Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

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Sumario

FELIPE VI REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PRE罬BULO

I Los bienes culturales inmateriales

El concepto de patrimonio cultural ha seguido un ininterrumpido proceso de ampliaci髇 a lo largo del 鷏timo siglo. De lo art韘tico e hist髍ico y de lo monumental como valores y tipolog韆s centrales, ha pasado a incorporar tambi閚 otros elementos que integran una nueva noci髇 ampliada de la cultura. Responde 閟ta a una nueva concepci髇 derivada de la teorizaci髇 cient韋ica de la etnolog韆 y la antropolog韆, a la que se asocia un incremento de la conciencia social acerca de estas otras expresiones y manifestaciones de la cultura. Este proceso se podr韆 sintetizar ahora en la propuesta doctrinal del tr醤sito de los 玝ienes cosa� a los 玝ienes actividad� o, dicho en t閞minos m醩 actuales, de los bienes materiales a los bienes inmateriales.

Sin perjuicio de que, en esencia, en todos los bienes culturales hay un componente simb髄ico no tangible y que la imbricaci髇 entre lo material e inmaterial es profunda y, en muchos casos, inescindible, la conformaci髇 externa de los soportes a trav閟 de los que se manifiesta el patrimonio cultural es lo que permite esa distinci髇 entre lo material e inmaterial como asuntos singulares y distintos. Y ello comporta f髍mulas y t閏nicas jur韉icas claramente diferenciadas a la hora de su protecci髇. Mientras que en la protecci髇 de los primeros prima la 玞onservaci髇� del bien en su configuraci髇 pr韘tina y en su ubicaci髇 territorial (sobre todo en los de car醕ter inmueble), en los segundos destaca una acci髇 de 玸alvaguardia� de las pr醕ticas y de las comunidades portadoras con el fin de preservar las condiciones de su intr韓seco proceso evolutivo, que se realiza a trav閟 de la transmisi髇 intra e intergeneracional. Los bienes inmateriales tambi閚 poseen un 玪ocus� espacial, pero 閟te puede presentar 醡bitos y alcances m醩 difusos en tanto en ellos prima la comunidad portadora de las formas culturales que los integran, as� como su car醕ter din醡ico y su capacidad de ser compartido.

El proceso de emergencia del patrimonio inmaterial es largo en el tiempo. Los estudios etnogr醘icos y antropol骻icos, desde que lograron estatus cient韋ico en los 鷏timos a駉s del siglo XIX, hab韆n ido impulsando el florecimiento del inter閟 hacia las formas de expresi髇 de la cultura tradicional. Valga recordar, entre los estudiosos de folclore en Espa馻, la labor de Antonio Machado 羖varez, padre de los hermanos Machado, y su entonces moderna y avanzada concepci髇 del folclore, creador, en 1881, de la 玈ociedad para la recopilaci髇 y estudio del saber y de las tradiciones populares�, siguiendo la estela de otras iniciativas adoptadas en aquellos a駉s fuera de Espa馻, principalmente en Inglaterra. Y esas reflexiones se ir醤 consolidando con el amplio desarrollo cient韋ico de la antropolog韆 y la etnolog韆 a lo largo del siglo XX.

Sin embargo, a diferencia del patrimonio hist髍ico material, el ahora llamado patrimonio inmaterial no lleg� a tener, durante la mayor parte de dicho siglo, un lugar en el sistema de protecci髇 jur韉ica del patrimonio.

En efecto, la inserci髇 de las manifestaciones culturales inmateriales en el ordenamiento jur韉ico es un hecho nuevo, que s髄o ha empezado a tomar cuerpo en las 鷏timas d閏adas, al comp醩 de su creciente aprecio social. Esta inserci髇 ha ido acompa馻da de un proceso de renovaci髇 jur韉ico doctrinal sobre el patrimonio cultural, en la que es obligado recordar la aportaci髇 en Italia, en la d閏ada de los a駉s setenta del siglo precedente, de la llamada Comisi髇 Franceschini y de la construcci髇 doctrinal del iuspublicista Giannini, que proponen un nuevo concepto amplio y abierto de bienes culturales como 玹odo aquello que incorpora una referencia a la Historia de la Civilizaci髇 forma parte del Patrimonio Hist髍ico�.

Este proceso de valorizaci髇 jur韉ica presenta dos campos diferenciados de concreci髇, el de los instrumentos internacionales y el del derecho interno.

II La legislaci髇 espa駉la

Los bienes culturales inmateriales apenas fueron contemplados en las primeras normas generales del patrimonio cultural. As�, el Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, sobre protecci髇, conservaci髇 y acrecentamiento de la riqueza art韘tica, 鷑icamente hace una referencia a lo 玹韕ico� y lo 玴intoresco�, pero ce駃da a los conjuntos arquitect髇icos. La Ley sobre defensa, conservaci髇 y acrecentamiento del patrimonio hist髍ico-art韘tico nacional, de 13 de mayo de 1933, realiza, en su art韈ulo 3, una escueta referencia a los parajes pintorescos que deban ser preservados de destrucciones o reformas perjudiciales. Estos bienes aparecer醤 de forma m醩 n韙ida en los Decretos de 1953 y de 1961, que se refieren a los inventarios, cat醠ogos y servicios propios del patrimonio etnol骻ico o folcl髍ico, pero tambi閚 de car醕ter material.

La Constituci髇 Espa駉la de 1978 ofrecer� un marco conceptual ya claramente receptivo al patrimonio inmaterial, pionero en el contexto constitucional europeo. Esto es n韙idamente perceptible a lo largo de su redacci髇. Ya el propio Pre醡bulo, quintaesencia del contenido del texto, es palmariamente expresivo cuando encomienda a la Naci髇 espa駉la 玴roteger a todos los espa駉les y pueblos de Espa馻 en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones�. Igualmente expresivo lo es el art韈ulo 3.3, cuando, desde una perspectiva no exclusivamente lingstica sino cultural m醩 amplia, declara la pluralidad lingstica espa駉la como una riqueza que ha de ser protegida como un patrimonio cultural: 玪a riqueza de las distintas modalidades lingsticas de Espa馻 es un patrimonio cultural, que ser� objeto de especial respeto y protecci髇�. Otro paso lo da el art韈ulo 46 que, en primer lugar, desbordando las tradicionales denominaciones de patrimonio 玥ist髍ico y art韘tico� agrega ahora un tercer valor, el 玞ultural�, que ensancha indudablemente el concepto de lo protegido para dar cabida a lo que ahora se denomina como cultura inmaterial. Por 鷏timo, el art韈ulo 149.1.28.� redunda en la referencia al patrimonio cultural, junto al art韘tico y monumental espa駉l.

Ser�, en el 醡bito de la legislaci髇 estatal, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, el texto que comience a considerar expl韈itamente los valores inmateriales anunciados en la Constituci髇, en la invocaci髇 a los 玞onocimientos y actividades�, en el seno del patrimonio etnogr醘ico, como nuevo objeto de protecci髇. El T韙ulo VI, que responde al r髏ulo de Patrimonio Etnogr醘ico, establece en el art韈ulo 46 que forman parte del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l 玪os bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresi髇 relevante de la cultura tradicional del pueblo espa駉l en sus aspectos materiales, sociales o espirituales�. A su vez, el art韈ulo 47 especifica que 玸e considera que tienen valor etnogr醘ico y gozar醤 de protecci髇 administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o t閏nicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad�.

De igual modo, cabe se馻lar que todas las Comunidades Aut髇omas, en aplicaci髇 de sus competencias exclusivas en materia de patrimonio cultural, han procedido a la regulaci髇 normativa de esta materia. As�, la normativa auton髆ica sobre patrimonio hist髍ico o cultural aprobada entre los a駉s 1990 y 2013 ha venido incorporando, con diferentes f髍mulas y denominaciones, los bienes culturales inmateriales.

Es importante destacar que la disposici髇 final primera de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulaci髇 de la Tauromaquia como patrimonio cultural, encomienda expresamente al Gobierno el impulso de las reformas normativas necesarias para recoger, dentro de la legislaci髇 espa駉la, el mandato y objetivos de la Convenci髇 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Finalmente, es oportuno recordar, desde la perspectiva del derecho comparado, que los bienes culturales inmateriales se han hecho visibles en los ordenamientos jur韉icos nacionales, especialmente en los iberoamericanos. Esta visibilidad, que traduce una nueva conciencia social, se manifiesta de forma privilegiada, en tanto que normas supremas, en las Constituciones. Los textos constitucionales nuevos o renovados de las 鷏timas d閏adas muestran una marcada tendencia a incorporar estas ideas, en unos casos de forma directa y en otros mediante un nuevo contexto conceptual que favorece su comprensi髇 como parte del patrimonio cultural. Es el caso, aparte de la Constituci髇 Espa駉la de 1978, de las Constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991), M閤ico (1917), Ecuador (2008), Bolivia (2009), Polonia (1997) o Portugal (1976). Entre todos estos textos, es de se馻lar el art韈ulo 216 de la Constituci髇 brasile馻 de 1988, precepto que, adem醩 de incorporar, de forma novedosa en el lenguaje constitucional, una referencia a los bienes de naturaleza inmaterial, incluye entre 閟tos 玪as formas de expresi髇� y 玪os modos de crear, hacer y vivir�. Y, paralelamente, la legislaci髇 ordinaria de un n鷐ero creciente de pa韘es viene incorporando leyes especiales del patrimonio inmaterial, entre las que cabe se馻lar las de Brasil (2000) y Portugal (Decreto-Lei n.^o 138/2009, de 15 de junio).

III Los compromisos internacionales

Pero el impulso m醩 decisivo del patrimonio inmaterial se sit鷄 en el Derecho Internacional, fundamentalmente en la acci髇 de la UNESCO, que corona en la Convenci髇 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003.

Antes de esta Convenci髇, se hab韆 ido allanando el camino en un proceso corto en el tiempo, pero jalonado por numerosas iniciativas. La oscuridad en la que hab韆 quedado el patrimonio inmaterial en la Convenci髇 de 1972 ser� el detonante que excite en los siguientes a駉s un rosario de encuentros y declaraciones. Como se ha advertido reiteradamente, la Convenci髇 de la UNESCO de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, naci� como un instrumento focalizado fundamentalmente hacia los objetos de la llamada cultura material. Quedaba pendiente, por ello, en el derecho internacional, un instrumento de valorizaci髇 jur韉ica de las creaciones culturales sociales y comunitarias inmateriales.

Entre las actuaciones seguidas en el orden internacional, en especial por la UNESCO, debe recordarse la Conferencia de Accra, en 1975, referida al 醡bito africano, que resalta el valor de la diversidad cultural y la necesidad de salvaguardia de las lenguas, la tradici髇 oral y el fomento de las artes tradicionales y populares.

Poco despu閟, la Conferencia celebrada en Bogot�, en 1978, aprueba una declaraci髇 que pone el acento en el rescate y salvaguardia del patrimonio vinculado a la identidad de los pueblos y a su autenticidad, se馻lando, en su recomendaci髇 31, la m鷖ica y la danza como elementos esenciales.

Otro jal髇 se encuentra en la relevante Conferencia Intergubernamental sobre pol韙icas culturales, organizada por la UNESCO en M閤ico, en 1982. La aportaci髇 de este encuentro reside en que viene a realizar una labor de sistematizaci髇 de las recomendaciones precedentes. En la Declaraci髇 aprobada por la Conferencia, referida a todos los 醡bitos de la cultura, destaca que el patrimonio cultural lo integran 玪as obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de un pueblo�, nombrando expresamente, entre otros bienes propios del patrimonio inmaterial, la lengua, los ritos, las creencias, la literatura y las obras de arte.

Una nueva Conferencia de la UNESCO en 1988 incluye una Recomendaci髇 a los Estados miembros sobre la 玈alvaguardia del Folclore�. Esta ser� tomada en cuenta por la Conferencia celebrada en Par韘, en 1989, que marcar� un hito fundamental en la especificaci髇 de este patrimonio, pues la Declaraci髇 aprobada pasar� a designarlo como 玊raditional Culture and Folklore�, denominaci髇 traducida al castellano como 獵ultura tradicional y popular�. En ella se realiza ya una definici髇 del 玣olclore� e incluye en 閘 la lengua, la literatura, la m鷖ica, la danza, los juegos, la mitolog韆, los rituales, las costumbres, las artesan韆s, la arquitectura y otras artes.

Tras la decisiva Conferencia anterior, en la siguiente d閏ada tendr醤 lugar diversos seminarios destinados a evaluar la aplicaci髇 de la Recomendaci髇, que dejar醤 ver un giro terminol骻ico concretado en la aparici髇 de los conceptos 玱ral� e 玦ntangible�, lo que ser� objeto de particular reflexi髇 en la Conferencia de Washington, en 1999. En ella se debate sobre el car醕ter problem醫ico del t閞mino 玣olclore�, por su car醕ter peyorativo, y sobre la necesidad de estudiar otras alternativas, 玴atrimonio oral�, 玞onocimientos y destrezas tradicionales�, 玴atrimonio intangible�, 玣ormas de saber, ser y hacer�. En un nuevo Seminario, celebrado en Nueva Caledonia en ese mismo a駉, se producir� un rechazo expreso al t閞mino 玣olclore�. Ser� en un informe del Director General de la UNESCO, en el a駉 2001, y en la Declaraci髇 adoptada en Estambul, el a駉 2002, cuando se consolide la expresi髇 玴atrimonio cultural inmaterial�.

El proceso culminar� con la aprobaci髇, en la 32.� reuni髇 de la UNESCO, el 17 de octubre de 2003, de la Convenci髇 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por Espa馻 en el a駉 2006.

Tambi閚 en los instrumentos internacionales de car醕ter regional se puede percibir un proceso similar, siendo de resaltar, en el espacio iberoamericano, la Carta Cultural Iberoamericana. Esta Declaraci髇, aprobada en la XVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo en 2006, incluye numerosas referencias a este patrimonio. Entre ellas destaca, en el T韙ulo I de 獸ines�, el compromiso de los pa韘es iberoamericanos de fomentar la protecci髇 y difusi髇 del 玴atrimonio cultural y natural, material e inmaterial iberoamericano�. Compromiso que, m醩 adelante se desarrolla con la incorporaci髇, en el T韙ulo III de mbitos de aplicaci髇�, de un 醡bito relativo al patrimonio cultural, que lo integran 玹anto el patrimonio material como el inmaterial, que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y protecci髇�.

Asimismo, la resoluci髇 IX/4 de la Novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalizaci髇 de los Nombres Geogr醘icos, celebrada en Nueva York, en agosto de 2007, teniendo en cuenta dicha Convenci髇, estimando que los top髇imos forman parte del patrimonio cultural inmaterial, alienta a los organismos oficiales encargados de la toponimia, entre otras cosas, a elaborar un programa de salvaguardia y promoci髇 de este patrimonio, de conformidad con el p醨rafo 3 del art韈ulo 2 y el art韈ulo 18 de la Convenci髇.

IV La competencia del Estado

Es sabido que la Constituci髇 Espa駉la incorpora, en materia de cultura, un sistema competencial complejo y con reglas de una densa especificidad sin parang髇 en otras materias. Incidir sobre valores sensibles –que se engarzan con el ejercicio de numerosos derechos fundamentales–, la imprecisi髇 y horizontalidad del propio concepto –que origina m醩 de las normales colisiones de t韙ulos competenciales–, la concurrencia o dualidad competencial –que hace que en determinadas funciones puedan actuar distintas Administraciones a la vez, fuera de la l骻ica del reparto competencial normal inclusius unius, exclusius alterius– y el deber de comunicaci髇 cultural –como un proyecto democr醫ico de convivencia en la diversidad–, ser韆n sus marcas singulares.

A partir de estas consideraciones, procede explicar c髆o se insertan las competencias que el Estado ejercita en la presente ley:

• A. La ley como norma de 玹ratamiento general� del patrimonio cultural inmaterial.

  La posibilidad de la regulaci髇 que pretende esta norma viene amparada en la doctrina del Tribunal Constitucional primordialmente, por todas, en las Sentencias 17/1991, de 31 de enero, y 49/1984, de 5 de abril. Seg鷑 estas sentencias, la 玦ntegraci髇 de la materia relativa al patrimonio hist髍ico-art韘tico en la m醩 amplia que se refiere a la cultura permite hallar fundamento a la potestad del Estado para legislar sobre aqu閘la�, dado que la competencia del Estado habr� de desplegarse 玡n el 醨ea de preservaci髇 del patrimonio cultural com鷑, pero tambi閚 en aquello que precise de tratamientos generales o que haga menester es acci髇 p鷅lica cuando los fines culturales no pudieran lograrse desde otras instancias� (Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1984).

  En congruencia con la doctrina precedente, la presente ley no pretende otra cosa que ofrecer un 玹ratamiento general� de una materia necesitada de ello, dado que, como se ha explicado, el patrimonio cultural inmaterial ha conocido en las 鷏timas d閏adas un notable florecimiento conceptual as� como en la conciencia social y, sobre todo, en el ordenamiento jur韉ico internacional, cuyo hito mayor es, como se ha expuesto, la aprobaci髇 de la Convenci髇 de la UNESCO en el a駉 2003. El contexto del a駉 1985, en el que se aprueba la Ley del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, explica el tratamiento sucinto y limitado que la ley hace al 玴atrimonio etnogr醘ico� como patrimonio especial en los art韈ulos 46 y 47 de la ley, hoy, por las razones expuestas, claramente insuficiente. El objeto de la ley en este punto es, trayendo las palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, fijar el estatuto peculiar de los bienes culturales, que 玞omprende, en primer lugar, 玪os tratamientos generales� a los que se refiere espec韋icamente la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1984 y, entre ellos, espec韋icamente, aquellos principios institucionales que reclaman una definici髇 unitaria� (F.J. 3.�).

  Que se est� ante un tratamiento general queda claro en tanto la ley se limita a perfilar un conjunto de l韓eas maestras que no impiden que a su vez las Comunidades Aut髇omas, en virtud de la regla de concurrencia normativa que las ampara, puedan dictar asimismo sus regulaciones espec韋icas sobre la misma materia. L韓eas generales son, en efecto, fijar un concepto b醩ico y general de patrimonio inmaterial, determinar los principios y derechos fundamentales implicados en el presente patrimonio, establecer los mecanismos administrativos y org醤icos generales de inserci髇 del conjunto del patrimonio cultural inmaterial espa駉l (Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial), regular los instrumentos operativos de actuaci髇 (Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial), as� como sentar las finalidades generales de los diferentes 醡bitos y sectores (centros de dep髎ito cultural, educaci髇, medios de comunicaci髇 social…) que, de acuerdo con la Convenci髇 de la UNESCO, pueden ser de gran ayuda para una mejor salvaguardia y conocimiento del patrimonio inmaterial.

• B. La actividad de significaci髇 por el Estado de los valores y bienes comunes del patrimonio inmaterial.

  La ley asume asimismo una tarea espec韋ica obligada constitucionalmente, desarrollar el mandato de promover la puesta en valor de la cultura com鷑, en tanto el art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la encomienda al Estado, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las Comunidades Aut髇omas, con gran 閚fasis y palabras marcadamente imperativas sin parang髇 en el conjunto de la Constituci髇 Espa駉la, proveer el servicio de la cultura como una tarea fundamental: 玈in perjuicio de las competencias que podr醤 asumir las Comunidades Aut髇omas, el Estado considerar� el servicio de la cultura como deber y atribuci髇 esencial…�. Se pone el 閚fasis en la acci髇 sobre la cultura (considerar�) y en la calificaci髇 de 閟ta (deber y atribuci髇 esencial) referida, en este caso, de forma directa e inmediata a las instituciones de la Administraci髇 General del Estado, en tanto el precepto delimita el alcance de la misi髇 de 閟te despu閟 de salvar las competencias de las Comunidades Aut髇omas en materia de cultura (玈in perjuicio de las competencias que podr醤 asumir las Comunidades Aut髇omas�…).

  Este precepto es, precisamente, la base de la concurrencia competencial, f髍mula singular en materia de cultura y directamente derivada de la plena asunci髇 por el constituyente de la naturaleza poli閐rica y compleja del concepto de cultura. Lo que, en definitiva, traduce el precepto a la hora de organizar el reparto de tareas entre los diferentes poderes p鷅licos territoriales es que los valores simb髄ico-expresivos de los individuos y de los grupos son susceptibles de reflejarse simult醤ea, pero diferenciadamente, en diferentes planos. Por ello, el impulso de esos valores culturales, de las comunidades territoriales y de la comunidad general del Estado, al articularse en la sociedad democr醫ica organizada, se refleja constitucionalmente en un conjunto de principios y reglas para ordenar esa diversidad cultural como un sistema pleno e integrado.

  A estas bases profundamente democr醫icas es a lo que responde, en t閏nica de reparto de competencias, la concurrencia o dualidad competencial cultural, espec韋icamente referida, como ha se馻lado la doctrina, a la acci髇 de promoci髇 y preservaci髇 de todo ese racimo de valores culturales. Concurrencia que el Tribunal Constitucional asumi�, ya muy tempranamente y de forma palmaria, en la Sentencia 49/1984. La cita es extensa, pero necesaria: �… una reflexi髇 sobre la vida cultural lleva a la conclusi髇 de que la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Aut髇omas, y a鷑 podr韆mos a馻dir de otras comunidades, pues all� donde vive una comunidad hay una manifestaci髇 cultural respecto de la que las estructuras p鷅licas representativas pueden ostentar competencias, dentro de lo que en un sentido no necesariamente t閏nico-administrativo puede comprenderse dentro del 玣omento de la cultura�. Esta es la raz髇 a que obedece el art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la, en el que despu閟 de reconocer la competencia auton髆ica afirma una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y atribuci髇 esencial. Hay, en fin, una competencia estatal y una competencia auton髆ica en el sentido de que m醩 que un reparto competencial vertical, lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservaci髇 y est韒ulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia p鷅lica correspondiente�.

  Lo que est� en juego en la presente ley es, pues, que el Estado pueda cumplir con su mandato espec韋ico, en relaci髇 con los valores comunes que le incumbe prioritariamente representar, en relaci髇 con el patrimonio inmaterial. Es decir, que el Estado ponga en valor, siguiendo las palabras de la Sentencia 49/1984, aquellas 玬anifestaciones culturales� de dicho patrimonio que puedan ser representativas de la comunidad estatal, mediante su declaraci髇 como 玀anifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial�. Esto es claramente posible y obligado en el caso del patrimonio inmaterial. Si bien, al interpretar la Ley del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991 opt� por considerar que la competencia de ejecuci髇 para la declaraci髇 de bienes culturales materiales es, con algunas excepciones, b醩icamente auton髆ica, esta consideraci髇 descansa, como confiesa expresamente la Sentencia, en el dato de que estos bienes est醤 inscritos en un 玪ocus� territorial: 玪a categor韆 legal de los bienes de inter閟 cultural dentro del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l est� integrada por los m醩 relevantes del mismo, normalmente situados en alguna de las Comunidades Aut髇omas� (F.J.10.�).

  Sin embargo, y 閟te es tambi閚 un dato fundamental, en el caso de los bienes inmateriales el arraigo y origen territorial o local no impide que algunos de ellos presenten de forma simult醤ea manifestaciones territoriales supraauton髆icas, bien porque las comunidades portadoras se extienden a lo largo y ancho de varios territorios auton髆icos, bien porque se trata de manifestaciones profundamente imbricadas en el imaginario colectivo general de los espa駉les. Estas 鷏timas manifestaciones tienen que ver, de forma especial, con aquellos bienes inmateriales que tienen un reconocimiento o son compartidas incluso m醩 all� del territorio estatal, como ocurre, en el caso m醩 claro, con valores culturales gestados en la experiencia hist髍ica de nuestro pa韘 y, especialmente, los integrantes de la llamada cultura iberoamericana.

  Este es, en consecuencia, el sentido que tiene para el Estado, en lo que se refiere a la cultura com鷑, entender que el cumplimiento del mandato del art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la de considerar el servicio de la cultura 玠eber y atribuci髇 esencial� hace obligado que aqu閘 pueda significar aquellas manifestaciones que cumplen estas condiciones. De hecho, aun aceptando que el Pre醡bulo de la Constituci髇 Espa駉la no es una parte de este texto con la virtualidad de atribuir competencias, s� tiene el valor de ayudar a interpretar el sentido de aquellas normas que tienen esa naturaleza, como es el se馻lado apartado 2 del art韈ulo 149. En efecto, el Pre醡bulo, en su p醨rafo cuarto deja claro que 玹odos los espa駉les�, as� como los 玴ueblos de Espa馻� son portadores de manifestaciones culturales inmateriales: 獿a Naci髇 espa駉la proclama su voluntad de: (…) proteger a todos los espa駉les y pueblos de Espa馻 en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones�. He aqu�, pues, el todo social –el conjunto de los espa駉les– y las partes –los pueblos de Espa馻– concebidos como sujetos portadores simult醤eamente de culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

  Por 鷏timo, a mayor abundamiento, es oportuno invocar aqu� la doctrina general del Tribunal Constitucional para aceptar casos excepcionales en los que el Estado puede intervenir en 醡bitos de competencia auton髆ica 玞uando, adem醩 del alcance territorial superior al de una Comunidad Aut髇oma del objeto de la competencia, la actividad p鷅lica que sobre 閘 se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y, aun en este caso, dicha actuaci髇 no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de cooperaci髇 y coordinaci髇, sino que requiera un grado de homogeneidad que s髄o pueda garantizar su atribuci髇 a un solo titular, que forzosamente deba ser el Estado, o cuando sea necesario recurrir a un ente con capacidad de integrar intereses contrapuestos de varias Comunidades Aut髇omas� (Sentencia del Tribunal Constitucional 223/2000, de 21 de septiembre, F.J. 11.�).

  Resulta obvio que esta posibilidad de significaci髇 de bienes culturales no es ilimitada para el Estado, pues, de lo contrario, podr韆 generar el vaciamiento o desfiguraci髇 de la correspondiente competencia auton髆ica. Por un lado, tendr� que estar justificada y ce駃da 鷑icamente a aquellos casos en que proceda, a trav閟 de los usuales procedimientos de auctoritas cient韋ica y t閏nica inherentes a la determinaci髇 y significaci髇 administrativa de los bienes culturales (mediante los preceptivos informes consultivos). Y, por otra parte, yendo m醩 all�, pues la singular naturaleza del patrimonio inmaterial lo hace posible, el que existan bienes culturales que puedan ser acreedores a esa significaci髇 estatal no impide, en lo que puedan tener de manifestaci髇 cultural tambi閚 espec韋ica auton髆ica o infraauton髆ica, que la Comunidad Aut髇oma correspondiente pueda declarar, mediante sus propios procedimientos y categor韆s de significaci髇, esos mismos bienes en orden a preservar y poner en valor las expresiones o modulaciones particulares con que se manifiesten en su 醡bito territorial.

  Es innegable que la concurrencia, as� entendida, es la forma por la que ha optado la Constituci髇 Espa駉la de articular la diversidad cultural como un sistema de pluralismo cultural que asume 閟ta como una riqueza compleja e imbricada. Aunque no se oculta que esta f髍mula, para que no derive en desorden o dispersi髇, necesita de reglas particulares de ensamblaje y colaboraci髇. Aqu� es donde entra en juego, como una de las t閏nicas no 鷑ica pero s� muy importante, un nuevo mandato del art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la cuando encomienda al Estado la tarea de 玣acilitar la comunicaci髇 cultural entre las Comunidades Aut髇omas, de acuerdo con ellas�.

• C. La facilitaci髇 de la comunicaci髇 cultural.

  Este es, precisamente, el tercero de los objetivos que trata de afrontar la ley. Uno de los ejes de la presente ley es la 玞omunicaci髇 cultural� que el art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la formula, de nuevo, en t閞minos marcadamente imperativos, como otra encomienda al Estado: �… y facilitar� la comunicaci髇 cultural entre las Comunidades Aut髇omas, de acuerdo con ellas�.

  Esta propuesta de comunicaci髇 cultural implica dos planos de concreci髇, uno administrativo y otro sustantivo. El primero, ya se馻lado y validado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, tiene que ver con la colaboraci髇 interadministrativa entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas y la de 閟tas entre s� en materia de Patrimonio hist髍ico, porque es un deber general de esencia al modelo de organizaci髇 territorial del Estado implantado en la Constituci髇 Espa駉la; y porque, de forma particular, en el caso de la cultura, seg鷑 afirma literalmente el Tribunal Constitucional, 玸e ve reforzado por el mandato del art韈ulo 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la�. Pero es un mandato que comporta asimismo un plano sustantivo, indeclinable y absolutamente esencial al edificio de pluralismo cultural de la Constituci髇 Espa駉la, que el conjunto de los poderes p鷅licos promuevan, desde el acuerdo y el consenso, la comunicaci髇, la valorizaci髇 y el reconocimiento rec韕roco de la multiplicidad de valores y expresiones culturales que se dan en el Estado.

  En el referido apartado 2 del art韈ulo 149, el Estado es apelado como garante de esta tarea, pero junto a las Comunidades Aut髇omas. Es decir, no deja a 閟tas en la posici髇 de destinatario pasivo de esa encomienda al Estado sino que las erige en contraparte necesaria, al exigir que se desarrolle 玠e acuerdo con ellas�. Sabido que la Constituci髇 Espa駉la adopta como prius la diversidad cultural de Espa馻 (en tanto reconoce la existencia de un agregado complejo e imbricado de expresiones culturales en el que tambi閚 tiene un sitio una cultura com鷑), sin embargo no propone exclusivamente una acci髇 estatal unilateral para preservar ese agregado. Opta, antes bien, por la 玞omunicaci髇 cultural�, es decir la interacci髇 –la comunicaci髇, a diferencia de la difusi髇, es una acci髇 bilateral– entre los sujetos de esa pluralidad de culturas. Y, adem醩, lo hace en t閞minos democr醫icos de consenso, 玠e acuerdo con ellas�. En definitiva, el fondo de esta propuesta en ese plano sustantivo no es otro que el de sentar las bases de un proyecto cultural de gran calado para el pluralismo cultural de nuestro Estado de celebraci髇 de la diversidad como una riqueza que ha de ser mantenida y preservada hacia el futuro. La diversidad tiene m鷏tiples planos y el rol civilizador y democr醫ico de los poderes p鷅licos es, desde sus misiones espec韋icas en relaci髇 con sus 醡bitos respectivos de servicio al inter閟 general, ponerlos en valor en pro de una diversidad no mutilada sino plena, lo que tiene el fundamental valor a馻dido de enriquecer y ensanchar la libertad cultural de los ciudadanos desde la libertad cl醩ica y la autonom韆 a una nueva posibilidad, la libertad de elecci髇 en lo diverso. Esta es, precisamente, la propuesta de la Convenci髇 para la Protecci髇 y Promoci髇 de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO de 2005, tambi閚 ratificada por el Estado espa駉l que, tras comenzar por afirmar en el Pre醡bulo la diversidad cultural como fuente de un mundo rico y variado 玵ue acrecienta la gama de posibilidades�, m醩 adelante, en el art韈ulo 2.1 vincula la diversidad a los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, con la libertad de expresi髇, informaci髇 y comunicaci髇, 玜s� como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales�.

  Y es aqu� donde el patrimonio inmaterial se revela como un campo especialmente id髇eo, por su intr韓seca naturaleza participativa, recreativa y comunicativa y su capacidad de interactuar entre los individuos, los grupos y las comunidades.

• D. La defensa del patrimonio inmaterial contra la expoliaci髇 y la exportaci髇.

  De conformidad con el art韈ulo 149.1.28.� de la Constituci髇 Espa駉la, corresponde al Estado la 玠efensa del patrimonio cultural, art韘tico y monumental espa駉l contra la exportaci髇 y la expoliaci髇�. Es obvio que la menci髇 expresa del adjetivo 玞ultural� abarca aqu�, como se ha explicado antes, tambi閚 el cap韙ulo de los bienes inmateriales. Y es asimismo claro que, en este caso, la acci髇 de defensa, al estar referida al patrimonio cultural 玡spa駉l� cubre la plenitud de manifestaciones culturales inmateriales que se dan en el territorio del Estado que, como se expone m醩 arriba, corresponde significar respectivamente, seg鷑 sus propios 醡bitos competenciales, a las diferentes Administraciones P鷅licas representativas de las respectivas manifestaciones culturales inmateriales que se dan en la vida social. Es decir, el adjetivo espa駉l en este caso funciona como un agregador conceptual que no se ci馿 鷑icamente al grupo concreto de bienes culturales representativos de la comunidad general del Estado –los espec韋icamente representativos de la cultura com鷑–, sino que abarca, por supuesto, 閟tos, pero tambi閚 aquellos otros representativos de las comunidades territoriales, e incluso los de otras comunidades, como dice expresamente la reiterada Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, en conexi髇 con la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1984.

  No obstante esta acci髇 protectora de 玠efensa� exige, por la propia naturaleza del objeto de la expoliaci髇 y de la exportaci髇, separar cu醠 es el alcance en cada uno de ellos.

  En lo que se refiere a la expoliaci髇, para no convertir este t韙ulo competencial estatal en un secante de las competencias de las dem醩 Administraciones P鷅licas, la defensa en relaci髇 con 閟ta ha de ser concebida como un conjunto de actuaciones concretas –entre las que caben tanto las normativas como las ejecutivas– de garant韆 final de preservaci髇 del bien cultural o de p閞dida de su funci髇 social. As� lo entiende, una vez m醩, la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, cuando afirma que 玪a utilizaci髇 del concepto de defensa contra la expoliaci髇 ha de entenderse como definitoria de un plus de protecci髇 respecto de unos bienes dotados de caracter韘ticas especiales. Por ello mismo abarca un conjunto de medidas de defensa que a m醩 de referirse a su deterioro o destrucci髇 tratan de extenderse a la privaci髇 arbitraria o irracional del cumplimiento normal de la de aquello que constituye el propio fin del bien seg鷑 su naturaleza, en cuanto portador de valores de inter閟 general necesitados, estos valores tambi閚, de ser preservados�. Y una nueva cuesti髇 es que la singular idiosincrasia de los bienes inmateriales hace que su defensa precise la modulaci髇 de las t閏nicas respecto de las propias del patrimonio material, ya previstas en la Ley del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l. En congruencia con ello, la presente ley articula una nueva t閏nica espec韋ica de protecci髇 en favor del Estado que, siguiendo la pauta de la Convenci髇 de la UNESCO de 2003, se concreta en la inclusi髇 del bien inmaterial afectado, no protegido o insuficientemente protegido, en una lista de bienes inmateriales en peligro en tanto no se produzca la debida acci髇 ordinaria de protecci髇 que corresponda.

  Por 鷏timo, tambi閚 en lo que se refiere a la exportaci髇, los bienes del patrimonio inmaterial plantean una notable peculiaridad. Siendo la funci髇 del patrimonio inmaterial la de ser un patrimonio abocado a la comunicaci髇 entre las comunidades, incluso m醩 all� de las fronteras nacionales, una concepci髇 de la exportaci髇 similar a la de los bienes del patrimonio material conllevar韆 impedir o desnaturalizar su funci髇 din醡ica e interactiva en el espacio. Por ello, la defensa frente a la exportaci髇 ha de ce駃rse estrictamente a aquellos supuestos en los que la salida hacia el exterior del soporte material que puede acompa馻r con frecuencia el bien cultural inmaterial privara, o desnaturalizara, el desenvolvimiento normal de la pr醕tica cultural o el cumplimiento de su funci髇 social a trav閟 de la expresi髇 de los valores de la que es portadora por su comunidad de origen.

V Audiencia y consulta

En el proceso de elaboraci髇 de la presente ley se ha seguido un amplio tr醡ite de participaci髇 y consulta de organismos y entidades especializados y, en especial, de audiencia de las Comunidades Aut髇omas por la implicaci髇 que se deriva del complejo sistema de concurrencia competencial.

T蚑ULO I
Disposiciones generales

T蚑ULO II
R間imen general del patrimonio cultural inmaterial

T蚑ULO III
Competencias de la Administraci髇 General del Estado

Art韈ulo 11 Competencias

1. Corresponde a la Administraci髇 General del Estado, de conformidad con lo establecido en los art韈ulos 44, 46, 149.1, reglas 1.� y 28.�, y 149.2 de la Constituci髇 Espa駉la, garantizar la conservaci髇 del patrimonio inmaterial espa駉l, as� como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a sus diferentes manifestaciones. A tal fin, se adoptar醤 las medidas necesarias para facilitar su colaboraci髇 con los restantes poderes p鷅licos y la de 閟tos entre s�, as� como para recabar y proporcionar cuanta informaci髇 fuera precisa a los fines de esta ley.

2. Corresponden a la Administraci髇 General del Estado, a trav閟 del Ministerio de Educaci髇, Cultura y Deporte, en colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas, las siguientes funciones:

• a) La propuesta, elaboraci髇, seguimiento y revisi髇 del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
• b) La gesti髇 del Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.
• c) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la Declaraci髇 de Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, en los t閞minos previstos en esta ley.

La letra e) de la Res. de 1 de marzo de 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 4 marzo), declara que de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 11.2 en relaci髇 con el 13.1, la elaboraci髇, seguimiento y revisi髇 del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial deber� contar con la colaboraci髇 de las Comunidades Aut髇omas, mediante su participaci髇 efectiva, y que su propuesta requerir� del previo acuerdo del Consejo del Patrimonio Hist髍ico.LE0000570021_20160304

3. La Administraci髇 General del Estado, sin perjuicio de las competencias propias de las Comunidades Aut髇omas, cooperar� con la acci髇 cultural de las distintas Administraciones P鷅licas en el marco del art韈ulo 9. A tal efecto, el Estado pondr� al servicio de la comunicaci髇 cultural las instituciones muse韘ticas, archivos, bibliotecas y otros centros culturales de su titularidad.

4. Corresponde a la Administraci髇 General del Estado y a las Comunidades Aut髇omas, en el 醡bito de sus competencias, la difusi髇 internacional del conocimiento de los bienes del patrimonio cultural inmaterial espa駉l, as� como el intercambio de informaci髇 cultural, t閏nica y cient韋ica con los dem醩 Estados y con los Organismos internacionales.

En particular, y de conformidad con lo dispuesto en la regla 3.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, corresponde a la Administraci髇 General del Estado elevar a la UNESCO las propuestas para la inclusi髇 de bienes culturales inmateriales en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la Lista de bienes que requieren Medidas Urgentes de Salvaguardia, as� como los programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que reflejen de modo m醩 adecuado los principios y objetivos de la Convenci髇.

De igual modo, corresponde a la Administraci髇 General del Estado la formulaci髇, ante el Comit� Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, de solicitudes de asistencia internacional para la salvaguardia de dicho patrimonio presente en el territorio nacional, as� como la remisi髇 de informes peri骴icos al citado Comit� sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra 韓dole que se adopten en aplicaci髇 de la Convenci髇 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

La Administraci髇 General del Estado podr� promover conjuntamente con otros Estados, la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial compartido, estimulando la promoci髇 de candidaturas ante las instituciones internacionales competentes.

La letra b) de la Res. de 1 de marzo de 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 4 marzo), declara la competencia estatal en el 醡bito de las relaciones internacionales (art韈ulo 149.1.3 de la Constituci髇 Espa駉la) que se menciona en los art韈ulos 11.4 y 12.1e) debe interpretarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, sin que se menoscabe el ejercicio de la competencia de la Comunidad Aut髇oma para realizar actividades en el exterior que sean proyecci髇 de sus competencias materiales en materia de protecci髇 y difusi髇 de su patrimonio cultural inmaterial. LE0000570021_20160304

V閍se la letra a) del apartado 1.� de la Res. 11 marzo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 30 marzo/獴.O.J.A.� 30 marzo), que establece que � Ambas partes convienen en interpretar que la competencia estatal en el 醡bito de las relaciones internacionales (art韈ulo 149.1.3 de la Constituci髇 Espa駉la) que se menciona en los art韈ulos 11.4 y 12.1e) debe interpretarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, sin que se menoscabe el ejercicio de la competencia de la Comunidad Aut髇oma para realizar actividades en el exterior que sean proyecci髇 de sus competencias materiales en materia de protecci髇 y difusi髇 de su patrimonio cultural inmaterial �.LE0000571673_20160331

V閍se la Res. de 16 de diciembre de 2015, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 del Estado-Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 28 diciembre/獴.O.P.V.� 28 diciembre).LE0000565142_20151228

Art韈ulo 12 Declaraci髇 de Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

1. La Administraci髇 General del Estado, de acuerdo con los principios establecidos en el art韈ulo 3, tendr� competencias para declarar la protecci髇 y adoptar medidas de salvaguardia respecto de los bienes del patrimonio cultural inmaterial en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Cuando superen el 醡bito territorial de una Comunidad Aut髇oma y no exista un instrumento jur韉ico de cooperaci髇 entre Comunidades Aut髇omas para la protecci髇 integral de este bien.V閍se la letra c) del apartado 1.� de la Res. 11 marzo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 30 marzo/獴.O.J.A.� 30 marzo), que establece que � Ambas partes convienen en interpretar que la aplicaci髇 de los supuestos contemplados en las letras a) y c) del art韈ulo 12.1 deber� realizarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, y que tanto el 醡bito territorial de la manifestaci髇 que se pretende declarar, como la imposibilidad de que la acci髇 p鷅lica de protecci髇 sea susceptible de fraccionamiento o pueda ejercerse adecuadamente mediante mecanismos de cooperaci髇 y coordinaci髇 deber醤 someterse, con car醕ter previo a la iniciaci髇 de un eventual procedimiento de declaraci髇, al parecer de las Comunidades Aut髇omas afectadas�.LE0000571673_20160331
• b) Cuando as� lo solicite la Comunidad Aut髇oma donde tenga lugar la manifestaci髇, previa petici髇 a la misma de la comunidad portadora del bien.
• c) Cuando la consideraci髇 en conjunto del bien objeto de salvaguardia requiera para su espec韋ica comprensi髇 una consideraci髇 unitaria de esa tradici髇 compartida, m醩 all� de la propia que pueda recibir en una o varias Comunidades Aut髇omas.V閍se la letra c) del apartado 1.� de la Res. 11 marzo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 30 marzo/獴.O.J.A.� 30 marzo), que establece que � Ambas partes convienen en interpretar que la aplicaci髇 de los supuestos contemplados en las letras a) y c) del art韈ulo 12.1 deber� realizarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, y que tanto el 醡bito territorial de la manifestaci髇 que se pretende declarar, como la imposibilidad de que la acci髇 p鷅lica de protecci髇 sea susceptible de fraccionamiento o pueda ejercerse adecuadamente mediante mecanismos de cooperaci髇 y coordinaci髇 deber醤 someterse, con car醕ter previo a la iniciaci髇 de un eventual procedimiento de declaraci髇, al parecer de las Comunidades Aut髇omas afectadas�.LE0000571673_20160331
• d) Cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en su caso, puedan aparecer asociadas o vinculadas a los servicios p鷅licos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio Nacional.
• e) Cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicaci髇 cultural, al ser expresi髇 de la historia compartida con otros pa韘es.V閍se la letra a) del apartado 1.� de la Res. 11 marzo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 30 marzo/獴.O.J.A.� 30 marzo), que establece que � Ambas partes convienen en interpretar que la competencia estatal en el 醡bito de las relaciones internacionales (art韈ulo 149.1.3 de la Constituci髇 Espa駉la) que se menciona en los art韈ulos 11.4 y 12.1e) debe interpretarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, sin que se menoscabe el ejercicio de la competencia de la Comunidad Aut髇oma para realizar actividades en el exterior que sean proyecci髇 de sus competencias materiales en materia de protecci髇 y difusi髇 de su patrimonio cultural inmaterial �.LE0000571673_20160331

2. Por Real Decreto podr� otorgarse una singular protecci髇 a los bienes culturales inmateriales anteriormente citados, mediante su declaraci髇 como Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

3. La Declaraci髇 de Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por el Estado no obstar� a las acciones de declaraci髇 o significaci髇 que, con el fin de resaltar las especificidades o modulaciones que presentan en sus respectivos 醡bitos territoriales, puedan realizar las Comunidades Aut髇omas. En dicho caso, se deber醤 prever acuerdos de colaboraci髇 entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas.

V閍se la letra b) del apartado 1.� de la Res. 11 marzo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 30 marzo/獴.O.J.A.� 30 marzo, que establece que � Ambas partes convienen en interpretar que la declaraci髇 de un bien como Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, prevista en el art韈ulo 12, no obsta a las acciones de declaraci髇 o protecci髇 que puedan ser adoptadas sobre ese mismo bien por parte de las Comunidades Aut髇omas, y que corresponde al ejercicio libre de sus competencias la decisi髇 de suscribir, en su caso, los acuerdos de colaboraci髇 a los que se refiere el apartado 3 de este art韈ulo�. LE0000571673_20160331

4. El procedimiento se iniciar� de oficio por el Ministerio de Educaci髇, Cultura y Deporte, bien por propia iniciativa, a petici髇 razonada de una o m醩 Comunidades Aut髇omas o por petici髇 motivada de persona f韘ica o jur韉ica.

El procedimiento se desarrollar� respetando los siguientes elementos esenciales:

• a) En la elaboraci髇 del Real Decreto se establecer� una fase de informaci髇 p鷅lica.
• b) Se prever�, asimismo, el tr醡ite de audiencia a las comunidades portadoras del bien, a los titulares de derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles asociados a la Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y a las Administraciones auton髆icas y locales del territorio en el que la manifestaci髇 tiene lugar.
• c) En la elaboraci髇 se recabar� el informe del Consejo del Patrimonio Hist髍ico y de las instituciones consultivas especializadas relacionadas con la materia y que se consideren convenientes, as� como de los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas.
• d) En la documentaci髇 constar� una descripci髇 clara del bien en la que se enumeren sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos y t閏nicas que comporta, as� como los bienes materiales, tanto muebles como inmuebles, en los que tales actividades se sustentan, las comunidades, grupos y 醡bitos geogr醘icos en los que se desarrolla o ha desarrollado tradicionalmente, as� como, en su caso, las amenazas que sobre el mismo puedan concurrir. La antedicha descripci髇 deber� acompa馻rse de la pertinente documentaci髇 fotogr醘ica, audiovisual, o de otro orden, cuando as� sea posible.
• e) El plazo m醲imo para resolver y notificar la resoluci髇 ser� de doce meses y el silencio tendr� efectos desestimatorios.

5. La declaraci髇 de las Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial generar� la obligaci髇 de inscripci髇 de 閟tas en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.

V閍se la Res. de 16 de diciembre de 2015, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 del Estado-Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 28 diciembre/獴.O.P.V.� 28 diciembre).LE0000565142_20151228Las letras b), c) y d) de la Res. de 1 de marzo de 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 4 marzo), declaran que la competencia estatal en el 醡bito de las relaciones internacionales (art韈ulo 149.1.3 de la Constituci髇 Espa駉la) que se menciona en los art韈ulos 11.4 y 12.1e) debe interpretarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, sin que se menoscabe el ejercicio de la competencia de la Comunidad Aut髇oma para realizar actividades en el exterior que sean proyecci髇 de sus competencias materiales en materia de protecci髇 y difusi髇 de su patrimonio cultural inmaterial; la declaraci髇 de un bien como Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, prevista en el art韈ulo 12, requerir� para su instrucci髇 la identificaci髇 de comunidades portadoras y su participaci髇 en la formaci髇 de la propuesta, as� como el informe del Consejo del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, de los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas, y de todas aquellas instituciones consultivas especializadas, relacionadas con la materia, que se consideren convenientes. Y todo ello, sin que obste las acciones de declaraci髇 o protecci髇 que puedan ser adoptadas sobre ese mismo bien por parte de las Comunidades Aut髇omas, y entendiendo que corresponde al ejercicio libre de sus competencias la decisi髇 de suscribir, en su caso, los acuerdos de colaboraci髇 a los que se refiere el apartado 3 de este art韈ulo; y que los supuestos previstos en las letras a) y c) del art韈ulo 12.1 deber� realizarse de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, y aplicarse 鷑icamente cuando la actividad p鷅lica de protecci髇 sobre la manifestaci髇 inmaterial no sea susceptible de fraccionamiento o no pueda ejercerse adecuadamente mediante mecanismos de cooperaci髇 o coordinaci髇. LE0000570021_20160304

V閍se el R.D. 134/2024, de 30 de enero, por el que se declara la Zarzuela como Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 31 enero).LE0000827208_20240131

T蚑ULO IV
Instrumentos de cooperaci髇

Art韈ulo 13 Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educaci髇, Cultura y Deporte, y previo acuerdo del Consejo del Patrimonio Hist髍ico, aprobar� el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, destinado a desarrollar con las distintas Administraciones P鷅licas una programaci髇 coordinada de actividades en funci髇 de las necesidades del patrimonio cultural inmaterial a trav閟 de su Comisi髇 de Seguimiento, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 35 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.

La letra e) de la Res. de 1 de marzo de 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 4 marzo), declara que de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 11.2 en relaci髇 con el 13.1, la elaboraci髇, seguimiento y revisi髇 del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial deber� contar con la colaboraci髇 de las Comunidades Aut髇omas, mediante su participaci髇 efectiva, y que su propuesta requerir� del previo acuerdo del Consejo del Patrimonio Hist髍ico.LE0000570021_20160304

2. El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, como instrumento de gesti髇 y de cooperaci髇 entre la Administraci髇 General del Estado, las Comunidades Aut髇omas, los Entes Locales, y otras entidades p鷅licas o privadas, deber�, en primer lugar, facilitar la informaci髇 y la habilitaci髇 en el nivel estatal de acciones que permitan la interrelaci髇 entre los distintos agentes, contemplar los criterios y metodolog韆s de actuaci髇 m醩 apropiados para el patrimonio cultural inmaterial, as� como alertar sobre los riesgos y amenazas a los que se puede ver expuesto. Adem醩, deber� contener una relaci髇 de los programas y l韓eas de trabajo imprescindibles para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial como son:

• a) Sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento en el marco de las pol韙icas culturales.
• b) Investigaci髇 y documentaci髇, con las listas, censos, registros, inventarios, cat醠ogos, estudios espec韋icos y programas especiales.
• c) Conservaci髇 de los soportes materiales del patrimonio cultural inmaterial, tanto muebles como inmuebles y de los espacios que les son inherentes.
• d) Formaci髇, transmisi髇, promoci髇 y difusi髇.
• e) Las medidas generales de protecci髇 de los bienes declarados Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial por la Administraci髇 General del Estado y de los que disfruten de la m醲ima categor韆 de protecci髇 otorgadas por las Comunidades Aut髇omas, as� como las f髍mulas de cooperaci髇 interterritorial para su protecci髇.

3. Dentro del Plan se prever醤 especiales actuaciones de fomento incardinadas en lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. El Plan tendr� una vigencia de diez a駉s y se revisar� transcurridos los cinco primeros.

La aplicaci髇 de lo dispuesto en el art韈ulo 13 queda diferida hasta la aprobaci髇 de un nuevo Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se deber� llevar a cabo en el plazo m醲imo de tres a駉s desde la entrada en vigor de esta ley, conforme establece la disposici髇 transitoria 鷑ica de la presente Ley.LE0000553587_20190303

Art韈ulo 14 Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial

1. El Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial deber� proporcionar informaci髇 actualizada sobre las manifestaciones que integran 閟te, a partir de la informaci髇 estatal y de la suministrada por las Comunidades Aut髇omas.

2. El Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial deber� contener la identificaci髇 de los bienes y la informaci髇 m醩 completa posible sobre los mismos, en los soportes documentales m醩 adecuados. El Ministerio de Educaci髇, Cultura y Deporte gestionar� el Inventario y garantizar� la actualizaci髇, conservaci髇, custodia y acceso p鷅lico a esta informaci髇.

3. El Inventario General deber� incluir aquellos bienes culturales inmateriales declarados por las Comunidades Aut髇omas con el m醲imo grado de protecci髇, as� como los protegidos por la Administraci髇 General del Estado bajo la categor韆 de Manifestaci髇 Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

4. El Gobierno determinar� reglamentariamente la estructura y r間imen de funcionamiento del Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.

5. Corresponde a la Administraci髇 General del Estado suministrar ante instancias internacionales la informaci髇 contenida en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial.

6. Las declaraciones, listas, inventarios y atlas de las Comunidades Aut髇omas que deban ser incluidas en el Inventario deber醤 observar metodolog韆s comunes de registro, y deben relacionarse con el Inventario General a trav閟 de medios digitales interoperativos.

La letra f) de la Res. de 1 de marzo de 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Conflictos de la Comisi髇 Bilateral Generalitat-Estado en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 4 marzo) declara que las metodolog韆s comunes de registro que deben observarse al incluir bienes en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial, a las que se refiere el art韈ulo 14.6, ser醤 adoptadas en el seno del Consejo del Patrimonio Hist髍ico, se desarrollar醤 a partir de los sistemas de registro existentes en las Comunidades Aut髇omas y atendiendo a sus particularidades.LE0000570021_20160304

V閍se la letra d) del apartado 1.� de la Res. 11 marzo 2016, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisi髇 de Seguimiento Normativo, Prevenci髇 y Soluci髇 de Controversias de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 30 marzo/獴.O.J.A.� 30 marzo), que establece que � Ambas partes convienen en interpretar que las metodolog韆s comunes de registro que deben observarse al incluir bienes en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial, a las que se refiere el art韈ulo 14.6, ser醤 adoptadas en el seno del Consejo de Patrimonio Hist髍ico, 髍gano de cooperaci髇 interadministrativa en la materia�.LE0000571673_20160331

V閍se la Res. de 16 de diciembre de 2015, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 del Estado-Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco en relaci髇 con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (獴.O.E.� 28 diciembre/獴.O.P.V.� 28 diciembre).LE0000565142_20151228

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l

Se a馻de el siguiente inciso final al apartado 2 del art韈ulo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l:

獳simismo, forman parte del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislaci髇 especial.�

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Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del t韙ulo de la disposici髇 adicional novena, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobaci髇 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

Se modifica el t韙ulo de la disposici髇 adicional novena de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobaci髇 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que queda como sigue:

獶isposici髇 adicional novena

"A Coru馻 2015-120 a駉s despu閟".�

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Disposici髇 final quinta Autorizaci髇 para elaborar un texto refundido en materia de Patrimonio Hist髍ico Espa駉l

Se autoriza al Gobierno para elaborar, antes del 31 de diciembre de 2019, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l y la presente ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, as� como las disposiciones en materia de protecci髇 del patrimonio hist髍ico contenidas en normas con rango de ley.

LE0000639062_20190303Disposici髇 final quinta redactada por la disposici髇 final segunda de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (獴.O.E.� 2 marzo).Vigencia: 3 marzo 2019