Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO PRELIMINAR.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto de la ley
  • Art韈ulo 2燜ines de las pol韙icas p鷅licas de vivienda
  • Art韈ulo 3燚efiniciones
  • Art韈ulo 4燬ervicios de inter閟 general
  • Art韈ulo 5燗cci髇 p鷅lica
  • Art韈ulo 6燩rincipio de igualdad y no discriminaci髇 en la vivienda
• T蚑ULO I.�Funci髇 social y r間imen jur韉ico de la vivienda
  • Art韈ulo 7燩rincipios rectores de la garant韆 de la funci髇 social de la vivienda
  • CAP蚑ULO I.�Estatuto b醩ico del ciudadano
    • Art韈ulo 8燚erechos del ciudadano en relaci髇 con la vivienda
    • Art韈ulo 9燚eberes del ciudadano en relaci髇 con la vivienda
  • CAP蚑ULO II.�R間imen jur韉ico b醩ico del derecho de propiedad de la vivienda
    • Art韈ulo 10燙ontenido del derecho de propiedad de la vivienda: facultades
    • Art韈ulo 11燙ontenido del derecho de propiedad de la vivienda: deberes y cargas
• T蚑ULO II.�Acci髇 de los poderes p鷅licos en materia de vivienda
  • CAP蚑ULO I.�Principios generales de la actuaci髇 p鷅lica en materia de vivienda
    • Art韈ulo 12燗cci髇 del Estado en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana
    • Art韈ulo 13燙ompromiso por la accesibilidad universal en el parque de vivienda
    • Art韈ulo 14燬ituaciones de especial vulnerabilidad
    • Art韈ulo 15燚erecho de acceso a la vivienda y ordenaci髇 territorial y urban韘tica
    • Art韈ulo 16燰ivienda protegida
    • Art韈ulo 17燰ivienda asequible incentivada
    • Art韈ulo 18燚eclaraci髇 de zonas de mercado residencial tensionado
    • Art韈ulo 19燙olaboraci髇 y suministro de informaci髇 de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado
  • CAP蚑ULO II.�Colaboraci髇 y cooperaci髇 entre administraciones p鷅licas en materia de vivienda
    • Art韈ulo 20燙olaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas en materia de vivienda
    • Art韈ulo 21犛rganos de Cooperaci髇 en materia de vivienda y suelo
    • Art韈ulo 22燙oordinaci髇 interministerial
  • CAP蚑ULO III.�Actuaci髇 del estado en materia de vivienda
    • Art韈ulo 23燩lanificaci髇 y programaci髇 estatal en materia de vivienda
    • Art韈ulo 24燩lanes estatales en materia de vivienda y rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y rural
    • Art韈ulo 25燙olaboraci髇 p鷅lico-privada y fondo de vivienda asequible
    • Art韈ulo 26燙onsejo Asesor de Vivienda
• T蚑ULO III.�Parques p鷅licos de vivienda
  • Art韈ulo 27燙oncepto, finalidad y financiaci髇
  • Art韈ulo 28燙riterios orientadores en la gesti髇 de los parques p鷅licos de vivienda
  • Art韈ulo 29燚estino de los parques p鷅licos de vivienda
• T蚑ULO IV.�Medidas de protecci髇 y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda
  • CAP蚑ULO I.�R間imen general de derechos e informaci髇 b醩ica
    • Art韈ulo 30燩rincipios b醩icos de los derechos, facultades y responsabilidades
    • Art韈ulo 31營nformaci髇 m韓ima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda
  • CAP蚑ULO II.�Informaci髇 y transparencia en materia de vivienda y suelo
    • Art韈ulo 32燩arque p鷅lico de vivienda
    • Art韈ulo 33營nversi髇 en programas de pol韙ica de vivienda
    • Art韈ulo 34燙aracterizaci髇 del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vac韆
    • Art韈ulo 35燙aracterizaci髇 de la demanda de vivienda
    • Art韈ulo 36燬uelo p鷅lico disponible para vivienda
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燘ase de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinaci髇 en la informaci髇 sobre contratos de arrendamiento
  • Disposici髇 adicional segunda燩rioridad de la pol韙ica de vivienda en la gesti髇 patrimonial del Estado
  • Disposici髇 adicional tercera燫evisi髇 de los criterios para la identificaci髇 de zonas de mercado residencial tensionado
  • Disposici髇 adicional cuarta燗plicaci髇 de los recursos de los planes estatales en materia de vivienda en los tr醡ites de intermediaci髇 y conciliaci髇
  • Disposici髇 adicional quinta燝rupo de trabajo para la regulaci髇 de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda
  • Disposici髇 adicional sexta燣os administradores de fincas
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燰iviendas calificadas con alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica con anterioridad a la entrada en vigor de la ley
  • Disposici髇 transitoria segunda燨bjetivos en relaci髇 con el parque de vivienda destinado a pol韙icas sociales
  • Disposici髇 transitoria tercera燩rocedimientos suspendidos en virtud de los art韈ulos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19
  • Disposici髇 transitoria cuarta燫間imen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤edidas de contenci髇 de precios en la regulaci髇 de los contratos de arrendamiento de vivienda
  • Disposici髇 final segunda營ncentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda
  • Disposici髇 final tercera燤odulaci髇 del recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con car醕ter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
  • Disposici髇 final cuarta燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre
  • Disposici髇 final quinta燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final sexta燣imitaci髇 extraordinaria de la actualizaci髇 anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda
  • Disposici髇 final s閜tima燭韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final octava燚esarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final novena燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto de la ley

1. Esta ley tiene por objeto regular, en el 醡bito de competencias del Estado, las condiciones b醩icas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda y, en particular, el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma en condiciones asequibles, atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos internacionales ratificados por Espa馻 y respetando en todo caso las competencias de las comunidades aut髇omas y, espec韋icamente, las que tienen atribuidas en materia de vivienda.

2. Con objeto de asegurar el ejercicio del derecho a la vivienda, ser� asimismo objeto de esta ley la regulaci髇 del contenido b醩ico del derecho de propiedad de la vivienda en relaci髇 con su funci髇 social, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jur韉ico, en el marco de los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica, as� como de mantener, conservar y rehabilitar la vivienda, atribuyendo a los poderes p鷅licos la funci髇 de asegurar su adecuado cumplimiento, en el 醡bito de sus respectivas competencias, a trav閟 de la aplicaci髇 de las medidas que legalmente procedan.

3. La ley tambi閚 tiene por objeto reforzar la protecci髇 del acceso a informaci髇 completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible, en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda.

Art韈ulo 2 Fines de las pol韙icas p鷅licas de vivienda

Constituyen fines comunes de la acci髇 de los poderes p鷅licos en materia de vivienda, en el 醡bito de sus respectivas competencias:

• a) La efectividad de los derechos de acceso en condiciones asequibles a una vivienda digna y adecuada de acuerdo con la Constituci髇 Espa駉la y las recomendaciones de los instrumentos internacionales ratificados por Espa馻.
• b) Promover el uso y disfrute efectivo de la vivienda, en virtud del r間imen legal de tenencia, as� como su mantenimiento, conservaci髇 y, en su caso, rehabilitaci髇 y mejora.
• c) Asegurar la habitabilidad de las viviendas, entendida como el conjunto de los requisitos m韓imos de calidad, funcionalidad y accesibilidad universal que, atendiendo a la normativa aplicable, deben cumplir las mismas para garantizar la dignidad y la salud de las personas, para satisfacer sus necesidades de habitaci髇 en las diferentes etapas de su vida, con especial atenci髇 a las necesidades de los menores, para quienes la vivienda constituye adem醩 un espacio fundamental de desarrollo, seguridad y cobijo, y como base para el efectivo ejercicio de derechos y libertades.
• d) Fomentar la colaboraci髇 interadministrativa, favoreciendo la coherencia y la transparencia en las actuaciones p鷅licas de pol韙ica de vivienda, as� como la coordinaci髇 con las restantes pol韙icas sectoriales, y garantizar la participaci髇 de la ciudadan韆 y de las entidades representativas de la sociedad civil en el 醡bito de la vivienda.
• e) Proteger la estabilidad y la seguridad jur韉ica en la propiedad, uso y disfrute de la vivienda, con especial atenci髇 a las personas y hogares en situaci髇 o riesgo de vulnerabilidad, y espec韋icamente a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo, a trav閟 de medidas efectivas en materia de vivienda y asegurando la debida coordinaci髇 con medidas complementarias de atenci髇 social, formaci髇, empleo y otras acciones de acompa馻miento.
• f) Favorecer el desarrollo, gesti髇 y mantenimiento de los parques p鷅licos de vivienda para asegurar una oferta significativa y estable de viviendas dignas y adecuadas a los sectores sociales con mayores dificultades de acceso a una vivienda en el mercado, mediante la necesaria inversi髇 en cada ejercicio presupuestario y atendiendo a las caracter韘ticas y necesidades de todos los 醡bitos territoriales, afectados por diferentes din醡icas de crecimiento o de p閞dida de poblaci髇.
• g) Impulsar la rehabilitaci髇 y mejora de las viviendas existentes, tanto en el parque privado como en los p鷅licos, a trav閟 de programas y medidas en materia de sostenibilidad, eficiencia energ閠ica y utilizaci髇 de energ韆s renovables, habitabilidad, accesibilidad universal, conservaci髇, mejora de la seguridad de utilizaci髇 y digitalizaci髇, favoreciendo enfoques integrales y contemplando de forma espec韋ica las caracter韘ticas de la vivienda en el medio rural.
• h) Impulsar y fomentar la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda en alquiler a precios asequibles, con especial atenci髇 a las personas j髒enes y hogares en situaci髇 o riesgo de vulnerabilidad, habilitando mecanismos efectivos de regulaci髇 y uso del suelo, y desarrollando medidas e instrumentos de programaci髇 y planificaci髇 que permitan atender las necesidades reales de los demandantes y favorezcan la cohesi髇 social y territorial.
• i) Apoyar la existencia de parques sociales de vivienda de entidades del tercer sector, que sean complementarios a los parques p鷅licos de vivienda y ampl韊n la oferta de alojamiento y vivienda destinada a colectivos y hogares vulnerables, con especial atenci髇 a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.
• j) Lograr la m醲ima eficiencia en la gesti髇 de los recursos disponibles para favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada, fomentando, en su caso, las f髍mulas de colaboraci髇 p鷅lico-privada.
• k) Proteger los derechos b醩icos y los intereses leg韙imos en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, delimitando las responsabilidades y asegurando el acceso a informaci髇 suficiente y adecuada.
• l) Eliminar cualquier tipo de discriminaci髇, por cualquier raz髇, en el acceso a una vivienda y el disfrute de la misma, asegurando la integraci髇, inclusi髇 y cohesi髇 social y territorial en las actuaciones y medidas de pol韙ica de vivienda.
• m) Impulsar la accesibilidad universal en el parque de vivienda, asegurando su efectividad en las nuevas viviendas y adoptando medidas para solventar las necesidades sobrevenidas en el parque de vivienda preexistente.
• n) Adoptar medidas para identificar y prevenir la retenci髇 especulativa, la segregaci髇 residencial, los procesos de sobreocupaci髇, la exclusi髇 residencial grave como el chabolismo o el sinhogarismo y la degradaci髇 de las condiciones del parque de viviendas existente y de su entorno, para permitir el desarrollo de su funci髇 residencial y la mejora de la calidad de vida.
• �) Garantizar la igualdad, desde la perspectiva de g閚ero, edad, capacidad y perspectiva territorial, en todas las pol韙icas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en todas sus fases de planificaci髇, ejecuci髇 y evaluaci髇.
• o) Controlar y garantizar el uso responsable de recursos p鷅licos suficientes, para cumplir los objetivos de la pol韙ica de vivienda por parte de las Administraciones competentes y aplicar, en la gesti髇 del parque p鷅lico, criterios de corresponsabilidad de sus ocupantes.
• p) Priorizar la atenci髇 e informaci髇 a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo que, por encontrarse en situaci髇 de pobreza, exclusi髇 social u otras formas de vulnerabilidad, deben ser objeto de especial protecci髇.
• q) Contribuir en la aplicaci髇 de las pol韙icas de vivienda a la correcci髇 de los desequilibrios territoriales, tanto en 醡bitos urbanos y metropolitanos como en entornos rurales, que pueden estar m醩 afectados por fen髆enos de despoblaci髇.
• r) Fomentar la transparencia y garantizar la participaci髇 en el desarrollo de las pol韙icas p鷅licas de vivienda de los agentes que intervienen en el mercado inmobiliario, particularmente de los promotores sociales de vivienda, de las asociaciones ciudadanas de defensa del derecho a la vivienda, de las asociaciones de arrendatarios y de propietarios, de administradores de fincas y de los agentes inmobiliarios.
• s) Potenciar la econom韆 social, impulsando la participaci髇 de las entidades de car醕ter social y asistencial en el 醡bito de la vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de�9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 3 Definiciones

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y en tanto no entren en contradicci髇 con las reguladas por las administraciones competentes en materia de vivienda, en cuyo caso, y a los efectos de su regulaci髇, prevalecer醤 aqu閘las, se establecen las siguientes definiciones:

• a) Vivienda: edificio o parte de un edificio de car醕ter privativo y con destino a residencia y habitaci髇 de las personas, que re鷑e las condiciones m韓imas de habitabilidad exigidas legalmente, pudiendo disponer de acceso a espacios y servicios comunes del edificio en el que se ubica, todo ello de conformidad con la legislaci髇 aplicable y con la ordenaci髇 urban韘tica y territorial.
• b) Infravivienda: la edificaci髇, o parte de ella, destinada a vivienda, que no re鷑e las condiciones m韓imas exigidas de conformidad con la legislaci髇 aplicable. En todo caso, se entender� que no re鷑en dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, n鷐ero, dimensi髇 y caracter韘ticas de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones b醩icas y las que no cumplan los requisitos m韓imos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificaci髇.
• c) Vivienda digna y adecuada: la vivienda que, por raz髇 de su tama駉, ubicaci髇, condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal, eficiencia energ閠ica y utilizaci髇 de energ韆s renovables y dem醩 caracter韘ticas de la misma, y con acceso a las redes de suministros b醩icos, responde a las necesidades de residencia de la persona o unidad de convivencia en condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero, constituyendo su domicilio, morada u hogar en el que poder vivir dignamente, con salvaguarda de su intimidad, y disfrutar de las relaciones familiares o sociales, favoreciendo el pleno desarrollo y la inclusi髇 social de las personas.
• d) Condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero: aquellas condiciones de precio de venta o alquiler que eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus caracter韘ticas particulares, considerando, tanto la cuota hipotecaria o la renta arrendaticia, como los gastos y suministros b醩icos que corresponda satisfacer al propietario hipotecado o al arrendatario, no debiendo superar con car醕ter general el 30 por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia.
• e) Gastos y suministros b醩icos: el importe del coste de los suministros energ閠icos (de electricidad, gas, gasoil, entre otros), agua corriente, de los servicios de telecomunicaci髇, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual.
• f) Vivienda protegida: la vivienda sometida a un r間imen especial para destinarla a residencia habitual de personas con dificultades de acceso al mercado de vivienda, tanto en 醡bitos urbanos y metropolitanos, como en el medio rural. A los efectos de esta ley, se establecen las siguientes modalidades: vivienda social, o vivienda de precio limitado.
  • 1.� Vivienda social: la vivienda de titularidad p鷅lica destinada al alquiler, cesi髇 o cualquier otra f髍mula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta y destinada a personas u hogares con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado. Tambi閚 ser� considerada vivienda social aquella cuyo suelo sea de titularidad p鷅lica sobre el que se haya constituido derecho de superficie, concesi髇 administrativa o negocio jur韉ico equivalente.

    La vivienda social podr� desarrollarse sobre terrenos calificados urban韘ticamente como dotacionales p鷅licos o estar comprendida en edificaciones o locales destinados a equipamientos de titularidad p鷅lica y afectos al servicio p鷅lico.

    La vivienda social podr� gestionarse de manera directa por las administraciones p鷅licas o entidades dependientes, por entidades sin 醤imo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, o a trav閟 de f髍mulas de colaboraci髇 p鷅lico-privada, que sean compatibles con el car醕ter de la misma.

    Podr� tener la consideraci髇 de vivienda social de emergencia aquella vivienda social que est� destinada a atender situaciones de emergencia, ofreciendo soluci髇 habitacional a corto plazo y de forma temporal, con car醕ter universal y hasta que se provea de una vivienda alternativa permanente, a personas y familias en situaci髇 de p閞dida o imposibilidad para acceder a una vivienda adecuada, independientemente de las condiciones documentales y administrativas de las personas afectadas.

  • 2.� Vivienda protegida de precio limitado: la vivienda de titularidad p鷅lica o privada, excluida la social o dotacional p鷅lica, sujeta a limitaciones de precios de renta y todos los dem醩 requisitos que se establezcan legal o reglamentariamente y destinada a satisfacer la necesidad de vivienda permanente de personas u hogares que tengan dificultades de acceder a la vivienda en el mercado. La vivienda de precio limitado ser� calificada como tal con arreglo al procedimiento establecido por la Administraci髇 P鷅lica competente.
• g) Vivienda asequible incentivada: a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considerar� como aquella vivienda de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector y de la econom韆 social, a cuyo titular la Administraci髇 competente otorga beneficios de car醕ter urban韘tico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en r間imen de alquiler, o de cualquier otra f髍mula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado. Los beneficios p鷅licos que se asignen a estas viviendas estar醤 vinculados a las limitaciones de uso, temporales y de precios m醲imos que, en cada caso, determine la Administraci髇 competente.
• h) Parque de vivienda y alojamiento del tercer sector: el conjunto de inmuebles de titularidad o gestionados por entidades sin 醤imo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, destinados a satisfacer la necesidad de vivienda o alojamiento de personas u hogares en situaci髇 de vulnerabilidad o en riesgo de exclusi髇 social, o proveer vivienda asequible a amplias capas de la sociedad.
• i) Residencia habitual: la vivienda que constituye el domicilio permanente de la persona que la ocupa y que puede acreditarse a trav閟 de los datos obrantes en el padr髇 municipal u otros medios v醠idos en derecho.
• j) Residencia secundaria: toda aquella vivienda que se utiliza por su propietario para estancias temporales o intermitentes, y que no constituye su residencia habitual.
• k) Gran tenedor: a los efectos de lo establecido en esta ley, la persona f韘ica o jur韉ica que sea titular de m醩 de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de m醩 de 1.500 m² de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Esta definici髇 podr� ser particularizada en la declaraci髇 de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de cinco o m醩 inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho 醡bito, cuando as� sea motivado por la comunidad aut髇oma en la correspondiente memoria justificativa.
• l) Sinhogarismo: circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboca a las personas, familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la v韆 p鷅lica u otros espacios p鷅licos inadecuados, o utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado de las diferentes administraciones p鷅licas o de entidades sin 醤imo de lucro, o residir en una vivienda inadecuada, temporal o no, inapropiada o masificada, en una vivienda insegura, sin t韙ulo legal, o con notificaci髇 de abandono de la misma, o viviendo bajo amenaza de violencia.

Podr� calificarse como sinhogarismo cronificado, cuando la situaci髇 de sinhogarismo contin鷈 o se produzca a lo largo de un periodo de tiempo igual o superior a un a駉.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Art韈ulo 4 Servicios de inter閟 general

1. A los efectos de la orientaci髇 de la financiaci髇 p鷅lica, tienen la consideraci髇 de servicios de inter閟 general, como elementos clave de la cohesi髇 econ髆ica, social y territorial, los determinados por las administraciones competentes en la materia, y en el 醡bito de competencia estatal o de colaboraci髇 del Estado con las dem醩 administraciones:

• a) El desarrollo de las actuaciones necesarias para la creaci髇, ampliaci髇, conservaci髇 y mejora del parque p鷅lico de vivienda, por parte de las Administraciones p鷅licas competentes y sus entes instrumentales o dependientes, as� como su gesti髇 para asegurar su utilizaci髇 efectiva en condiciones asequibles, tal y como se definen en el art韈ulo anterior o en la normativa auton髆ica correspondiente.
• b) Las actividades, p鷅licas o privadas, cuyo fin sea la construcci髇 o rehabilitaci髇 de viviendas sometidas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica que fije un precio m醲imo de venta y alquiler, con destino a las personas u hogares que re鷑an los requisitos preestablecidos en base a criterios objetivos que definan su situaci髇 econ髆ica y social.
• c) El desarrollo de las actuaciones necesarias por parte de las Administraciones p鷅licas competentes y sus entes instrumentales o dependientes, encaminadas a promover la mejora de las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o de eficiencia energ閠ica de los edificios de viviendas, de titularidad p鷅lica y privada.

2. Los servicios de inter閟 general indicados en el apartado anterior podr醤 ser ejecutados de manera directa por las Administraciones p鷅licas o sus entes instrumentales o dependientes, o bien, podr醤 realizarse a trav閟 de acuerdos con los propietarios, con las entidades legalmente constituidas del tercer sector y de la econom韆 social, o a trav閟 de diferentes f髍mulas de colaboraci髇 p鷅lico-privada, en cumplimiento del marco legal vigente atendiendo a la naturaleza de la colaboraci髇.

Art韈ulo 5 Acci髇 p鷅lica

1. Los actos y disposiciones dictados en aplicaci髇 del t韙ulo II, del t韙ulo III y del cap韙ulo II del t韙ulo IV de esta ley podr醤 impugnarse, adem醩 de por quienes est閚 legitimados para ello, en los t閞minos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa, por las personas jur韉icas sin 醤imo de lucro que, mediante el ejercicio de esta acci髇, defiendan intereses generales vinculados con la protecci髇 de la vivienda. Dicho ejercicio no podr� ser contrario a la buena fe, ni constituir un abuso de derecho.

2. A efectos de lo establecido en el art韈ulo 31 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa, el ejercicio de esta acci髇 no podr� en ning鷑 caso comprender una pretensi髇 de reconocimiento y restablecimiento de una situaci髇 jur韉ica individualizada, salvo que quien ejercite la acci髇 sea quien est� legitimado por ostentar un derecho o inter閟 leg韙imo afectado. La renuncia o el desistimiento de la misma, ya sea en v韆 administrativa, ya en v韆 contencioso-administrativa, no podr� implicar contrapartidas econ髆icas.

Art韈ulo 6 Principio de igualdad y no discriminaci髇 en la vivienda

1. En virtud del principio de igualdad y no discriminaci髇 en la vivienda, todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales establecidos en la legislaci髇 y normativa vigente, sin sufrir discriminaci髇, exclusi髇, acoso o violencia de ning鷑 tipo.

2. Las Administraciones competentes deber醤 garantizar el cumplimiento de lo previsto en el apartado 1, adoptando las medidas de protecci髇 necesarias para prevenir y hacer frente, de manera espec韋ica a las siguientes situaciones que afectan al uso y disfrute de la vivienda:

• a) La discriminaci髇 directa, que se produce cuando una persona o grupo de personas recibe, en alg鷑 aspecto relacionado con la vivienda, un trato diferente del recibido por otra persona en una situaci髇 an醠oga, siempre que la diferencia de trato no tenga una causa leg韙ima que la justifique objetiva y razonablemente, y los medios utilizados sean proporcionados, adecuados y necesarios.
• b) La discriminaci髇 indirecta, que se produce cuando una disposici髇 normativa, un plan, una cl醬sula convencional o contractual, un pacto individual, una decisi髇 unilateral, un criterio o una pr醕tica, aparentemente neutros, producen una desventaja particular para una persona o grupo de personas respecto de otras en el ejercicio del derecho a la vivienda. No existe discriminaci髇 indirecta si la actuaci髇 tiene una finalidad leg韙ima que la justifica objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar esta finalidad son proporcionados, adecuados y necesarios.
• c) El acoso inmobiliario, entendido como toda acci髇 u omisi髇 con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en el uso pac韋ico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad 鷏tima de forzarla a adoptar una decisi髇 no deseada sobre el derecho que le ampara de uso y disfrute de la vivienda.
• d) Las operaciones de venta, arrendamiento o cesi髇 por cualquier t韙ulo, completa o parcial, para residencia de una infravivienda, una vivienda sobreocupada y cualquier forma de alojamiento ilegal, o respecto a bienes sobre los que no se ostente un derecho leg韙imo que faculte al efecto o la representaci髇 del mismo.

Art韈ulo 7 Principios rectores de la garant韆 de la funci髇 social de la vivienda

1. Atendiendo a la delimitaci髇 que del derecho a una vivienda digna y adecuada efect鷄 el art韈ulo 47 de la Constituci髇 Espa駉la, y considerando que la vivienda cumple una funci髇 social dado que constituye un bien destinado a satisfacer las necesidades b醩icas de alojamiento de las personas, familias y unidades de convivencia, corresponde a las administraciones p鷅licas competentes velar por promover las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho en condiciones asequibles y con especial atenci髇 a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo, a trav閟 del estatuto de derechos y deberes asociados a la vivienda, en los t閞minos dispuestos en la presente ley.

2. Para el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, los poderes p鷅licos, en el 醡bito de sus respectivas competencias, deben articular los mecanismos efectivos para asegurar su debida protecci髇, conservaci髇, rehabilitaci髇 y mejora, en los t閞minos dispuestos por esta ley y de acuerdo con la legislaci髇 y normativa vigente en materia de vivienda.

Art韈ulo 8 Derechos del ciudadano en relaci髇 con la vivienda

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

• a) Disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los t閞minos dispuestos por esta ley, ya sea en r間imen de propiedad, de arrendamiento, de cesi髇 de uso, o de cualquier otro r間imen legal de tenencia.
• b) Acceder a la informaci髇 de que dispongan las Administraciones p鷅licas sobre los programas p鷅licos de vivienda y a las condiciones de acceso a los mismos en formatos accesibles para personas con discapacidad, as� como sobre las prestaciones, ayudas y recursos p鷅licos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda por parte de las personas y familias en situaci髇 de vulnerabilidad.
• c) Solicitar la inscripci髇 en los registros de demandantes de vivienda protegida constituidos al efecto por las Administraciones p鷅licas competentes en la materia, y en los diferentes programas, prestaciones, ayudas y recursos p鷅licos para el acceso a la vivienda, en funci髇 de su situaci髇 social y econ髆ica, as� como de sus circunstancias personales y familiares.
• d) Participar en los programas p鷅licos de vivienda, y acceder a las prestaciones, ayudas y recursos p鷅licos en materia de vivienda en los t閞minos y condiciones establecidos en su normativa reguladora.

Art韈ulo 9 Deberes del ciudadano en relaci髇 con la vivienda

Todos los ciudadanos tienen el deber de:

• a) Respetar y contribuir a preservar el parque de vivienda, evitando la realizaci髇 de cualquier actividad molesta o insalubre, que sea perturbadora del ejercicio del derecho de uso y disfrute se馻lado en el art韈ulo anterior.
• b) En relaci髇 con la vivienda que se habita, realizar las actuaciones de conservaci髇, reparaci髇 o mejora que correspondan de acuerdo con el r間imen legal de tenencia en virtud del cual se dispone de la misma.
• c) En relaci髇 con la vivienda ajena, a disposici髇 de otras personas, hogares, o entidades p鷅licas y privadas, respetar la pac韋ica tenencia de la misma y abstenerse de la realizaci髇 de cualquier tipo de actividad que la impida o dificulte.
• d) En relaci髇 con las operaciones de compra o alquiler de vivienda, cumplir los deberes legalmente establecidos para el transmitente o intermediario definidos en el t韙ulo IV y dem醩 normativa aplicable en dichas operaciones.
• e) En relaci髇 con el parque p鷅lico de vivienda, atender a su especial importancia como instrumento de acci髇 en favor del derecho a la vivienda y velar por su adecuado mantenimiento y conservaci髇, para que pueda servir a los hogares con mayores dificultades.

Art韈ulo 10 Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: facultades

1. Adem醩 de los derechos reconocidos en la legislaci髇 estatal de suelo en funci髇 de la situaci髇 b醩ica de los terrenos en los que se sit鷈 la vivienda, de conformidad con la legislaci髇 en materia de ordenaci髇 territorial y urban韘tica de aplicaci髇, el derecho de propiedad de la vivienda comprende:

• a) Las facultades de uso, disfrute y disposici髇 de la misma conforme a su calificaci髇, estado y caracter韘ticas objetivas, de acuerdo con la legislaci髇 en materia de vivienda y la dem醩 que resulte de aplicaci髇.
• b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre la situaci髇 urban韘tica de la vivienda y del edificio en que se ubica.
• c) La realizaci髇 de las obras de conservaci髇, rehabilitaci髇, accesibilidad universal, ampliaci髇 o mejora, de conformidad con las condiciones establecidas por la Administraci髇 competente y, en su caso, el t韙ulo habilitante de tales actuaciones, cuando 閟te sea legalmente exigible.

2. Corresponde a las Administraciones competentes en materia de vivienda velar por el pleno ejercicio de los derechos de la propiedad de vivienda, actuando de manera concertada y coordinada en la promoci髇 de las acciones previstas en la legislaci髇 y en los planes y programas aplicables para favorecer el acceso a la vivienda. A tales efectos, podr醤 adoptarse y ejecutarse cuantas medidas prevea la legislaci髇 en la materia y, en particular, las siguientes:

• a) Ayudas y subvenciones p鷅licas.
• b) Incentivos fiscales.
• c) Gesti髇 directa por parte de las Administraciones P鷅licas o sus entes instrumentales, o en colaboraci髇 con terceros, de los parques p鷅licos de vivienda.
• d) Colaboraci髇 con entidades del tercer sector cuyos fines de car醕ter social est閚 vinculados con la vivienda, para facilitar la gesti髇 de viviendas pertenecientes a los parques p鷅licos, as� como la gesti髇 de su propio parque de vivienda social.
• e) Fomento de la iniciativa privada mediante convenios con los titulares de viviendas para su cesi髇 a las Administraciones p鷅licas competentes u otras f髍mulas para favorecer el incremento de la oferta de alquiler social o a precio asequible.
• f) Acciones de fomento de la intermediaci髇 en el mercado del arrendamiento de viviendas para propiciar su efectiva ocupaci髇.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

Art韈ulo 11 Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: deberes y cargas

1. Adem醩 de los deberes establecidos en la legislaci髇 estatal de suelo en funci髇 de la situaci髇 b醩ica de los terrenos en los que se sit鷈 la vivienda, de conformidad con la legislaci髇 en materia de ordenaci髇 territorial y urban韘tica de aplicaci髇, el derecho de propiedad de la vivienda queda delimitado por su funci髇 social y comprende los siguientes deberes:

• a) Uso y disfrute propios y efectivos de la vivienda conforme a su calificaci髇, estado y caracter韘ticas objetivas, de acuerdo con la legislaci髇 en materia de vivienda y la dem醩 que resulte de aplicaci髇, garantizando en todo caso la funci髇 social de la propiedad.
• b) Mantenimiento, conservaci髇 y, en su caso, rehabilitaci髇 de la vivienda en los t閞minos de esta ley, de la legislaci髇 de ordenaci髇 territorial, urban韘tica y de vivienda, y de los instrumentos aprobados a su amparo.
• c) Evitar la sobreocupaci髇 o el arrendamiento para usos y actividades que incumplan los requisitos y condiciones de habitabilidad legalmente exigidos.
• d) En las operaciones de venta o arrendamiento de la vivienda, cumplir las obligaciones de informaci髇 establecidas en la normativa aplicable y en el t韙ulo IV de esta ley.
• e) En caso de que la vivienda se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, cumplir las obligaciones de colaboraci髇 con la Administraci髇 competente y suministro de informaci髇 en los t閞minos establecidos en el t韙ulo II de esta ley.

2. Corresponde a las Administraciones competentes en materia de vivienda la declaraci髇 del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda, habilitando a adoptar, de oficio o a instancia de parte y previa audiencia, en todo caso, del obligado, cuantas medidas prevea la legislaci髇 de ordenaci髇 territorial y urban韘tica y la de vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Art韈ulo 12 Acci髇 del Estado en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana

1. Con el objetivo de promover el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada, y en el 醡bito de sus competencias, el Estado llevar� a cabo la planificaci髇 necesaria con su correspondiente financiaci髇 con el fin de facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, as� como para favorecer la conservaci髇 y mejora del parque residencial y de su entorno construido, prestando especial atenci髇 a aquellos colectivos, personas y familias con mayores dificultades de acceso o que puedan encontrarse en riesgo de exclusi髇 residencial y con especial atenci髇 a aquellas familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

2. El Estado, en aplicaci髇 del principio de cooperaci髇, podr� colaborar, de acuerdo con su propia planificaci髇, en la financiaci髇 de los planes que se aprueben por las comunidades aut髇omas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, y propondr�, en el seno de la Conferencia Sectorial, sus propias l韓eas estrat間icas, planes y medidas que promuevan dicha igualdad y fortalezcan el equilibrio territorial, estableciendo los oportunos indicadores de seguimiento y evaluaci髇.

3. La acci髇 del Estado en esta materia, en el 醡bito de sus competencias, deber� priorizar la atenci髇 y la aplicaci髇 de los programas de ayuda a aquellas personas, familias y unidades de convivencia que se encuentren en las situaciones de mayor vulnerabilidad social y econ髆ica identificadas por los servicios sociales, y en emergencia habitacional por estar afectados por procedimientos de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, debi閚dose promover su adecuado realojo y el acceso a una vivienda digna y adecuada, atendiendo a sus condiciones de vulnerabilidad social y econ髆ica, as� como a sus circunstancias personales y familiares, reforzando para ello los mecanismos de cooperaci髇 con las administraciones territoriales competentes.

4. La colaboraci髇 del Estado en estas competencias deber� considerar el necesario enfoque territorial de las pol韙icas en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇, adoptando medidas para atender las necesidades de vivienda tanto en los entornos urbanos y metropolitanos como en el medio rural, en municipios que puedan estar afectados por la despoblaci髇, promoviendo programas espec韋icos con viviendas de alquiler social, asequibles y adecuadas a cada contexto social, econ髆ico y territorial.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 13 Compromiso por la accesibilidad universal en el parque de vivienda

1. El Estado, en el 醡bito de sus competencias o en colaboraci髇 con las dem醩 administraciones, articular� medidas para garantizar la accesibilidad universal de los parques de vivienda, favoreciendo la adaptaci髇 de los mismos a las necesidades funcionales de sus residentes o personas destinatarias, con especial atenci髇 a la discapacidad sobrevenida por razones de edad, por accidente, enfermedad adquirida u otras causas, y a las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo, atendiendo a las necesidades espec韋icas de la vivienda en zonas rurales.

2. A fin de hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad y de aquellas que por raz髇 de su edad avanzada necesiten una vivienda accesible, as� como para atender adecuadamente el derecho de los menores que formen parte de un n鷆leo familiar o de unidad de convivencia, en toda vivienda de nueva construcci髇 y en aquellas objeto de intervenci髇 que requiera proyecto seg鷑 lo previsto en el art韈ulo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇, se garantizar� el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y, en el caso de viviendas preexistentes a la vigencia de la referida normativa, se promover� la aplicaci髇 de medidas de adecuaci髇 efectiva, aplicando programas de ayuda a tal fin, que se sumen a la aplicaci髇 de los fondos de reserva de las comunidades de propietarios.

Art韈ulo 14 Situaciones de especial vulnerabilidad

1. Las pol韙icas en materia de vivienda tendr醤 especialmente en cuenta a las personas, familias y unidades de convivencia que viven en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, ya sea tanto en entornos urbanos como en zonas rurales, a las personas sin hogar, a las personas con discapacidad, a los menores en riesgo de pobreza o exclusi髇 social, a los menores tutelados que dejen de serlo y a cualesquiera otras personas vulnerables que se definan en el momento de la actuaci髇.

2. Para ello, las Administraciones competentes en materia de vivienda podr醤 identificar dentro de su 醡bito territorial, las zonas que precisen actuaciones de regeneraci髇 y renovaci髇 urbana para avanzar en la erradicaci髇 de situaciones de infravivienda, a trav閟 de acciones integradas que prevengan y reparen la exclusi髇 social y residencial de la poblaci髇 residente.

3. De manera complementaria, con objeto de luchar contra el fen髆eno del sinhogarismo, corresponde a las Administraciones competentes, de acuerdo con lo previsto en su marco normativo, la programaci髇 de medidas espec韋icas para afrontarlo, promoviendo en su 醡bito territorial el acceso a soluciones habitacionales de alojamiento en condiciones adecuadas por parte de las personas en situaci髇 de sinhogarismo y la plena inclusi髇 de las personas sin hogar desde una perspectiva integrada e intersectorial, y posibilitando una adecuada complementariedad entre las distintas pol韙icas, recursos y servicios, especialmente en el 醡bito sanitario, social, educativo y de empleo.

Art韈ulo 15 Derecho de acceso a la vivienda y ordenaci髇 territorial y urban韘tica

1. Para asegurar la efectividad de las condiciones b醩icas de igualdad en el ejercicio de los pertinentes derechos establecidos por esta ley, y en el marco de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se establecen los siguientes criterios b醩icos en el 醡bito de la ordenaci髇 territorial y urban韘tica:

• a) Con la finalidad de ampliar la oferta de vivienda social o dotacional, los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica:
  • 1.� Podr醤 establecer como uso compatible de los suelos dotacionales, el destinado a la construcci髇 de viviendas dotacionales p鷅licas.
  • 2.� Podr醤 establecer la obtenci髇 de suelo con destino a vivienda social o dotacional, con cargo a las actuaciones de transformaci髇 urban韘tica que prevean los instrumentos correspondientes, cuando as� lo establezca la legislaci髇 de ordenaci髇 territorial y urban韘tica y en las condiciones por ella fijadas.
• b) Con la finalidad de adaptar la vivienda a la demanda y facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, la ordenaci髇 territorial y urban韘tica promover� la aplicaci髇 de tipolog韆s edificatorias y de modalidades de viviendas y alojamientos que se adapten a las diferentes formas de convivencia, habitaci髇 y a las exigencias del ciclo de vida de los hogares, atendiendo, en su caso, a la casu韘tica del medio rural. Estas actuaciones podr醤 ser, tanto de transformaci髇 urban韘tica como edificatorias, de acuerdo con el art韈ulo 7 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
• c) La calificaci髇 de un suelo como de reserva para vivienda sujeta a un r間imen de protecci髇 p鷅lica, a que se refiere la letra b) del apartado 1 del art韈ulo 20, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, no podr� modificarse, salvo en los casos excepcionales en los que el instrumento de ordenaci髇 urban韘tica justifique la innecesariedad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones o caracter韘ticas de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del 醡bito territorial.
• d) La legislaci髇 sobre ordenaci髇 territorial o urban韘tica establecer�, para el suelo de reserva para vivienda sujeta a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, recogido en la letra b) del apartado 1 del art韈ulo 20, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, el porcentaje que deber� ser destinado a vivienda sujeta a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica de alquiler. Este porcentaje no podr� ser inferior al 50 %, salvo en casos excepcionales en los que el instrumento de ordenaci髇 urban韘tica lo justifique, atendiendo a las caracter韘ticas de las personas demandantes de vivienda u otras circunstancias de la realidad econ髆ica y social.
  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412
  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319
• e) Con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la vivienda en los municipios en los que se hayan declarado uno o m醩 醡bitos como zonas de mercado residencial tensionado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el art韈ulo 18.2 de esta ley, el suelo obtenido en cumplimiento del deber regulado por la letra b) del apartado 1 del art韈ulo 18 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, deber� destinarse necesariamente a la construcci髇 y gesti髇 de viviendas sociales o dotacionales, y no podr� sustituirse por ning鷑 otro uso p鷅lico o de inter閟 social ni por otras formas de cumplimiento del deber, salvo que se acredite la necesidad de destinarlo a otros usos de inter閟 social.El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

2. En las actuaciones de reforma o renovaci髇 de la urbanizaci髇 en suelo urbanizado establecidas en el art韈ulo 7 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que afecten a entornos residenciales, se buscar醤 f髍mulas que aseguren la cohesi髇 territorial y atiendan a la realidad social y econ髆ica de los hogares residentes, en los t閞minos establecidos por la legislaci髇 sobre ordenaci髇 territorial y urban韘tica de las administraciones competentes.

3. En la regulaci髇 de los usos en entornos residenciales en el medio urbano, la legislaci髇 sobre ordenaci髇 territorial y urban韘tica establecer� instrumentos efectivos para asegurar el equilibrio, preservar la calidad de vida y el acceso a la vivienda, y asegurar el cumplimiento del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible recogido en el art韈ulo 3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

4. Para el desarrollo efectivo de las actuaciones referidas en el apartado 2, las Comunidades Aut髇omas y los Ayuntamientos podr醤 acordar justificadamente, de oficio o a petici髇 de interesado, la aplicaci髇 del procedimiento de tramitaci髇 de urgencia en los instrumentos de planeamiento urban韘tico que prevea expresamente la legislaci髇 de ordenaci髇 territorial y urban韘tica que corresponda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 16Vivienda protegida

1. Sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos por la legislaci髇 y normativa de 醡bito auton髆ico o municipal, que tendr醤 en todo caso car醕ter prevalente, la vivienda protegida se regir� por los siguientes principios:

• a) La vivienda debe destinarse exclusivamente a residencia habitual y estar ocupada durante los per韔dos de tiempo establecidos como m韓imos en la legislaci髇 y normativa de aplicaci髇.
• b) La adjudicaci髇 de la vivienda deber� seguir un procedimiento que asegure la transparencia, con sujeci髇 a criterios objetivos que aseguren la p鷅lica concurrencia y den prioridad a las personas o grupos de personas demandantes que se encuentren inscritas en los registros p鷅licos que se constituyan por parte de las Administraciones p鷅licas con competencias en materia de vivienda, teniendo en cuenta el orden establecido en los mencionados registros p鷅licos.
• c) Las personas adjudicatarias de viviendas protegidas no podr醤:
  • 1.� Ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de ninguna otra vivienda, salvo inadecuaci髇 sobrevenida de la vivienda que ocupen a sus circunstancias personales o familiares u otras circunstancias objetivas debidamente acreditadas.
  • 2.� Superar el nivel de ingresos m醲imo, en funci髇 de las caracter韘ticas de la unidad de convivencia, que haya establecido la normativa reguladora.
• d) Las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelos cuyo destino sea el de viviendas sometidas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica en cumplimiento de lo establecido por la letra b) del apartado 1 del art韈ulo 20, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, estar醤 sometidas a un r間imen de protecci髇 p鷅lica permanente que excluya la descalificaci髇, en tanto se mantenga la calificaci髇 de dicho suelo.

  En el resto de supuestos, las viviendas protegidas estar醤 sometidas a un r間imen de protecci髇 p鷅lica permanente con las salvedades que excepcionalmente pueda prever la normativa auton髆ica en caso de que exista causa justificada debidamente motivada para su descalificaci髇 o para el establecimiento de un plazo de calificaci髇 con la fijaci髇 del n鷐ero de a駉s de esta, que como m韓imo deber� ser de 30 a駉s.

  En tal supuesto, podr� establecerse la devoluci髇 de todas o parte de las ayudas percibidas en caso de enajenaci髇 de la vivienda con posterioridad a su descalificaci髇, conforme se establezca en su normativa reguladora.

  En todo caso, se considerar� causa justificada a los efectos anteriores, la promoci髇 de viviendas protegidas en suelos cuya calificaci髇 urban韘tica no impusiera dicho destino y no hubiesen contado con ayudas p鷅licas para su promoci髇.

• e) Su venta o alquiler estar醤 sujetos a la previa autorizaci髇 de la Comunidad Aut髇oma mientras la vivienda siga sujeta al r間imen de protecci髇 p鷅lica que corresponda y s髄o podr� otorgarse tal autorizaci髇 en favor de personas que cumplan los requisitos previstos en la normativa correspondiente para acceder a una vivienda protegida, cuando cumplan las siguientes condiciones:
  • 1.� Se efect鷈 prioritariamente a favor de personas o grupos de personas demandantes inscritas en los registros p鷅licos previstos al efecto por la normativa auton髆ica o municipal, teniendo en cuenta el orden establecido en los mencionados registros p鷅licos.
  • 2.� El precio de la venta o el alquiler no rebase el m醲imo establecido al efecto.

La Administraci髇 podr� ejercer, dentro del plazo no mayor al del m醲imo legal para el otorgamiento de la autorizaci髇, los derechos de tanteo o de adquisici髇 preferente y dentro de otro plazo igual tras dicho otorgamiento, los derechos de retracto o de adquisici髇 preferente que establezca, en su caso, la legislaci髇 auton髆ica aplicable.

2. Las Administraciones competentes podr醤 arbitrar los mecanismos necesarios para alcanzar las condiciones se馻ladas en el apartado anterior, pudiendo articularse a trav閟 de protocolos y convenios espec韋icos con notarios y registradores de la propiedad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Art韈ulo 16 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 79/2024, de 21 mayo.JU0010424846

Art韈ulo 17 Vivienda asequible incentivada

1. Con objeto de incrementar la oferta de vivienda a precios adecuados a la situaci髇 econ髆ica de los hogares en cada entorno territorial, los poderes p鷅licos, en el 醡bito de sus respectivas competencias, podr醤 impulsar la existencia de viviendas asequibles incentivadas, que estar醤 sujetas, con car醕ter orientativo y sin perjuicio de lo que establezcan al respecto las administraciones competentes, a las siguientes reglas:

• a) Sometimiento de la vivienda a limitaciones espec韋icas de destino durante un tiempo determinado y a unos l韒ites m醲imos de precios de alquiler, que ser醤 proporcionales y ajustados a los beneficios p鷅licos que obtenga, sean urban韘ticos, fiscales, o de cualquier otro car醕ter, determinadas por la Administraci髇 que los otorgue.
• b) Destino de la vivienda exclusivamente a residencia habitual de la persona arrendataria, que tenga dificultades para acceder a una vivienda a precios de mercado, de acuerdo con los criterios que fije la Administraci髇 competente.
• c) Innecesariedad de sujeci髇 de la vivienda al procedimiento formal de calificaci髇 como vivienda protegida. Sin embargo, s� estar� sujeta a las reglas procedimentales que determine la Administraci髇 competente para garantizar el cumplimiento de las condiciones se馻ladas en este art韈ulo.

2. Las viviendas asequibles incentivadas podr醤 ser de nueva promoci髇 o bien tratarse de viviendas ya existentes, siempre que en cualquier caso cumplan los requisitos legalmente establecidos, que aseguren la adecuaci髇 y calidad de las mismas, contribuyendo a favorecer la cohesi髇 social.

3. En zonas rurales sujetas a fen髆enos de p閞dida de poblaci髇, la vivienda asequible incentivada podr� acompa馻r el desarrollo de estrategias de dinamizaci髇 social y econ髆ica, as� como la creaci髇 de empleo y actividad en tales zonas.

4. Los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica podr醤 promover la puesta en el mercado de viviendas en r間imen de alquiler durante per韔dos de tiempo determinados y a precios asequibles permitiendo incrementos de edificabilidad o densidad o la asignaci髇 de nuevos usos a una vivienda o a un edificio de viviendas, incluidos en 醡bitos delimitados al efecto.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

Art韈ulo 18 Declaraci髇 de zonas de mercado residencial tensionado

1. Las Administraciones competentes en materia de vivienda podr醤 declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el 醡bito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones p鷅licas en materia de vivienda en aquellos 醡bitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la poblaci髇, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

2. Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de la aplicaci髇 de las medidas espec韋icas contempladas en esta ley, la declaraci髇 de zonas de mercado residencial tensionado deber� realizarse por la Administraci髇 competente en materia de vivienda de conformidad con las siguientes reglas:

• a) La declaraci髇 deber� ir precedida de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtenci髇 de informaci髇 relacionada con la situaci髇 del mercado residencial en la zona, incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evoluci髇 en el tiempo; los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evoluci髇 en el tiempo que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evoluci髇 del esfuerzo econ髆ico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada. A tal efecto, se podr� tener en cuenta en lo relativo a la distribuci髇 de los precios de venta, los 醡bitos territoriales homog閚eos de los mapas de valores de uso residencial que elabore la Direcci髇 General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, en el marco de sus informes anuales del mercado inmobiliario, de conformidad con la disposici髇 final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
• b) La declaraci髇 de un 醡bito territorial como zona de mercado residencial tensionado implicar� la realizaci髇 de un tr醡ite de informaci髇 en el que deber� ponerse a disposici髇 p鷅lica la informaci髇 sobre la que se basa tal declaraci髇, incluyendo los estudios de distribuci髇 espacial de la poblaci髇 y hogares, su estructura y din醡ica, as� como la zonificaci髇 por oferta, precios y tipos de viviendas, o cualquier otro estudio que permita evidenciar o prevenir desequilibrios y procesos de segregaci髇 socio espacial en detrimento de la cohesi髇 social y territorial.
• c) La resoluci髇 del procedimiento de delimitaci髇 por parte de la Administraci髇 competente en materia de vivienda deber� motivarse en deficiencias o insuficiencias del mercado de vivienda en la zona, en cualquiera de sus modalidades, para atender adecuadamente la demanda de vivienda habitual y, en todo caso, a precio razonable seg鷑 la situaci髇 socioecon髆ica de la poblaci髇 residente y las din醡icas demogr醘icas, as� como las particularidades y caracter韘ticas de cada 醡bito territorial. La referida resoluci髇 deber� ser comunicada a la Secretar韆 General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
• d) La vigencia de la declaraci髇 de un 醡bito territorial como zona de mercado residencial tensionado ser� de tres a駉s, pudiendo prorrogarse anualmente siguiendo el mismo procedimiento, cuando subsistan las circunstancias que motivaron tal declaraci髇 y previa justificaci髇 de las medidas y acciones p鷅licas adoptadas para revertir o mejorar la situaci髇 desde la anterior declaraci髇. Para la aplicaci髇 de las medidas contenidas en esta ley, con car醕ter trimestral el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobar� una resoluci髇 que recoja la relaci髇 de zonas de mercado residencial tensionado que hayan sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en este art韈ulo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

3. La declaraci髇 de una zona de mercado residencial tensionado establecida en el apartado anterior requerir� la elaboraci髇 de una memoria que justifique, a trav閟 de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la poblaci髇 residente, incluyendo las din醡icas de formaci髇 de nuevos hogares, en condiciones que la hagan asequible, por producirse una de las circunstancias siguientes:

• a) Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, m醩 los gastos y suministros b醩icos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
• b) Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco a駉s anteriores a la declaraci髇 como 醨ea de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del 韓dice de precios de consumo de la comunidad aut髇oma correspondiente.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

4. La declaraci髇, de acuerdo con este procedimiento, de un 醡bito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevar� la redacci髇, por parte de la Administraci髇 competente, de un plan espec韋ico que propondr� las medidas necesarias para la correcci髇 de los desequilibrios evidenciados en su declaraci髇, as� como su calendario de desarrollo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

5. El Departamento Ministerial competente en materia de vivienda, en el marco del ejercicio de las competencias estatales, podr� desarrollar, de acuerdo con la administraci髇 territorial competente, un programa espec韋ico para dichas zonas de mercado residencial tensionado, que contemplar� la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales, que modificar� o se anexar� al plan estatal de vivienda vigente, y habilitar� al Estado para:

• a) Promover f髍mulas de colaboraci髇 con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho 醡bito y en su entorno.
• b) El dise駉 y adopci髇 de medidas de financiaci髇 espec韋icas para ese 醡bito territorial que pudieran favorecer la contenci髇 o reducci髇 de los precios de alquiler o venta.
• c) El establecimiento de medidas o ayudas p鷅licas espec韋icas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso 閟te establezca.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

6. La aplicaci髇 del programa establecido en el apartado anterior podr� implicar la adopci髇 de medidas en el seno de la Comisi髇 de Coordinaci髇 Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, encaminadas a favorecer el incremento de la oferta de vivienda social y asequible incentivada conforme a lo establecido en la disposici髇 adicional segunda de esta ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

V閍se la Res. de 14 de marzo de 2024, de la Secretar韆 de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, por la que se publica la relaci髇 de zonas de mercado residencial tensionado que han sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en el art韈ulo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en el primer trimestre de 2024 (獴.O.E.� 15 marzo).LE0000839696_20240316

Art韈ulo 19 Colaboraci髇 y suministro de informaci髇 de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado

1. En desarrollo del servicio de inter閟 general establecido en la presente ley, los grandes tenedores de vivienda tendr醤 la obligaci髇 de colaborar con las administraciones p鷅licas competentes en materia de vivienda. A tal efecto, las Administraciones p鷅licas competentes en materia de vivienda podr醤 exigir a los grandes tenedores de vivienda en las zonas de mercado residencial tensionado declaradas seg鷑 lo previsto en el apartado 2 del art韈ulo anterior, el cumplimiento de la obligaci髇 de colaboraci髇 y suministro de informaci髇 sobre el uso y destino de las viviendas de su titularidad que se encuentren en tales zonas de mercado residencial tensionado.

2. A tal efecto, en la memoria que acompa馿 a la propuesta de declaraci髇 de zona de mercado residencial tensionado que se recoge en el apartado 3 del art韈ulo anterior, se definir醤 los criterios para la consideraci髇 de gran tenedor de vivienda en la zona de mercado residencial tensionado, en funci髇 de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado de alquiler de dicha zona, que, sobre la base de la definici髇 de gran tenedor recogida en el art韈ulo 3 de esta ley, podr� incorporar criterios adicionales acordes a la realidad y caracter韘ticas de la zona o atendiendo a la normativa espec韋ica de la Administraci髇 competente en materia de vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

3. La informaci髇 a aportar se referir� al a駉 natural anterior, a requerimiento de las Administraciones P鷅licas competentes en materia de vivienda, debiendo comunicarse en un plazo m醲imo de tres meses desde el referido requerimiento, que incluir�, con respecto a las viviendas de titularidad del gran tenedor en la zona de mercado residencial tensionado, al menos, los siguientes datos:

• a) Los datos identificativos de la vivienda y el edificio en que se ubica, incluyendo la direcci髇 postal, a駉 de construcci髇 y, en su caso, a駉 y tipo de reforma, superficie construida de uso privativo por usos, referencia catastral y calificaci髇 energ閠ica.
• b) R間imen de utilizaci髇 efectiva de la vivienda, en el contexto de los de usos previstos en los instrumentos de ordenaci髇 territorial y urban韘tica.
• c) Justificaci髇 del cumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de vivienda, establecidos en el art韈ulo 11 de esta ley.

N鷐ero 3 del art韈ulo 19 a partir del inciso "que incluir�, con respecto a las viviendas de titularidad del gran tenedor en la zona de mercado residencial tensionado, al menos, los siguientes datos" declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 79/2024, de 21 mayo.JU0010424846

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

4. Considerando la informaci髇 aportada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones P鷅licas podr醤 establecer f髍mulas de colaboraci髇 con los propietarios con objeto de favorecer el incremento de la oferta de alquiler asequible en la zona.

Art韈ulo 20 Colaboraci髇 entre las administraciones p鷅licas en materia de vivienda

1. Con el objetivo de cooperar en los fines de la pol韙ica de vivienda, y especialmente en los servicios de inter閟 general recogidos en el art韈ulo 4 de esta ley o los recogidos en las normativas de las administraciones competentes, las administraciones p鷅licas, sus organismos p鷅licos y entidades vinculadas o dependientes desarrollar醤 los principios de colaboraci髇 y cooperaci髇 en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, entre otros, en los siguientes 醡bitos:

• a) Compartiendo la informaci髇 que cada administraci髇 o entidad disponga o elabore relativa a estas materias.
• b) Mediante los Protocolos Generales de Actuaci髇 o convenios que se suscriban entre las partes para acordar 醡bitos y compromisos espec韋icos de actuaci髇, ya sea en desarrollo de los planes estatales, los que se refieran a zonas declaradas como de mercado residencial tensionado, u otros que se acuerden entre las administraciones implicadas.
• c) Mediante los acuerdos aprobados en el seno de los 髍ganos de cooperaci髇 en este 醡bito.

2. Los instrumentos administrativos de colaboraci髇 que se formalicen en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas podr醤 tener una duraci髇 de hasta 80 a駉s, cuando as� lo requiera la ejecuci髇 de las actuaciones contenidas en el mismo, ya sea por su complejidad de gesti髇 o por la naturaleza de lo conveniado entre las partes.

Art韈ulo 21 觬ganos de Cooperaci髇 en materia de vivienda y suelo

Se establecen los siguientes 髍ganos de cooperaci髇 en materia de vivienda y suelo:

• a) Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo: es el m醲imo 髍gano de cooperaci髇 de estas materias entre el Estado, las comunidades aut髇omas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se reunir� al menos una vez al a駉 y ser� presidida por el titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
• b) Comisi髇 Multilateral de Vivienda y Suelo: Ser� presidida por el titular de la Secretar韆 General de Agenda Urbana y Vivienda, y reunir� a los titulares de las Direcciones Generales competentes en estas materias. Se reunir� al menos una vez al a駉, y en ella se evaluar� el cumplimiento de los acuerdos y directrices emanados de la Conferencia Sectorial, y se propondr醤 los asuntos que se acuerden elevar a ese 觬gano.
• c) Comisiones Bilaterales de Vivienda y Suelo: reunir醤 a las Direcciones Generales competentes del Estado y cada comunidad aut髇oma o ciudad de Ceuta y Melilla, con el objeto de hacer seguimiento, adoptar acuerdos, o establecer criterios de coordinaci髇 entre ambas administraciones.

Art韈ulo 22 Coordinaci髇 interministerial

Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, o Departamento Ministerial competente en materia de vivienda, la coordinaci髇 e impulso de las iniciativas que afecten a la vivienda, la rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y rural, en cooperaci髇 con otros Ministerios que pudieran abordar aspectos espec韋icos relacionados con esas materias.

Corresponde igualmente a ese Departamento Ministerial la propuesta de estrategias o medidas relacionadas con estas materias al Consejo de Ministros, o a la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos.

Art韈ulo 23 Planificaci髇 y programaci髇 estatal en materia de vivienda

1. La Administraci髇 General del Estado contribuir�, en colaboraci髇 con las dem醩 Administraciones p鷅licas en cualquiera de las formas admitidas por la legislaci髇 reguladora del r間imen del sector p鷅lico, a garantizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada mediante los instrumentos de pol韙ica fiscal, econ髆ica, social y de planificaci髇 o de programaci髇 de su competencia, atendiendo a la realidad econ髆ica, financiera y social, en favor de la cohesi髇 territorial y la lucha contra la despoblaci髇.

2. Para cumplir con el objeto de la ley, los instrumentos de planificaci髇 y programaci髇 de la Administraci髇 General del Estado apoyar醤 a las Administraciones territoriales competentes en la ejecuci髇 de las pol韙icas de vivienda que, previo an醠isis y determinaci髇 de las necesidades, aseguren la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda en condiciones asequibles, fomentando la utilizaci髇 racional del suelo y propiciando la ocupaci髇 eficiente del parque residencial, y asegurando que tales instrumentos cuenten con una adecuada dotaci髇 presupuestaria.

Para ello, la planificaci髇 y programaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, en el marco de la consecuci髇 de los fines establecidos en esta ley, favorecer� e impulsar� de forma prioritaria:

• a) La rehabilitaci髇 y la mejora de las viviendas existentes, as� como la promoci髇 de vivienda encaminada a la formaci髇 de parques p鷅licos de vivienda.
• b) La existencia de modalidades de vivienda que se adapten a las necesidades sociales.
• c) La adecuada dotaci髇 de programas de ayuda espec韋icamente dirigidos a las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a una vivienda, con especial atenci髇 a las personas j髒enes y hogares sujetos a mayor vulnerabilidad, as� como las familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 24 Planes estatales en materia de vivienda y rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y rural

1. Los instrumentos principales de actuaci髇 del Estado en pol韙ica de vivienda ser醤 los planes estatales en materia de vivienda y en materia de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y rural. Estos planes, en coordinaci髇 con las dem醩 estrategias estatales y con otras pol韙icas p鷅licas sectoriales, incluir醤 una planificaci髇 plurianual, que podr� estar vinculada a medidas relativas a la financiaci髇, la fiscalidad, regulatorias, de apoyo a la puesta a disposici髇 de vivienda a precios asequibles a trav閟 de f髍mulas de colaboraci髇 p鷅lico-privada que permitan crear un fondo de vivienda asequible o de cualquier otro tipo, que sean 鷗iles para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar la calidad del parque residencial y de su entorno construido y coadyuvar a la consecuci髇 de los objetivos de los planes.

2. Los planes estatales en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y rural estar醤 formados por programas que promover醤 y apoyar醤 de manera prioritaria las siguientes actuaciones:

• a) Las que fomenten la ocupaci髇 racional y eficiente del patrimonio residencial.
• b) La conservaci髇, el mantenimiento, la rehabilitaci髇 y la mejora de las viviendas que est閚 destinadas o vayan a destinarse a residencia habitual, as� como la regeneraci髇 y renovaci髇 de su entorno construido, favoreciendo enfoques integrales que garanticen la accesibilidad universal.
• c) Las actuaciones necesarias para la creaci髇, ampliaci髇 y gesti髇 de los parques p鷅licos de vivienda, tanto derivadas de la nueva construcci髇 como de la rehabilitaci髇, orientados prioritariamente a atender la necesidad de vivienda de las personas, familias y unidades de convivencia en situaci髇 de mayor vulnerabilidad social y econ髆ica.
• d) La construcci髇 y rehabilitaci髇 de viviendas sometidas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica.
• e) La promoci髇 de nuevas modalidades de vivienda y de desarrollo urbano y rural que se adapten a las necesidades sociales, as� como las actuaciones destinadas a favorecer el acceso de la ciudadan韆 a una vivienda sometida a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, incluyendo instrumentos financieros que promuevan mecanismos p鷅lico-privados.
• f) Actuaciones encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda por parte de j髒enes, as� como a garantizar una vivienda digna y adecuada para personas en situaci髇 de mayor vulnerabilidad social, chabolismo, infravivienda o en emergencia habitacional.

En la identificaci髇 de las actuaciones anteriores deber� incorporarse una perspectiva territorial que permita establecer medidas espec韋icas para atender las necesidades de los distintos entornos territoriales y, espec韋icamente, las de los peque駉s municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblaci髇.

El desarrollo de las actuaciones previstas en las letras c) y f) podr醤 servir para atender a los tr醡ites de intermediaci髇 y conciliaci髇 previos a la presentaci髇 de la demanda, as� como a la atenci髇 a las personas y hogares sujetos a vulnerabilidad en los procedimientos recogidos en los art韈ulos 439, 655 bis y 685 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3. Con la finalidad de evitar la especulaci髇, adem醩 de las limitaciones establecidas en esta ley para la vivienda protegida, los planes estatales podr醤 establecer en la aplicaci髇 de sus programas medidas para redistribuir socialmente el beneficio obtenido, en su caso, como consecuencia de la enajenaci髇, dentro del l韒ite temporal que dichos planes establezcan, de viviendas que hayan obtenido ayudas p鷅licas para la realizaci髇 de obras de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana o rural, ya sea mediante la devoluci髇 de las ayudas, u otras medidas que se establezcan.

4. Corresponde al Gobierno, o韉as las comunidades aut髇omas en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, la aprobaci髇 de los Planes que concreten y desarrollen la pol韙ica econ髆ica estatal en materia de vivienda y que contengan las medidas que, en cada caso, se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores. Estos Planes Estatales podr醤 contribuir a la financiaci髇 de los planes que se aprueben por parte de las comunidades aut髇omas o ciudades de Ceuta y Melilla, en los t閞minos y condiciones que a tal efecto se establezcan, sin perjuicio y de manera complementaria a la financiaci髇 aplicada a tal efecto por las mismas.

5. Los planes estatales en materia de vivienda, rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana y rural establecer醤 programas para promover el acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada por parte de las personas, familias y unidades de convivencia m醩 vulnerables, con objeto de promover en todo caso una soluci髇 de emergencia habitacional debida a la p閞dida, amenaza de p閞dida, vivienda inadecuada o ausencia de vivienda. Asimismo, deber醤 incorporar programas espec韋icos para promover la oferta de vivienda suficiente y adecuada con objeto de revertir la dificultad en el acceso a la vivienda, especialmente, en las zonas declaradas como de mercado residencial tensionado de acuerdo con lo establecido en esta ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 25 Colaboraci髇 p鷅lico-privada y fondo de vivienda asequible

1. El apoyo a la puesta a disposici髇 de vivienda a precios asequibles a trav閟 de f髍mulas de colaboraci髇 p鷅lico-privada que permitan crear un fondo de vivienda asequible, referido en el art韈ulo anterior, podr� llevarse a cabo a trav閟 de mecanismos de trabajo conjunto entre las Administraciones P鷅licas y las principales asociaciones de entidades privadas gestoras de vivienda y entidades del tercer sector, que posibiliten el cumplimiento de la funci髇 social de la vivienda.

2. Este tipo de mecanismos potenciar� la conformaci髇 y ampliaci髇 de un fondo de vivienda asequible de titularidad privada a la vez que se avanza, en el marco de la colaboraci髇 con las Administraciones territoriales, en el fortalecimiento de los parques p鷅licos de vivienda.

3. El objetivo del fondo de vivienda asequible ser� dotar de nuevos instrumentos a las Administraciones territoriales al servicio de las pol韙icas p鷅licas en materia de vivienda, generando un parque de vivienda asequible incentivada o vivienda social, especialmente en aquellos 醡bitos en los que es necesario recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en alquiler, contribuyendo a la moderaci髇 de los precios. A tal efecto, deber醤 considerarse las necesidades espec韋icas de los distintos 醡bitos territoriales, tanto en los 醡bitos urbanos y metropolitanos como en los peque駉s municipios de las 醨eas despobladas, y las caracter韘ticas propias de cada mercado.

4. El fondo de vivienda asequible estar� regulado a trav閟 de acuerdos espec韋icos con las asociaciones de entidades privadas gestoras de vivienda en alquiler, entidades del tercer sector, o los principales operadores, que tendr醤 los siguientes objetivos espec韋icos:

• a) Dar respuesta y acompa馻miento, en coordinaci髇 con los servicios sociales y entidades del tercer sector, a las personas y familias con menos recursos, evitando desahucios en situaciones de vulnerabilidad, y estableciendo protocolos de colaboraci髇 entre las Administraciones P鷅licas y las entidades privadas gestoras de vivienda.
• b) Incrementar el parque de vivienda social y asequible, especialmente en zonas de mercado residencial tensionado.
• c) Promover el compromiso de destinar un porcentaje m韓imo de su parque a vivienda social o asequible.

En la definici髇 de estos objetivos deber� incorporarse una perspectiva territorial, para atender las necesidades de los distintos entornos territoriales y, espec韋icamente, las de los peque駉s municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblaci髇.

5. En el caso de que las administraciones competentes en materia de vivienda hayan establecido en su legislaci髇 un fondo de vivienda asequible, podr醤 acogerse a lo previsto en este art韈ulo conjuntamente con lo previsto en su normativa propia.

Art韈ulo 26 Consejo Asesor de Vivienda

1. Con la finalidad de asegurar la participaci髇 de los distintos agentes sociales en la elaboraci髇 y desarrollo de la pol韙ica de vivienda, el Consejo Asesor de Vivienda ser� el 髍gano colegiado, de car醕ter t閏nico, asesor y consultivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de programaci髇 estatal de la pol韙ica de vivienda.

Este Consejo podr� estar integrado por representantes de los distintos Departamentos Ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, de asociaciones empresariales, de asociaciones y colegios profesionales, de entidades financieras, de asociaciones del tercer sector, de la econom韆 social y de asociaciones representativas de intereses afectados por la ley. Tambi閚 podr醤 formar parte del Consejo distintos profesionales expertos en materia de vivienda, as� como del 醡bito universitario y de la investigaci髇.

2. Reglamentariamente, se establecer� la creaci髇 del Consejo Asesor de Vivienda, definiendo su composici髇, atribuciones y funcionamiento.

Art韈ulo 27 Concepto, finalidad y financiaci髇

1. Los parques p鷅licos de vivienda tienen por finalidad contribuir al buen funcionamiento del mercado de la vivienda y servir de instrumento a las distintas Administraciones p鷅licas competentes en materia de vivienda para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada de los sectores de la poblaci髇 que tienen m醩 dificultades de acceso en el mercado, con especial atenci髇 a personas j髒enes y colectivos sujetos a mayor vulnerabilidad.

A trav閟 de los planes estatales de vivienda y otras medidas complementarias adoptadas en el 醡bito de las diferentes pol韙icas p鷅licas sectoriales, se incentivar� la conservaci髇, mejora y ampliaci髇 de los parques p鷅licos de vivienda, estableci閚dose para ello objetivos espec韋icos en relaci髇 con el n鷐ero de hogares de cada 醡bito territorial, y otras variables territoriales, sociales y econ髆icas.

Los parques p鷅licos de vivienda, regulados espec韋icamente por la legislaci髇 auton髆ica en materia de vivienda, urbanismo y ordenaci髇 del territorio, podr醤 estar integrados al menos por:

• a) Las viviendas dotacionales p鷅licas.
• b) Las viviendas sociales y protegidas construidas sobre suelo de titularidad p鷅lica, as� como las que lo hayan sido en ejercicio del derecho de superficie, usufructo o cesi髇 de uso y para alquiler con opci髇 a compra, durante el tiempo en el que no se active la correspondiente opci髇.
• c) Las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones P鷅licas en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, de conformidad con lo que disponga la legislaci髇 aplicable y las adquiridas a trav閟 de esos mismos derechos, en casos de ejecuci髇 hipotecaria o daci髇 en pago de vivienda habitual de colectivos en situaci髇 de vulnerabilidad o en exclusi髇 social, tal y como prev� la legislaci髇 auton髆ica.
• d) Las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones P鷅licas en actuaciones de regeneraci髇 o de renovaci髇 urbanas, incluyendo las integradas en complejos inmobiliarios, tanto de forma gratuita en virtud del cumplimiento de los deberes y cargas urban韘ticos correspondientes, como onerosa.
• e) Cualquier otra vivienda social adquirida por las Administraciones P鷅licas con competencias en materia de vivienda, o cedida a las mismas.

P醨rafo tercero del n鷐ero 1 del art韈ulo 27 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 79/2024, de 21 mayo.JU0010424846

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

2. Con objeto de asegurar la financiaci髇 de la creaci髇, ampliaci髇, rehabilitaci髇 o mejora de los parques p鷅licos de vivienda, podr醤 utilizarse las cantidades econ髆icas correspondientes a las fianzas de los contratos de arrendamiento depositadas en los registros auton髆icos correspondientes en virtud de lo dispuesto en la disposici髇 adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, salvo la reserva obligatoria de garant韆 de devoluci髇, y por parte de las Administraciones que tengan atribuida tal competencia de gesti髇 de dep髎itos de fianza.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

3. Los ingresos procedentes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la funci髇 social de la propiedad de la vivienda, as� como los ingresos procedentes de la gesti髇 y, en su caso, enajenaci髇 de bienes patrimoniales que formen parte del parque p鷅lico de vivienda deber醤 destinarse a la creaci髇, ampliaci髇, rehabilitaci髇 o mejora de los parques p鷅licos de vivienda, en los t閞minos establecidos en la legislaci髇 y normativa que los regule.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

N鷐ero 3 del art韈ulo 27 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 79/2024, de 21 mayo.JU0010424846

Art韈ulo 28 Criterios orientadores en la gesti髇 de los parques p鷅licos de vivienda

1. Para la gesti髇 de los parques p鷅licos de vivienda y el cumplimiento de sus finalidades, las Administraciones P鷅licas competentes en materia de vivienda y sus entes adscritos o dependientes, de conformidad con lo dispuesto en su legislaci髇 y normativa de aplicaci髇, y sin perjuicio de los criterios espec韋icos que esta establezca, podr醤:

• a) Crear, ampliar y gestionar, directa o indirectamente y sobre los suelos de su titularidad, incluidos los obtenidos para dotaciones p鷅licas, parques p鷅licos de vivienda, llevando a cabo, cuando proceda, la urbanizaci髇 de los terrenos de conformidad con la ordenaci髇 territorial y urban韘tica.
• b) Otorgar derechos de superficie o concesiones administrativas a terceros para que edifiquen, rehabiliten y/o gestionen viviendas del parque p鷅lico, siempre que quede garantizada la titularidad p鷅lica del suelo, mediante los correspondientes procedimientos que garanticen la transparencia y p鷅lica concurrencia en la concesi髇 de estos derechos.
• c) Asignar recursos p鷅licos a entidades sin 醤imo de lucro con la finalidad de hacer m醩 eficiente y pr髕ima la gesti髇 de las viviendas de los parques p鷅licos, siempre que dicha gesti髇 quede reservada a tales entidades o a la Administraci髇 territorial o ente instrumental correspondiente y que la asignaci髇 se realice acorde con los objetivos de cobertura del derecho a la vivienda y de conformidad con la normativa reguladora.
• d) Enajenar los bienes patrimoniales integrantes de los parques p鷅licos de vivienda, mediante los procedimientos admitidos por la legislaci髇 aplicable, 鷑icamente a otras Administraciones P鷅licas, sus entes instrumentales o a personas jur韉icas sin 醤imo de lucro, dedicadas a la gesti髇 de vivienda con fines sociales, y mediante la obligaci髇 por parte del nuevo o nuevos titulares, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas m醲imas establecidos, subrog醤dose en sus derechos y obligaciones.

2. En el desarrollo de las actuaciones previstas en el apartado anterior deber� prestarse especial atenci髇 a las particularidades de cada entorno territorial, con objeto de llevar a cabo el tipo de gesti髇 y actuaciones m醩 acordes a las caracter韘ticas sociales, econ髆icas y territoriales de la demanda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 29 Destino de los parques p鷅licos de vivienda

1. Las viviendas integrantes de los parques p鷅licos de vivienda tienen como destino, de conformidad con lo dispuesto en la legislaci髇 espec韋ica y dem醩 normativa de aplicaci髇, la garant韆 del derecho de acceso a la vivienda de las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a una vivienda en el mercado, en raz髇 de sus circunstancias sociales y econ髆icas, atendiendo a factores espec韋icos de vulnerabilidad como la presencia de menores de edad en el hogar o unidad de convivencia, as� como a las caracter韘ticas y particularidades del 醡bito territorial.

2. La ocupaci髇 y el disfrute de las viviendas que formen parte de parques p鷅licos pueden producirse, de acuerdo con la correspondiente legislaci髇 y normativa de aplicaci髇, en r間imen de alquiler, cesi髇 de uso, o cualesquiera otras formas legales de tenencia temporal en las condiciones de renta y con los requisitos que establezcan las respectivas Administraciones p鷅licas en funci髇 de la demanda existente, las condiciones socioecon髆icas de las personas, familias y unidades de convivencia destinatarias y las caracter韘ticas del mercado de vivienda, incorporando criterios de inclusi髇, cohesi髇 social y asequibilidad.

3. Corresponde a las Administraciones P鷅licas competentes en materia de vivienda el desarrollo de sistemas de evaluaci髇 del cumplimiento de dichos requisitos de los parques p鷅licos de vivienda de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 y normativa de aplicaci髇, con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos p鷅licos y la corresponsabilidad de los ocupantes de la vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Art韈ulo 30 Principios b醩icos de los derechos, facultades y responsabilidades

1. Son derechos de las personas demandantes, adquirentes o arrendatarias de vivienda, o en cualquier otro r間imen jur韉ico de tenencia y disfrute:

• a) Los reconocidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en la legislaci髇 auton髆ica aplicable.
• b) El de recibir informaci髇, incluida la suministrada por medios publicitarios, en formato accesible para personas con discapacidad o dificultades de comprensi髇, que sea completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible, sobre las caracter韘ticas de las viviendas, sus servicios e instalaciones y las condiciones jur韉icas y econ髆icas de su adquisici髇, arrendamiento, cesi髇 o uso.

2. Todos los agentes que, operando en el sector de la edificaci髇 y rehabilitaci髇 de viviendas y la prestaci髇 de servicios inmobiliarios, est閚 facultados para la transmisi髇, el arrendamiento y la cesi髇 de las viviendas en nombre propio o por cuenta ajena, tales como promotores, personas propietarias y otras titulares de derechos reales, agentes inmobiliarios y administradores de fincas, deben cumplir en su actividad el deber de informaci髇 completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible conforme lo previsto en esta ley, as� como en la legislaci髇 de defensa de consumidores y usuarios cuando se trate de relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios, quedando sujeta la publicidad que realicen a la legislaci髇 general que la regula, con prohibici髇, en particular, de cualesquiera actos publicitarios con informaci髇 insuficiente, deficiente o enga駉sa.

3. A los efectos de los apartados anteriores, se entiende por informaci髇 o publicidad toda forma de comunicaci髇 dirigida a demandantes de vivienda, usuarios o al p鷅lico en general con el fin de promover de forma directa o indirecta la transmisi髇, el arrendamiento y cualquier otra forma de cesi髇 de viviendas. Se entiende incompleta, insuficiente o deficiente la informaci髇 que omita datos esenciales o los contenga en t閞minos capaces de inducir a error a los destinatarios o producir repercusiones econ髆icas o jur韉icas que no resulten admisibles, por perturbar el pac韋ico disfrute de la vivienda en las habituales condiciones de uso.

Art韈ulo 31 Informaci髇 m韓ima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda

1. Sin perjuicio de los principios y requerimientos contenidos en la normativa auton髆ica de aplicaci髇 y con car醕ter m韓imo, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podr� requerir, antes de la formalizaci髇 de la operaci髇 y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, la siguiente informaci髇, en formato accesible y en soporte duradero, acerca de las condiciones de la operaci髇 y de las caracter韘ticas de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra:

• a) Identificaci髇 del vendedor o arrendador y, en su caso, de la persona f韘ica o jur韉ica que intervenga, en el marco de una actividad profesional o empresarial, para la intermediaci髇 en la operaci髇.
• b) Condiciones econ髆icas de la operaci髇: precio total y conceptos en 閟te incluidos, as� como las condiciones de financiaci髇 o pago que, en su caso, pudieran establecerse.
• c) Caracter韘ticas esenciales de la vivienda y del edificio, entre ellas:
  • 1.� Certificado o c閐ula de habitabilidad.
  • 2.� Acreditaci髇 de la superficie 鷗il y construida de la vivienda, diferenciando en caso de divisi髇 horizontal la superficie privativa de las comunes, y sin que pueda en ning鷑 caso computarse a estos efectos las superficies de la vivienda con altura inferior a la exigida en la normativa reguladora.
  • 3.� Antig黣dad del edificio y, en su caso, de las principales reformas o actuaciones realizadas sobre el mismo.
  • 4.� Servicios e instalaciones de que dispone la vivienda, tanto individuales como comunes.
  • 5.� Certificado de eficiencia energ閠ica de la vivienda.
  • 6.� Condiciones de accesibilidad de la vivienda y del edificio.
  • 7.� Estado de ocupaci髇 o disponibilidad de la vivienda.
• d) Informaci髇 jur韉ica del inmueble: la identificaci髇 registral de la finca, con la referencia de las cargas, grav醡enes y afecciones de cualquier naturaleza, y la cuota de participaci髇 fijada en el t韙ulo de propiedad.
• e) En el caso de tratarse de vivienda protegida, indicaci髇 expresa de tal circunstancia y de la sujeci髇 al r間imen legal de protecci髇 que le sea aplicable.
• f) En caso de edificios que cuenten oficialmente con protecci髇 arquitect髇ica por ser parte de un entorno declarado o en raz髇 de su particular valor arquitect髇ico o hist髍ico, se aportar� informaci髇 sobre el grado de protecci髇 y las condiciones y limitaciones para las intervenciones de reforma o rehabilitaci髇.
• g) Cualquier otra informaci髇 que pueda ser relevante para la persona interesada en la compra o arrendamiento de la vivienda, incluyendo los aspectos de car醕ter territorial, urban韘tico, f韘ico-t閏nico, de protecci髇 patrimonial, o administrativo relacionados con la misma.

2. En los mismos t閞minos de lo establecido en el apartado anterior, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda podr� requerir informaci髇 acerca de la detecci髇 de amianto u otras sustancias peligrosas o nocivas para la salud.

3. Cuando la vivienda que vaya a ser objeto de arrendamiento como vivienda habitual se encuentre ubicada en una zona de mercado residencial tensionado, el propietario y, en su caso, la persona que intervenga en la intermediaci髇 en la operaci髇 deber� indicar tal circunstancia e informar, con anterioridad a la formalizaci髇 del arrendamiento, y en todo caso en el documento del contrato, de la cuant韆 de la 鷏tima renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los 鷏timos cinco a駉s en la misma vivienda, as� como del valor que le pueda corresponder atendiendo al 韓dice de referencia de precios de alquiler de viviendas que resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 32 Parque p鷅lico de vivienda

1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboraci髇 y cooperaci髇, as� como en garant韆 del de trasparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deber� elaborar y mantener actualizado un inventario del parque p鷅lico de vivienda de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, en el que se incluir�, al menos, la siguiente informaci髇:

• a) Identificaci髇 de las viviendas que lo componen.
• b) Caracter韘ticas fundamentales de las viviendas.
• c) Situaci髇 de uso de las mismas.
• d) Caracter韘ticas de las personas u hogares usuarios.

2. Anualmente se elaborar� y publicar� en la sede electr髇ica prevista en el art韈ulo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, una memoria sobre las caracter韘ticas del parque p鷅lico de vivienda y su utilizaci髇, debidamente actualizada, que permita la conformaci髇 de un mapa de la vivienda social para facilitar su acceso por parte de la ciudadan韆. Asimismo, se recoger� la informaci髇 sobre las actuaciones previstas para reforzar el parque de vivienda social en los pr髕imos cuatro a駉s.

Art韈ulo 33 Inversi髇 en programas de pol韙ica de vivienda

1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboraci髇 y cooperaci髇, as� como en garant韆 del de trasparencia, deber� detallar el presupuesto invertido anualmente en los diferentes programas de pol韙ica de vivienda, a trav閟 de los instrumentos de colaboraci髇 con las administraciones competentes, diferenciando, al menos, en los siguientes destinos de gasto:

• a) Ayudas al alquiler de vivienda dirigidas a las personas arrendatarias.
• b) Promoci髇 de vivienda en alquiler social o asequible.
• c) Promoci髇 de vivienda sujeta a alg鷑 tipo de protecci髇 p鷅lica.
• d) Programas de intermediaci髇 en el alquiler.
• e) Ayudas a la rehabilitaci髇 edificatoria, diferenciando espec韋icamente las que mejoren la eficiencia energ閠ica y promuevan la utilizaci髇 de las energ韆s renovables y la accesibilidad.
• f) Programas de regeneraci髇 o renovaci髇 urbana, especificando la inversi髇 en actuaciones en asentamientos y barrios de alta vulnerabilidad incluyendo programas de realojo.

2. Con periodicidad anual, deber醤 publicarse los datos indicados en el apartado anterior a trav閟 de la sede electr髇ica prevista en el art韈ulo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, indicando espec韋icamente las cuant韆s que, en estos programas, hayan contribuido a favorecer el acceso a la primera vivienda por parte de j髒enes.

Art韈ulo 34 Caracterizaci髇 del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vac韆

1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboraci髇 y cooperaci髇, as� como en garant韆 del de trasparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, y sobre la base de sus sistemas de informaci髇 y gesti髇, ofrecer醤 informaci髇 sobre el uso y destino del parque de viviendas de su 醡bito territorial, con indicaci髇, en t閞minos agregados, del n鷐ero de viviendas o de inmuebles de uso residencial que est閚 habitados por hogares y constituyan su residencia principal, as� como aquellos que se hayan identificado como deshabitados o vac韔s dentro de su 醡bito territorial, incluyendo tambi閚 de forma agregada, el n鷐ero de inmuebles a los que, en su caso, se haya aplicado el recargo fiscal establecido en el art韈ulo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Con periodicidad anual, deber醤 publicarse los datos indicados en el apartado anterior a trav閟 de la sede electr髇ica prevista en el art韈ulo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, especificando las medidas y acciones orientadas a la optimizaci髇 del uso del parque de vivienda del 醡bito territorial.

Art韈ulo 35 Caracterizaci髇 de la demanda de vivienda

1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboraci髇 y cooperaci髇, as� como en garant韆 del de trasparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deber� detallar el n鷐ero de personas y hogares inscritos en los registros de demandantes de vivienda habilitados para el acceso a los diferentes programas de acceso a la vivienda, diferenciando aquellas personas u hogares que actualmente residen en su 醡bito territorial, de aquellos solicitantes que residen en otros 醡bitos territoriales. Asimismo, se establecer醤 las principales caracter韘ticas socioecon髆icas de las personas y hogares demandantes de vivienda a partir de la informaci髇 obrante en los referidos registros.

2. Con periodicidad anual, deber醤 publicarse los datos indicados en el apartado anterior a trav閟 de la sede electr髇ica prevista en el art韈ulo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, especificando las actuaciones realizadas, en curso y previstas para dar respuesta a la demanda existente.

Art韈ulo 36 Suelo p鷅lico disponible para vivienda

1. El Estado, en cumplimiento del principio de colaboraci髇 y cooperaci髇, as� como en garant韆 del de trasparencia en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deber� detallar el suelo disponible de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria residencial en virtud de los instrumentos de ordenaci髇 urban韘tica, incluyendo, al menos, la siguiente informaci髇:

• a) N鷐ero de viviendas, superficie construida y tipolog韆 edificatoria.
• b) Situaci髇 del suelo en t閞minos de urbanizaci髇.
• c) Situaci髇 en t閞minos de clasificaci髇 y categorizaci髇 urban韘tica, diferenciando entre suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable delimitado o sectorizado con ordenaci髇 pormenorizada y suelo urbanizable delimitado o sectorizado sin ordenaci髇 pormenorizada, o categor韆s equivalentes.

2. Con periodicidad anual, deber醤 publicarse los datos indicados en el apartado anterior a trav閟 de la sede electr髇ica prevista en el art韈ulo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, especificando el suelo integrante del patrimonio p鷅lico de suelo, obtenido en cumplimiento el deber legal de cesi髇 establecido en la letra b) del art韈ulo 18.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Disposici髇 adicional primera Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinaci髇 en la informaci髇 sobre contratos de arrendamiento

1. Para el desarrollo de lo previsto en esta ley, se conformar� una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda, a partir de la informaci髇 contenida en los actuales registros auton髆icos de fianzas de las comunidades aut髇omas, en el Registro de la Propiedad y otras fuentes de informaci髇 de 醡bito estatal, auton髆ico o local, con el objeto de incrementar la informaci髇 disponible para el desarrollo del Sistema de 韓dices de referencia del precio del alquiler de vivienda establecido en la disposici髇 adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

2. Se promover醤 los mecanismos de colaboraci髇 con las comunidades aut髇omas y otros organismos e instituciones, para disponer de la informaci髇 veraz sobre los contratos de arrendamiento de vivienda vigentes, a trav閟 de los datos recogidos en los distintos registros auton髆icos y estatales, con el objeto de realizar un adecuado seguimiento del conjunto de medidas incluidas en esta ley y determinar el progreso en el cumplimiento de los objetivos de incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles.

3. A la entrada en vigor de la ley se iniciar� un proceso espec韋ico de colaboraci髇 entre el Departamento Ministerial competente en materia de vivienda y las comunidades aut髇omas que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler en sus respectivos 醡bitos territoriales para asegurar la colaboraci髇 entre sistemas, la atenci髇 a las especificidades territoriales que deban tenerse en cuenta, as� como el establecimiento de plazos para agilizar su aplicaci髇 efectiva.

Disposici髇 adicional segunda Prioridad de la pol韙ica de vivienda en la gesti髇 patrimonial del Estado

1. La gesti髇 de los bienes patrimoniales deber� coadyuvar al desarrollo y ejecuci髇 de las distintas pol韙icas p鷅licas en vigor y, en particular, al de la pol韙ica de vivienda, en coordinaci髇 con las Administraciones competentes.

Para ello, la Comisi髇 de Coordinaci髇 financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales orientar� las actuaciones inmobiliarias p鷅licas al cumplimiento de los objetivos generales de esta pol韙ica, y espec韋icamente, respecto a aquellas zonas declaradas con arreglo a esta ley de mercado residencial tensionado:

• a) Adoptar� los acuerdos necesarios que establezcan condiciones espec韋icas en cuanto al destino, tipolog韆, destinatarios u otras especificidades en los diferentes negocios patrimoniales de la Administraci髇 General del Estado y sus Organismos P鷅licos.
• b) Analizar� el patrimonio de la Administraci髇 General del Estado, y de los Organismos P鷅licos adscritos a ella, con el objeto de identificar posibles oportunidades de suelo u otros inmuebles susceptibles de reutilizaci髇 para uso residencial.
• c) Promover los acuerdos necesarios entre los distintos Departamentos Ministeriales, y espec韋icamente entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, competente en materia de pol韙ica de vivienda, y los Organismos P鷅licos competentes en la gesti髇 patrimonial de los bienes inmuebles de los Ministerios de Defensa e Interior, al objeto de que puedan encontrarse f髍mulas de colaboraci髇 que permitan impulsar actuaciones de fomento de la oferta de vivienda asequible.

2. Previamente a la incoaci髇 de cualquier expediente de enajenaci髇 de inmuebles titularidad del Estado o de sus Organismos P鷅licos, cuyo suelo est� calificado por el planeamiento como residencial, o como dotacional cuando la normativa admita el uso residencial para alquiler, la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado u organismo titular del inmueble solicitar� un informe a la Secretar韆 General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a fin de que califique el mercado residencial afectado, indique si la finca est� sujeta a algunos de los criterios de gesti髇 adoptados por la Comisi髇 de Coordinaci髇 financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales conforme a lo dispuesto en el apartado anterior o, en su caso, proponga, en la forma prevista en el art韈ulo 92.3 del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, que la enajenaci髇 se efect鷈 mediante concurso.

Este informe no ser� necesario cuando la enajenaci髇 tenga por objeto viviendas y vaya a realizarse por adjudicaci髇 directa a sus ocupantes en los casos permitidos por la ley, o cuando se trate de la enajenaci髇 de cuotas proindivisas en solares de uso residencial o viviendas ya construidas.

Disposici髇 adicional tercera Revisi髇 de los criterios para la identificaci髇 de zonas de mercado residencial tensionado

Las circunstancias establecidas en el art韈ulo 18.3 para la identificaci髇 de zonas de mercado residencial tensionado ser醤 objeto de revisi髇 a los tres a駉s desde la entrada en vigor de la ley, para adecuarlos a la realidad y evoluci髇 del mercado residencial, sobre la base de la cooperaci髇 con las Administraciones competentes en materia de vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Disposici髇 adicional cuarta Aplicaci髇 de los recursos de los planes estatales en materia de vivienda en los tr醡ites de intermediaci髇 y conciliaci髇

En el desarrollo de los tr醡ites de intermediaci髇 y conciliaci髇 previos a la presentaci髇 de la demanda, as� como en la atenci髇 a las personas y hogares sujetos a vulnerabilidad en los procedimientos recogidos en los art韈ulos 439, 655 bis y 685 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, podr醤 aplicarse por parte de las Comunidades Aut髇omas, Ceuta y Melilla los recursos de los planes estatales en materia de vivienda para cubrir los costes del proceso as� como las compensaciones que puedan acordarse a solicitud de los propietarios de los inmuebles afectados, o por decisi髇 de la administraci髇 competente en materia de vivienda, en los t閞minos establecidos en la legislaci髇 y normativa auton髆ica de aplicaci髇, con la finalidad de garantizar una vivienda digna y adecuada.

Disposici髇 adicional quinta Grupo de trabajo para la regulaci髇 de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se constituir� un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa de regulaci髇 de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda a que se refiere el art韈ulo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y, en particular, de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas urbanas de uso vivienda.

Disposici髇 adicional sexta Los administradores de fincas

1. A los efectos de la presente ley y de las actividades que regula, son administradores de fincas las personas f韘icas que se dedican de forma habitual y retribuida a prestar servicios de administraci髇 y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y a las comunidades de propietarios de viviendas.

2. Los administradores de fincas, para ejercer su actividad, deben tener la capacitaci髇 profesional requerida y deben cumplir las condiciones legales y reglamentarias que les sean exigibles.

3. Los administradores de fincas, en el desarrollo de su actividad profesional, deben actuar con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeci髇 a la legalidad vigente y a los c骴igos 閠icos establecidos en el sector, con especial consideraci髇 hacia la protecci髇 de los derechos de los consumidores establecidos por las comunidades aut髇omas y en esta ley.

4. Para garantizar los derechos de los consumidores, los administradores de fincas deben suscribir un seguro de responsabilidad civil, pudiendo hacerlo directa o colectivamente.

Disposici髇 transitoria primeraViviendas calificadas con alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica con anterioridad a la entrada en vigor de la ley

Las viviendas que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran calificadas definitivamente con alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, se regir醤 por lo dispuesto en dicho r間imen, de conformidad con lo establecido en la legislaci髇 y normativa de aplicaci髇.

Las viviendas que formen parte de un parque p鷅lico de vivienda se regir醤 por lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que lo regulen en la legislaci髇 en materia de vivienda, urbanismo y ordenaci髇 del territorio.El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Disposici髇 transitoria primera declarada inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 79/2024, de 21 mayo.JU0010424846

Disposici髇 transitoria segunda Objetivos en relaci髇 con el parque de vivienda destinado a pol韙icas sociales

1. En relaci髇 con el establecimiento de los objetivos a los que se refiere el art韈ulo 27, transcurrido un a駉 desde la entrada en vigor de esta ley sin que las Administraciones territoriales competentes hayan establecido marcos temporales y metas espec韋icas, se establece como referencia general el compromiso de alcanzar, en el plazo de 20 a駉s, un parque m韓imo de viviendas destinadas a pol韙icas sociales del 20 por ciento respecto al total de hogares que residen en aquellos municipios en los que se hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

2. Con objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de incremento del parque de viviendas destinadas a pol韙icas sociales a los que se refiere el apartado anterior y evaluar la adecuada financiaci髇 de las actuaciones se馻ladas en la letra c) del art韈ulo 27.2, las Administraciones territoriales competentes, de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora, deber醤 determinar con car醕ter anual las cantidades invertidas y el grado de avance en la consecuci髇 de los referidos objetivos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

Disposici髇 transitoria tercera Procedimientos suspendidos en virtud de los art韈ulos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19

Tras la entrada en vigor de esta ley, y a partir del 30 de junio del 2023, los procedimientos de desahucio y los lanzamientos indicados en los art韈ulos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, que se encuentren suspendidos por aplicaci髇 de dichos preceptos, cuando la parte actora sea una gran tenedora de vivienda en los t閞minos previstos por el art韈ulo 3.k) de esta ley, s髄o se reanudar醤 a petici髇 expresa de la misma si la parte actora acredita que se ha sometido al procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇 que a tal efecto establezcan las Administraciones P鷅licas, en base al an醠isis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes conforme a la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.La referencia que se entend韆 hecha al�31 de diciembre de 2023爀n la disposici髇 transitoria tercera, conforme establec韆 la disposici髇 adicional quinta del R.D.-ley 5/2023, de 28 de junio (獴.O.E.� 29 junio), se entender� hecha al 31 de diciembre de 2024, conforme establece el art韈ulo 88 del R.D.-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econ髆icas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Pr髕imo, as� como para paliar los efectos de la sequ韆 (獴.O.E.� 28 diciembre).LE0000823916_20231229La referencia al 30 de junio de 2023 efectuada en la disposici髇 transitoria tercera, se entender� hecha al 31 de diciembre de 2023, conforme establece la disposici髇 adicional quinta del R.D.-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposici髇 de Directivas de la Uni髇 Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliaci髇 de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecuci髇 y cumplimiento del Derecho de la Uni髇 Europea (獴.O.E.� 29 junio).LE0000764517_20230630

El requisito anterior podr� acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:

• 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la solicitud de reanudaci髇 del tr醡ite o alzamiento de la suspensi髇, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.
• 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇, en el que se har� constar la identidad de las partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el procedimiento, en su caso. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

En el caso de que la parte ejecutante sea una entidad p鷅lica de vivienda el requisito anterior se podr� sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acci髇 de los servicios espec韋icos de intermediaci髇 de la propia entidad, que se acreditar� en los t閞minos del apartado anterior.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Disposici髇 transitoria cuarta R間imen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley

1. Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuar醤 rigi閚dose por lo establecido en el r間imen jur韉ico que les era de aplicaci髇.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podr醤 adaptarse al r間imen jur韉ico establecido en esta ley.

3. Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, la regulaci髇 introducida en esta ley no afectar� a las diferentes medidas de aplicaci髇 extraordinaria a los contratos vigentes de arrendamiento de vivienda y, en particular, la recogida en el art韈ulo 46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania, que resultar醤 de aplicaci髇 en los t閞minos en los que se encuentren reguladas.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

Quedan derogadas a la entrada en vigor de esta ley cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposici髇 final primera Medidas de contenci髇 de precios en la regulaci髇 de los contratos de arrendamiento de vivienda

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, queda modificada como sigue:

• Uno. El art韈ulo 10 queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獳rt韈ulo 10 Pr髍roga del contrato

  1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus pr髍rogas, una vez transcurridos como m韓imo cinco a駉s de duraci髇 de aquel, o siete a駉s si el arrendador fuese persona jur韉ica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelaci髇 a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelaci髇 en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogar� obligatoriamente por plazos anuales hasta un m醲imo de tres a駉s m醩, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelaci髇 a la fecha de terminaci髇 de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

  2. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la presente ley en los que finalice el periodo de pr髍roga obligatoria previsto en el art韈ulo 9.1, o el periodo de pr髍roga t醕ita previsto en el art韈ulo 10.1, podr� aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una pr髍roga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo m醲imo de un a駉, durante el cual se seguir� aplicando los t閞minos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de pr髍roga extraordinaria requerir� la acreditaci髇 por parte del arrendatario de una situaci髇 de vulnerabilidad social y econ髆ica sobre la base de un informe o certificado emitido en el 鷏timo a駉 por los servicios sociales de 醡bito municipal o auton髆ico y deber� ser aceptada obligatoriamente por el arrendador cuando este sea un gran tenedor de vivienda de acuerdo con la definici髇 establecida en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, salvo que se hubiese suscrito entre las partes un nuevo contrato de arrendamiento.

  3. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la presente ley, en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado y dentro del periodo de vigencia de la declaraci髇 de la referida zona en los t閞minos dispuestos en la legislaci髇 estatal en materia de vivienda, finalice el periodo de pr髍roga obligatoria previsto en el art韈ulo 9.1 de esta ley o el periodo de pr髍roga t醕ita previsto en el apartado anterior, previa solicitud del arrendatario, podr� prorrogarse de manera extraordinaria el contrato de arrendamiento por plazos anuales, por un periodo m醲imo de tres a駉s, durante los cuales se seguir醤 aplicando los t閞minos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de pr髍roga extraordinaria deber� ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros t閞minos o condiciones por acuerdo entre las partes, se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento con las limitaciones en la renta que en su caso procedan por aplicaci髇 de lo dispuesto en los apartados 6 y 7 del art韈ulo 17 de esta ley, o en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el art韈ulo 9.3 de esta ley, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para s� o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopci髇 o para su c髇yuge en los supuestos de sentencia firme de separaci髇, divorcio o nulidad matrimonial.

  4. Al contrato prorrogado, le seguir� siendo de aplicaci髇 el r間imen legal y convencional al que estuviera sometido.�

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319LE0000013413_20230526
• Dos. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 17, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

  �3. El pago se efectuar� a trav閟 de medios electr髇icos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electr髇icos de pago y a solicitud de esta, se podr� efectuar en met醠ico y en la vivienda arrendada.�

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• Tres. Se a馻den dos nuevos apartados 6 y 7 en el art韈ulo 17, redactados en los siguientes t閞minos:

  �6. En los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la presente ley en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado dentro del periodo de vigencia de la declaraci髇 de la referida zona en los t閞minos dispuestos en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podr� exceder de la 鷏tima renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los 鷏timos cinco a駉s en la misma vivienda, una vez aplicada la cl醬sula de actualizaci髇 anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusi髇 al arrendatario de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior.

  趎icamente podr� incrementarse, m醩 all� de lo que proceda de la aplicaci髇 de la cl醬sula de actualizaci髇 anual de la renta del contrato anterior, en un m醲imo del 10 por ciento sobre la 鷏tima renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los 鷏timos cinco a駉s en la misma vivienda, cuando se acredite alguno de los siguientes supuestos:

  • a) Cuando la vivienda hubiera sido objeto de una actuaci髇 de rehabilitaci髇 en los t閞minos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas, que hubiera finalizado en los dos a駉s anteriores a la fecha de la celebraci髇 del nuevo contrato de arrendamiento.
  • b) Cuando en los dos a駉s anteriores a la fecha de la celebraci髇 del nuevo contrato de arrendamiento se hubieran finalizado actuaciones de rehabilitaci髇 o mejora de la vivienda en la que se haya acreditado un ahorro de energ韆 primaria no renovable del 30 por ciento, a trav閟 de sendos certificados de eficiencia energ閠ica de la vivienda, uno posterior a la actuaci髇 y otro anterior que se hubiese registrado como m醲imo dos a駉s antes de la fecha de la referida actuaci髇.
  • c) Cuando en los dos a駉s anteriores a la fecha de la celebraci髇 del nuevo contrato de arrendamiento se hubieran finalizado actuaciones de mejora de la accesibilidad, debidamente acreditadas.
  • d) Cuando el contrato de arrendamiento se firme por un periodo de diez o m醩 a駉s, o bien, se establezca un derecho de pr髍roga al que pueda acogerse voluntariamente el arrendatario, que le permita de manera potestativa prorrogar el contrato en los mismos t閞minos y condiciones durante un periodo de diez o m醩 a駉s.

  7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la presente ley en los que el arrendador sea un gran tenedor de vivienda de acuerdo con la definici髇 establecida en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado dentro del periodo de vigencia de la declaraci髇 de la referida zona en los t閞minos dispuestos en la referida Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podr� exceder del l韒ite m醲imo del precio aplicable conforme al sistema de 韓dices de precios de referencia atendiendo a las condiciones y caracter韘ticas de la vivienda arrendada y del edificio en que se ubique, pudiendo desarrollarse reglamentariamente las bases metodol骻icas de dicho sistema y los protocolos de colaboraci髇 e intercambio de datos con los sistemas de informaci髇 estatales y auton髆icos de aplicaci髇.

  Esta misma limitaci髇 se aplicar� a los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado dentro del periodo de vigencia de la declaraci髇 de la referida zona en los t閞minos dispuestos en la referida Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y sobre el que no hubiese estado vigente ning鷑 contrato de arrendamiento de vivienda vigente en los 鷏timos cinco a駉s, siempre que as� se recoja en la resoluci髇 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al haberse justificado dicha aplicaci髇 en la declaraci髇 de la zona de mercado residencial tensionado.�

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319LE0000013413_20230526
• Cuatro. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 20, que queda redactado como sigue:

  �1. Las partes podr醤 pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualizaci髇 y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

  En edificios en r間imen de propiedad horizontal tales gastos ser醤 los que correspondan a la finca arrendada en funci髇 de su cuota de participaci髇.

  En edificios que no se encuentren en r間imen de propiedad horizontal, tales gastos ser醤 los que se hayan asignado a la finca arrendada en funci髇 de su superficie.

  Para su validez, este pacto deber� constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a tributos no afectar� a la Administraci髇.

  Los gastos de gesti髇 inmobiliaria y los de formalizaci髇 del contrato ser醤 a cargo del arrendador.�

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• Cinco. Se a馻de una disposici髇 adicional und閏ima, redactada de la siguiente forma:

  獶isposici髇 adicional und閏ima 蚽dice de referencia para la actualizaci髇 anual de los contratos de arrendamiento de vivienda

  El Instituto Nacional de Estad韘tica definir�, antes del 31 de diciembre de 2024, un 韓dice de referencia para la actualizaci髇 anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que se fijar� como l韒ite de referencia a los efectos del art韈ulo 18 de esta ley, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento.�

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• Seis. Se a馻de una disposici髇 transitoria s閜tima, redactada de la siguiente forma:

  獶isposici髇 transitoria s閜tima Aplicaci髇 de las medidas en zonas tensionadas

  1. La regulaci髇 establecida en el apartado 7 del art韈ulo 17 se aplicar� a los contratos que se formalicen desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y una vez se encuentre aprobado el referido sistema de 韓dices de precios de referencia, de acuerdo con lo previsto en la disposici髇 adicional primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y lo establecido en la disposici髇 adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

  2. La resoluci髇 del Departamento ministerial competente en materia de vivienda que apruebe el referido sistema de 韓dices de precios de referencia se realizar� por 醡bitos territoriales, considerando las bases de datos, sistemas y metodolog韆s desarrolladas por las distintas comunidades aut髇omas y asegurando en todo caso la coordinaci髇 t閏nica.�

  El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319LE0000013413_20230526

Disposici髇 final segunda Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda

Con efectos para los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados a partir de la entrada en vigor de esta ley, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 23, que queda redactado de la siguiente forma:

  �2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducir�:

  • a) En un 90 por ciento cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de arrendamiento sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado, en el que la renta inicial se hubiera rebajado en m醩 de un 5 por ciento en relaci髇 con la 鷏tima renta del anterior contrato de arrendamiento de la misma vivienda, una vez aplicada, en su caso, la cl醬sula de actualizaci髇 anual del contrato anterior.
  • b) En un 70 por ciento cuando no cumpli閚dose los requisitos se馻lados en la letra a) anterior, se produzca alguna de las circunstancias siguientes:
    • 1.� Que el contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que 閟ta se encuentre situada en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 a駉s. Cuando existan varios arrendatarios de una misma vivienda, esta reducci髇 se aplicar� sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente corresponda a los arrendatarios que cumplan los requisitos previstos en esta letra.
    • 2.� Cuando el arrendatario sea una Administraci髇 P鷅lica o entidad sin fines lucrativos a las que sea de aplicaci髇 el r間imen especial regulado en el t韙ulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de r間imen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que destine la vivienda al alquiler social con una renta mensual inferior a la establecida en el programa de ayudas al alquiler del plan estatal de vivienda, o al alojamiento de personas en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica a que se refiere la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso m韓imo vital, o cuando la vivienda est� acogida a alg鷑 programa p鷅lico de vivienda o calificaci髇 en virtud del cual la Administraci髇 competente establezca una limitaci髇 en la renta del alquiler.
  • c) En un 60 por ciento cuando, no cumpli閚dose los requisitos de las letras anteriores, la vivienda hubiera sido objeto de una actuaci髇 de rehabilitaci髇 en los t閞minos previstos en el apartado 1 del art韈ulo 41 del Reglamento del Impuesto que hubiera finalizado en los dos a駉s anteriores a la fecha de la celebraci髇 del contrato de arrendamiento.
  • d) En un 50 por ciento, en cualquier otro caso.

  Los requisitos se馻lados deber醤 cumplirse en el momento de celebrar el contrato de arrendamiento, siendo la reducci髇 aplicable mientras se sigan cumpliendo los mismos.

  Estas reducciones s髄o resultar醤 aplicables sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidaci髇 presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificaci髇 de datos, de comprobaci髇 limitada o de inspecci髇 que incluya en su objeto la comprobaci髇 de tales rendimientos.

  En ning鷑 caso resultar醤 de aplicaci髇 las reducciones respecto de la parte de los rendimientos netos positivos derivada de ingresos no incluidos o de gastos indebidamente deducidos en la autoliquidaci髇 del contribuyente y que se regularicen en alguno de los procedimientos citados en el p醨rafo anterior, incluso cuando esas circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas por el contribuyente durante la tramitaci髇 del procedimiento. Tampoco resultar醤 de aplicaci髇 las reducciones en relaci髇 con aquellos contratos de arrendamiento que incumplan lo dispuesto en el apartado 6 del art韈ulo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

  Las zonas de mercado residencial tensionado a las que podr� resultar de aplicaci髇 lo previsto en este apartado ser醤 las recogidas en la resoluci髇 que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci髇 estatal en materia de vivienda, apruebe el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.�

  LE0000237363_20240101
• Dos. Se introduce una disposici髇 transitoria trig閟ima octava, que queda redactada de la siguiente forma:

  獶isposici髇 transitoria trig閟ima octava Reducci髇 aplicable a determinados arrendamientos de viviendas

  A los rendimientos netos positivos de capital inmobiliario derivados de contratos de arrendamiento de vivienda que se hubieran celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, les resultar� de aplicaci髇 la reducci髇 prevista en el apartado 2 del art韈ulo 23 de esta ley en su redacci髇 vigente a 31 de diciembre de 2021.�

  LE0000237363_20240101

Disposici髇 final tercera Modulaci髇 del recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con car醕ter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:

El apartado 4 del art韈ulo 72 queda redactado en los siguientes t閞minos:

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Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, queda modificado como sigue:

Se modifica la letra b) del apartado 1 del art韈ulo 20, que queda redactada del siguiente modo:

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1301-2024, promovido por el Gobierno Vasco, contra los art韈ulos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 final primera, apartados uno, tres y seis, y disposici髇 final cuarta (獴.O.E.� 19 marzo).LE0000839994_20240319

LE0000561510_20230526

Disposici髇 final quinta Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 150, que queda redactado del siguiente modo:

  �4. Cuando la notificaci髇 de la resoluci髇 contenga fijaci髇 de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dar� traslado a las Administraciones P鷅licas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social, por si procediera su actuaci髇.�

  LE0000025866_20240320
• Dos. Se a馻den nuevos apartados 6 y 7 en el art韈ulo 439, que quedan redactados como sigue:

  �6. En los casos de los n鷐eros 1.�, 2.�, 4.� y 7.� del apartado 1 del art韈ulo 250, no se admitir醤 las demandas, que pretendan la recuperaci髇 de la posesi髇 de una finca, en que no se especifique:

  • a) Si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante.
  • b) Si concurre en la parte demandante la condici髇 de gran tenedora de vivienda, en los t閞minos que establece el art韈ulo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
    En el caso de indicarse que no se tiene la condici髇 de gran tenedor, a efectos de corroborar tal extremo, se deber� adjuntar a la demanda certificaci髇 del Registro de la Propiedad en el que consten la relaci髇 de propiedades a nombre de la parte actora.
  • c) En el caso de que la parte demandante tenga la condici髇 de gran tenedor, si la parte demandada se encuentra o no en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica.
    Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad econ髆ica se deber� aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda, por los servicios de las Administraciones auton髆icas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social que hayan sido espec韋icamente designados conforme la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.
    El requisito exigido en esta letra c) tambi閚 podr� cumplirse mediante:
    • 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.
    • 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situaci髇 econ髆ica en los t閞minos previstos en la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

  7. En los casos de los n鷐eros 1.�, 2.�, 4.� y 7.� del apartado 1 del art韈ulo 250, en el caso de que la parte actora tenga la condici髇 de gran tenedora en los t閞minos previstos por el apartado anterior, el inmueble objeto de demanda constituya vivienda habitual de la persona ocupante y la misma se encuentre en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica conforme lo previsto igualmente en el apartado anterior, no se admitir醤 las demandas en las que no se acredite que la parte actora se ha sometido al procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇 que a tal efecto establezcan las Administraciones P鷅licas competentes, en base al an醠isis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.

  El requisito anterior podr� acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:

  • 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.
  • 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇, en el que se har� constar la identidad de las partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el procedimiento, en su caso. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

  En el caso de que la empresa arrendadora sea una entidad p鷅lica de vivienda el requisito anterior se podr� sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acci髇 de los servicios espec韋icos de intermediaci髇 de la propia entidad, que se acreditar� en los mismos t閞minos del apartado anterior.�

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• Tres. Se a馻de un nuevo apartado 5 en el art韈ulo 440, redactado del siguiente modo:

  �5. En todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales que tengan como objeto el se馻lamiento del lanzamiento, independientemente de que 閟te se haya intentado llevar a cabo con anterioridad, se deber� incluir el d韆 y la hora exacta en los que tendr� lugar el mismo.�

  LE0000025866_20240320
• Cuatro. Se modifican los apartados 1 bis y 5 del art韈ulo 441 y se a馻den nuevos apartados 6 y 7, que quedan redactados como sigue:

  �1 bis. Cuando se trate de una demanda de recuperaci髇 de la posesi髇 de una vivienda o parte de ella que se tramite seg鷑 lo previsto en el art韈ulo 250.1.4.�, la notificaci髇 se har� a quien se encuentre habitando aqu閘la. Se podr� hacer adem醩 a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificaci髇 del receptor y dem醩 ocupantes, quien realice el acto de comunicaci髇 podr� ir acompa馻do de los agentes de la autoridad.

  Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesi髇 de la vivienda, en el decreto de admisi髇 a tr醡ite de la demanda se requerir� a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco d韆s desde la notificaci髇 de aquella, t韙ulo que justifique su situaci髇 posesoria.

  Si no se aportara justificaci髇 suficiente, el tribunal ordenar� mediante auto el desalojo de los ocupantes y la inmediata entrega de la posesi髇 de la vivienda al demandante, siempre que el t韙ulo que se hubiere acompa馻do a la demanda fuere bastante para la acreditaci髇 de su derecho a poseer y sin perjuicio de lo establecido en los apartados 5, 6 y 7 de este mismo art韈ulo si ha sido posible la identificaci髇 del receptor de la notificaci髇 o dem醩 ocupantes de la vivienda.

  Contra el auto que decida sobre el incidente no cabr� recurso alguno y se llevar� a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.�

  �5. En los casos de los n鷐eros 1.�, 2.�, 4.� y 7.� del apartado 1 del art韈ulo 250, siempre que el inmueble objeto de la controversia constituya la vivienda habitual de la parte demandada, se informar� a esta, en el decreto de admisi髇 a tr醡ite de la demanda, de la posibilidad de acudir a las Administraciones P鷅licas auton髆icas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social. La informaci髇 deber� comprender los datos exactos de identificaci髇 de dichas Administraciones y el modo de tomar contacto con ellas, a efectos de que puedan apreciar la posible situaci髇 de vulnerabilidad de la parte demandada.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el p醨rafo anterior, se comunicar� inmediatamente y de oficio por el Juzgado la existencia del procedimiento a las Administraciones auton髆icas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social, a fin de que puedan verificar la situaci髇 de vulnerabilidad y, de existir esta, presentar al Juzgado propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administraci髇 competente para ello y propuesta de medidas de atenci髇 inmediata a adoptar igualmente por la Administraci髇 competente, as� como de las posibles ayudas econ髆icas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada.

  En caso de que estas Administraciones P鷅licas confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica y, en su caso, social, se notificar� al 髍gano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo m醲imo de diez d韆s.

  En los casos previstos por los apartados 6 y 7 del art韈ulo 439, cuando la parte actora sea una gran tenedora de vivienda y hubiera presentado junto con la demanda documento acreditativo de la vulnerabilidad de la parte demandada, en el oficio a las Administraciones p鷅licas competentes se har� constar esta circunstancia a efectos de que efect鷈n directamente, en el mismo plazo, la propuesta de medidas de atenci髇 inmediata a adoptar, as� como de las posibles ayudas econ髆icas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada y las causas, que, en su caso, han impedido su aplicaci髇 con anterioridad.

  Recibida dicha comunicaci髇 o transcurrido el plazo, el letrado o letrada de la Administraci髇 de Justicia dar� traslado a las partes para que en el plazo de cinco d韆s puedan instar lo que a su derecho convenga, procediendo a suspender la fecha prevista para la celebraci髇 de la vista o para el lanzamiento, de ser necesaria tal suspensi髇 por la inmediatez de las fechas.�

  �6. Presentados los escritos de las partes o transcurrido el plazo concedido para ello, el tribunal resolver� por auto, a la vista de la informaci髇 recibida de las Administraciones P鷅licas competentes y de las alegaciones de las partes, sobre si suspende el proceso para que se adopten las medidas propuestas por las Administraciones p鷅licas, durante un plazo m醲imo de suspensi髇 de dos meses si el demandante es una persona f韘ica o de cuatro meses si se trata de una persona jur韉ica.

  Una vez adoptadas las medidas por las Administraciones P鷅licas competentes o transcurrido el plazo m醲imo de suspensi髇 previsto en el p醨rafo anterior, se alzar� 閟ta autom醫icamente y continuar� el procedimiento por todos sus tr醡ites.�

  �7. El tribunal tomar� la decisi髇 previa valoraci髇 ponderada y proporcional del caso concreto, apreciando las situaciones de vulnerabilidad que pudieran concurrir tambi閚 en la parte actora y cualquier otra circunstancia acreditada en autos.

  A estos efectos, en particular, el tribunal para apreciar la situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica podr� considerar el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, m醩 el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones suponga m醩 del 30 por 100 de los ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance:

  • a) Con car醕ter general, el l韒ite de 3 veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples mensual (en adelante IPREM).
  • b) Este l韒ite se incrementar� en 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo ser� de 0,35 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental o en el caso de cada hijo con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
  • c) Este l韒ite se incrementar� en 0,2 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 a駉s miembro de la unidad familiar o personas en situaci髇 de dependencia a cargo.
  • d) En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situaci髇 de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el l韒ite previsto en la letra a) ser� de 5 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

  A estos mismos efectos, el tribunal para apreciar la vulnerabilidad social podr� considerar el hecho de que, entre quienes ocupen la vivienda, se encuentren personas dependientes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, v韈timas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad.�

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• Cinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del art韈ulo 549, que quedan redactados como sigue:

  �3. En la sentencia condenatoria de todos los tipos de desahucio, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposici髇 al requerimiento, la solicitud de su ejecuci髇 en la demanda de desahucio ser� suficiente para la ejecuci髇 directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ning鷑 otro tr醡ite para proceder al lanzamiento en el d韆 y hora exacta se馻lados en la propia sentencia o en el d韆 y hora exacta que se hubiera fijado al ordenar la realizaci髇 del requerimiento al demandado, todo ello seg鷑 el apartado 5 del art韈ulo 440.

  4. El plazo de espera legal al que se refiere el art韈ulo anterior no ser� de aplicaci髇 en la ejecuci髇 de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiraci髇 legal o contractual del plazo, que se regir� por lo previsto en tales casos.

  No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con car醕ter previo al lanzamiento deber� haberse procedido en los t閞minos de los apartados 5, 6 y 7 del art韈ulo 441 de esta ley.�

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• Seis. Se introduce un nuevo art韈ulo 655 bis, con el siguiente literal:

  獳rt韈ulo 655 bis Subasta de bienes inmuebles

  1. Cuando el bien objeto de la subasta sea un bien inmueble que sea la vivienda habitual del ejecutado y el acreedor sea una empresa de vivienda o un gran tenedor de vivienda en los t閞minos previstos por la letra b del apartado 6 del art韈ulo 439 y no haya sido acreditado con anterioridad, deber� acreditarse por la parte actora, antes del inicio de la v韆 de apremio, si el deudor se encuentra en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica.

  Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad econ髆ica de la parte ejecutada se deber� aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, previo consentimiento de 閟te, por los servicios de las Administraciones auton髆icas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social que hayan sido espec韋icamente designados conforme a la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.

  Este requisito tambi閚 podr� cumplirse mediante:

  • 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la solicitud de inicio de la v韆 de apremio, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. En tal caso el Juzgado se dirigir� a las Administraciones competentes a fin de que confirmen, en el plazo m醲imo de diez d韆s, si el hogar afectado se encuentra en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica y, en su caso, social, as� como las medidas previstas que se aplicar醤 de forma inmediata para que disponga de una vivienda.
  • 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que la parte ejecutada no consiente expresamente el estudio de su situaci髇 econ髆ica en los t閞minos previstos por la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

  2. En el caso de que se tenga constancia de que el deudor hipotecario se encuentra en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica conforme lo previsto en los apartados anteriores, no se iniciar� la v韆 de apremio si no se acredita que la parte actora se ha sometido al procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇 que a tal efecto establezcan las Administraciones P鷅licas, en base al an醠isis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.

  El requisito anterior podr� acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:

  • 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la solicitud de inicio de la v韆 de apremio, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma. En tal caso, inmediatamente a la presentaci髇 de la solicitud, el Juzgado se dirigir� a las Administraciones competentes a fin de que confirmen, en el plazo m醲imo de diez d韆s, si el hogar afectado se encuentra en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica y, en su caso, social, as� como las medidas previstas que se aplicar醤 de forma inmediata para que disponga de una vivienda.
  • 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇, en el que se har� constar la identidad de las partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el procedimiento, en su caso. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

  En el caso de que la parte ejecutante sea una entidad p鷅lica de vivienda el requisito anterior se podr� sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acci髇 de los servicios espec韋icos de intermediaci髇 de la propia entidad, que se acreditar� en los t閞minos del apartado anterior.�

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• Siete. Se modifica el art韈ulo 675, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 675 Posesi髇 judicial y ocupantes del inmueble

  1. Si el adquirente lo solicitara, se le pondr� en posesi髇 del inmueble que no se hallare ocupado.

  2. Si el inmueble estuviera ocupado, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia acordar� de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, con fijaci髇 de d韆 y hora exacta y con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del art韈ulo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en 閘. Los ocupantes desalojados podr醤 ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que corresponda.

  Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 661, el adquirente podr� pedir al Tribunal de la ejecuci髇 el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art韈ulo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin t韙ulo suficiente. La petici髇 deber� efectuarse en el plazo de un a駉 desde la adquisici髇 del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensi髇 de desalojo s髄o podr� hacerse valer en el juicio que corresponda.

  3. La petici髇 de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificar� a los ocupantes indicados por el adquirente, con citaci髇 a una vista que se馻lar� el Letrado de la Administraci髇 de Justicia dentro del plazo de diez d韆s, en la que podr醤 alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situaci髇. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolver� sobre el lanzamiento, que decretar� en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa.

  4. El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble deber� ser notificado a los ocupantes y fijar� d韆 y hora exacta en la que 閟te tendr� lugar y dejar� a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados, que podr醤 ejercitarse en el juicio que corresponda.�

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• Ocho. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 685 con el siguiente literal:

  �2. A la demanda se acompa馻r醤 el t韙ulo o t韙ulos de cr閐ito, revestidos de los requisitos que esta ley exige para el despacho de la ejecuci髇, as� como los dem醩 documentos a que se refieren el art韈ulo 550 y, en sus respectivos casos, los art韈ulos 573 y 574 de la presente ley.

  En caso de ejecuci髇 sobre bienes hipotecados o sobre bienes en r間imen de prenda sin desplazamiento, si no pudiese presentarse el t韙ulo inscrito, deber� acompa馻rse con el que se presente certificaci髇 del Registro que acredite la inscripci髇 y subsistencia de la hipoteca.

  En supuestos de demanda de ejecuci髇 sobre bienes hipotecados deber� indicarse si el inmueble objeto de la misma constituye la vivienda habitual del deudor, as� como si concurre en la parte ejecutante la condici髇 de gran tenedora de vivienda conforme a lo previsto en la letra b) del apartado 6 del art韈ulo 439.

  En el caso de indicarse que no se tiene la condici髇 de gran tenedor, a efectos de corroborar tal extremo, se deber� adjuntar a la demanda certificaci髇 del Registro de la Propiedad en el que consten la relaci髇 de propiedades a nombre de la parte actora.

  Asimismo, deber� indicarse si el deudor se encuentra o no en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica.

  Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad econ髆ica se deber� aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido, previo consentimiento del deudor hipotecario de la vivienda, por los servicios de las Administraciones auton髆icas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social que hayan sido espec韋icamente designados conforme la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.

  Este requisito tambi閚 podr� cumplirse mediante:

  • 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.
  • 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indiquen que el deudor hipotecario no consiente expresamente el estudio de su situaci髇 econ髆ica en los t閞minos previstos por la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

  En el caso de que el acreedor hipotecario sea un gran tenedor de vivienda, el inmueble objeto de demanda sea la vivienda habitual del deudor hipotecario y se tenga constancia, conforme a los apartados anteriores, que 閟te se encuentra en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica, no se admitir醤 las demandas de ejecuci髇 hipotecaria en las que no se acredite que la parte actora se ha sometido al procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇 que a tal efecto establezcan las Administraciones P鷅licas competentes, en base al an醠isis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes conforme a la legislaci髇 y normativa auton髆ica en materia de vivienda.

  El requisito anterior podr� acreditarse mediante alguna de las siguientes formas:

  • 1.� La declaraci髇 responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados anteriormente, en un plazo m醲imo de cinco meses de antelaci髇 a la presentaci髇 de la demanda, sin que hubiera sido atendida o se hubieran iniciado los tr醡ites correspondientes en el plazo de dos meses desde que present� su solicitud, junto con justificante acreditativo de la misma.
  • 2.� El documento acreditativo de los servicios competentes que indique el resultado del procedimiento de conciliaci髇 o intermediaci髇, en el que se har� constar la identidad de las partes, el objeto de la controversia y si alguna de las partes ha rehusado participar en el procedimiento, en su caso. Este documento no podr� tener una vigencia superior a tres meses.

  En el caso de que el acreedor hipotecario sea una entidad p鷅lica de vivienda el requisito anterior se podr� sustituir, en su caso, por la previa concurrencia de la acci髇 de los servicios espec韋icos de intermediaci髇 de la propia entidad, que se acreditar� en los t閞minos del apartado anterior.�

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• Nueve. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 704, que queda redactado como sigue:

  �1. Cuando el inmueble cuya posesi髇 se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de 閘 dependan, el Letrado de la Administraci髇 de Justicia les dar� un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podr� prorrogarse dicho plazo un mes m醩.

  Transcurridos los plazos se馻lados, se proceder� de inmediato al lanzamiento, fij醤dose d韆 y hora exacta de 閟te tanto en la resoluci髇 inicial como en la que acuerde la pr髍roga o en cualquier resoluci髇 ulterior que acuerde el lanzamiento, aunque este se haya intentado practicar con anterioridad.�

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• Diez. Se incorpora una nueva disposici髇 adicional s閜tima, que queda redactada como sigue:

  獶isposici髇 adicional s閜tima

  En los procedimientos penales que se sigan por delito de usurpaci髇 del apartado 2 del art韈ulo 245 del C骴igo Penal, en caso de sustanciarse con car醕ter cautelar la medida de desalojo y restituci髇 del inmueble objeto del delito a su leg韙imo poseedor y siempre que entre quienes ocupen la vivienda se encuentren personas dependientes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art韈ulo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, v韈timas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad, se dar� traslado a las Administraciones Auton髆icas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci髇 e informaci髇 de situaciones de necesidad social y atenci髇 inmediata a personas en situaci髇 o riesgo de exclusi髇 social, con el fin de que puedan adoptar las medidas de protecci髇 que correspondan.

  Las mismas previsiones se adoptar醤 cuando el desalojo de la vivienda se acuerde en sentencia.�

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El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Disposici髇 final sexta Limitaci髇 extraordinaria de la actualizaci髇 anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania, queda modificado como sigue:

El art韈ulo 46 queda redactado en los siguientes t閞minos:

LE0000723404_20231229

Disposici髇 final s閜tima T韙ulos competenciales

1. Esta ley se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.1.� y 13.� de la Constituci髇 que atribuye al Estado las competencias para regular las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y las bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, respectivamente.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1278-2024, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalu馻, contra los art韈ulos 2, letras c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q), r) y s); 12; 15, apartados 1 d) y 4; 16; 17; 18, apartados 1, 4, 5 y 6; 23; 24; 27, apartados 1, p醨rafo tercero, 2 y 3; 28 y 29; disposici髇 transitoria primera, p醨rafo segundo; disposici髇 transitoria segunda y disposici髇 final s閜tima, apartado 1. (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842281_20240412

2. De lo expuesto en el apartado anterior se except鷄n los siguientes art韈ulos:

• a) Los art韈ulos 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36 y disposici髇 final primera que se amparan en la competencia que el art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇 Espa駉la atribuye al Estado en materia de legislaci髇 civil.
• b) El art韈ulo 5 y la disposici髇 final quinta que se amparan en la competencia que el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 espa駉la atribuye al Estado en materia de legislaci髇 procesal.
• c) Las disposiciones finales segunda y tercera que se incardinan en el art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general.

3. El contenido de los art韈ulos 22, 23, 24, 26 y la disposici髇 adicional segunda ser� 鷑icamente de aplicaci髇 a la Administraci髇 General del Estado.

4. Lo dispuesto en esta ley se aplicar� sin perjuicio de:

• a) Las previsiones de los reg韒enes civiles, forales o especiales en el 醡bito reservado a las mismas por el art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇, all� donde existan, as� como de los reg韒enes tributarios forales de concierto y convenio econ髆ico en vigor, respectivamente, en los Territorios Hist髍icos de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
• b) El ejercicio de la competencia exclusiva que hayan asumido las comunidades aut髇omas en virtud del art韈ulo 148.1.3.� de la Constituci髇 en materia de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de abril de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 1306-2024, promovido por la Xunta de Galicia, contra los art韈ulos 3; 11.2; 16; 18.2, 3 y 4; 19.2 y 3; 27.3; disposici髇 adicional tercera; disposici髇 transitoria segunda.1; disposici髇 transitoria tercera; disposici髇 final quinta, y disposici髇 final s閜tima (獴.O.E.� 12 abril).LE0000842282_20240412

Disposici髇 final octava Desarrollo reglamentario

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de sus atribuciones, al desarrollo de esta ley.

Disposici髇 final novena Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, excepto la disposici髇 final segunda, que entrar� en vigor el 1 de enero del a駉 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.