Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l

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Sumario

Ley 16/1985, 25 junio, rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 11 diciembre). LE0000147221

El Patrimonio Hist髍ico Espa駉l es el principal testigo de la Contribuci髇 hist髍ica de los espa駉les a la civilizaci髇 universal y de su capacidad creativa contempor醤ea. La protecci髇 y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes p鷅licos, seg鷑 el mandato que a los mismos dirige el art韈ulo 46 de la norma constitucional.

Exigencias, que en el primer tercio del siglo constituyeron para el Legislador un mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas De nuestra mejor tradici髇 intelectual, jur韉ica y democr醫ica, como es buena muestra el positivo legado recibido de la Ley de 13 de mayo de 1933.Pese a este reconocimiento, lo cierto es que la recuperaci髇 por nuestro pueblo de su libertad determin� que, desde los primeros momentos en que tan feliz proceso hist髍ico se consum�, se emprendiera la tarea de elaborar una nueva y m醩 amplia respuesta legal a tales exigencias, un verdadero c骴igo de nuestro Patrimonio Hist髍ico, en el que los proyectos de futuro se conformaran a partir de las experiencias acumuladas.

Su necesidad fue sentida, en primer t閞mino, a causa de la dispersi髇 normativa que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jur韉ico multitud de f髍mulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o inexistentes. Deriva asimismo esta obligaci髇 de la creciente preocupaci髇 sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos representativos, la cual ha generado nuevos criterios para la protecci髇 y enriquecimiento de los bienes hist髍icos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones, que Espa馻 ha subscrito y observa, pero a las que su legislaci髇 interna no se adaptaba. La revisi髇 legal queda, por 鷏timo, impuesta por una nueva distribuci髇 de competencias entre el Estado y Comunidades Aut髇omas que, en relaci髇 a tales bienes, emana de la Constituci髇 y de los Estatutos de Autonom韆. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 149 de nuestra Constituci髇, que para el legislador y la Administraci髇 estatal suponen tanto un mandato como un t韙ulo competencial.

Esta Ley consagra una nueva definici髇 de Patrimonio Hist髍ico y ampl韆 notablemente su extensi髇. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueol骻ico y el Etnogr醘ico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, as� como el Patrimonio Documental y Bibliogr醘ico. Busca, en suma, asegurar la protecci髇 y fomentar la cultura material debida a la acci髇 del hombre en sentido amplio, y concibe aqu閘la como un conjunto de bienes que en s� mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antig黣dad o valor econ髆ico.

Ello no supone que las medidas de protecci髇 y fomento se desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio Hist髍ico. La Ley establece distintos niveles de protecci髇 que se corresponden con diferentes categor韆s legales. La m醩 gen閞ica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, constituido 閟te por todos aquellos bienes de valor hist髍ico, art韘tico, cient韋ico o t閏nico que conforman la aportaci髇 de Espa馻 a la cultura universal. En torno a ese concepto se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las t閏nicas de intervenci髇 que son competencia de la Administraci髇 del Estado, en particular su defensa contra la exportaci髇 il韈ita y su protecci髇 frente a la expoliaci髇.

En el seno del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, y al objeto de otorgar una mayor protecci髇 y tutela, adquiere un valor singular la categor韆 de Bienes de Inter閟 Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma m醩 palmaria, requieran tal protecci髇. Semejante categor韆 implica medidas asimismo singulares que la Ley establece seg鷑 la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae.

La Ley dispone tambi閚 las f髍mulas necesarias para que esa valoraci髇 sea posible, pues la defensa del Patrimonio Hist髍ico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a trav閟 de normas que proh韇an determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservaci髇 y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.

As� la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos que colocan a Espa馻 en un horizonte similar al que ahora se contempla en pa韘es pr髕imos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una pol韙ica adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Hist髍ico Espa駉l. Una pol韙ica que complemente la acci髇 vigilante con el est韒ulo educativo, t閏nico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Hist髍ico se acrecienta y se defiende mejor cuanto m醩 lo estiman las personas que conviven con 閘, pero tambi閚 cuantas m醩 ayudas se establezcan para atenderlo, con las l骻icas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes p鷅licos quienes facilitan aqu閘las.

El Patrimonio Hist髍ico Espa駉l es una riqueza colectiva que contiene las expresiones m醩 dignas de aprecio en la aportaci髇 hist髍ica de los espa駉les a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acci髇 social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo 鷏timo, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Hist髍ico. Todas las medidas de protecci髇 y fomento que la Ley establece s髄o cobran sentido si, al final, conducen a que un n鷐ero cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democr醫ico estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que 閟ta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.