• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• Exposici髇 de Motivos
• Art韈ulo primero 燤odificaci髇 del articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑
• Art韈ulo segundo 燤odificaci髇 de las disposiciones de la parte final de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑
• Art韈ulo tercero
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera 燬implificaci髇 de procedimientos
  • Segunda
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disp. Transit. 1 燩rimera. Subsistencia de normas preexistentes
  • Disp. Transit. 2
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA UNICA 燯nica
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICION FINAL UNICA 燯nica. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley

Art韈ulo primero Modificaci髇 del articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑

1 Los art韈ulos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, que a continuaci髇 se relacionan, quedar醤 redactados como sigue:

• 1. 獳rt韈ulo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones p鷅licas sirven con objetividad los intereses generales y act鷄n de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu韆, descentralizaci髇, desconcentraci髇 y coordinaci髇, con sometimiento pleno a la Constituci髇, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deber醤 respetar en su actuaci髇 los principios de buena fe y de confianza leg韙ima.

2. Las Administraciones p鷅licas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperaci髇 y colaboraci髇, y en su actuaci髇 por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la direcci髇 del Gobierno de la Naci髇, de los 髍ganos de gobierno de las Comunidades Aut髇omas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administraci髇 Local, la actuaci髇 de la Administraci髇 p鷅lica respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jur韉ico.

4. Cada una de las Administraciones p鷅licas act鷄 para el cumplimiento de sus fines con personalidad jur韉ica 鷑ica.

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones p鷅licas act鷄n de conformidad con los principios de transparencia y de participaci髇.�

2. 獳rt韈ulo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones p鷅licas.

1. Las Administraciones p鷅licas act鷄n y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deber醤:

• a) Respetar el ejercicio leg韙imo por las otras Administraciones de sus competencias.
• b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses p鷅licos implicados y, en concreto, aquellos cuya gesti髇 est� encomendada a las otras Administraciones.
• c) Facilitar a las otras Administraciones la informaci髇 que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.
• d) Prestar, en el 醡bito propio, la cooperaci髇 y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones p鷅licas podr醤 solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposici髇 del ente al que se dirija la solicitud. Podr醤 tambi閚 solicitar asistencia para la ejecuci髇 de sus competencias.

3. La asistencia y cooperaci髇 requerida s髄o podr� negarse cuando el ente del que se solicita no est� facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicar� motivadamente a la Administraci髇 solicitante.

4. La Administraci髇 General del Estado, las de las Comunidades Aut髇omas y las Entidades que integran la Administraci髇 Local deber醤 colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos 醡bitos territoriales de competencias.

5. En las relaciones entre la Administraci髇 General del Estado y la Administraci髇 de las Comunidades Aut髇omas, el contenido del deber de colaboraci髇 se desarrollar� a trav閟 de los instrumentos y procedimientos que de manera com鷑 y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperaci髇, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad com鷑 entre ambas Administraciones, una actividad m醩 eficaz de los mismos, se ajustar醤 a los instrumentos y procedimientos de cooperaci髇 a que se refieren los art韈ulos siguientes.�

3. 獳rt韈ulo 5. Conferencias Sectoriales y otros 髍ganos de cooperaci髇.

1. La Administraci髇 General del Estado y la Administraci髇 de las Comunidades Aut髇omas pueden crear 髍ganos para la cooperaci髇 entre ambas, de composici髇 bilateral o multilateral, de 醡bito general o de 醡bito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelaci髇 competencial, y con funciones de coordinaci髇 o cooperaci髇 seg鷑 los casos.

A efectos de lo establecido en el presente cap韙ulo, no tienen la naturaleza de 髍ganos de cooperaci髇 aquellos 髍ganos colegiados creados por la Administraci髇 General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composici髇 se prevea que participen representantes de la Administraci髇 de las Comunidades Aut髇omas con la finalidad de consulta.

2. Los 髍ganos de cooperaci髇 de composici髇 bilateral y de 醡bito general que re鷑an a miembros del Gobierno, en representaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representaci髇 de la Administraci髇 de la respectiva Comunidad Aut髇oma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperaci髇. Su creaci髇 se efect鷄 mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su r間imen.

3. Los 髍ganos de cooperaci髇 de composici髇 multilateral y de 醡bito sectorial que re鷑en a miembros del Gobierno, en representaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno, en representaci髇 de las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas, se denominan Conferencias Sectoriales. El r間imen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalizaci髇 y en su reglamento interno.

4. La convocatoria de la Conferencia se realizar� por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La convocatoria se har� con antelaci髇 suficiente y se acompa馻r� del orden del d韆 y, en su caso, de la documentaci髇 precisa para la preparaci髇 previa de la Conferencia.

5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmar醤 por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los 髍ganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Aut髇omas. En su caso, estos acuerdos podr醤 formalizarse bajo la denominaci髇 de Convenio de Conferencia Sectorial.

6. Las Conferencias Sectoriales podr醤 acordar la creaci髇 de comisiones y grupos de trabajo para la preparaci髇, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del 醡bito material de cada una de ellas.

7. Con la misma finalidad, y en 醡bitos materiales espec韋icos, la Administraci髇 General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas podr醤 constituir otros 髍ganos de cooperaci髇 que re鷑an a responsables de la materia.

8. Cuando la materia del 醡bito sectorial de un 髍gano de cooperaci髇 de composici髇 multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo puede acordar que la asociaci髇 de 閟tas de 醡bito estatal con mayor implantaci髇 sea invitada a asistir a sus reuniones, con car醕ter permanente o seg鷑 el orden del d韆.�

4. 獳rt韈ulo 6. Convenios de colaboraci髇.

1. La Administraci髇 General y los Organismos p鷅licos vinculados o dependientes de la misma podr醤 celebrar convenios de colaboraci髇 con los 髍ganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas en el 醡bito de sus respectivas competencias.

2. Los instrumentos de formalizaci髇 de los convenios deber醤 especificar, cuando as� proceda:

• a) Los 髍ganos que celebran el convenio y la capacidad jur韉ica con la que act鷄 cada una de las partes.
• b) La competencia que ejerce cada Administraci髇.
• c) Su financiaci髇.
• d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.
• e) La necesidad o no de establecer una organizaci髇 para su gesti髇.
• f) El plazo de vigencia, lo que no impedir� su pr髍roga si as� lo acuerdan las partes firmantes del convenio.
• g) La extinci髇 por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, as� como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinci髇.

3. Cuando se cree un 髍gano mixto de vigilancia y control, 閟te resolver� los problemas de interpretaci髇 y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboraci髇.

4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientaci髇 pol韙ica sobre la actuaci髇 de cada Administraci髇 en una cuesti髇 de inter閟 com鷑 o a fijar el marco general y la metodolog韆 para el desarrollo de la colaboraci髇 en un 醨ea de interrelaci髇 competencial o en un asunto de mutuo inter閟 se denominar醤 Protocolos Generales.

5. Cuando la gesti髇 del convenio haga necesario crear una organizaci髇 com鷑, 閟ta podr� adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jur韉ica o sociedad mercantil.

Los estatutos del consorcio determinar醤 los fines del mismo, as� como las particularidades del r間imen org醤ico, funcional y financiero.

Los 髍ganos de decisi髇 estar醤 integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporci髇 que se fije en los Estatutos respectivos.

Para la gesti髇 de los servicios que se le encomienden podr醤 utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislaci髇 aplicable a las Administraciones consorciadas.�

5. 獳rt韈ulo 7. Planes y programas conjuntos.

1. La Administraci髇 General del Estado y la Administraci髇 de las Comunidades Aut髇omas pueden acordar la realizaci髇 de planes y programas conjuntos de actuaci髇 para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias concurrentes.

2. Dentro del respectivo 醡bito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la iniciativa para acordar la realizaci髇 de planes o programas conjuntos, la aprobaci髇 de su contenido, as� como el seguimiento y evaluaci髇 multilateral de su puesta en pr醕tica.

3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, seg鷑 su naturaleza, los siguientes elementos de su contenido:

Los objetivos de inter閟 com鷑 a cumplir.

Las actuaciones a desarrollar por cada Administraci髇.

Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administraci髇.

Los compromisos de aportaci髇 de recursos financieros.

La duraci髇, as� como los mecanismos de seguimiento, evaluaci髇 y modificaci髇.

4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendr� eficacia vinculante para la Administraci髇 General del Estado y las Comunidades Aut髇omas participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de colaboraci髇 con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser especificados de forma bilateral.

5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de publicaci髇 oficial.�

6. 獳rt韈ulo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.

1. Cuando en virtud de una obligaci髇 derivada del Tratado de la Uni髇 Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones deban comunicarse a 閟tas disposiciones de car醕ter general o resoluciones, las Administraciones p鷅licas proceder醤 a su remisi髇 al 髍gano de la Administraci髇 General del Estado competente para realizar la comunicaci髇 a dichas instituciones. En ausencia de plazo espec韋ico para cumplir esa obligaci髇, la remisi髇 se efectuar� en el de quince d韆s.

2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra informaci髇, en ausencia de plazo espec韋ico, la remisi髇 deber� hacerse en tiempo 鷗il a los efectos del cumplimiento de esa obligaci髇.�

7. 獳rt韈ulo 13. Delegaci髇 de competencias.

1. Los 髍ganos de las diferentes Administraciones p鷅licas podr醤 delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros 髍ganos de la misma Administraci髇, aun cuando no sean jer醨quicamente dependientes, o de las entidades de derecho p鷅lico vinculadas o dependientes de aqu閘las.

2. En ning鷑 caso podr醤 ser objeto de delegaci髇 las competencias relativas a:

• a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Naci髇, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Aut髇omas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut髇omas.
• b) La adopci髇 de disposiciones de car醕ter general.
• c) La resoluci髇 de recursos en los 髍ganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
• d) Las materias en que as� se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocaci髇 deber醤 publicarse en el "Bolet韓 Oficial del Estado", en el de la Comunidad Aut髇oma o en el de la Provincia, seg鷑 la Administraci髇 a que pertenezca el 髍gano delegante, y el 醡bito territorial de competencia de 閟te.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegaci髇 indicar醤 expresamente esta circunstancia y se considerar醤 dictadas por el 髍gano delegante.

5. Salvo autorizaci髇 expresa de una Ley, no podr醤 delegarse las competencias que se ejerzan por delegaci髇.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como tr醡ite preceptivo, la emisi髇 de un dictamen o informe; no obstante, no podr� delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegaci髇 ser� revocable en cualquier momento por el 髍gano que la haya conferido.

7. La delegaci髇 de competencias atribuidas a 髍ganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un qu髍um especial, deber� adoptarse observando, en todo caso, dicho qu髍um.�

8. 獳rt韈ulo 36. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administraci髇 General del Estado ser� el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los 髍ganos de la Administraci髇 General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Aut髇oma podr醤 utilizar tambi閚 la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitar� en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitar� en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedir醤 en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustar� a lo previsto en la legislaci髇 auton髆ica correspondiente.

3. La Administraci髇 p鷅lica instructora deber� traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Aut髇oma y los documentos dirigidos a los interesados que as� lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Aut髇oma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no ser� precisa su traducci髇.�

9. 獳rt韈ulo 38. Registros.

1. Los 髍ganos administrativos llevar醤 un registro general en el que se har� el correspondiente asiento de todo escrito o comunicaci髇 que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. Tambi閚 se anotar醤 en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros 髍ganos o particulares.

2. Los 髍ganos administrativos podr醤 crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organizaci髇 otros registros con el fin de facilitar la presentaci髇 de escritos y comunicaciones. Dichos registros ser醤 auxiliares del registro general, al que comunicar醤 toda anotaci髇 que efect鷈n.

Los asientos se anotar醤 respetando el orden temporal de recepci髇 o salida de los escritos y comunicaciones, e indicar醤 la fecha del d韆 de la recepci髇 o salida.

Concluido el tr醡ite de registro, los escritos y comunicaciones ser醤 cursados sin dilaci髇 a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. Los registros generales, as� como todos los registros que las Administraciones p鷅licas establezcan para la recepci髇 de escritos y comunicaciones de los particulares o de 髍ganos administrativos, deber醤 instalarse en soporte inform醫ico.

El sistema garantizar� la constancia, en cada asiento que se practique, de un n鷐ero, ep韌rafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentaci髇, identificaci髇 del interesado, 髍gano administrativo remitente, si procede, y persona u 髍gano administrativo al que se env韆, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicaci髇 que se registra.

Asimismo, el sistema garantizar� la integraci髇 inform醫ica en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del 髍gano administrativo.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los 髍ganos de las Administraciones p鷅licas podr醤 presentarse:

• a) En los registros de los 髍ganos administrativos a que se dirijan.
• b) En los registros de cualquier 髍gano administrativo, que pertenezca a la Administraci髇 General del Estado, a la de cualquier Administraci髇 de las Comunidades Aut髇omas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administraci髇 Local si, en este 鷏timo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
• c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
• d) En las representaciones diplom醫icas u oficinas consulares de Espa馻 en el extranjero.
• e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboraci髇 suscritos entre las Administraciones p鷅licas se establecer醤 sistemas de intercomunicaci髇 y coordinaci髇 de registros que garanticen su compatibilidad inform醫ica, as� como la transmisi髇 telem醫ica de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el art韈ulo 35.c) de esta Ley a los ciudadanos, 閟tos podr醤 acompa馻r una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.

Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este art韈ulo, ser� remitida al 髍gano destinatario devolvi閚dose el original al ciudadano. Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregar� al ciudadano la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobaci髇 de su identidad con el original.

6. Cada Administraci髇 p鷅lica establecer� los d韆s y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentaci髇 de documentos previsto en el art韈ulo 35.

7. Podr醤 hacerse efectivas adem醩 de por otros medios, mediante giro postal o telegr醘ico, o mediante transferencia dirigida a la oficina p鷅lica correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentaci髇 de solicitudes y escritos a las Administraciones p鷅licas.

8. Las Administraciones p鷅licas deber醤 hacer p鷅lica y mantener actualizada una relaci髇 de las oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicaci髇, as� como los horarios de funcionamiento.�

10. 獳rt韈ulo 42. Obligaci髇 de resolver.

1. La Administraci髇 est� obligada a dictar resoluci髇 expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciaci髇.

En los casos de prescripci髇, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, as� como la desaparici髇 sobrevenida del objeto del procedimiento, la resoluci髇 consistir� en la declaraci髇 de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicaci髇 de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se except鷄n de la obligaci髇, a que se refiere el p醨rafo primero, los supuestos de terminaci髇 del procedimiento por pacto o convenio, as� como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos 鷑icamente al deber de comunicaci髇 previa a la Administraci髇.

2. El plazo m醲imo en el que debe notificarse la resoluci髇 expresa ser� el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podr� exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o as� venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo m醲imo, 閟te ser� de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contar醤:

• a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇.
• b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 髍gano competente para su tramitaci髇.

4. Las Administraciones p鷅licas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicaci髇 de los plazos m醲imos de duraci髇 de los mismos, as� como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones p鷅licas informar醤 a los interesados del plazo m醲imo normativamente establecido para la resoluci髇 y notificaci髇 de los procedimientos, as� como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha menci髇 en la notificaci髇 o publicaci髇 del acuerdo de iniciaci髇 de oficio, o en comunicaci髇 que se les dirigir� al efecto dentro de los diez d韆s siguientes a la recepci髇 de la solicitud en el registro del 髍gano competente para su tramitaci髇. En este 鷏timo caso, la comunicaci髇 indicar� adem醩 la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el 髍gano competente.

5. El transcurso del plazo m醲imo legal para resolver un procedimiento y notificar la resoluci髇 se podr� suspender en los siguientes casos:

• a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanaci髇 de deficiencias y la aportaci髇 de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificaci髇 del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art韈ulo 71 de la presente Ley.
• b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un 髍gano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petici髇, que habr� de comunicarse a los interesados, y la notificaci髇 del pronunciamiento a la Administraci髇 instructora, que tambi閚 deber� serles comunicada.
• c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resoluci髇 a 髍gano de la misma o distinta Administraci髇, por el tiempo que medie entre la petici髇, que deber� comunicarse a los interesados, y la recepci髇 del informe, que igualmente deber� ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensi髇 no podr� exceder en ning鷑 caso de tres meses.
• d) Cuando deban realizarse pruebas t閏nicas o an醠isis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporaci髇 de los resultados al expediente.
• e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusi髇 de un pacto o convenio en los t閞minos previstos en el art韈ulo 88 de esta Ley, desde la declaraci髇 formal al respecto y hasta la conclusi髇 sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatar� mediante declaraci髇 formulada por la Administraci髇 o los interesados.

6. Cuando el n鷐ero de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo m醲imo de resoluci髇, el 髍gano competente para resolver, a propuesta razonada del 髍gano instructor, o el superior jer醨quico del 髍gano competente para resolver, a propuesta de 閟te, podr醤 habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podr� acordarse la ampliaci髇 del plazo m醲imo de resoluci髇 y notificaci髇 mediante motivaci髇 clara de las circunstancias concurrentes y s髄o una vez agotados todos los medios a disposici髇 posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliaci髇 del plazo m醲imo, 閟te no podr� ser superior al establecido para la tramitaci髇 del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliaci髇 de plazos, que deber� ser notificado a los interesados, no cabr� recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones p鷅licas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, as� como los titulares de los 髍ganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el 醡bito de sus competencias, del cumplimiento de la obligaci髇 legal de dictar resoluci髇 expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligaci髇 dar� lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.�

11. 獳rt韈ulo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo m醲imo sin haberse notificado resoluci髇 expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, seg鷑 proceda, sin perjuicio de la resoluci髇 que la Administraci髇 debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este art韈ulo.

2. Los interesados podr醤 entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsi髇 los procedimientos de ejercicio del derecho de petici髇, a que se refiere el art韈ulo 29 de la Constituci髇, aquellos cuya estimaci髇 tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio p鷅lico o al servicio p鷅lico, as� como los procedimientos de impugnaci髇 de actos y disposiciones, en los que el silencio tendr� efecto desestimatorio.

No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimaci髇 por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender� estimado el mismo si, llegado el plazo de resoluci髇, el 髍gano administrativo competente no dictase resoluci髇 expresa sobre el mismo.

3. La estimaci髇 por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideraci髇 de acto administrativo finalizado del procedimiento.

La desestimaci髇 por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposici髇 del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

4. La obligaci髇 de dictar resoluci髇 expresa a que se refiere el apartado primero del art韈ulo 42 se sujetar� al siguiente r間imen:

• a) En los casos de estimaci髇 por silencio administrativo, la resoluci髇 expresa posterior a la producci髇 del acto s髄o podr� dictarse de ser confirmatoria del mismo.
• b) En los casos de desestimaci髇 por silencio administrativo, la resoluci髇 expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptar� por la Administraci髇 sin vinculaci髇 alguna al sentido del silencio.

5. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podr醤 hacer valer tanto ante la Administraci髇 como ante cualquier persona f韘ica o jur韉ica, p鷅lica o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo m醲imo en el que debe dictarse y notificarse la resoluci髇 expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del 髍gano competente para resolver. Solicitado el certificado, 閟te deber� emitirse en el plazo m醲imo de quince d韆s.�

12. 獳rt韈ulo 44. Falta de resoluci髇 expresa en procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo m醲imo establecido sin que se haya dictado y notificado resoluci髇 expresa no exime a la Administraci髇 del cumplimiento de la obligaci髇 legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

• 1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constituci髇 de derechos u otras situaciones jur韉icas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podr醤 entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
• 2. En los procedimientos en que la Administraci髇 ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervenci髇, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producir� la caducidad. En estos casos, la resoluci髇 que declare la caducidad ordenar� el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art韈ulo 92.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpir� el c髆puto del plazo para resolver y notificar la resoluci髇.�

13. 獳rt韈ulo 48. C髆puto.

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se se馻len por d韆s, se entiende que 閟tos son h醔iles, excluy閚dose del c髆puto los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se se馻len por d韆s naturales, se har� constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o a駉s, 閟tos se computar醤 a partir del d韆 siguiente a aquel en que tenga lugar la notificaci髇 o publicaci髇 del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimaci髇 o desestimaci髇 por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera d韆 equivalente a aquel en que comienza el c髆puto, se entender� que el plazo expira el 鷏timo d韆 del mes.

3. Cuando el 鷏timo d韆 del plazo sea inh醔il, se entender� prorrogado al primer d韆 h醔il siguiente.

4. Los plazos expresados en d韆s se contar醤 a partir del d韆 siguiente a aquel en que tenga lugar la notificaci髇 o publicaci髇 del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimaci髇 o la desestimaci髇 por silencio administrativo.

5. Cuando un d韆 fuese h醔il en el municipio o Comunidad Aut髇oma en que residiese el interesado, e inh醔il en la sede del 髍gano administrativo, o a la inversa, se considerar� inh醔il en todo caso.

6. La declaraci髇 de un d韆 como h醔il o inh醔il a efectos de c髆puto de plazos no determina por s� sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones p鷅licas, la organizaci髇 del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros. 7. La Administraci髇 General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas, con sujeci髇 al calendario laboral oficial, fijar醤, en su respectivo 醡bito, el calendario de d韆s inh醔iles a efectos de c髆putos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Aut髇omas comprender� los d韆s inh醔iles de las Entidades que integran la Administraci髇 Local correspondiente a su 醡bito territorial, a las que ser� de aplicaci髇.

Dicho calendario deber� publicarse antes del comienzo de cada a駉 en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusi髇 que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.�

14. 獳rt韈ulo 49. Ampliaci髇.

1. La Administraci髇, salvo precepto en contrario, podr� conceder de oficio o a petici髇 de los interesados, una ampliaci髇 de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliaci髇 deber� ser notificado a los interesados.

2. La ampliaci髇 de los plazos por el tiempo m醲imo permitido se aplicar� en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplom醫icas y oficinas consulares, as� como a aquellos que, tramit醤dose en el interior, exijan cumplimentar alg鷑 tr醡ite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de Espa馻.

3. Tanto la petici髇 de los interesados como la decisi髇 sobre la ampliaci髇 deber醤 producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ning鷑 caso podr� ser objeto de ampliaci髇 un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliaci髇 de plazos o sobre su denegaci髇 no ser醤 susceptibles de recursos.�

15. 獳rt韈ulo 54. Motivaci髇.

1. Ser醤 motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

• a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses leg韙imos.
• b) Los que resuelvan procedimientos de revisi髇 de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la v韆 judicial y procedimientos de arbitraje.
• c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 髍ganos consultivos.
• d) Los acuerdos de suspensi髇 de actos, cualquiera que sea el motivo de 閟ta, as� como la adopci髇 de medidas provisionales previstas en los art韈ulos 72 y 136 de esta Ley.
• e) Los acuerdos de aplicaci髇 de la tramitaci髇 de urgencia o de ampliaci髇 de plazos.
• f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, as� como los que deban serlo en virtud de disposici髇 legal o reglamentaria expresa.

2. La motivaci髇 de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizar� de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resoluci髇 que se adopte.�

16. 獳rt韈ulo 58. Notificaci髇.

1. Se notificar醤 a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los t閞minos previstos en el art韈ulo siguiente.

2. Toda notificaci髇 deber� ser cursada dentro del plazo de diez d韆s a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deber� contener el texto 韓tegro de la resoluci髇, con indicaci髇 de si es o no definitivo en la v韆 administrativa, la expresi髇 de los recursos que procedan, 髍gano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente,

3. Las notificaciones que conteniendo el texto 韓tegro del acto omitiesen alguno de los dem醩 requisitos previstos en el apartado anterior surtir醤 efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resoluci髇 o acto objeto de la notificaci髇 o resoluci髇, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligaci髇 de notificar dentro del plazo m醲imo de duraci髇 de los procedimientos, ser� suficiente la notificaci髇 que contenga cuando menos el texto 韓tegro de la resoluci髇, as� como el intento de notificaci髇 debidamente acreditado.�

17. 獳rt韈ulo 59. Pr醕tica de la notificaci髇.

1. Las notificaciones se practicar醤 por cualquier medio que permita tener constancia de la recepci髇 por el interesado o su representante, as� como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditaci髇 de la notificaci髇 efectuada se incorporar� al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificaci髇 se practicar� en el lugar que 閟te haya se馻lado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este art韈ulo.

Cuando la notificaci髇 se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 閟te en el momento de entregarse la notificaci髇 podr� hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificaci髇, se har� constar esta circunstancia en el expediente, junto con el d韆 y la hora en que se intent� la notificaci髇, intento que se repetir� por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres d韆s siguientes.

3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificaci髇 de una actuaci髇 administrativa, se har� constar en el expediente, especific醤dose las circunstancias del intento de notificaci髇 y se tendr� por efectuado el tr醡ite sigui閚dose el procedimiento.

4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificaci髇 o el medio a que se refiere el punto 1 de este art韈ulo, o bien, intentada la notificaci髇, no se hubiese podido practicar, la notificaci髇 se har� por medio de anuncios en el tabl髇 de edictos del Ayuntamiento en su 鷏timo domicilio, en el "Bolet韓 Oficial del Estado", de la Comunidad Aut髇oma o de la Provincia, seg鷑 cual sea la Administraci髇 de la que se proceda el acto a notificar, y el 醡bito territorial del 髍gano que lo dict�.

En el caso de que el 鷏timo domicilio conocido radicara en un pa韘 extranjero, la notificaci髇 se efectuar� mediante su publicaci髇 en el tabl髇 de anuncios del Consulado o Secci髇 Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones p鷅licas podr醤 establecer otras formas de notificaci髇 complementarias a trav閟 de los restantes medios de difusi髇, que no excluir醤 la obligaci髇 de notificar conforme a los dos p醨rafos anteriores.

5. La publicaci髇, en los t閞minos del art韈ulo siguiente, sustituir� a la notificaci髇 surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

• a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administraci髇 estime que la notificaci髇 efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificaci髇 a todos, siendo, en este 鷏timo caso, adicional a la notificaci髇 efectuada.
• b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deber� indicar el tabl髇 de anuncios o medios de comunicaci髇 donde se efectuar醤 las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.�

18. 獳rt韈ulo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones p鷅licas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

• a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
• b) Los dictados por 髍gano manifiestamente incompetente por raz髇 de la materia o del territorio.
• c) Los que tengan un contenido imposible.
• d) Los que sean constitutivos de infracci髇 penal o se dicten como consecuencia de 閟ta.
• e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formaci髇 de la voluntad de los 髍ganos colegiados.
• f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jur韉ico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisici髇.
• g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposici髇 de rango legal.

2. Tambi閚 ser醤 nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constituci髇, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.�

19. 獳rt韈ulo 71. Subsanaci髇 y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciaci髇 no re鷑e los requisitos que se馻la el art韈ulo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislaci髇 espec韋ica aplicable, se requerir� al interesado para que, en un plazo de diez d韆s, subsane la falta o acompa馿 los documentos preceptivos, con indicaci髇 de que, si as� no lo hiciera, se le tendr� por desistido de su petici髇, previa resoluci髇 que deber� ser dictada en los t閞minos previstos en el art韈ulo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podr� ser ampliado prudencialmente, hasta cinco d韆s, a petici髇 del interesado o iniciativa del 髍gano, cuando la aportaci髇 de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el 髍gano competente podr� recabar del solicitante la modificaci髇 o mejora voluntarias de los t閞minos de aqu閘la. De ello se levantar� acta sucinta, que se incorporar� al procedimiento.�

20. 獳rt韈ulo 72. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el 髍gano administrativo competente para resolverlo, podr� adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.

2. Antes de la iniciaci髇 del procedimiento administrativo, el 髍gano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protecci髇 provisional de los intereses implicados, podr� adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento, que deber� efectuarse dentro de los quince d韆s siguientes a su adopci髇, el cual podr� ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedar醤 sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciaci髇 no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. No se podr醤 adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de dif韈il o imposible reparaci髇 a los interesados o que impliquen violaci髇 de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podr醤 ser alzadas o modificadas durante la tramitaci髇 del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopci髇.

En todo caso, se extinguir醤 con la eficacia de la resoluci髇 administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.�

21. 獳rt韈ulo 102. Revisi髇 de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones p鷅licas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma, si lo hubiere, declarar醤 de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la v韆 administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art韈ulo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones p鷅licas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 髍gano consultivo equivalente de la Comunidad Aut髇oma si lo hubiere, podr醤 declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el art韈ulo 62.2.

3. El 髍gano competente para la revisi髇 de oficio podr� acordar motivadamente la inadmisi髇 a tr醡ite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u 髍gano consultivo de la Comunidad Aut髇oma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del art韈ulo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, as� como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones p鷅licas, al declarar la nulidad de una disposici髇 o acto, podr醤 establecer, en la misma resoluci髇, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los art韈ulos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, trat醤dose de una disposici髇, subsistan los actos firmes dictados en aplicaci髇 de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resoluci髇 producir� la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podr� entender la misma desestimada por silencio administrativo.�

22. 獳rt韈ulo 103. Declaraci髇 de lesividad de actos anulables.

1. Las Administraciones p鷅licas podr醤 declarar lesivos para el inter閟 p鷅lico los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnaci髇 ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. La declaraci髇 de lesividad no podr� adoptarse una vez transcurridos cuatro a駉s desde que se dict� el acto administrativo y exigir� la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los t閞minos establecidos por el art韈ulo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciaci髇 del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producir� la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administraci髇 General del Estado o de las Comunidades Aut髇omas, la declaraci髇 de lesividad se adoptar� por el 髍gano de cada Administraci髇 competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administraci髇 Local, la declaraci髇 de lesividad se adoptar� por el Pleno de la Corporaci髇 o, en defecto de 閟te, por el 髍gano colegiado superior de la entidad.�

23. 獳rt韈ulo 105. Revocaci髇 de actos y rectificaci髇 de errores.

1. Las Administraciones p鷅licas podr醤 revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocaci髇 no constituya dispensa o exenci髇 no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al inter閟 p鷅lico o al ordenamiento jur韉ico.

2. Las Administraciones p鷅licas podr醤, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritm閠icos existentes en sus actos.�

24. 獳rt韈ulo 107. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de tr醡ite, si estos 鷏timos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensi髇 o perjuicio irreparable a derechos e intereses leg韙imos, podr醤 interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposici髇, que cabr� fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los art韈ulos 62 y 63 de esta Ley.

La oposici髇 a los restantes actos de tr醡ite podr� alegarse por los interesados para su consideraci髇 en la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podr醤 sustituir el recurso de alzada, en supuestos o 醡bitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia as� lo justifique, por otros procedimientos de impugnaci髇, reclamaci髇, conciliaci髇, mediaci髇 y arbitraje, ante 髍ganos colegiados o comisiones espec韋icas no sometidas a instrucciones jer醨quicas, con respeto a los principios, garant韆s y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposici髇 podr� ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el p醨rafo anterior, respetando su car醕ter potestativo para el interesado.

La aplicaci髇 de estos procedimientos en el 醡bito de la Administraci髇 Local no podr� suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los 髍ganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de car醕ter general no cabr� recurso en v韆 administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden 鷑icamente en la nulidad de alguna disposici髇 administrativa de car醕ter general podr醤 interponerse directamente ante el 髍gano que dict� dicha disposici髇.

4. Las reclamaciones econ髆ico-administrativas se ajustar醤 a los procedimientos establecidos por su legislaci髇 espec韋ica.�

25. 獳rt韈ulo 108. Recurso extraordinario de revisi髇.

Contra los actos firmes en v韆 administrativa, s髄o proceder� el recurso extraordinario de revisi髇 cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art韈ulo 118.1.�

26. 獳rt韈ulo 109. Fin de la v韆 administrativa.

Ponen fin a la v韆 administrativa:

• a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
• b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnaci髇 a que se refiere el art韈ulo 107.2.
• c) Las resoluciones de los 髍ganos administrativos que carezcan de superior jer醨quico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
• d) Las dem醩 resoluciones de 髍ganos administrativos cuando una disposici髇 legal o reglamentaria as� lo establezca.
• e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideraci髇 de finalizadores del procedimiento.�

27. 獳rt韈ulo 110. Interposici髇 del recurso.

1. La interposici髇 del recurso deber� expresar:

• a) El nombre y apellidos del recurrente, as� como la identificaci髇 personal del mismo.
• b) El acto que se recurre y la raz髇 de su impugnaci髇.
• c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificaci髇 del medio y, en su caso, del lugar que se se馻le a efectos de notificaciones.
• d) Organo, centro o unidad administrativa al que se dirige.
• e) Las dem醩 particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones espec韋icas.

2. El error en la calificaci髇 del recurso por parte del recurrente no ser� obst醕ulo para su tramitaci髇, siempre que se deduzca su verdadero car醕ter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podr醤 ser alegados por quienes los hubieren causado.�

28. 獳rt韈ulo 111. Suspensi髇 de la ejecuci髇.

1. La interposici髇 de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposici髇 establezca lo contrario, no suspender� la ejecuci髇 del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el 髍gano a quien competa resolver el recurso, previa ponderaci髇, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causar韆 al inter閟 p鷅lico o a terceros la suspensi髇 y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podr� suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecuci髇 del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que la ejecuci髇 pudiera causar perjuicios de imposible o dif韈il reparaci髇.
• b) Que la impugnaci髇 se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art韈ulo 62.1 de esta Ley.

3. La ejecuci髇 del acto impugnado se entender� suspendida si transcurridos treinta d韆s desde que la solicitud de suspensi髇 haya tenido entrada en el registro del 髍gano competente para decidir sobre la misma, 閟te no ha dictado resoluci髇 expresa al respecto. En estos casos no ser� de aplicaci髇 lo establecido en el art韈ulo 42.4, segundo p醨rafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensi髇 podr醤 adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protecci髇 del inter閟 p鷅lico o de terceros y la eficacia de la resoluci髇 o el acto impugnado.

Cuando de la suspensi髇 puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aqu閘la s髄o producir� efectos previa prestaci髇 de cauci髇 o garant韆 suficiente para responder de ellos, en los t閞minos establecidos reglamentariamente.

La suspensi髇 podr� prolongarse despu閟 de agotada la v韆 administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de 閟ta se extiendan a la v韆 contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensi髇 del acto objeto del proceso, se mantendr� la suspensi髇 hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnaci髇 de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensi髇 de su eficacia habr� de ser publicada en el peri骴ico oficial en que aqu閘 se insert�.�

29. 獳rt韈ulo 114. Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el art韈ulo 107.1, cuando no pongan fin a la v韆 administrativa, podr醤 ser recurridos en alzada ante el 髍gano superior jer醨quico del que los dict�. A estos efectos, los Tribunales y 髍ganos de selecci髇 del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas y cualesquiera otros que, en el seno de 閟tas, act鷈n con autonom韆 funcional, se considerar醤 dependientes del 髍gano al que est閚 adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podr� interponerse ante el 髍gano que dict� el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el 髍gano que dict� el acto impugnado, 閟te deber� remitirlo al competente en el plazo de diez d韆s, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente El titular del 髍gano que dict� el acto recurrido ser� responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el p醨rafo anterior.�

30. 獳rt韈ulo 115. Plazos.

1. El plazo para la interposici髇 del recurso de alzada ser� de un mes, si el acto fuera expreso.

Si no lo fuera, el plazo ser� de tres meses y se contar�, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del d韆 siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa espec韋ica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resoluci髇 ser� firme a todos los efectos.

2. El plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇 ser� de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resoluci髇, se podr� entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el art韈ulo 43.2, segundo p醨rafo.

3. Contra la resoluci髇 de un recurso de alzada no cabr� ning鷑 otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisi髇 en los casos establecidos en el art韈ulo 118.1.�

31. 獳rt韈ulo 116. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la v韆 administrativa podr醤 ser recurridos potestativamente en reposici髇 ante el mismo 髍gano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podr� interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimaci髇 presunta del recurso de reposici髇 interpuesto.�

32. 獳rt韈ulo 117. Plazos.

1. El plazo para la interposici髇 del recurso de reposici髇 ser� de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo ser� de tres meses y se contar�, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del d韆 siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa espec韋ica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, 鷑icamente podr� interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisi髇.

2. El plazo m醲imo para dictar y notificar la resoluci髇 del recurso ser� de un mes.

3. Contra la resoluci髇 de un recurso de reposici髇 no podr� interponerse de nuevo dicho recurso.�

33. 獳rt韈ulo 118. Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en v韆 administrativa podr� interponerse el recurso extraordinario de revisi髇 ante el 髍gano administrativo que los dict�, que tambi閚 ser� el competente para su resoluci髇, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• 1.� Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
• 2.� Que aparezcan documentos de valor esencial para la resoluci髇 del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resoluci髇 recurrida.
• 3.� Que en la resoluci髇 hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resoluci髇.
• 4.� Que la resoluci髇 se hubiese dictado como consecuencia de prevaricaci髇, cohecho, violencia, maquinaci髇 fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as� en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisi髇 se interpondr�, cuando se trate de la causa 1.�, dentro del plazo de cuatro a駉s siguientes a la fecha de la notificaci髇 de la resoluci髇 impugnada. En los dem醩 casos, el plazo ser� de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial qued� firme.

3. Lo establecido en el presente art韈ulo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los art韈ulos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.�

34. 獳rt韈ulo 119. Resoluci髇.

1. El 髍gano competente para la resoluci髇 del recurso podr� acordar motivadamente la inadmisi髇 a tr醡ite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u 髍gano consultivo de la Comunidad Aut髇oma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del art韈ulo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El 髍gano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisi髇 debe pronunciarse no s髄o sobre la procedencia del recurso, sino tambi閚, en su caso, sobre el fondo de la cuesti髇 resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposici髇 del recurso extraordinario de revisi髇 sin haberse dictado y notificado la resoluci髇, se entender� desestimado, quedando expedita la v韆 jurisdiccional contencioso-administrativa.�

35. 獳rt韈ulo 127. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las Administraciones p鷅licas, reconocida por la Constituci髇, se ejercer� cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley, con aplicaci髇 del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este T韙ulo.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los 髍ganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposici髇 de rango legal o reglamentario.

3. Las disposiciones de este T韙ulo no son de aplicaci髇 al ejercicio por las Administraciones p鷅licas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes est閚 vinculados a ellas por una relaci髇 contractual.�

36. 獳rt韈ulo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones p鷅licas.

1. Cuando de la gesti髇 dimanante de f髍mulas conjuntas de actuaci髇 entre varias Administraciones p鷅licas se derive responsabilidad en los t閞minos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responder醤 de forma solidaria. El instrumento jur韉ico regulador de la actuaci髇 conjunta podr� determinar la distribuci髇 de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones p鷅licas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producci髇 del da駉, la responsabilidad se fijar� para cada Administraci髇 atendiendo a los criterios de competencia, inter閟 p鷅lico tutelado e intensidad de la intervenci髇. La responsabilidad ser� solidaria cuando no sea posible dicha determinaci髇.�

37. 獳rt韈ulo 141. Indemnizaci髇.

1. S髄o ser醤 indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de da駉s que 閟te no tenga el deber jur韉ico de soportar de acuerdo con la Ley. No ser醤 indemnizables los da駉s que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar seg鷑 el estado de los conocimientos de la ciencia o de la t閏nica existentes en el momento de producci髇 de aqu閘los, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econ髆icas que las leyes puedan establecer para estos casos.

2. La indemnizaci髇 se calcular� con arreglo a los criterios de valoraci髇 establecidos en la legislaci髇 de expropiaci髇 forzosa, legislaci髇 fiscal y dem醩 normas aplicables, ponder醤dose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La cuant韆 de la indemnizaci髇 se calcular� con referencia al d韆 en que la lesi髇 efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualizaci髇 a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al 韓dice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estad韘tica, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnizaci髇 fijada, los cuales se exigir醤 con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

4. La indemnizaci髇 procedente podr� sustituirse por una compensaci髇 en especie o ser abonada mediante pagos peri骴icos, cuando resulte m醩 adecuado para lograr la reparaci髇 debida y convenga al inter閟 p鷅lico, siempre que exista acuerdo con el interesado.�

38. 獳rt韈ulo 144. Responsabilidad de derecho privado.

Cuando las Administraciones p鷅licas act鷈n en relaciones de derecho privado, responder醤 directamente de los da駉s y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, consider醤dose la actuaci髇 del mismo actos propios de la Administraci髇 bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigir� de conformidad con lo previsto en los art韈ulos 139 y siguientes de esta Ley.�

39. 獳rt韈ulo 145. Exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones p鷅licas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el cap韙ulo I de este T韙ulo, los particulares exigir醤 directamente a la Administraci髇 p鷅lica correspondiente las indemnizaciones por los da駉s y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administraci髇 correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigir� de oficio de sus autoridades y dem醩 personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucci髇 del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderar醤, entre otros, los siguientes criterios: el resultado da駉so producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas y su relaci髇 con la producci髇 del resultado da駉so.

3. Asimismo, la Administraci髇 instruir� igual procedimiento a las autoridades y dem醩 personal a su servicio por los da駉s y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. La resoluci髇 declaratoria de responsabilidad pondr� fin a la v韆 administrativa.

5. Lo dispuesto en los p醨rafos anteriores, se entender� sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.�

40. 獳rt韈ulo 146. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas, as� como la responsabilidad civil derivada del delito se exigir� de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones p鷅licas no suspender� los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinaci髇 de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijaci髇 de la responsabilidad patrimonial.�

Art韈ulo segundo Modificaci髇 de las disposiciones de la parte final de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑

Las disposiciones de la parte final de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, que a continuaci髇 se relacionan, quedar醤 redactadas como sigue:

• 1. 獶isposici髇 adicional quinta. Procedimientos administrativos en materia tributaria.
  • 1. Los procedimientos tributarios y la aplicaci髇 de los tributos se regir醤 por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garant韆s de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las dem醩 normas dictadas en su desarrollo y aplicaci髇. En defecto de norma tributaria aplicable, regir醤 supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.

    En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos m醲imos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, as� como, en su caso, los efectos de la falta de resoluci髇 ser醤 los previstos en la normativa tributaria.

  • 2. La revisi髇 de actos en v韆 administrativa en materia tributaria se ajustar� a lo dispuesto en los art韈ulos 153 a 171 de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicaci髇 de la misma.�2. 獶isposici髇 adicional und閏ima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplom醫icas y oficinas consulares.

  Los procedimientos instados ante las Misiones Diplom醫icas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regir醤 por su normativa espec韋ica, que se adecuar� a los compromisos internacionales asumidos por Espa馻 y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplic醤dose supletoriamente la presente Ley.�

• 2. 獶isposici髇 adicional und閏ima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplom醫icas y oficinas consulares.

  Los procedimientos instados ante las Misiones Diplom醫icas y Oficinas Consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regir醤 por su normativa espec韋ica, que se adecuar� a los compromisos internacionales asumidos por Espa馻 y, en materia de visados, a los Convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplic醤dose supletoriamente la presente Ley.�

• 3. 獶isposici髇 adicional duod閏ima. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria.

  La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o auton髆icos, as� como de las dem醩 entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los da駉s y perjuicios causados por o con ocasi髇 de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguir醤 la tramitaci髇 administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisi髇 jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso.�

• 4. 獶isposici髇 adicional decimotercera. R間imen de suscripci髇 de convenios de colaboraci髇.

  En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos p鷅licos vinculados o dependientes, podr醤 celebrar los convenios previstos en el art韈ulo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los tr醡ites establecidos, entre los que se incluir� necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El r間imen de suscripci髇 de los mismos y, en su caso, de su autorizaci髇, as� como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustar� al procedimiento que reglamentariamente se establezca.�

• 5. 獶isposici髇 adicional decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

  Lo dispuesto en el T韙ulo I de esta Ley sobre las relaciones entre la Administraci髇 General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas ser� de aplicaci髇 a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.�

• 6. 獶isposici髇 adicional decimoquinta.

  En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, y a los efectos del art韈ulo 42.3.b) de esta Ley, se entiende por registro del 髍gano competente para la tramitaci髇 de una solicitud, cualquiera de los registros del Ministerio competente para iniciar la tramitaci髇 de la misma.

  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuya tramitaci髇 y resoluci髇 corresponda a 髍ganos integrados en el Organo Central del Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa y Cuarteles Generales de los Ej閞citos, el plazo para resolver y notificar se contar� desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los registros de los citados 髍ganos.�

• 7. 獶isposici髇 adicional decimosexta. Administraci髇 de los Territorios Hist髍icos del Pa韘 Vasco.

  En la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco, a efectos de lo dispuesto en el art韈ulo segundo, se entender� por Administraciones p鷅licas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes, as� como las Juntas Generales de los Territorios Hist髍icos en cuanto dicten actos y disposiciones en materia de personal y gesti髇 patrimonial sujetos al derecho p鷅lico.�

• 8. 獶isposici髇 adicional decimos閜tima.
  • 1. Para el ejercicio de la funci髇 consultiva en cuanto garant韆 del inter閟 general y de la legalidad objetiva las Comunidades Aut髇omas, los Entes Forales se organizar醤 conforme a lo establecido en esta disposici髇.
  • 2. La Administraci髇 consultiva podr� articularse mediante 髍ganos espec韋icos dotados de autonom韆 org醤ica y funcional con respecto a la Administraci髇 activa, o a trav閟 de los servicios jur韉icos de esta 鷏tima.

    En tal caso, dichos servicios no podr醤 estar sujetos a dependencia jer醨quica ya sea org醤ica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicaci髇 de los 髍ganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garant韆s de forma colegiada.

  • 3. La presente disposici髇 tiene car醕ter b醩ico de acuerdo con el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇.�
• 9. 獶isposici髇 final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicaci髇 y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

La presente Ley entrar� en vigor tres meses despu閟 de su publicaci髇 en el "Bolet韓 Oficial del Estado".�

Art韈ulo tercero

Modificaci髇 de secciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Se modifican las siguientes secciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑:

• 1. Se modifica la r鷅rica de la secci髇 2.� del cap韙ulo II del T韙ulo VII, que pasar� a denominarse 玆ecurso de alzada�, comprendiendo los art韈ulos 114 y 115 de la Ley.
• 2. Se introduce una nueva secci髇 3.� en el cap韙ulo II del T韙ulo VII, bajo la r鷅rica 玆ecurso potestativo de reposici髇�, comprendiendo los art韈ulos 116 y 117 de la Ley.
• 3. La secci髇 3.� del cap韙ulo II del T韙ulo VII, pasa a ser secci髇 4.� , bajo la r鷅rica de 玆ecurso extraordinario de revisi髇�, comprendiendo los art韈ulos 118 y 119 de la Ley.

Primera Simplificaci髇 de procedimientos

1. El Gobierno, en el plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor de esta Ley, establecer� las modificaciones normativas precisas en las disposiciones reglamentarias dictadas en la adecuaci髇 y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, para la simplificaci髇 de los procedimientos administrativos vigentes en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado y de sus organismos p鷅licos, atendiendo especialmente a la implantaci髇 de categor韆s generales de procedimientos, as� como a la eliminaci髇 de tr醡ites innecesarios que dificulten las relaciones de los ciudadanos con la Administraci髇 p鷅lica. En ning鷑 caso, las especialidades de los distintos procedimientos podr醤 suponer una disminuci髇 o limitaci髇 de las garant韆s consagradas en esta Ley.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Gobierno adaptar�, en el plazo de dos a駉s, las normas reguladoras de los procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido en la presente Ley.

3. Para el estudio y propuesta de las reformas, a que se refieren los n鷐eros anteriores, el Gobierno crear� una Comisi髇 Interministerial presidida por el Ministro de Administraciones P鷅licas.

4. Los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas, dentro de sus respectivos 醡bitos, adaptar醤 aquellos procedimientos en los que proceda modificar el sentido del silencio administrativo a lo establecido por la presente Ley.

Segunda

En el plazo de dieciocho meses, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales el proyecto o proyectos de ley que resulten necesarios para regular los procedimientos de impugnaci髇, reclamaci髇, conciliaci髇, mediaci髇 y arbitraje sustitutivos de los recursos de alzada y de reposici髇.

Disp. Transit. 1 Primera. Subsistencia de normas preexistentes

1. Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de la disposici髇 adicional primera de esta Ley, continuar醤 en vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias existentes y, en especial, las aprobadas en el marco del proceso de adecuaci髇 de procedimientos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, as� como las dictadas en desarrollo de la misma, en cuanto no se opongan a la presente Ley.

2. En todo caso, cuando las citadas normas hayan establecido un plazo m醲imo de duraci髇 del procedimiento superior a los seis meses, se entender� que el plazo m醲imo para resolver y notificar la resoluci髇 ser� precisamente de seis meses, con las excepciones previstas en el apartado segundo del art韈ulo 42.

3. Asimismo, y hasta que se lleven a efecto las previsiones del apartado 2 de la disposici髇 adicional primera, conservar� validez el sentido del silencio administrativo establecido en las citadas normas, si bien que su forma de producci髇 y efectos ser醤 los previstos en la presente Ley.

Disp. Transit. 2

Segunda. Aplicaci髇 de la Ley a los procedimientos en tramitaci髇.

A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les ser� de aplicaci髇 la misma, rigi閚dose por la normativa anterior.

No obstante, s� resultar� de aplicaci髇 a los mismos el sistema de revisi髇 de oficio y de recursos administrativos regulados en la presente Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA Unica

1. Quedan derogados la Ley de 5 de abril de 1904 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1904, relativos a la responsabilidad civil de los funcionarios p鷅licos.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley.

DISPOSICION FINAL UNICA Unica. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley

1. El Gobierno y las Comunidades Aut髇omas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, dictar醤 las disposiciones de desarrollo y aplicaci髇 de la presente Ley que resulten necesarias.

2. La presente Ley entrar� en vigor a los tres meses de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.