ANEXO

Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del inter閟 general y en garant韆 de los servicios p鷅licos fundamentales en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻

La Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos acuerda:

Primero. Adoptar nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 la prestaci髇 de los servicios p鷅licos en defensa del inter閟 general, en los t閞minos que a continuaci髇 se recogen, y garantizar el cumplimiento de la Constituci髇 y las leyes.

Segundo. Publicar en el 獴olet韓 Oficial del Estado� el contenido del presente Acuerdo.

EXPOSICI覰

La Constituci髇 espa駉la de 1978 introduce en nuestro modelo de organizaci髇 de la convivencia colectiva el que la misma pueda desarrollarse en libertad y en un marco democr醫ico de conformidad con un sistema de distribuci髇 del poder pol韙ico. Partiendo del art韈ulo 2 de la Constituci髇 espa駉la que reconoce el derecho a la autonom韆 a las nacionalidades y regiones que integran Espa馻, se configura, como un Estado 鷑ico, con un 鷑ico Ordenamiento jur韉ico en el que se integran los ordenamientos de las diferentes Comunidades Aut髇omas que, precisamente, lo son en tanto que integrados en el Ordenamiento jur韉ico espa駉l. El Tribunal Constitucional se馻la que 玡n ning鷑 caso el principio de autonom韆 puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de 閟te donde su alcanza verdadero sentido, de acuerdo con el art韈ulo 2 de la Constituci髇� (STC 4/1981); 玡l derecho a la autonom韆 de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional� (STC 25/1981).

Bajo la premisa del reconocimiento constitucional de nuestro modelo territorial previsto en la Constituci髇, su art韈ulo 156 prev� que las Comunidades Aut髇omas gozan de autonom韆 financiera para el desarrollo y ejecuci髇 de sus competencias con arreglo a los principios de coordinaci髇 con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espa駉les. El art韈ulo 156 de la Constituci髇 re鷑e los principios esenciales relativos a la autonom韆 financiera de las Comunidades Aut髇omas, y a la vez que la reconoce establece dos elementos que permiten configurarla y enmarcarla: la coordinaci髇 y solidaridad.

La autonom韆 financiera implica 玪a propia determinaci髇 y ordenaci髇 de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones� y por ello, no s髄o se vincula a las competencias atribuidas a las Comunidades Aut髇omas constitucional y estatutariamente, sino que se halla limitada por los principios de coordinaci髇 y solidaridad, que establecen los art韈ulos 2 y 3 de la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas y que ha subrayado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (SSTC 11/1984, 75/1986, 146/1986, 179/1987 y 68/1996).

Por otra parte, el art韈ulo 135 de la Constituci髇 espa駉la dispone que todas las Administraciones P鷅licas adecuar醤 sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria que, como ha venido se馻lando el Tribunal Constitucional reiteradamente desde su sentencia 134/2011, supone un l韒ite constitucional a la autonom韆 financiera.

Para garantizar el cumplimiento de dicho principio constitucional, las directrices de cooperaci髇 y coordinaci髇 debe darlas el Estado, ya que para preservar el equilibrio general es necesario poner l韒ites a las decisiones unilaterales cuyas repercusiones en el conjunto condicionar韆n las decisiones de otras Administraciones (STC 134/2011, FJ 8). Por tanto, el Estado debe ejercer las competencias de coordinaci髇 general que para ello la Constituci髇 le atribuye.

La estabilidad presupuestaria existe de modo diferenciado a la ya citada autonom韆 financiera prevista en el art韈ulo 156 CE, de manera que, como se馻la el Tribunal Constitucional, se puede afirmar que la autonom韆 financiera termina donde comienza el principio de estabilidad. El principio de estabilidad opera como l韒ite de la autonom韆 financiera, como tambi閚 lo hace el principio de coordinaci髇.

Los mencionados principios constitucionales recogidos en los art韈ulos, 2, 135 y 156 se completan con el principio de responsabilidad de los poderes p鷅licos que recoge el art韈ulo 9.3 del texto constitucional.

Los aludidos principios constitucionales han sido objeto de desarrollo b醩icamente a trav閟 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas.

En este sentido, el art韈ulo 8 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge el citado principio de responsabilidad, y lo desarrolla, afirmando que el Estado no asumir�, ni responder� de los compromisos de las Comunidades Aut髇omas, sin perjuicio de las garant韆s financieras mutuas para la realizaci髇 conjunta de proyectos espec韋icos. El principio de responsabilidad obliga al Estado a ejercer sus competencias, cuyo ejercicio es irrenunciable. As�, el Estado ocupa una posici髇 de 鷏timo garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones P鷅licas, en particular, en la funci髇 que tienen de prestaci髇 de los servicios p鷅licos fundamentales a los ciudadanos. El ejercicio del principio de responsabilidad, por lo tanto, debe englobarse en la funci髇 superior del Estado de actuar en defensa del inter閟 general y garantizar la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de sus derechos y el acceso a dichos servicios m韓imos.

Asimismo, el art韈ulo 9 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, recoge el principio de lealtad institucional que exige a todas las Administraciones P鷅licas valorar el impacto que sus actuaciones pudieran provocar en el resto de Administraciones P鷅licas, a respetar el ejercicio leg韙imo de las competencias que cada Administraci髇 P鷅lica tenga atribuidas y a ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses p鷅licos implicados y, en concreto, aquellos cuya gesti髇 est� encomendada a otras Administraciones P鷅licas.

En desarrollo del art韈ulo 135 de la Constituci髇 espa駉la, los art韈ulos 3 y 4 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, recogen y concretan los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que deben presidir las actuaciones econ髆icas de las Administraciones P鷅licas al gestionar su presupuesto, y para garantizar su cumplimiento prev� un conjunto de medidas de correcci髇 y coercitivas que el Estado debe aplicar como garante 鷏timo de dichos principios.

Finalmente, la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, introdujo en su disposici髇 adicional primera, la regulaci髇 de los mecanismos adicionales de financiaci髇 para las Comunidades Aut髇omas y Corporaciones Locales. Seg鷑 esta disposici髇, las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, con la obligaci髇 de acordar un plan de ajuste, que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda p鷅lica. Dichos mecanismos, esencialmente desarrollados por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades aut髇omas y entidades locales y otras de car醕ter econ髆ico, est醤 permitiendo garantizar un m韓imo nivel com鷑 en la prestaci髇 de los servicios p鷅licos fundamentales, tal y como exige, adem醩, el art韈ulo 15 de la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas.

En las 鷏timas semanas se ha producido una escalada de acontecimientos que ponen en riesgo el principio de coordinaci髇 de las Haciendas P鷅licas, el de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera, perjudicando gravemente el inter閟 general y poniendo en peligro el funcionamiento del sistema de financiaci髇 auton髆ico en Catalu馻.

Estas actuaciones han sido de diferente 韓dole y en particular, dieron lugar a que el d韆 5 de julio de 2017 se dictara sentencia del Tribunal Constitucional por el que se declar� la inconstitucionalidad y nulidad de la disposici髇 adicional 40 de la Ley del Parlamento de Catalu馻 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat para 2017 y de determinadas partidas presupuestarias de los mismos. Esta situaci髇, a馻dida a las diferentes actuaciones de representantes y miembros de instituciones p鷅licas y sus efectos sobre la financiaci髇 y el acceso a los mercados por parte de la Administraci髇 de Catalu馻 ha dado lugar a que en este tiempo se hayan ido adoptando, de forma progresiva, diferentes medidas, para garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y los servicios p鷅licos esenciales.

A estos efectos se dict� la Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, que publica el Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos (CDGAE) de 21 de julio de 2017, por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 la prestaci髇 de los servicios p鷅licos en defensa del inter閟 general y el cumplimiento de la Constituci髇 y las Leyes. En la misma se adoptaron nuevas medidas adicionales a las ya acordadas en noviembre de 2015 para garantizar en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 la prestaci髇 de los servicios p鷅licos en defensa del inter閟 general y el cumplimiento de la Constituci髇 espa駉la y las leyes, reclamando de funcionarios y autoridades la remisi髇 de certificados peri骴icos semanales para acreditar que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos 醡bitos de competencia, que puedan estar destinados a la realizaci髇 de las actividades vinculadas con la convocatoria del refer閚dum referido en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017. El Estado debe otorgar mecanismos a los ciudadanos que garanticen que act鷄n con la debida seguridad jur韉ica.

Desde la publicaci髇 del citado Acuerdo y hasta el pasado 6 de septiembre de 2017, se han recibido semanalmente diversas certificaciones firmadas por los Consejeros del Gobierno de Catalu馻 y la lnterventora General.

No obstante lo anterior, la actuaci髇 de determinadas autoridades, no solo no ha ido encaminada a paliar los efectos de anteriores decisiones, sino que se han agravado las mismas dando lugar a que el Tribunal Constitucional admita a tr醡ite y acuerde la suspensi髇 de leyes y actuaciones que afectan a la ordenaci髇 general de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 dentro del Estado espa駉l, lo cual afecta tambi閚 a la necesaria vinculaci髇 presupuestaria y financiera establecida en el marco constitucional y legal.

En particular, la Interventora General de la Comunidad Aut髇oma ha remitido una comunicaci髇 al Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica (en adelante MINHAFP), con manifiesto incumplimiento del Acuerdo de la CDGAE de 21 de julio de 2017, por la cual se informa de que el Vicepresidente del Gobierno y Consejero del Departamento de Econom韆 y Hacienda deja de asumir la obligaci髇 de remisi髇 de informaci髇 que corresponde a los interventores y les dispensa y exime como superior jer醨quico del cumplimiento de las obligaciones de remisi髇 de informaci髇 definidas por la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos. Dicho Vicepresidente auton髆ico, tambi閚 justifica en una carta fechada el 13 de septiembre de 2017 remitida al MIINHAFP, el incumplimiento del Acuerdo de la CDGAE de 21 de julio de 2017 al considerarlo incompatible con la normativa que regula el refer閚dum de 1 de octubre de 2017.

Estas actuaciones suponen, sin duda, un agravamiento sin precedentes en el alcance de la actuaci髇 de las citadas autoridades, que hacen omisi髇 en el cumplimiento de las obligaciones que las Leyes y la Constituci髇 les atribuyen y de su deber de procurar el funcionamiento regular de las instituciones p鷅licas. De esta forma, se est� perjudicando de forma grave la confianza sobre la situaci髇 financiera de Catalu馻, y son elementos que podr韆n afectar negativamente a la imagen de estabilidad de la situaci髇 econ髆ica del conjunto de Espa馻, e incidir sobre los principales indicadores econ髆icos que miden dichas circunstancias, como son la prima de riesgo, la calificaci髇 crediticia y el acceso a los mercados financieros. Es m醩, estas actuaciones por parte de las autoridades de la Comunidad Aut髇oma suponen un incumplimiento de las condiciones que rigen el funcionamiento de los mecanismos de financiaci髇 a los que est� adherida y el incumplimiento de su plan de ajuste, a lo que se a馻de el incumplimiento de los principios recogidos en la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera y en la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, en particular del principio de estabilidad presupuestaria que concierne a todos los poderes p鷅licos a la hora de adoptar sus decisiones econ髆ico-presupuestarias.

Tanto es as�, que dicho principio, previsto en los Tratados europeos y en el art韈ulo 135 de la Constituci髇, es un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes p鷅licos y que, por tanto, en su sentido principal queda fuera de la disponibilidad de la competencia del Estado y de las CCAA (STC 189/2011). Dicho cumplimiento no puede garantizarse aisladamente, sino que 玭o es viable la instrumentaci髇 por cada CCAA, libremente y sin homogeneidad, de las medidas encaminadas al logro del objetivo de estabilidad presupuestaria, pues los presupuestos auton髆icos inciden en la actividad financiera del conjunto del sector p鷅lico�, (STC 134/2011, FJ 11).

Ante los citados incumplimientos, resulta imprescindible adoptar nuevas medidas proporcionadas a la acci髇 pretendida por parte de las autoridades y dirigentes de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻. Desde el punto de vista del funcionamiento de la Hacienda P鷅lica, los citados incumplimientos, adem醩 de suponer un ataque frontal al ordenamiento jur韉ico vigente, por otra parte, rompen la necesaria coordinaci髇 entre las Comunidades Aut髇omas y la Hacienda del Estado, y amenazan la sostenibilidad financiera y, en definitiva, la estabilidad presupuestaria, al generar dudas sobre la voluntad del Gobierno de la Comunidad de atender los pagos de la deuda p鷅lica, siendo la Hacienda del Estado el principal acreedor, con diferencia, de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻. Las decisiones de la Comunidad, as�, son una clara amenaza para el correcto funcionamiento de la Hacienda P鷅lica del conjunto del pa韘, situaci髇 ante la que el Estado, en virtud del principio de responsabilidad, y como garante 鷏timo de la prestaci髇 de los servicios p鷅licos fundamentales y del principio de estabilidad, debe tomar las decisiones oportunas.

As�, de forma excepcional y sin que sea posible garantizarlo de otro modo, y mientras se mantenga la actual situaci髇 que amenaza el correcto funcionamiento de la Hacienda P鷅lica y pone en riesgo el inter閟 general, a trav閟 del presente Acuerdo, se dictan instrucciones a la Comunidad Aut髇oma para evitar que se financien actividades contrarias al ordenamiento jur韉ico vigente y asegurar que la financiaci髇 que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados p鷅licos, la sanidad, la educaci髇 y los servicios sociales, como servicios p鷅licos fundamentales. De forma proporcionada, y salvando las competencias de la Comunidad Aut髇oma en la gesti髇 de los recursos propios, en aplicaci髇 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se exige al Presidente de la Comunidad la adopci髇 de un Acuerdo de no disponibilidad, se regula un sistema de certificaci髇 previo al pago para garantizar que no se est醤 financiando actividades contrarias a la ley, junto con un mecanismo para la ordenaci髇 de pagos que garantice que todos los recursos econ髆icos que el Estado transfiere a la Comunidad Aut髇oma sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Constituci髇, y que el Estado garantice que se respeta el nivel m韓imo de prestaci髇 de servicios p鷅licos fundamentales a los que los ciudadanos tienen derecho, tal y como establece la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas.

A su vez, al encontrarse la Comunidad Aut髇oma en situaci髇 de incumplimiento de su plan de ajuste, se someten a autorizaci髇 del Estado las operaciones de financiaci髇 a corto plazo de la Comunidad, para preservar la estabilidad financiera, con el fin de mejorar la informaci髇 ya disponible sobre la facturaci髇 de los proveedores de la Comunidad, se solicita a la Intervenci髇 auton髆ica el listado de los contratos, ya sean p鷅licos o privados, de auditor韆 o de prestaci髇 de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y por cualesquiera de sus entidades adscritas o dependientes. Finalmente se exige la aportaci髇 de una declaraci髇 responsable que acredite que no se est醤 presentando servicios o entregando bienes para la celebraci髇 de actividades contrarias al ordenamiento jur韉ico vigente.

A estos efectos, debe tenerse presente la necesaria cooperaci髇 y colaboraci髇 del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos hasta ahora se馻lados, que afectan al inter閟 general y a la adecuada prestaci髇 m韓ima de los servicios p鷅licos que exige la Constituci髇 y las leyes. La colaboraci髇 del sector privado en la prestaci髇 de los servicios p鷅licos es clave, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administraci髇 cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la prestaci髇 de los servicios p鷅licos fundamentales, que, como se馻la el art韈ulo 15 de la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, son la educaci髇, la sanidad y los servicios sociales esenciales.

La fundamentaci髇 que permite la adopci髇 de las medidas deriva directamente de los principios constitucionales se馻lados y de su desarrollo normativo en la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades aut髇omas y entidades locales y otras de car醕ter econ髆ico.

En particular, la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, establece que el acceso a estos mecanismos vendr� precedido de la aceptaci髇 por la Comunidad Aut髇oma de las condiciones particulares que determinen la puesta en marcha del mismo, a lo que se a馻de la menci髇 a las consecuencias en caso de incumplimiento del plan de ajuste y el resto de condiciones reguladoras del mecanismo.

En desarrollo de lo anterior, el Real Decreto Ley 17/2014, en la regulaci髇 prevista para la adhesi髇 al compartimento Fondo de Liquidez Auton髆ico (FLA), y en particular en su art韈ulo 22, se馻la que la adhesi髇 de la Comunidad Aut髇oma debe ser solicitada por la misma y aceptada por el Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica. Una vez aceptada la solicitud, la Comunidad Aut髇oma adopta un Acuerdo de su Consejo de Gobierno, en el que consta su voluntad de adhesi髇 a este compartimento y el compromiso de cumplir lo dispuesto en el real decreto-ley, los Acuerdos del Consejo de Pol韙ica Fiscal y Financiera, los Acuerdos de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos, el Programa que resulte de aplicaci髇, as� como lo previsto en cualquier disposici髇 que desarrolle este mecanismo de financiaci髇. Adem醩 de quedar por tanto vinculada la Comunidad Aut髇oma a las decisiones que se puedan adoptar por el Gobierno constituido como Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos al amparo de la norma citada. En definitiva, como consecuencia de estar adherida al Fondo de Financiaci髇 a Comunidades Aut髇omas, a trav閟 del compartimento Fondo de Liquidez Auton髆ico, de acuerdo con lo previsto en la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el art韈ulo 22 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades aut髇omas y entidades locales y otras de car醕ter econ髆ico, la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 ha asumido el compromiso de cumplir lo dispuesto en cualquier disposici髇 que desarrolle este mecanismo de financiaci髇, circunstancia esta que no es nueva para la Comunidad Aut髇oma que ya se vio afectada en noviembre de 2015 y julio de 2017 por determinadas medidas bajo este mismo fundamento y que hoy se mantienen vigentes.

En atenci髇 a la situaci髇 descrita, con el objetivo de seguir garantizando el normal funcionamiento de los servicios p鷅licos fundamentales, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la coordinaci髇 de la Hacienda P鷅lica, en defensa del inter閟 general, considerando que las recientes actuaciones de determinadas autoridades y miembros de las instituciones representativas y de gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 atentan contra dichos principios e incumplen sus obligaciones constitucionales y legales, han de adoptarse las medidas necesarias para garantizar su respeto y cumplimiento al amparo de lo previsto en la Constituci髇 espa駉la, la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades aut髇omas y entidades locales y otras de car醕ter econ髆ico.

Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos en su reuni髇 de 15 de septiembre de 2017 acuerda:

Primero. Acuerdo de no disponibilidad.

Requerir al Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicaci髇 de este Acuerdo, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica (en adelante MINHAFP) un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los cr閐itos presupuestarios distintos de los se馻lados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos de 20 de noviembre de 2015.

En caso de no ser adoptado en el plazo establecido, dicho acuerdo se adoptar� por el Ministro de Hacienda y Funci髇 P鷅lica que lo comunicar� al Presidente de la Comunidad Aut髇oma y a su Intervenci髇 General.

Excepcionalmente, el MINHAFP, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Aut髇oma, podr� autorizar la revocaci髇 parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

Segundo. Gesti髇 de pagos.

Desde la publicaci髇 de este acuerdo, los pagos correspondientes a los cr閐itos de los anexos I y II del Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos de 20 de noviembre de 2015, por importe equivalente a los recursos mensuales que recibe la Comunidad Aut髇oma con cargo a los recursos procedentes de los mecanismos extraordinarios de financiaci髇 as� como de su participaci髇 en los reg韒enes de financiaci髇 por cualquier concepto con cargo a los presupuestos generales del Estado, se ajustar醤 al siguiente procedimiento de ordenaci髇 de pago:

• a) El interventor general de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 deber�, al menos, mensualmente, comunicar al MINHAFP en los t閞minos establecidos por dicho Ministerio, una relaci髇 de acreedores con los que la Comunidad Aut髇oma tiene obligaciones pendientes de pago por importe equivalente al que le corresponde en su participaci髇 en las entregas a cuenta de los reg韒enes de financiaci髇, indicando el cap韙ulo y programa presupuestario al que corresponde y que necesariamente deber� ser uno de los previstos en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos de 20 de noviembre de 2015.
• b) Dicha comunicaci髇 y listados se remitir醤 firmados por el interventor general de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻, a trav閟 de los medios y condiciones que establezca el MINHAFP, junto con el certificado de que dicha comunicaci髇 cumple lo previsto en este Acuerdo y no se financia ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales.
• c) Finalmente, el Estado, por medio de la Secretar韆 General del Tesoro y Pol韙ica Financiera, ordenar� los pagos correspondientes a trav閟 de los sistemas, procedimientos y medios que establezcan el Ministerio de Econom韆, Industria y Competitividad y el MINHAFP, realiz醤dose el pago al tercero acreedor, por cuenta de la Comunidad Aut髇oma.

Tercero. Entidades de cr閐ito.

Desde la publicaci髇 de este acuerdo, para que la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 pueda ordenar la realizaci髇 material de pagos por medio de los servicios contratados con las entidades de cr閐ito, deber� acompa馻r el correspondiente certificado del Interventor, que se ajustar� al modelo facilitado por MINHAFP, y que en caso de resultar aplicable permita comprobar el cumplimiento de lo se馻lado en el apartado anterior.

En el caso en el que no se aplicara un procedimiento de fiscalizaci髇 previa, ser� preciso que, junto con la orden de pago, se acompa馿 una declaraci髇 responsable, con la misma finalidad se馻lada anteriormente, firmada por los titulares de las entidades y 髍ganos competentes de la Comunidad Aut髇oma, acorde al modelo establecido por el MINHAFP.

Las citadas certificaci髇 y declaraci髇 responsable deber醤 ser comunicadas al MINHAFP.

La no remisi髇 del aludido certificado o declaraci髇 responsable a la entidad de cr閐ito o la falsedad de su contenido, dar� lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal, en su caso.

El Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica dar� traslado de la declaraci髇 responsable establecida en este apartado y de la certificaci髇 o declaraci髇 a la que se refiere el apartado 3, a las entidades que presten los servicios de pago a los efectos de que tengan garant韆s de que el servicio no se dirige a la financiaci髇 de ninguna actuaci髇 ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales.

Cuarto. Operaciones de endeudamiento.

Desde la publicaci髇 del presente acuerdo, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 precisar醤 autorizaci髇 del Consejo de Ministros. Esta autorizaci髇 se exigir� para todas las operaciones formalizadas por cualquiera de las entidades integrantes del sector p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma en los t閞minos establecidos por el art韈ulo 2.1 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, y afectar� tanto las que se formalicen a corto como largo plazo.

Quinto. Declaraci髇 responsable.

Desde la publicaci髇 de este acuerdo, los 髍ganos de contrataci髇 y los interventores que fiscalicen las actuaciones administrativas dirigidas a la entrega de bienes o prestaci髇 de servicios a la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, deber� remitir al adjudicatario y al MINHAFP, a trav閟 del sistema que dicho Ministerio indique, una declaraci髇 responsable, en los t閞minos que establezca el MINHAFP, en la que conste que dichos bienes o servicios no tienen relaci髇 con la financiaci髇 de ninguna actividad ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales.

Sexto. Servicios de auditor韆 o de prestaci髇 de servicios bancarios o financieros.

Desde la publicaci髇 de este acuerdo, el Interventor General de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 deber� remitir firmado, en el plazo de 48 horas a contar desde la publicaci髇 del presente Acuerdo, el listado de los contratos, ya sean p鷅licos o privados, de auditor韆 o de prestaci髇 de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y por cualesquiera de sus entidades adscritas o dependientes.

Recibido dicho listado, el MINHAFP comunicar� a las personas f韘icas y jur韉icas indicadas, el contenido del presente Acuerdo. Asimismo, los supervisores del sector financiero publicar醤 esta medida en sus respectivas p醙inas web.

En caso de identificar alguna orden de pago, transferencia o movimiento que tuviera relaci髇 con actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, toda persona f韘ica o jur韉ica prestadora de servicios de auditor韆 o de servicios bancarios o financieros deber� ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o, en su caso, del SEPBLAC para que pueda ejercer sus competencias legales, so pena de las responsabilidades en que pudiera incurrir.

S閜timo. Declaraci髇 responsable acompa馻nte de la factura.

Desde la publicaci髇 de este acuerdo, cualquier persona f韘ica o jur韉ica que entregue bienes o preste servicios a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podr� adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaraci髇 responsable, en los t閞minos que establezca el MINHAFP, en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relaci髇 con la financiaci髇 de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales.

En todo caso, si quien entrega los bienes o presta los servicios tiene dudas sobre si ello puede tener relaci髇 con la financiaci髇 de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podr� comunicarlo, junto a la documentaci髇 correspondiente que lo acredite, al MINHAFP sin perjuicio de su eventual comunicaci髇 al Ministerio Fiscal. En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicaci髇 del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicar� igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal.

Octavo. Vigencia.

Se mantendr� la aplicaci髇 de lo previsto en este Acuerdo hasta que desaparezca la situaci髇 de riesgo para el inter閟 general en la Comunidad Aut髇oma de Catalu馻 o sea necesario para garantizar la prestaci髇 de los servicios p鷅licos en la Comunidad Aut髇oma, en los t閞minos descritos en este Acuerdo. Esta circunstancia deber� ser apreciada por la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos.