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Sumario

La reforma del t韙ulo preliminar se ha realizado en dos etapas. Puso termino a la primera la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973 que, a su vez, abri� la segunda etapa ahora concluida con la publicaci髇 del presente texto articulado. En ambas fases, la Comisi髇 General de Codificaci髇 ha llevado a cabo una labor digna de ser resaltada en la preparaci髇 y propuesta de las disposiciones oportunas. Si este Organismo surgi� hist髍icamente impelido por el designio de dar vida a la Codificaci髇 de los sectores mas importantes de nuestro ordenamiento jur韉ico, terminado el proceso estrictamente codificador, sus tareas han resultado en todo momento convenientes y justificadas porque los C骴igos no pueden inmovilizar el fen髆eno de la transformaci髇 del derecho, y para mantenerlos a punto es preciso contar con el dispositivo adecuado.

Son considerables las modificaciones introducidas en el C骴igo Civil con el transcurso de los a駉s. Aunque no se haya observado de manera estricta la previsi髇 contenida en el mismo acerca de las revisiones decenales, es lo cierto que peri骴icamente y de manera especial en los 鷏timos tiempos no han faltado ciertos retoques y cambios que, sin alterar la estructura del conjunto, han procurado mantenerla en contacto con los nuevos sesgos de las realidades sociales. De todas las reformas ninguna puede compararse en importancia y entidad a la ahora producida. Fruto de ella es el nuevo t韙ulo preliminar, que, si conserva parte de los anteriores preceptos, es proporcionalmente muy superior lo que introduce tanto en orden a las materias reguladas como en orden a su configuraci髇. Por supuesto esta primera parte del C骴igo Civil ha ganado en extensi髇. Se han cubierto vac韔s unas veces echados en falta y algunas salvados por la investigaci髇 cientifica y la interpretaci髇 jurisprudencial. Adem醩 ha adquirido la armon韆 de una distribuci髇 sistem醫ica que antes faltaba.

El presente texto del t韙ulo preliminar tiene su punto de partida en los mandatos de la Ley de Bases que fija el alcance de la reforma en cuanto al contenido, al modo de enmarcarla en el C骴igo Civil y al tiempo de su ejecuci髇. De estos factores, a la par orientadores y limitativos, el concerniente al fondo propiamente dicho se contrae al desarrollo y sistematizaci髇 de las bases. Si bien es cierto que estos t閞minos expresivos del cometido general encomendado son formalmente iguales, no lo es menos que la ley predeterminante de la reforma encierra enunciaciones normativas de diferente rango en cuanto a su grado de elaboraci髇. Mientras unas se traducen en preceptos configurados ya como tales, otras enunciaciones normativas ordenan recoger y valorar determinadas instituciones, situaciones o efectos, sin descender al detalle de su regulaci髇, aunque marcando, con mayores o menores puntualizaciones, el criterio a seguir.

En raz髇 de las diferencias indicadas el texto articulado del t韙ulo preliminar, respecto de algunas materias, no pasa de constituir la catalogaci髇 pertinente de las normas ya formuladas. Por el contrario, en cuanto a otras materias o a determinados aspectos de las mismas, entra馻 un desarrollo especificativo de las bases hasta convertirlas en preceptos ordenadores susceptibles de aplicaci髇 directa, tanto en la realizaci髇 voluntaria del derecho como en su discernimiento judicial.

El mandato de la ordenaci髇 sistem醫ica ha sido observado distribuyendo el total contenido en varios cap韙ulos relativos, respectivamente, a las fuentes del derecho, la aplicaci髇 de las normas, la eficacia de las mismas, las normas de derecho internacional privado y el 醡bito de aplicaci髇 de los reg韒enes jur韉icos civiles coexistentes en el territorio nacional. Como tal distribuci髇 no pod韆 desbordar los 16 art韈ulos afectados por la reforma y el contenido se ha incrementado en t閞minos considerables, la mayor韆 de los art韈ulos, l骻icamente, han adquirido unas dimensiones no usuales en el C骴igo Civil. Por esta raz髇 ha parecido aconsejable dividir los art韈ulos en apartados y anteponer a estos una indicaci髇 num閞ica con lo que la identificaci髇 y la cita se ver醤 facilitadas. Sin duda alguna mayor perturbaci髇 hubiera supuesto aumentar el numero de art韈ulos que, para no incidir en duplicidades, habr韆n requerido el empleo de designaciones complementarias poco elegantes.

El t韙ulo preliminar del C骴igo Civil se inicia por comprensibles razones de importancia y prioridad con la regulaci髇 concerniente a las fuentes de ordenamiento jur韉ico, las cuales aparecen configuradas con ese alcance y significado, en vez de aludir indirectamente a ellas a prop髎ito de la aplicaci髇 de las normas por los Tribunales como lo hacia el precedente art韈ulo 6. Con el car醕ter de fuentes se enuncian de manera jer醨quica la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Cambia, pues, el emplazamiento y el modo de formulaci髇, aunque no el criterio inspirador, si bien se introducen algunas variaciones. La primac韆 de la ley resulta tanto de su proclamado valor de fuente de primer grado como de la declarada falta de validez de las disposiciones de rango inferior contradictorias con otras de rango superior.

La costumbre -ampliada al no circunscribirla a la del lugar y al conferir el valor de costumbre a los usos jur韉icos no meramente interpretativos- solo desempe馻 el cometido de fuente en defecto de ley aplicable, siempre que no contradiga los m骴ulos generales esencialmente delimitativos de la licitud constituidos por la moral y el orden p鷅lico, y que resulte probada. Los principios generales del derecho act鷄n como fuente subsidiaria respecto de las anteriores; pero adem醩 de desempe馻r ese cometido, 鷑ico en el que cumplen la funci髇 aut髇oma de fuente del derecho, pueden tener un significado informador de la ley o de la costumbre.

Como complemento de la regulaci髇 directamente referida a las fuentes del derecho han de considerarse los preceptos sobre los tratados internacionales y la jurisprudencia.

En orden a los tratados, la exigencia de la Ley de Bases de que las normas jur韉icas contenidas en los mismos para ser de aplicaci髇 directa en Espa馻 han de haber pasado a formar parte de la legislaci髇 interna espa駉la, se estima cumplida cuando son publicados en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

A la jurisprudencia, sin incluirla entre las fuentes, se le reconoce la misi髇 de complementar el ordenamiento jur韉ico. En efecto, la tarea de interpretar y aplicar las normas en contacto con las realidades de la vida y los conflictos de intereses da lugar a la formulaci髇 por el Tribunal Supremo de criterios que si no entra馻n la elaboraci髇 de normas en sentido propio y pleno, contienen desarrollos singularmente autorizados y dignos, con su reiteraci髇, de adquirir cierta trascendencia normativa.

Solo establecidas tan fundamentales precisiones acerca de lo que ha de reconocerse con entidad de derecho adquiere cabal sentido y justificaci髇 el deber inexcusable de los Jueces y Tribunales de resolver cuantos asuntos se les sometan.

Como periodo de 玽acatio legis� se mantiene el mismo de los 20 d韆s a partir de la completa publicaci髇 de las leyes, salvo disposici髇 en contrario. El progreso manifestado de modo notorio en la variedad y rapidez crecientes de los medios de comunicaci髇 y difusi髇 permit韆 pensar en la posibilidad de un acortamiento de plazo, que, no obstante su igualdad matem醫ica, en funci髇 de las circunstancias resultaba proporcionalmente m醩 breve cuando se implanto por el C骴igo Civil. Ahora bien, si tal punto de vista aconsejar韆 alguna reducci髇, ha sido preciso ponderar tambi閚 el hecho asimismo evidente de que la multiplicaci髇 y la complejidad de las leyes ha aumentado en t閞minos considerables, con lo que su conocimiento, si por un lado se facilita, por otro se dificulta, y esta contraposici髇 de factores ha llevado al mantenimiento de la misma disposici髇.

Gran parte del capitulo consagrado a la aplicaci髇 de las normas jur韉icas puede considerarse como de nueva planta. En punto a la pertinencia o no de que los C骴igos contengan normas predeterminativas de los criterios a utilizar en la interpretaci髇 no hay una actitud dominante s髄idamente consolidada. La tesis negativa tiene en cuenta las ventajas de una mayor libertad por parte del interprete y remite el problema de los criterios utilizables al campo de la doctrina. La tesis afirmativa pondera los beneficios de cierta uniformidad en el modo de proceder. Por esta ha sido preciso inclinarse dado el mandato de la Ley de Bases que se ha convertido en norma articulada tal y como en ella aparece, es decir, sin mayores especificaciones, por temor a que los criterios perdieran el car醕ter esencial y flexible con que vienen enunciados, pues en ning鷑 caso es recomendable una formula hermen閡tica cerrada y r韌ida. La ponderaci髇 de la realidad social correspondiente al tiempo de aplicaci髇 de las normas introduce un factor con cuyo empleo, ciertamente muy delicado, es posible en alguna medida acomodar los preceptos jur韉icos a circunstancias surgidas con posterioridad a la formaci髇 de aquellos.

A modo de elemento tendente a lograr una aplicaci髇 de las normas sensible a las particularidades de los casos ha de considerarse el valor reconocido a la equidad. Esta no aparece invocada como fuente del derecho; le incumbe el cometido m醩 modesto de intervenir como criterio interpretativo en concurrencia con los otros. Consiguientemente, una soluci髇 de equidad no es susceptible de imponerse a superponerse a la resultante de la utilizaci髇 conjunta de los diversos elementos interpretativos, los cuales, sin embargo, podr醤 recibir la beneficiosa influencia de la equidad. Queda exceptuada la hip髏esis de que la ley permita expresamente fundar las resoluciones solo en la equidad; mas para ello se requiere la existencia de una norma concretamente atributiva de tal valor a la equidad, bien distinto del que en t閞minos generales le viene reconocido con alcance 鷑icamente interpretativo y cooperador.

Mas all� de la actividad propiamente interpretativa, en la zona de la investigaci髇 integradora, figuran la analog韆 y el derecho supletorio.

La formulaci髇 de un sistema de fuentes implica la exclusi髇 de las lagunas del derecho. No ocurre otro tanto con las llamadas lagunas de la ley, que puedan darse, siendo el medio id髇eo y mas inmediato de salvarlas la investigaci髇 anal骻ica. Esta no presupone la falta absoluta de una norma, sino la no previsi髇 por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la raz髇 derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extendible, por consideraciones de identidad o de similitud, al supuesto no previsto. No obstante las ventajas de la analog韆, resulta justificada su exclusi髇 de determinadas leyes. En las penales es la normal consecuencia del estricto principio de la legalidad que ha de primar exento de incertidumbres o fisuras. Las Leyes excepcionales, tambi閚 excluidas, forman el tradicionalmente llamado 玦us singulare� que, por constituir una derogaci髇 del derecho general para determinadas materias, impide la existencia de lagunas en cuanto lo no expresamente integrado en la norma excepcional queda atenido a la norma general. Las leyes de 醡bito temporal determinado deben someterse al mismo r間imen, de una parte, porque en modo alguno puede desbordarse en lo mas m韓imo su esfera de vigencia y de otra parte, porque tal circunstancia las dota de un acusado matiz de excepcionalidad.

El otro procedimiento integrador esta constituido por el derecho supletorio, funci髇 que, siguiendo la l韓ea del anterior art韈ulo 16, corresponde al C骴igo Civil, exponente todav韆 de los principales rasgos caracterizadores del derecho com鷑 como lo prueba el propio contenido del t韙ulo preliminar.

Parecen dignas de resaltarse las particulares normas interpretativas formuladas acerca de la computaci髇 de los plazos. Las diferencias entre la antigua y la nueva regulaci髇 son sensibles. En aras de la claridad, la simplificaci髇 y la seguridad, se previene que en los plazos contados por d韆s a partir de uno determinado quedara este excluido del computo, el cual deber� empezar al d韆 siguiente. Con ello viene observado tambi閚 el criterio de la posible unificaci髇 encarecido por la Ley de Bases, ya que es convertida en regla general la del art韈ulo 1130 del C骴igo Civil y se logra la uniformidad entre esta y las formuladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Procedimiento Administrativo. La computaci髇 de fecha a fecha en los plazos fijados por meses o a駉s es la menos propicia a equ韛ocos y coincide tambi閚 con la de la Ley de Procedimiento Administrativo, de forma que asimismo en este aspecto se alcanza la conveniente unificaci髇 de criterio. Solo respecto de la computaci髇 civil de los plazos se mantiene la regla tradicional de no excluir los d韆s inh醔iles.

El capitulo dedicado a la eficacia general de las normas jur韉icas, luego de reiterar con algunos perfeccionamientos disposiciones ya contenidas en el C骴igo, introduce como innovaciones de sumo inter閟 y muy justificada necesidad la sanci髇 del fraude de la ley y la del abuso del derecho. Para obtener la descripci髇 sint閠ica de las situaciones representativas de uno y otro se han tenido especialmente en cuenta las ense馻nzas de la doctrina y la jurisprudencia, as� como alg鷑 antecedente legislativo y de derecho comparado.

En la configuraci髇 del fraude prepondera la idea de considerar el ordenamiento jur韉ico como un todo; por eso es reputada fraudulenta la sumisi髇 a una norma llevada a cabo con el prop髎ito de obtener un resultado prohibido o contrario al conjunto del ordenamiento. Por otra parte, si frente a la norma elegida aparece otra tratada de eludir, habr� de aplicarse la ultima. Ello quiere decir que la consecuencia correspondiente no queda circunscrita a la nulidad del acto a trav閟 del cual pretendiera lograrse un resultado fraudulento, sino que ha de comprender tambi閚 la efectiva aplicaci髇 de la norma pertinente, aunque no queden excluidas ciertas consecuencias anulatorias.

Desde hace tiempo se ha advertido como el tradicional principio de que la actuaci髇 del derecho propio no desborda la esfera de la licitud carece de validez absoluta en cuanto es posible un ejercicio conducente a la lesi髇 de los derechos de otro y a la consiguiente ilicitud. Tal acontece cuando el ejercicio es abusivo o antisocial. Ambas hip髏esis, sin perjuicio de diferencias de matices, permiten un tratamiento conjunto, porque siempre se parte del desbordamiento de los limites normales del ejercicio y del da駉 para tercero, si bien el hecho provocador de tal situaci髇 puede proceder tanto del dato subjetivo representado por la intenci髇 del agente -que no ha de consistir, sin embargo, en un comportamiento doloso y culposo, porque entonces se penetrar韆 en la ilicitud por el cauce de la responsabilidad civil- como de otros datos de naturaleza distinta cuales son el objeto o las circunstancias concurrentes. Importa se馻lar como la consecuencia derivada de la sanci髇 del abuso del derecho no queda reducida a la indemnizaci髇 del da駉. En su caso, procede adoptar tambi閚 las medidas impeditivas de la persistencia en el abuso. De esta manera se obtienen las ventajas de la ejecuci髇 en forma especifica y puede quedar efectivamente restablecida la normalidad.

Junto a la prohibici髇 del fraude y del abuso viene proclamado el principio de ejercicio de los derechos conforme a la buena fe. Existen indiscutibles concomitancias entre aquellas prohibiciones y la consagraci髇, como modulo rector del ejercicio de los derechos, de la buena fe, no obstante las m醩 amplias manifestaciones de esta. Sin pretender una alteraci髇 del juego concreto de la buena fe en cada una de las instituciones jur韉icas, ha parecido pertinente enunciarla como postulado b醩ico por cuanto representa una de las mas fecundas v韆s de irrupci髇 del contenido etico-social en el orden jur韉ico.

Indiscutiblemente, la parte m醩 extensa y pormenorizada del nuevo texto es la constituida por las normas de derecho internacional privado que en considerable proporci髇 est醤 ya formuladas por la Ley de Bases, sin perjuicio de lo cual ha sido preciso adentrarse despu閟 en una detenida labor de complemento y coordinaci髇. Si, pese a ello, no cabe albergar la certidumbre de haber logrado una regulaci髇 completa y siempre satisfactoria de las m鷏tiples situaciones jur韉icas que con tanta riqueza y variedad de matices ofrece el mundo de nuestro tiempo, definible como un conjunto creciente de interacciones a escala internacional y mundial, parece seguro no obstante que se han dado pasos muy considerables respecto de la anterior ordenaci髇, insuficiente de suyo y desfasada por los cambios operados en las realidades sociales y pol韙icas, en la t閏nica y en el propio r間imen de convivencia e intercambio apreciable en las personas y en los pueblos.

Con objeto de ofrecer una visi髇 esquem醫ica de los criterios predominantemente utilizados en la enunciaci髇 de las normas de derecho internacional privado pueden se馻larse las siguientes notas caracterizadoras:

• 1. Las reglas aparecen configuradas no en t閞minos unilaterales preocupados solo del derecho espa駉l, sino de una manera completa con vistas a determinar, seg鷑 nuestro ordenamiento, cual es el derecho, propio o extranjero, aplicable.
• 2. Se ha conservado, incluso con el mismo numero, el contenido del art韈ulo 8 que proclama el sometimiento de cuantos se hallen en territorio espa駉l a las leyes penales, de polic韆 y seguridad publica, pues siendo el postulado de ineludible observancia y habiendo dado lugar a un entendimiento inequ韛oco no se ha estimado oportuno introducir ninguna correcci髇 esencial. Sin embargo, por los comprensibles deseos de perfeccionamiento, en el propio art韈ulo se ha introducido un apartado relativo al car醕ter territorial de las leyes procesales.
• 3. Tiene la consideraci髇 de ley personal la determinada por la nacionalidad, aunque en determinadas hip髏esis, por la falta del dato de la nacionalidad o por la urgencia en el establecimiento de medidas protectoras, entre en juego la ley de la residencia habitual. Precisamente se ha utilizado esta expresi髇, en lugar de la de domicilio, porque el art韈ulo 40 del C骴igo Civil define el domicilio como el lugar de la residencia habitual que es, por otra parte, la formula predominante en el derecho internacional e incluso la contenida en tratados suscritos por Espa馻.
• 4. Es mantenido el criterio, a la vez tradicional y generalizado, del imperio de la ley nacional en todo lo concerniente a la persona y a las relaciones jur韉icas donde tienen acogida los derechos inherentes a ella. La sobria y unilateral alusi髇 del anterior art韈ulo 9 a la obligatoriedad para los espa駉les, aunque residieran en pa韘 extranjero, de las 玪eyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al Estado, condici髇 y capacidad de las personas�, aparece ahora reemplazada por un conjunto de reglas que confieren en esencia, tanto a los espa駉les como a los extranjeros, el amparo de la propia ley en lo relativo a la capacidad de las personas f韘icas y jur韉icas, al estado civil, a las relaciones personales y patrimoniales entre los c髇yuges, a las relaciones paternofiliales, a la tutela y dem醩 instituciones protectoras del incapaz y a la sucesi髇 por causa de muerte; todo ello sin perjuicio de algunas puntualizaciones sobre la concurrencia y preferencia de leyes distintas como ocurre en el matrimonio, en la adopci髇 y en materia de alimentos.
• 5. En la sucesi髇 玬ortis causa�, tras acoger el sistema de la regulaci髇 unitaria de la misma ya consagrado en el C骴igo Civil y perfeccionado por la jurisprudencia, ateni閚dose a la ley nacional del causante al momento del fallecimiento, ha parecido oportuno establecer que las disposiciones contenidas en los testamentos y en los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley vigente en el momento del otorgamiento, conservaran su validez aun cuando sea otra la ley vigente en el momento del fallecimiento, si bien las leg韙imas habr醤 de acomodarse a esta ultima.
• 6. Se toman en cuenta las situaciones de cambio de nacionalidad, doble nacionalidad y falta de nacionalidad, estableciendo para cada una de ellas la ordenaci髇 pertinente.
• 7. Una modificaci髇 profunda es apreciable en las antiguas normas sobre bienes muebles e inmuebles que, como reflejo de la concepci髇 estatutaria, quedaban atenidos, respectivamente, a la ley del propietario y a la del lugar donde estuvieren sitos; mientras ahora la posesi髇, la propiedad y los derechos reales recayentes sobre unos y otros bienes, as� como la publicidad de los inmuebles, habr醤 de regirse por la ley del lugar donde se encuentren, al paso que respecto de los buques, las aeronaves y los dem醩 medios de transporte, la emisi髇 de t韙ulos-valores, la propiedad intelectual y la industrial se configuran las disposiciones requeridas por su peculiar naturaleza y funci髇.
• 8. El silencio del C骴igo Civil en orden a las obligaciones contractuales ha sido roto. En primer termino rige la ley a que se hayan sometido las partes, con lo que resulta consagrado el principio de la autonom韆 de la voluntad, limitado por la exigencia de que tal ley guarde alguna conexi髇 con el negocio de que se trate. Solo en defecto de sometimiento pueden aplicarse, de manera gradualmente subsidiaria, la ley nacional com鷑, la de la residencia habitual com鷑 y la del lugar de la celebraci髇 del contrato. Junto a estas reglas generales figuran otras de cierta singularidad en cuanto entra馻n una desviaci髇, con mayor o menor alcance, de aquellas, y van referidas: a los contratos relativos a bienes inmuebles (regidos por la ley del lugar, a falta de sometimiento); a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles (atenidas tambi閚 a la ley del lugar); al contrato de trabajo (en el que en defecto de sometimiento y con la salvedad de lo dispuesto en el art韈ulo 8, entra en juego la ley del lugar de la prestaci髇 de los servicios), y las donaciones (regidas por la ley del donante). La doctrina llamada del 玦nter閟 nacional� encuentra acogida al establecer la validez, a los efectos del ordenamiento espa駉l, de los contratos onerosos celebrados en Espa馻 por extranjero incapaz seg鷑 la ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviere reconocida en la legislaci髇 espa駉la.
• 9. Tambi閚 alcanza la previsi髇 legislativa a las obligaciones no contractuales que, con estricta sujeci髇 a lo determinado en la base correspondiente, se somete al imperio de la ley del lugar de la comisi髇 del hecho da駉so. Es reiterada esta regla respecto de la gesti髇 de negocios, si bien con la puntualizaci髇 de que ha de atenderse al lugar donde el gestor realice la principal actividad. En el enriquecimiento sin causa -reconocido aqu� de modo expreso como fuente de las obligaciones- es preferida la ley productora de la transferencia patrimonial. Con solo una muy matizada salvedad aparece formulado el criterio, sin duda l骻ico y correcto, de que la ley de la obligaci髇 se extiende a las diferentes consecuencias de la misma. La representaci髇 legal y la voluntaria, de tan acusada presencia en la vida de los negocios, quedan sometidas, respectivamente, a la ley atributiva de las facultades del representante y, de no mediar sometimiento, a la del pa韘 donde se ejerciten.
• 10. La regla 玪ocus regis actus�, mantenida en principio para las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y dem醩 actos jur韉icos, ha perdido el car醕ter de exclusividad de que antes estaba provista por cuanto se reconocen tambi閚 como validos los actos celebrados con las formas solemnidades exigidas por la ley reguladora de su contenido, y si esta erige la forma en requisito esencial habr� de observarse siempre. En materia de bienes inmuebles, los actos y contratos pueden regirse por la ley del lugar en que radiquen. Ambas formulas, respondiendo a un criterio pluralista, persiguen tambi閚 cierta uniformidad. La aplicaci髇 de la ley espa駉la a los actos en que intervengan funcionarios diplom醫icos o consulares de Espa馻 en el extranjero y la consideraci髇 de los nav韔s y aeronaves militares como parte del territorio del Estado a que pertenezcan, son l骻icas proyecciones del concepto jur韉ico-p鷅lico de la soberan韆. Para los actos otorgados en buques o nav韔s que por contraposici髇 a los militares pueden llamarse comerciales, la ley pertinente es la del abanderamiento, matricula o registro.
• 11. Mientras el art韈ulo 8 -seg鷑 ya dijimos- y los art韈ulos 9, 10 y 11 se corresponden con los precedentes, aunque el contenido haya experimentado un notable enriquecimiento, el actual art韈ulo 12 difiere del anterior por raz髇 de la materia. No hab韆 otra posibilidad porque la Ley de Bases exige preceptivamente regular la calificaci髇, el reenv韔, la salvaguarda del orden p鷅lico y el fraude de ley, tem醫ica nueva y ajena al anterior texto que requer韆 un tratamiento aparte. Los criterios enunciados por la Ley de Bases de manera muy precisa han quedado, sin mas, erigidos en disposiciones.
• 12. Por lo que tienen de indiscutibles y adem醩 de complementarias se ha dado entrada a las tres disposiciones con que termina el art韈ulo 12. Una prev� el caso de que en un Estado coexistan diferentes sistemas legislativos y atribuye a la legislaci髇 de tal Estado la determinaci髇 de la ley aplicable. Otra pone de manifiesto el car醕ter de 玦us cogens� de las normas de conflicto del derecho espa駉l, y de ah� la aplicaci髇 玡x officio� por los Tribunales y autoridades. Y otra, en sentido diverso, impone la carga de la prueba del derecho extranjero a quien lo invoque, sin perjuicio de conferir a los jueces y tribunales ciertas facultades para la averiguaci髇 del mismo.

Si el cap韙ulo quinto del nuevo t韙ulo preliminar tiene como antecedente inmediato la propia Ley de Bases de 17 de marzo de 1973, fundamento de la total reforma, de una manera mediata la regulaci髇 en 閘 contenida responde tambi閚 a la letra y al esp韗itu del Decreto de 23 de mayo de 1947 que abri� el proceso de las compilaciones recientemente concluido.

La fortaleza de la integraci髇 hist髍ica y pol韙ica de Espa馻, lejos de resentirse, alcanza su completa realizaci髇 con el reconocimiento de los derechos forales, que no son formas privilegiadas ni meros residuos personalistas de normas anacr髇icas, sino verdadero y actual reflejo jur韉ico de realidades perceptibles en nuestro propio modo de ser y existir colectivos. Esta idea, encarecida por diversos intervinientes en las deliberaciones de la C醡ara Legislativa, as� como por otros en el Pleno de la Comisi髇 General de Codificaci髇, se hace patente en el actual art韈ulo 13 que recoge lo establecido en la base 7 con la sola eliminaci髇 de la palabra 玡statutos�, innecesaria e impropia por carecer de todo contenido significativo despu閟 de la reforma. Comparando el texto de este art韈ulo con el del art韈ulo 12, seg鷑 la redacci髇 de 1889, se aprecian como 鷑icas variaciones propiamente dichas la consistente en subrayar la afirmaci髇 de los derechos forales, como lo prueba el 玴leno respeto� predicado de los mismos, y la cifrada en eliminar el giro 玴or ahora� alusivo a una transitoriedad que, sin necesidad de acudir a consideraciones de fondo, carec韆 de encaje en raz髇 de la naturaleza del precepto y su emplazamiento sistem醫ico.

La presencia de los derechos forales o especiales junto al derecho civil com鷑, que tiene adem醩 el car醕ter de supletorio respecto de aquellos, plantea el problema de regular el sometimiento a unos y otros. El vinculo determinante de tal sujeci髇 es la vecindad civil que forma parte del 玸tatus� de la persona, como la nacionalidad. Precisamente criterios procedentes de esta informan la atribuci髇 y la adquisici髇 de la vecindad civil, a prop髎ito de la cual son tratados con reciproca equivalencia los diversos reg韒enes jur韉icos coexistentes.

Cuesti髇 de sumo inter閟 es la de la conexi髇 entre la nacionalidad espa駉la adquirida por un extranjero y la vecindad civil. En principio, la adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la lleva aparejada la vecindad civil com鷑. Sin embargo, tal regla, de obligada observancia en la adquisici髇 de la nacionalidad por carta de naturaleza sin base en la residencia, cede cuando el extranjero lleve residiendo en un territorio de derecho foral el tiempo exigido para la adquisici髇 de la vecindad y opte por ella en el expediente de nacionalidad, con lo que el tiempo de residencia produce un doble efecto jur韉ico.

El art韈ulo 16 versa sobre los conflictos de leyes originables por la coexistencia en Espa馻 de distintas legislaciones civiles. T閏nicamente no es sino el replanteamiento a escala internacional de los mismos problemas derivados de la concurrencia internacional de diversos ordenamientos. Por tanto, en gran medida las normas de derecho internacional privado son susceptibles de resolver tambi閚 esta otra clase de conflictos, pues si falta la identidad existen marcadas correlaciones, como la expresamente puesta de relieve cuando previene este ultimo precepto del t韙ulo preliminar que ser� ley personal la determinada por la vecindad civil. No obstante, como los conflictos de 醡bito regional se dan en el seno de la misma naci髇 estructurada en un solo Estado, las normas dotadas de sentido en funci髇 de las diferencias nacionales y estatales quedan excluidas, como sucede con las relativas a la calificaci髇, la remisi髇 y el orden p鷅lico, mientras no concurre igual circunstancia en el fraude de la ley que puede darse lo mismo en el plano de lo interestatal como en el interregional, as� como tambi閚 dentro de un solo ordenamiento o de una determinada legislaci髇 civil.

Termina el art韈ulo 16 con algunas previsiones muy particulares sobre el derecho de viudedad de la compilaci髇 aragonesa y, fuera ya del texto articulado, como aclaraci髇 si no estrictamente necesaria al menos conveniente. Figura la disposici髇 dirigida a poner de manifiesto que lo establecido en las respectivas compilaciones no resulta alterado por el nuevo t韙ulo preliminar. Elaborado este durante y a continuaci髇 del proceso compilador abierto a partir del a駉 1947 y guardando innegable relaci髇 con el mismo la propia reforma ahora concluida, seg鷑 consta en la exposici髇 de Motivos de la Ley de Bases, ser韆 un contrasentido pensar en cualquier cambio, regresi髇 o falta de armon韆.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad en lo sustancial con el dictamen del Consejo de Estado, previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 31 de mayo de 1974, dispongo:

TEXTO ARTICULADO

de la Ley 3/1973, de 17 de marzo, de Bases para la modificaci髇 del t韙ulo preliminar del C骴igo Civil. (aprobado por decreto 1836/1974 de 31 de mayo)

T蚑ULO PRELIMINAR

DE LAS NORMAS JUR虳ICAS, SU APLICACI覰 Y EFICACIA

CAP蚑ULO PRIMERO

Fuentes del derecho

Art韈ulo 1

1. Las fuentes del ordenamiento jur韉ico espa駉l son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

2. Carecer醤 de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

3. La costumbre s髄o regir� en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden p鷅lico, y que resulte probada.

Los usos jur韉icos que no sean meramente interpretativos de una declaraci髇 de voluntad, tendr醤 la consideraci髇 de costumbre.

4. Los principios generales del derecho se aplicaran en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su car醕ter informador del ordenamiento jur韉ico.

5. Las normas jur韉icas contenidas en los tratados internacionales no ser醤 de aplicaci髇 directa en Espa馻 en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicaci髇 integra en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

6. La jurisprudencia complementara el ordenamiento jur韉ico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateni閚dose al sistema de fuentes establecido.

Art韈ulo 2

1. Las leyes entraran en vigor a los 20 d韆s de su completa publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� si en ellas no se dispone otra cosa.

2. Las leyes s髄o se derogan por otras posteriores. La derogaci髇 tendr� el alcance que expresamente se disponga y se extender� siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogaci髇 de una ley no recobran vigencia las que esta hubiere derogado.

3. Las leyes no tendr醤 efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

CAP蚑ULO II

Aplicaci髇 de las normas jur韉icas

Art韈ulo 3

1. Las normas se interpretaran seg鷑 el sentido propio de sus palabras, en relaci髇 con el contexto, los antecedentes hist髍icos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al esp韗itu y finalidad de aquellas.

2. La equidad habr� de ponderarse en la aplicaci髇 de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales s髄o podr醤 descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Art韈ulo 4

1. Proceder� la aplicaci髇 anal骻ica de las normas cuando 閟tas no contemplen un supuesto espec韋ico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de raz髇.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de 醡bito temporal no se aplicar醤 a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este C骴igo se aplicar醤 como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

Art韈ulo 5

1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos se馻lados por d韆s, a contar de uno determinado, quedar� este exclu韉o del c髆puto, el cual deber� empezar en el d韆 siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o a駉s, se computaran de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera d韆 equivalente al inicial del computo, se entender� que el plazo expira el 鷏timo del mes.

2. En el c髆puto civil de los plazos no se excluyen los d韆s inh醔iles.

CAP蚑ULO III

Eficacia general de las normas jur韉icas

Art韈ulo 6

1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

El error de derecho producir� 鷑icamente aquellos efectos que las leyes determinen.

2. La exclusi髇 voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo ser醤 v醠idas cuando no contrar韊n el inter閟 o el orden p鷅lico ni perjudiquen a terceros.

3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravenci髇.

4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jur韉ico, o contrario a 閘, se consideraran ejecutados en fraude de ley y no impedir醤 la debida aplicaci髇 de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Art韈ulo 7

1. Los derechos deber醤 ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisi髇 que por la intenci髇 de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los l韒ites normales del ejercicio de un derecho, con da駉 para tercero, dar� lugar a la correspondiente indemnizaci髇 y a la adopci髇 de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

CAP蚑ULO IV

Normas de derecho internacional privado

Art韈ulo 8

1. Las leyes penales, las de polic韆 y las de seguridad publica obligan a todos los que se hallen en territorio espa駉l.

2. Las leyes procesales espa駉las ser醤 las 鷑icas aplicables a las actuaciones que se sustancien en territorio espa駉l, sin perjuicio de las remisiones que las mismas puedan hacer a las leyes extranjeras, respecto a los actos procesales que hayan de realizarse fuera de Espa馻.

Art韈ulo 9

1. La ley personal correspondiente a las personas f韘icas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regir� la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesi髇 por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectara a la mayor韆 de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

2. Los efectos del matrimonio se regir醤 por la ley personal com鷑 de los c髇yuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento autentico otorgado antes de la celebraci髇 del matrimonio; a falta de esta elecci髇, por la ley de la residencia habitual com鷑 inmediatamente posterior a la celebraci髇, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebraci髇 del matrimonio.

La separaci髇 y el divorcio se regir醤 por la ley que determina el art韈ulo 107.

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el r間imen econ髆ico del matrimonio ser醤 validos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual del cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

4. El car醕ter y contenido de la filicaci髇, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regir醤 por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse esta, se estar� a la de la residencia habitual del hijo.

5. La adopci髇 constituida por Juez espa駉la se regir�, en cuanto a los requisitos, por lo dispuesto en la ley espa駉la. No obstante, deber� observarse la ley nacional del adoptado en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

• 1.- si tuviera su residencia habitual fuera de Espa馻.
• 2.- aunque resida en Espa馻, si no adquiere, en virtud de la adopci髇 la nacionalidad espa駉la.

A petici髇 de la adoptante o de Ministerio Fiscal, el Juez, en inter閟 del adoptado, podr醤 exigir, adem醩, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley de la residencia habitual del adoptante o del adoptado.

Para la constituci髇 de la adopci髇, los c髇sules espa駉les tendr醤 las mismas atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea espa駉l y el adoptado este domiciliado en la demarcaci髇 consular. La propuesta previa ser� formulada por la entidad publica correspondiente al ultimo lugar de residencia del adoptante en Espa馻. Si el adoptante no tuvo residencia en Espa馻 en los dos ultimo a駉s, no ser� necesaria propuesta previa, pero el c髇sul recabara de las autoridades del lugar de residencia de aquel informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopci髇 constituida por la competente autoridad extranjera, la ley del adoptando regir� en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los consentimientos exigidos por tal ley podr醤 prestarse ante una autoridad del pa韘 en que se inicio la constituci髇 o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad competente. En su caso, para la adopci髇 de un espa駉l ser� necesario el consentimiento de la entidad publica correspondiente a la ultima residencia del adoptando en Espa馻.

No ser� reconocida en Espa馻 como adopci髇 la constituida en el extranjero por adoptante espa駉l, si los efectos de aquella no se corresponden con los previstos por la legislaci髇 espa駉la. Tampoco lo ser�, mientras la entidad publica competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si este fuera espa駉l y estuviera domiciliado en Espa馻 al tiempo de la adopci髇.

6. La tutela y las dem醩 instituciones de protecci髇 del incapaz se regularan por la ley nacional de este. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protecci髇 se regir醤 por la ley de su residencia habitual.

Las formalidades de constituci髇 de la tutela y dem醩 instituciones de protecci髇 en que intervengan autoridades judiciales o administrativas espa駉las se sustanciar醤, en todo caso, con arreglo a la ley espa駉la.

Ser� aplicable la ley espa駉la para tomar las medidas de car醕ter protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se hallen en territorio espa駉l.

7. El derecho a la prestaci髇 de alimentos entre parientes habr� de regularse por la ley nacional com鷑 del alimentista y del alimentante. No obstante, se aplicara la ley de la residencia habitual de la persona que los reclame cuando esta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional com鷑. En defecto de ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtenci髇 de alimentos, se aplicara la ley interna de la autoridad que conoce de la reclamaci髇.

En caso de cambio de la nacionalidad com鷑 o de la residencia habitual del alimentista, la nueva ley se aplicara a partir del momento del cambio.

8. La sucesi髇 por causa de muerte se regir� por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el pa韘 donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento, conservaran su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesi髇, si bien las legitimas se ajustaran, en su caso, a esta ultima. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al c髇yuge uperstite se regir醤 por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legitimas de los descendientes.

9. A los efectos de este capitulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes espa駉las se estar� a lo que determinen los tratados internacionales, y, si nada estableciesen, ser� preferida la nacionalidad coincidente con la ultima residencia habitual, y, en su defecto, la ultima adquirida.

Prevalecer� en todo caso la nacionalidad espa駉la del que ostente adem醩 otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o mas nacionalidades y ninguna de ellas fuera la espa駉la, se estar� a lo que establece el apartado siguiente.

10. Se considerara como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual.

11. La ley personal correspondiente a las personas jur韉icas es la determinada por su nacionalidad, y regir� en todo lo relativo a capacidad, constituci髇, representaci髇, funcionamiento, transformaci髇, disoluci髇 y extinci髇.

En la fusi髇 de sociedades de distinta nacionalidad se tendr醤 en cuenta las respectivas leyes personales.

Precepto modificado por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del C骴igo Civil, en aplicaci髇 del principio de no discriminaci髇 por raz髇 de sexo

Precepto modificado por la Ley Org醤ica 1/1996, de 15 de enero, de protecci髇 jur韉ica del menor, de modificaci髇 del C骴igo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Art韈ulo 10

1. La posesi髇, la propiedad, y los dem醩 derechos sobre bienes inmuebles, as� como su publicidad, se regir醤 por la ley del lugar donde se hallen.

La misma ley ser� aplicable a los bienes muebles.

A los efectos de la constituci髇 o cesi髇 de derechos sobre bienes en transito, estos se consideraran situados en el lugar de su expedici髇, salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido, expresa o t醕itamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.

2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, as� como todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedaran sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matricula o registro. Los autom髒iles y otros medios de transporte por carretera quedaran sometidos a la ley del lugar donde se hallen.

3. La emisi髇 de los t韙ulos-valores se atendr� a la ley del lugar en que se produzca.

4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se proteger醤 dentro del territorio espa駉l de acuerdo con la ley espa駉la, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que Espa馻 sea parte.

5. Se aplicar� a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexi髇 con el negocio de que se trate: en su defecto, la ley nacional com鷑 a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual com鷑 y, en ultimo termino, la ley del lugar de celebraci髇 del contrato.

No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicara a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde est閚 sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que estos radiquen.

6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del art韈ulo 8, les ser� de aplicaci髇 la ley del lugar donde se presten los servicios.

7. Las donaciones se regir醤, en todo caso, por la ley nacional del donante.

8. Ser醤 v醠idos, a efectos del ordenamiento jur韉ico espa駉l, los contratos onerosos celebrados en Espa馻 por extranjero incapaz seg鷑 su ley nacional, si la causa de la incapacidad no estuviese reconocida en la legislaci髇 espa駉la. Esta regla no se aplicara a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero.

9. Las obligaciones no contractuales se regir醤 por la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.

La gesti髇 de negocios se regulara por la ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad.

En el enriquecimiento sin causa se aplicara la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.

10. La ley reguladora de una obligaci髇 se extiende a los requisitos del cumplimiento y a las consecuencias del incumplimiento, as� como a su extinci髇. Sin embargo, se aplicara la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecuci髇 que requieran intervenci髇 judicial o administrativa.

11. A la representaci髇 legal se aplicara la ley reguladora de la relaci髇 jur韉ica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley del pa韘 en donde se ejerciten las facultades conferidas.

Art韈ulo 11

1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y dem醩 actos jur韉icos se regir醤 por la ley del pa韘 en que se otorguen. No obstante, ser醤 tambi閚 validos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, as� como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la com鷑 de los otorgantes. Igualmente ser醤 validos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que estos radiquen.

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegaci髇, se entender醤 celebrados en el pa韘 de su abanderamiento, matr韈ula o registro. Los nav韔s y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del Estado al que pertenezcan.

2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, ser� siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquellos en el extranjero.

3. Ser� de aplicaci髇 la ley espa駉la a los contratos, testamentos y dem醩 actos jur韉icos autorizados por funcionarios diplom醫icos o consulares de Espa馻 en el extranjero.

Art韈ulo 12

1. La calificaci髇 para determinar la norma de conflicto aplicable se har� siempre con arreglo a la ley espa駉la.

2. La remisi髇 al derecho extranjero se entender� hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenv韔 que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la espa駉la.

3. En ning鷑 caso tendr� aplicaci髇 la ley extranjera cuando resulte contraria al orden p鷅lico.

4. Se considerara como fraude de ley la utilizaci髇 de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa espa駉la.

5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislaci髇 de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinaci髇 del que sea aplicable entre ellos se har� conforme a la legislaci髇 de dicho Estado.

6. Los Tribunales y autoridades aplicaran de oficio las normas de conflicto del derecho espa駉l.

La persona que invoque el derecho extranjero deber� acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley espa駉la. Sin embargo, para su aplicaci髇, el juzgador podr� valerse adem醩 de cuantos instrumentos de averiguaci髇 considere necesarios, dictando al efecto las providencias oportunas.

CAP蚑ULO V

羗bito de aplicaci髇 de los reg韒enes jur韉icos civiles coexistentes en el territorio nacional

Art韈ulo 13

1. Las disposiciones de este t韙ulo preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicaci髇, as� como las del t韙ulo IV del libro I, con excepci髇 de las normas de este 鷏timo relativas al r間imen econ髆ico matrimonial, tendr醤 aplicaci髇 general y directa en toda Espa馻.

2. En lo dem醩, y con pleno respeto a los derechos especiales y forales de las provincias o territorios en que est醤 vigentes, regir� el C骴igo Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquellas seg鷑 sus normas especiales.

Art韈ulo 14

1. La sujeci髇 al derecho civil com鷑 o al especial o foral se determina por la vecindad civil.

2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho com鷑, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.

Por la adopci髇, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes.

3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendr� la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiaci髇 haya sido determinada anter; en su defecto, tendr� la del lugar del nacimiento, y, en ultimo termino, la vecindad de derecho com鷑.

Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podr醤 atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopci髇.

La privaci髇 o suspensi髇 en el ejercicio de la patria potestad, o en el cambio de vecindad de los padres, no afectaran a la vecindad civil de los hijos.

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce a駉s y hasta que transcurra un a駉 despu閟 de su emancipaci髇 podr� optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la ultima vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habr� de ser asistido en la opci髇 por el representante legal.

4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los c髇yuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podr�, en todo momento optar por la vecindad civil del otro.

5. La vecindad civil se adquiere:

• 1.- Por residencia continuada durante dos a駉s, siempre que el interesado manifiesta ser esa su voluntad.
• 2.- Por residencia continuada de diez a駉s, sin declaraci髇 en contrario durante este plazo.

Ambas declaraciones se har醤 constar en el registro civil y no necesitan ser reiteradas.

6. En caso de duda prevalecer� la vecindad civil que corresponda al lugar del nacimiento.

Precepto modificado por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del C骴igo Civil, en aplicaci髇 del principio de no discriminaci髇 por raz髇 de sexo

Art韈ulo 15

1. El extranjero que adquiera la nacionalidad espa駉la deber� optar, al inscribir la adquisici髇 de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:

• a.- La correspondiente al lugar de residencia.
• b.- La del lugar del nacimiento.
• c.- La ultima vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes.
• d.- La del c髇yuge.

Esta declaraci髇 de opci髇 se formulara atendiendo a la capacidad del interesado para adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por si o asistido de su representante legal, o por este ultimo. Cuando la adquisici髇 de la nacionalidad se haga por declaraci髇 o a petici髇 del representante legal, la autorizaci髇 necesaria deber� determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.

2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendr� la vecindad civil que el real decreto de concesi髇 determine, teniendo en cuenta la opci髇 de aquel, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior, u otras circunstancias que concurran en el peticionario.

3. La recuperaci髇 de la nacionalidad espa駉la lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara el interesado al tiempo de su perdida.

4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, dentro de la legislaci髇 especial o foral del territorio correspondiente, se regir� por las disposiciones de este art韈ulo y las del anterior.

Precepto modificado por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del C骴igo Civil en materia de nacionalidad

Art韈ulo 16

1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional, se resolver醤 seg鷑 las normas contenidas en el Cap韙ulo IV con las siguientes particularidades:

• 1.- Ser� ley personal la determinada por la vecindad civil.
• 2.- No ser� aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del art韈ulo 12 sobre calificaci髇, remisi髇 y orden p鷅lico.

2. El derecho de viudedad regulado en la compilaci髇 aragonesa corresponde a los c髇yuges sometidos al r間imen econ髆ico matrimonial de dicha compilaci髇, aunque despu閟 cambie su vecindad civil, con exclusi髇 en este caso de la legitima que establezca la ley sucesoria.

El derecho expectante de viudedad no podr� oponerse al adquirente a t韙ulo oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho constar el r間imen econ髆ico matrimonial del transmitente.

El usufructo viudal corresponde tambi閚 al c髇yuge superstite cuando el premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.

3. Los efectos del matrimonio entre espa駉les se regularan por la ley espa駉la que resulte aplicable seg鷑 los criterios del art韈ulo 9 y, en su defecto, por el C骴igo Civil.

En este ultimo caso se aplicara el r間imen de separaci髇 de bienes del C骴igo Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separaci髇.

Precepto modificado por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del C骴igo Civil, en aplicaci髇 del principio de no discriminaci髇 por raz髇 de sexo