El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad canaria de Santa María de Guía ha impuesto una orden de alejamiento y una multa simbólica de 180 euros a dos padres por pronunciar amenazas graves contra dos profesores durante el horario de actividad.  

El Juzgado ha decretado que se trataba de un delito leve de amenazas, recogido en el artículo 171.7 del Código Penal, los insultos como “zorra, puta, te voy a matar” y “te voy a romper la boca, estoy harta de ti, mi hija no va a ir más a tu clase”, proferidos por los progenitores de una de las alumnas del centro.

El incidente ocurrió en mayo de 2017, al ir a buscar los demandados a su hija a la escuela. Éstos comenzaron con las amenazas anteriormente citadas contra una de las profesoras, y al intentar el otro docente que abandonaran el centro, añadieron un “como no te quites de en medio te voy a partir la boca”.

El STEC (Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Canarias) ha asumido asesorar jurídicamente y representar a los dos docentes afectados, los cuáles solicitaron en un primer momento la ayuda de la Consejería de Educación, que ignoró dicha petición.

Delito de amenazas

El juzgado ha resaltado el “vergonzoso comportamiento de los denunciados”, añadiendo que demandar una buena educación para su hija con la actitud de proferir insultos en un centro de enseñanza donde los alumnos podrían haberlos escuchado, no es el mejor ejemplo.

Además ha calificado los comentarios explicados en la sentencia como delito de amenaza, ya que se hicieron con el objetivo de atemorizar y amedrentar a los docentes.

El órgano ha admitido los testimonios de los testigos y ha impuesto una multa de 90 euros a cada uno de los progenitores, así como la obligación de no acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por los denunciantes, por un plazo de seis meses.

Igualmente ha impuesto los gastos derivados de todo el proceso judicial sobre los padres como los responsables criminales del caso, ya que así se establece en el artículo 132 del Código Penal.

En un comunicado enviado por el sindicato canario en relación a la sentencia, se ha criticado la falta de responsabilidad que la Consejería de Educación está demostrando al no amparar jurídicamente a los dos profesores afectados, interpelando a la necesidad de que la institución asuma sus obligaciones y preste “el asesoramiento jurídico necesario a los docentes canarios”.