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29/12/2016 18:22:05 Redacción PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 2 minutos

El año que pasamos en blanco (legislativamente)

Solo 9 iniciativas legislativas han sido aprobadas por el Congreso durante 2016, el año menos productivo en materia legislativa de la historia de la democracia. 

La producción legislativa durante 2016 ha sido escasa. Tras las elecciones de diciembre de 2015 y la investidura fracasada, que llevo a unas segundas elecciones en junio de 2016, podemos asegurar que este año ha sido poco prolífico en materia legislativa estatal. Los largos periodos de inactividad parlamentaria han dejado un panorama bastante desolador en esta materia, más aún si lo comparamos con los años previos.

La XII Legislatura comenzó en septiembre, y tras los largos debates de investidura, Mariano Rajoy fue nombrado presidente el 29 de octubre. Durante estos tres meses, se han aprobado 9 iniciativas legislativas, de las cuales 2 son modificaciones de leyes orgánicas. Las otras 7 son reales decretos-leyes. La cantidad puede parecer suficiente para un trimestre en el que lo más importante era volver a caminar después de un parón de un año, a excepción de la convalidación parlamentaria de un real decreto-Ley en abril. En el tintero, 4 proyectos de ley presentados por el Gobierno que se encuentran en tramitación, así como 25 proposiciones de ley realizadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Si comparamos esta cantidad de iniciativas legislativas aprobadas con el año anterior, 2015, podemos apreciar una notable diferencia. Entre el 1 de enero de ese año y el 31 de diciembre, el Congreso aprobó 84 normas de rango de ley, de las cuales 16 eran leyes orgánicas, 48 leyes ordinarias, 12 reales decretos-leyes y 8 decretos legislativos, convirtiendo este periodo en el más productivo de la anterior legislatura. Solo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese mismo año se aprobaron más de 20 propuestas, lo que es una cifra elevada teniendo en cuenta que se convocaron elecciones para el 20 de diciembre.

La última propuesta aprobada es el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. 

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