Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Actualidad Administrativa

  Periódicos y Revistas
  554,32 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Una parte importante de la actividad financiera del sector p鷅lico se canaliza a trav閟 de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y econ髆icas de personas y entidades p鷅licas o privadas.

Desde la perspectiva econ髆ica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto p鷅lico y, por tanto, deben ajustarse a las directrices de la pol韙ica presupuestaria. La pol韙ica presupuestaria actual est� orientada por los criterios de estabilidad y crecimiento econ髆ico pactados por los pa韘es de la Uni髇 Europea, que, adem醩, en Espa馻 han encontrado expresi髇 normativa en las leyes de estabilidad presupuestaria. Esta orientaci髇 de la pol韙ica presupuestaria ha seguido un proceso de consolidaci髇 de las cuentas p鷅licas hasta la eliminaci髇 del d閒icit p鷅lico y se propone mantener, en lo sucesivo, el equilibrio presupuestario.

Este proceso de consolidaci髇 presupuestaria no s髄o ha tenido unos efectos vigorizantes sobre nuestro crecimiento, sino que, adem醩, ha fortalecido nuestros fundamentos econ髆icos.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria vino a otorgar seguridad jur韉ica y continuidad en la aplicaci髇 a los principios inspiradores de la consolidaci髇 presupuestaria, definiendo la envolvente de la actividad financiera del sector p鷅lico e introduciendo cambios en el procedimiento presupuestario que han mejorado sustancialmente tanto la transparencia en la elaboraci髇, ejecuci髇 y control del presupuesto como la asignaci髇 y gesti髇 de los recursos presupuestarios en un horizonte plurianual orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas p鷅licas.

La austeridad en el gasto corriente, la mejor selecci髇 de las pol韙icas p鷅licas poniendo el 閚fasis en las prioridades de gasto, as� como el incremento del control y de la evaluaci髇, han reducido paulatinamente las necesidades de financiaci髇 del sector p鷅lico y han ampliado las posibilidades financieras del sector privado, con efectos dinamizadores sobre la actividad, el crecimiento y desarrollo econ髆ico, y sobre la creaci髇 de empleo.

Definido el marco general del equilibrio presupuestario y, en particular, establecido un techo de gasto para el Estado --que le impide gastar m醩 y le impele a gastar mejor--, es necesario descender a una esfera microecon髆ica para trasladar los principios rectores de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto.

La Ley General de Subvenciones tiene en cuenta esta orientaci髇 y supone un paso m醩 en el proceso de perfeccionamiento y racionalizaci髇 de nuestro sistema econ髆ico, incardin醤dose en el conjunto de medidas y reformas que se ha venido instrumentando desde que se iniciara el proceso de apertura y liberalizaci髇 de la econom韆 espa駉la.

En este sentido, cabe se馻lar que las reformas estructurales de los sectores m醩 oligopolizados, las pol韙icas para la estabilizaci髇 macroecon髆ica y la modernizaci髇 del sector p鷅lico espa駉l --incluida la privatizaci髇 parcial del sector p鷅lico empresarial-- han sido todas ellas medidas garantes de la eliminaci髇 de mercados cautivos, creando un entorno de libre, visible y sana competencia, con los grandes beneficios que 閟ta genera para todos los ciudadanos.

Uno de los principios que va a regir la nueva Ley General de Subvenciones, que como ya se ha se馻lado est醤 inspirados en los de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es el de la transparencia. Con este objeto, las Administraciones deber醤 hacer p鷅licas las subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece la obligaci髇 de formar una base de datos de 醡bito nacional que contendr� informaci髇 relevante sobre todas las subvenciones concedidas.

Esta mayor transparencia, junto con la gran variedad de instrumentos que se articulan en la ley, redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en la gesti髇 del gasto p鷅lico subvencional. En este sentido, una mayor informaci髇 acerca de las subvenciones har� posible eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, adem醩 de facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones p鷅licas evitando cualquier tipo de solapamiento.

En esta l韓ea de mejora de la eficacia, la ley establece igualmente la necesidad de elaborar un plan estrat間ico de subvenciones, que introduzca una conexi髇 entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiaci髇, con el objeto de adecuar las necesidades p鷅licas a cubrir a trav閟 de las subvenciones con las previsiones de recursos disponibles, con car醕ter previo a su nacimiento y de forma plurianual.

Como elemento esencial de cierre de este proceso, la ley establece un sistema de seguimiento a trav閟 del control y evaluaci髇 de objetivos, que debe permitir que aquellas l韓eas de subvenciones que no alcancen el nivel de consecuci髇 de objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos puedan ser modificadas o sustituidas por otras m醩 eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una t閏nica de fomento de determinados comportamientos considerados de inter閟 general e incluso un procedimiento de colaboraci髇 entre la Administraci髇 p鷅lica y los particulares para la gesti髇 de actividades de inter閟 p鷅lico.

Existe una gran diversidad de subvenciones de distinta naturaleza, que se conceden mediante procedimientos complejos, y, por lo tanto, deben ser objeto de un seguimiento y control eficaces.

Los recursos econ髆icos destinados a las subvenciones en Espa馻 han ido creciendo paulatinamente en los 鷏timos a駉s en los presupuestos de las distintas Administraciones p鷅licas. Adem醩, gran parte de las relaciones financieras entre Espa馻 y la Uni髇 Europea se instrumentan mediante subvenciones financiadas, total o parcialmente, con fondos comunitarios, que exigen, por tanto, la necesaria coordinaci髇. Por otra parte, es igualmente necesario observar las directrices emanadas de los 髍ganos de la Uni髇 Europea en materia de ayudas p鷅licas estatales y sus efectos en el mercado y la competencia.

La mejora de la gesti髇 y el seguimiento de las subvenciones, la correcci髇 de las insuficiencias normativas y el control de las conductas fraudulentas que se pueden dar en este 醡bito son esenciales para conseguir asignaciones eficaces y eficientes desde esta modalidad de gasto y hacer compatible la creciente importancia de las pol韙icas de subvenciones con la actual orientaci髇 de la pol韙ica presupuestaria.

En la actualidad, esta materia, cuyo r間imen jur韉ico fue modificado ampliamente por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y otras modificaciones posteriores, encuentra su regulaci髇 en los art韈ulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Con dichas modificaciones se trat� de paliar, al menos en parte, la dispersi髇 y la existencia de lagunas en aspectos muy relevantes que tradicionalmente han caracterizado la legislaci髇 espa駉la sobre subvenciones.

A su vez, el Tribunal de Cuentas y un creciente sector de la doctrina han venido propugnando la elaboraci髇 de una ley general de subvenciones que resuelva definitivamente la situaci髇 de inseguridad jur韉ica y las lagunas que todav韆 subsisten.

Por tanto, existe una clara conciencia de la necesidad de dotar a este importante 醡bito de actividad administrativa de un r間imen jur韉ico propio y espec韋ico que permita superar las insuficiencias del que viene a sustituir y contemple instrumentos y procedimientos que aseguren una adecuada gesti髇 y un eficaz control de las subvenciones. En este sentido, la Ley General de Subvenciones se dirige a regular con car醕ter general los elementos del r間imen jur韉ico de las subvenciones y contiene los aspectos nucleares, generales y fundamentales de este sector del ordenamiento.

Por otra parte, la Ley General de Subvenciones es un instrumento legislativo de regulaci髇 de una t閏nica general de intervenci髇 administrativa que ha penetrado de manera relevante en el 醡bito de todas las Administraciones p鷅licas. El inter閟 p鷅lico demanda un tratamiento homog閚eo de la relaci髇 jur韉ica subvencional en las diferentes Administraciones p鷅licas.

La ordenaci髇 de un r間imen jur韉ico com鷑 en la relaci髇 subvencional constituye una finalidad nuclear que se inspira directamente en el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la, a cuyo tenor el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas y sobre el procedimiento administrativo com鷑.

En virtud de la competencia de regulaci髇 de las bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas, y dejando a salvo la competencia de autogobierno que ostentan las comunidades aut髇omas, el Estado puede establecer principios y reglas b醩icas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de todas las Administraciones p鷅licas, determinando as� los elementos esenciales que garantizan un r間imen jur韉ico unitario aplicable a todas las Administraciones p鷅licas (SSTC n鷐s. 32/1981, 227/1988 y 50/1999).

En materia de procedimiento administrativo com鷑, el Tribunal Constitucional no ha reducido el alcance de esta materia competencial a la regulaci髇 del procedimiento, sino que en este 醡bito se han incluido los principios y normas que prescriben la forma de elaboraci髇 de los actos, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisi髇 y los medios de ejecuci髇 de los actos administrativos, incluyendo las garant韆s generales de los particulares en el seno del procedimiento (SSTC n鷐s. 227/1988 y 50/1999).

En materia sancionadora, el Tribunal Constitucional ha se馻lado que las comunidades aut髇omas tienen potestad sancionadora en las materias sustantivas sobre las que ostentan competencias y, en su caso, pueden regular las infracciones y sanciones ateni閚dose a los principios b醩icos del ordenamiento estatal, pero sin introducir divergencias irrazonables o desproporcionadas al fin perseguido respecto del r間imen jur韉ico aplicable en otras partes del territorio, por exigencias derivadas del art韈ulo 149.1.1.� de la Constituci髇 (SSTC n鷐s. 87/1985, 102/1985, 137/1986 y 48/1988). Por ello ha declarado que pueden regularse con car醕ter b醩ico, de manera general, los tipos de il韈itos administrativos, los criterios para la calificaci髇 de su gravedad y los l韒ites m醲imos y m韓imos de las correspondientes sanciones, sin perjuicio de la legislaci髇 sancionadora que puedan establecer las comunidades aut髇omas, que pueden modular tipos y sanciones en el marco de aquellas normas b醩icas (STC n鷐. 227/1988).

De acuerdo con lo se馻lado, constituye legislaci髇 b醩ica la definici髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la ley, las disposiciones comunes que definen los elementos subjetivos y objetivos de la relaci髇 jur韉ica subvencional, el r間imen de coordinaci髇 de la actuaci髇 de las diferentes Administraciones p鷅licas, determinadas normas de gesti髇 y justificaci髇 de las subvenciones, la invalidez de la resoluci髇 de concesi髇, las causas y obligados al reintegro de las subvenciones, el r間imen material de infracciones y las reglas b醩icas reguladoras de las sanciones administrativas en el orden subvencional.

II

Esta ley se estructura en un t韙ulo preliminar y cuatro t韙ulos m醩, y contiene 69 art韈ulos, 22 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales.

En el t韙ulo preliminar se contienen las disposiciones generales sobre la materia, estructurando, a su vez, su contenido en dos cap韙ulos. En el I se delimita el 醡bito objetivo y subjetivo de la ley y en el II se contienen disposiciones comunes en las que se establecen los principios inspiradores y los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, la competencia para ello, obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, as� como los requisitos para obtener tal condici髇, aprobaci髇 y contenido de las bases reguladoras de la subvenci髇, publicaci髇 e informaci髇 de las subvenciones concedidas, entre otros aspectos.

En el 醡bito objetivo de aplicaci髇 de la ley se introduce un elemento diferenciador que delimita el concepto de subvenci髇 de otros an醠ogos: la afectaci髇 de los fondos p鷅licos entregados al cumplimiento de un objetivo, la ejecuci髇 de un proyecto espec韋ico, la realizaci髇 de una actividad o la adopci髇 de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar. Si dicha afectaci髇 existe, la entrega de fondos tendr� la consideraci髇 de subvenci髇 y esta ley resultar� de aplicaci髇 a la misma.

Quedan fuera de dicho 醡bito objetivo de aplicaci髇 las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y prestaciones an醠ogas, las cuales tienen un fundamento constitucional propio y una legislaci髇 espec韋ica, no homologable con la normativa reguladora de las subvenciones. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotizaci髇 de la Seguridad Social, as� como el cr閐ito oficial, quedan, igualmente, fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la ley al no existir entrega de fondos p鷅licos.

No obstante, cuando la Administraci髇 asuma la obligaci髇 de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses, tendr� la consideraci髇 de subvenci髇 a los efectos de esta ley.

Los cr閐itos concedidos por la Administraci髇 que no tengan inter閟 o con inter閟 inferior al de mercado se regir醤 por las disposiciones de la ley que resulten adecuadas a su naturaleza, siempre que carezcan de normativa espec韋ica.

Por 鷏timo, la ley excluye de su 醡bito objetivo los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, as� como las subvenciones electorales y a partidos pol韙icos o grupos parlamentarios, por disponer estas 鷏timas de su propia regulaci髇, sin perjuicio de que se complete el r間imen establecido por su propia normativa reguladora.

Tambi閚 se determina expresamente el car醕ter supletorio de la ley en relaci髇 con la concesi髇 de subvenciones establecidas en normas de la Uni髇 Europea o en normas nacionales de desarrollo o transposici髇 de aqu閘las, estableci閚dose el r間imen de responsabilidad financiera derivada de la gesti髇 de fondos procedentes de la Uni髇 Europea.

Se ha considerado necesario introducir en esta ley de forma expresa un conjunto de principios generales que deben inspirar la actividad subvencional, incluyendo un elemento de planificaci髇, y procurando minimizar los efectos distorsionadores del mercado que pudieran derivarse del establecimiento de subvenciones. Asimismo, y tomando como referencia la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, se recogen los principios que han de informar la gesti髇 de subvenciones (igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia), y los requisitos que deben necesariamente cumplirse para proceder al otorgamiento de subvenciones y para obtener la condici髇 de beneficiario o entidad colaboradora.

Se ha ampliado la relaci髇 de obligaciones de los beneficiarios, incluyendo de forma expresa las de 韓dole contable y registral, con el objeto de garantizar la adecuada realizaci髇 de las actuaciones de comprobaci髇 y control financiero.

Cuando en la gesti髇 y distribuci髇 de los fondos p鷅licos participen entidades colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalizaci髇 de un convenio de colaboraci髇 entre dicha entidad colaboradora y el 髍gano concedente, en el que se regular醤 las condiciones y obligaciones asumidas por aqu閘la. En la propia ley se detalla el contenido m韓imo que deben tener dichos convenios de colaboraci髇.

Cuando la entidad colaboradora sea una entidad de derecho privado, su selecci髇 deber� realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. No obstante lo anterior, si los t閞minos en los que se acuerde la colaboraci髇 se encontraran dentro del objeto del contrato de asistencia t閏nica, o de cualquier otro de los regulados en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P鷅licas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, ser� de aplicaci髇 plena esta norma, y no s髄o los principios anteriormente enunciados, tanto para la selecci髇 de la entidad como para la determinaci髇 del r間imen jur韉ico y efectos de la colaboraci髇.

En relaci髇 con las bases reguladoras de la concesi髇 de subvenciones, se ampl韆 notablemente su contenido m韓imo, con el objeto de clarificar y completar adecuadamente el r間imen de cada subvenci髇 y facilitar las posteriores actuaciones de comprobaci髇 y control.

III

El t韙ulo I contiene las disposiciones reguladoras de los procedimientos de concesi髇 y gesti髇, estructurando dicho contenido en cinco cap韙ulos.

En el cap韙ulo I se establece, como r間imen general de concesi髇, el de concurrencia competitiva, un r間imen que debe permitir hacer efectivos los principios inspiradores del otorgamiento de subvenciones previstos en la ley. La propuesta de concesi髇 deber� formularse con la participaci髇 de un 髍gano colegiado que tendr� la composici髇 que se determine en las bases reguladoras.

En dicho cap韙ulo se prev閚 tambi閚 aquellos supuestos en que la subvenci髇 puede concederse de forma directa.

En el cap韙ulo II se regula el procedimiento de concesi髇 en r間imen de concurrencia competitiva, dotando al procedimiento de una gran flexibilidad. Se parte de la configuraci髇 de un procedimiento de m韓imos, compuesto por las actuaciones y tr醡ites imprescindibles al servicio de los principios de gesti髇 anteriormente enunciados, dejando abierta la posibilidad de que las bases reguladoras establezcan aquellas fases adicionales que resulten necesarias a la naturaleza, objeto o fines de la subvenci髇.

Con el fin de agilizar el procedimiento, se contempla la posibilidad de sustituir la presentaci髇 de documentaci髇 por una declaraci髇 responsable del solicitante, siempre que as� se prevea en la normativa reguladora. La acreditaci髇 de los datos contenidos en dicha declaraci髇 deber� requerirse antes de formular la propuesta de resoluci髇 del procedimiento.

Se prev� la posibilidad de emplear certificados telem醫icos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilizaci髇 de t閏nicas electr髇icas, inform醫icas y telem醫icas por la Administraci髇 General del Estado, conllevando la presentaci髇 de la solicitud de subvenci髇, la autorizaci髇 al 髍gano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria y por la Tesorer韆 General de la Seguridad Social.

Con la misma finalidad, en la instrucci髇 del procedimiento se prev� la posibilidad de establecer una fase de preevaluaci髇 de las solicitudes a efectos de verificar determinadas condiciones o requisitos de car醕ter puramente administrativo y ajustar la fase de evaluaci髇, m醩 compleja, 鷑icamente a aquellos solicitantes que hayan cumplido dichos requisitos.

Se prev� la reformulaci髇 de las solicitudes presentadas cuando el importe de la subvenci髇 que se propone sea inferior al que figura en la solicitud y su objeto sea financiar varias actividades a desarrollar por el solicitante. Este 鷏timo deber� reformular la solicitud para adecuarla a la nueva cuant韆 y se remitir�, con la conformidad del 髍gano instructor, al competente para resolver.

En el cap韙ulo III se regula el procedimiento de concesi髇 directa, aplicable 鷑icamente en los supuestos previstos en la ley, y caracterizado por la no exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. Cuando se trate de subvenciones en que se acredite la dificultad de convocatoria p鷅lica o existan razones excepcionales de inter閟 p鷅lico, social, econ髆ico o humanitario que la desaconsejen, la competencia para aprobar las normas que regulan la concesi髇 directa se reserva al Gobierno, a propuesta del titular del departamento interesado.

En el cap韙ulo IV se regula la gesti髇 y justificaci髇 por el beneficiario y, en su caso, entidad colaboradora de las subvenciones concedidas. Se prev� expresamente la posibilidad del beneficiario de concertar con terceros la ejecuci髇 parcial de la actividad subvencionada, siempre que as� se prevea en las bases reguladoras, con un l韒ite establecido en la propia ley, sin perjuicio de que en las bases reguladoras se especifique otro distinto.

En materia de justificaci髇 se prev� el establecimiento por v韆 reglamentaria de un sistema de validaci髇 y estampillado de justificantes de gasto con el fin de evitar comportamientos fraudulentos y mejorar la eficacia de las actuaciones de comprobaci髇 y control.

En este cap韙ulo se regulan igualmente los gastos que pueden tener la consideraci髇 de subvencionables, as� como el l韒ite cuantitativo a partir del cual no podr醤 ser subvencionados: el valor de mercado de los mismos. Esta 鷏tima previsi髇 se completa con la posibilidad que la ley reconoce a la Administraci髇 de comprobar los valores declarados por el beneficiario en la justificaci髇 del empleo de los fondos.

Por 鷏timo, se recoge de forma expresa la facultad del 髍gano concedente de comprobar la realizaci髇 de la actividad y el cumplimiento del objeto de la subvenci髇 por parte del beneficiario, as� como la justificaci髇 por 閟te presentada.

En el cap韙ulo V, procedimiento de gesti髇 presupuestaria, se establece como regla general que el pago de la subvenci髇 exigir� la previa justificaci髇 por parte del beneficiario de la realizaci髇 del objeto de la subvenci髇, perdi閚dose el derecho al cobro total o parcial de la subvenci髇 en caso contrario, as� como cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en la ley. Tampoco podr� procederse al pago de la subvenci髇 mientras el beneficiario sea deudor por resoluci髇 de procedencia de reintegro o no est� al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Con el fin de facilitar la realizaci髇 del objeto de la subvenci髇 por parte de los beneficiarios, se contempla la posibilidad de realizar pagos a cuenta y anticipados.

Igualmente, se prev� que la entidad concedente pueda acordar, como medida cautelar, la retenci髇 de cantidades pendientes de abonar, cuando se hubiese iniciado procedimiento de reintegro respecto del beneficiario o entidad colaboradora. La adopci髇 de dicha medida cautelar deber� someterse al r間imen jur韉ico previsto en la ley.

IV

El t韙ulo II versa sobre el reintegro de subvenciones, estructurando su contenido en dos cap韙ulos.

En el cap韙ulo I se establece el r間imen general de reintegros, regul醤dose en primer lugar los que derivan de la nulidad del acuerdo de concesi髇, para recoger a continuaci髇 las causas de reintegro.

De esta regulaci髇 cabe destacar la adecuaci髇 de las causas de reintegro a las obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras.

El incumplimiento del resto de las obligaciones, as� como la resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de control, ser醤 causa de reintegro cuando ello imposibilite verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad.

Se prev� la posibilidad de que el reintegro se refiera 鷑icamente a parte de la subvenci髇 concedida, siempre que el cumplimiento por parte del beneficiario se aproxime de forma significativa al cumplimiento total.

Este cap韙ulo se completa con la regulaci髇 de la prescripci髇 del derecho de la Administraci髇 para exigir el reintegro, concluyendo con la enumeraci髇 de los obligados al reintegro y responsables: de la obligaci髇 de reintegrar responden no s髄o los beneficiarios y entidades colaboradoras, sino tambi閚 los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representaci髇 legal de otras personas jur韉icas, los socios y part韈ipes en el capital de entidades disueltas y liquidadas y los herederos o legatarios en la forma y en los t閞minos previstos en la ley.

En el cap韙ulo II se establecen las l韓eas b醩icas del procedimiento de reintegro y la competencia para exigirlo, que ser� en todo caso de la entidad concedente. En el supuesto de que la entidad concedente hubiera finalizado ya el procedimiento de reintegro, las cantidades liquidadas deber醤 ser tenidas en cuenta en las actuaciones que, en su caso, practique la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

V

El t韙ulo III se encuentra dedicado al control financiero de subvenciones, introduciendo importantes novedades para la consecuci髇 de un control eficaz y garante de los derechos de beneficiarios y entidades colaboradoras.

En este t韙ulo se establece la competencia para el ejercicio del control, los deberes y facultades del personal controlador, la obligaci髇 de colaboraci髇 de beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros, las l韓eas b醩icas del procedimiento de control financiero y los efectos de los informes.

Se establece expresamente el deber de colaboraci髇, haci閚dolo extensivo, en el 醡bito del control financiero, no s髄o a beneficiarios y entidades colaboradoras, sino tambi閚 a terceros relacionados con el objeto de la subvenci髇 o con su justificaci髇, determin醤dose, a su vez, cu醠es son las facultades de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

En el ejercicio del control financiero, el personal controlador tiene la consideraci髇 de agente de la autoridad, debiendo recibir de las autoridades y de quienes en general ejerzan funciones p鷅licas la debida colaboraci髇 y apoyo.

El procedimiento de control financiero, una vez iniciado, se somete a un plazo espec韋ico con posibilidad de ampliaci髇 en determinados supuestos.

Se prev� la documentaci髇 de las actuaciones de control financiero en diligencias e informes, y se les otorga naturaleza de documentos p鷅licos, haciendo prueba de los hechos que contengan, salvo que se acredite lo contrario.

Se adecua la regulaci髇 de los procedimientos de reintegro y su articulaci髇 con el control financiero de perceptores de subvenciones, de forma que las posibles discrepancias internas entre el 髍gano de control y los gestores se resuelvan internamente y no se trasladen a los particulares, reduci閚dose la carga de formulaci髇 de alegaciones a un solo procedimiento.

VI

Otro de los objetivos que se persiguen con esta ley es el de tipificar adecuadamente las infracciones administrativas en materia de subvenciones, incluyendo una graduaci髇 del il韈ito administrativo por raz髇 de la conducta punible, y un r間imen jur韉ico de sanciones acorde con la naturaleza de la conducta infractora. A tal efecto, el t韙ulo IV contiene el nuevo r間imen de infracciones y sanciones en esta materia, estructurando su contenido en dos cap韙ulos.

En el cap韙ulo I se tipifican las conductas de beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvenci髇 o su justificaci髇, que son constitutivas de infracci髇 administrativa, clasific醤dolas en leves, graves y muy graves. Tambi閚 se determina qui閚es son responsables de dichas conductas y se enumeran los supuestos de exenci髇 de responsabilidad.

En el cap韙ulo II se establecen las clases de sanciones, los criterios de graduaci髇 para la concreci髇 de las mismas, y aquellas que corresponde imponer a conductas tipificadas como infracciones, en funci髇 de si son calificadas como leves, graves o muy graves. Tambi閚 se establece el plazo de prescripci髇 de infracciones y sanciones y las causas de extinci髇 de la responsabilidad derivada de las infracciones.

Tambi閚 se determina en este cap韙ulo la competencia para imponer sanciones, recayendo en los titulares de los ministerios concedentes.

Por 鷏timo, se especifican en este cap韙ulo, respecto de las sanciones pecuniarias, determinados supuestos de responsabilidad subsidiaria y solidaria que afectan a los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representaci髇 legal de otras personas jur韉icas, y a los socios y part韈ipes en el capital de entidades disueltas y liquidadas en la forma y en los t閞minos previstos en la ley.

Con la aplicaci髇 al articulado del texto de los criterios enunciados en esta exposici髇 de motivos, se trata de conseguir una Ley General de Subvenciones que responda adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencional de las Administraciones p鷅licas exige actualmente en los distintos aspectos contemplados.