Sumario

El Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales (publicado en el «BOE» de 28 de enero) ha venido a establecer medidas complementarias a las contempladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016 por el que se declaraban las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia, Alicante y Badajoz, zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de inundaciones y pedrisco, y se adoptaban medidas para reparar los daños causados y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016 por el que se declaraba zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como consecuencia de las inundaciones acaecidas desde el día 17 de diciembre de 2016, las Comunidades Autónomas Valenciana, de la Región de Murcia y de Illes Balears y las provincias de Almería y Albacete, y se adoptan medidas para reparar los daños causados.

Los efectos de dicho real decreto-ley y de los acuerdos de Consejo Ministros antes citados se hacen extensivos a los daños provocados por los episodios de nevadas, lluvias, vientos y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017 en las Comunidades Autónomas Valenciana, de Illes Balears, de Cataluña y de la Región de Murcia, así como a la provincia de Albacete.

El artículo 1.3 del real decreto-ley habilita al Gobierno, para que mediante real decreto pueda declarar la aplicación de las medidas previstas en dicho real decreto-ley y en los acuerdos del Consejo de Ministros de 9 y 23 de diciembre de 2016 a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer en cualquier parte del territorio nacional desde su entrada en vigor hasta la finalización del mes de junio de 2017.

El segundo de los Acuerdos de Consejo de Ministros, de 23 de diciembre de 2016, faculta en su apartado sexto a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo-terrestre de las zonas afectadas, y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho Departamento, en las siguientes materias:

• a) Restauración y demás obras que aseguren la integridad y adecuada conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como los trabajos complementarios para asegurar la sostenibilidad de la costa y mitigar los efectos de futuros temporales y galernas.
• b) Protección y conservación de los elementos que integran el dominio público marítimo-terrestre, en particular, la adecuación sostenible de playas y arenales, sistemas dunares y humedales litorales, recuperación y regeneración de los mismos, así como la realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras en la costa.
• c) Reparación y restauración de estructuras dañadas en el litoral, como paseos marítimos, accesos al dominio público, muros, etc.

Durante el mes de febrero se han producido nuevos episodios de temporales que han azotado las costas españolas causando graves daños en diversos puntos del dominio público marítimo terrestre en los que se hace preciso intervenir sin demora, siendo necesaria la aplicación de las medidas previstas únicamente en el apartado sexto del Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado, de 23 de diciembre de 2016. Los daños han sido provocados principalmente por el fuerte oleaje, si bien en determinados puntos del litoral, el viento, las lluvias y las escorrentías lo han agravado.

Las obras de reparación y reposición consisten básicamente en reparaciones de espigones, diques, muros, paseos, socavones en pavimentos, sustitución de diverso mobiliario urbano e infraestructuras de las playas.

Capítulo aparte merece la reposición de arena de las playas. La fuerza de los temporales está provocando la desaparición de muchas playas, por la pérdida definitiva de arena. Su reposición es imprescindible, no ya para que se encuentren en buen estado para el inicio de la temporada de baños, sino sobre todo porque las playas son una barrera de protección esencial de la costa, sin las cuales los daños pueden ser mucho más devastadores.

Por la misma razón, además de las actuaciones indicadas, cuyo objetivo es reparar los daños producidos, se deberían acometer las obras necesarias para garantizar la función defensiva de la costa ya que, de no hacerlo, los daños provocados por nuevos temporales podrían ser muy superiores a los actuales.

Conforme a lo establecido en el art. 1.3 del Real Decreto-ley 2/2017, se procede a declarar la aplicación de las medidas previstas en el apartado sexto del Acuerdo del Consejo de Ministros 23 de diciembre de 2016, para poder aplicar la medida anteriormente mencionada relativa al dominio público-marítimo terrestre a los municipios y núcleos de población afectados por los temporales del mes de febrero como se detalla en el anexo de este real decreto.

La financiación de las medidas previstas en este real decreto con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria quedará supeditada al informe previo favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos según lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de marzo de 2017,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES