El Pleno del Congreso dará luz verde definitiva este jueves al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015 para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero, después de tres meses de tramitación en los que ha incorporado 250 modificaciones con respecto a su redacción inicial.
Unos cambios que, sin embargo, es poco probable que sirvan para mover la postura de los grupos de la oposición, que tanto en su primera vuelta en la Cámara Baja como durante el trámite en el Senado se han opuesto a las cuentas presentando --todas las formaciones salvo Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio electoral del PP--, enmiendas de totalidad y más de 8.200 enmiendas parciales.
De hecho, 98 de las 99 modificaciones incorporadas en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo eran propuestas del PP, y sólo los nacionalistas del PNV consiguieron sacar adelante una enmienda, sin contar con los cinco cambios del PSOE introducidos en el texto por un error del PP a la hora de votar, pero que fueron eliminados en el Senado.
Enmiendas introducidas en el Senado
No obstante, el debate de este jueves se centrará en las 150 enmiendas introducidas en la Cámara Alta, la mayor parte del PP pero también alguna registrada por los nacionalistas catalanes y vascos.
Entre los cambios más importantes destaca el permiso que se otorga a las comunidades autónomas que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria para cubrir el año que viene todas las vacantes que se produzcan en sus cuerpos policiales, idéntica medida admitida para las policías municipales.
Además, se limita la tasa de reposición de la Educación para el personal docente no universitario en las comunidades que no cumplan los objetivos de deuda y déficit, y se definen como actividades prioritarias de mecenazgo algunas acciones llevadas a cabo por la Fundación ONCE y por la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
También se conceden 6 millones de euros a las comunidades autónomas para que financien los servicios de justicia gratuita y se regula el nuevo régimen retributivo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que los desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán dietas por asistir al Pleno o a las comisiones sin tener derecho a otra remuneración.
Por otro lado, se extiende la regulación sobre las limitaciones a las emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos públicos a los demás entes integrantes del sector público estatal, y se elimina la limitación que se quería introducir inicialmente a las aportaciones económicas de las instituciones para la contingencia de jubilación de los trabajadores públicos a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco.
Igualmente, se asegura la viabilidad de los parques científicos y tecnológicos cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones públicas sin ánimo de lucro que se hubieran acogido a determinados aplazamientos de devolución de deudas mediante una moratoria para las cuotas que vencen en 2015, más sus intereses y se constituye un nuevo crédito por la totalidad del importe de las cuotas a aplazar, con vencimiento a 1 de enero de 2017 y plazo de amortización de hasta 20 años.
Por último, se prevé que las instituciones sanitarias y hospitales cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro que estuvieran acogidas a la moratoria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 21 años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales.
Impulso a la recuperación económica
Según el Gobierno, éstas serán las primeras cuentas de la recuperación económica, y parten de unas previsiones "responsables y realistas" para lograr un "equilibrio entre la necesaria austeridad y la contención de gastos, y el impulso de la recuperación". Además, se espera que las medidas incorporadas en este proyecto de ley, junto con la reforma fiscal, permitan "abrir la puerta de la creación de empleo".
En total, los ingresos tributarios alcanzarán los 179.750 millones de euros, un 2,4% más que la recaudación prevista este año, mientras que los no tributarios llegarán a los 20.747 millones de euros, un 0,9% menos que las previsiones de este año. De esta forma, los ingresos totales no financieros sumarán 128.159 millones, un 1,3% más.
En materia de gastos, los ministerios dispondrán de 34.584 millones de euros (-4,7%). Las partidas que más crecerán serán la inversión en I+D+i (5.633 millones, +1,3%), las becas (1.413 millones, +21,5%), la cultura (81 millones, +17,1%) y la vivienda (770 millones, +4,8%).
El límite de gasto no financiero se situará en 133.259 millones de euros, un 2,7% más. Dentro de este techo, el gasto por los intereses de la deuda sumará 36.590 millones de euros, un 5,2% menos. De esta forma, los ministerios, con 34.584 millones de euros, contarán con un presupuesto 2.000 millones menor que lo que gastará el Estado en pagar los intereses de la deuda, 36.590 millones.
Por otro lado, se destinarán 29.469 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, lo que representa un 10,3% más en comparación con el presupuesto inicial de 2013, cuando el gasto previsto se situó en 26.696 millones de euros.
Con todo, el gasto no financiero de los ministerios alcanzará los 66.336 millones de euros, un 5,6% más, mientras que las aportaciones a la Seguridad Social, las transferencias al SEPEE y las aportaciones a la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sumará 31.752 millones, un 19,8% más. (EUROPA PRESS)