El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha emitido un comunicado para denunciar que  no hay una unidad de criterios clara ni definitiva sobre la interpretación del concepto de gran tenedor por parte de profesionales, judicatura y Agència de l’Habitatge de Catalunya, especialmente a raíz de la convivencia entre la normativa estatal (Ley 12/2023, del derecho a la vivienda) y la catalana (Ley 24/2015, modificada por la Ley 1/2022).

A causa de esta falta de concreción de la normativa y la inseguridad jurídica que se deriva, el Colegio ha solicitado una reunión formal con la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) para abordar esta cuestión y obtener criterios interpretativos unificados que den seguridad jurídica a los profesionales que están en contacto con propietarios e inquilinos.

"Mientras esperamos respuestas y concreciones de la AHC, hemos tenido que ofrecer a nuestros colegiados los criterios que los diferentes agentes del sector hemos consensuado entre nosotros con el objetivo de dar una orientación con fundamentos para acompañarlos en sus tareas del día a día, ante la avalancha de consultas que recibamos. Hay que puntualizar que estos criterios son provisionales hasta tener respuesta de la AHC", remarcan los administradores. 

El presidente del Colegio, el Sr. Lorenzo Viñas, exige respuestas a la Administración catalana “porque esta inseguridad jurídica perjudica la oferta de viviendas de alquiler y, además, no olvidemos que aplicar con criterios erróneos la ley comporta sanciones de hasta 900.000 euros”.

El Sr. Viñas, además, remarca que los Administradores de Fincas colegiados siempre aplicamos y asesoramos sobre las leyes de manera escrupulosa y profesional. “Encontramos aberrantes y completamente desproporcionadas las sanciones que prevé la ley”.