El Gobierno ha completado la transposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario con la aprobación del Real Decreto 309/2019, de 26 de abril y la Orden Ministerial que desarrollan la Ley de Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha explicado que el retraso en la transposición, que debería haberse completado en marzo de 2016, conlleva "un riesgo de multa por parte de la Unión Europea de más de 100.000 euros al día", por lo que concluirla ha sido un objetivo importante del Gobierno.
El siguiente paso, ha señalado, será "hacer todo lo posible para que la Comisión Europea retire la demanda que está interpuesta contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que podamos evitar la imposición de esta multa".
Calviño ha afirmado que las dos normas aprobadas hoy refuerzan la seguridad jurídica y la protección de las personas a través de "aspectos de detalle, pero importantes", entre los que ha enumerado los requisitos para la prestación de los servicios de asesoramiento y para que una empresa distinta a una entidad de crédito pueda ser un prestamista inmobiliario; la información que hay que facilitar a los clientes; el seguro de responsabilidad civil profesional; los requisitos de los medios telemáticos a través de los cuales los prestamistas se ponen en contacto con los notarios para la gestión de la hipoteca, o las reglas de publicidad.
