se efectuará atendiendo a lo establecido en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a:

  • I. Destinar, durante el ejercicio 2015, la cuantía recibida en concepto de crédito para la Reforma de la Administración de Justicia a todos o a algunos de los siguientes compromisos financieros, asumidos en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 8 de abril de 2015, en concreto:
    • a. Mejora de la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.
    • b. Impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una justicia ágil, accesible y de calidad:
      • 1. Justicia digital: El objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, avanzándose en la implantación del expediente digital.
      • 2. Justicia abierta: El objetivo es entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.
      • 3. Justicia innovadora: El objetivo es seguir en la línea de actuación de implantar la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional.
      • 4. Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad.
      • 5. Digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.
    • c. Dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal.
    • d. Incentivación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad.
  • II. Informar al Ministerio de Justicia, antes del 31 marzo de 2016, del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con el presente convenio, en los términos establecidos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

Tercera Financiación

La transferencia de crédito derivada de este convenio, por importe de un millón cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y nueve euros (1.466.899,00 euros), se realizará por el Ministerio de Justicia con cargo al Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, en los términos establecidos en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

Cuarta Seguimiento y evaluación

Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio, antes del 31 de marzo de 2016, la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá presentar un informe relativo a la ejecución del mismo y, en concreto, a la ejecución financiera del crédito transferido, que contemple los extremos previstos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

Quinta Efectos del Convenio

El presente Convenio surtirá efectos al día siguiente de su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones de las partes y en todo caso hasta el 31 de marzo de 2016.

Sexta Naturaleza del convenio de colaboración y resolución de controversias

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.

Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera Suárez-Bárcena.