Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior

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Sumario

V閍se la disposici髇 final segunda del R.D. 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptaci髇 a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (獴.O.E.� 19 febrero).LE0000409115_20100220

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su art韈ulo 47, apartado 2, primera y tercera frases, y su art韈ulo 55,

Vista la propuesta de la Comisi髇,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comit� de las Regiones (2) ,

De conformidad con el procedimiento establecido en el art韈ulo 251 del Tratado (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La Comunidad Europea tiene por objetivo estrechar cada vez m醩 los lazos entre los Estados y los pueblos de Europa y garantizar el progreso econ髆ico y social. Con arreglo al art韈ulo 14, apartado 2, del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que est� garantizada la libre circulaci髇 de servicios. El art韈ulo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el art韈ulo 49 establece la libre prestaci髇 de servicios dentro de la Comunidad. La eliminaci髇 de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados miembros es un medio esencial de reforzar la integraci髇 entre los pueblos de Europa y de fomentar un progreso econ髆ico y social equilibrado y sostenible. A la hora de eliminar estas barreras es esencial velar por que el desarrollo de actividades de servicios contribuya al cumplimiento de la tarea, establecida en el art韈ulo 2 del Tratado, de promover 玼n desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades econ髆icas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protecci髇 social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados econ髆icos, un alto nivel de protecci髇 y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevaci髇 del nivel y de la calidad de vida, la cohesi髇 econ髆ica y social y la solidaridad entre los Estados miembros�.
• (2) Para fomentar el crecimiento econ髆ico y la creaci髇 de puestos de trabajo en la Uni髇 Europea resulta esencial un mercado competitivo de servicios. Actualmente, hay un gran n鷐ero de barreras en el mercado interior que impiden a los prestadores, en particular a las peque馻s y medianas empresas (PYME), extender sus operaciones m醩 all� de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. Ello debilita la competitividad global de los prestadores de la Uni髇 Europea. Un mercado libre que obligue a los Estados miembros a suprimir las barreras para la circulaci髇 transfronteriza de servicios y que, al mismo tiempo, ofrezca a los consumidores mayor transparencia e informaci髇, proporcionar韆 a los consumidores m醩 posibilidades de elecci髇 y unos servicios a precios m醩 bajos.
• (3) En el informe de la Comisi髇 sobre 獷l estado del mercado interior de servicios� se hace un inventario de un gran n鷐ero de obst醕ulos que impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros y, especialmente, de los servicios prestados por las PYME, tipo de empresas predominante en el sector de servicios. En el informe se llega a la conclusi髇 de que, diez a駉s despu閟 de lo que deber韆 haber sido la realizaci髇 del mercado interior, existe todav韆 un gran desfase entre la existencia de una econom韆 integrada para la Uni髇 Europea y la realidad vivida por los ciudadanos y los prestadores de servicios europeos. Los obst醕ulos afectan a una amplia gama de actividades de servicios, as� como a la totalidad de las etapas de la actividad del prestador, y presentan numerosos puntos en com鷑, incluido el hecho de tener su origen con frecuencia en un exceso de tr醡ites administrativos, en la inseguridad jur韉ica que rodea a las actividades transfronterizas y en la falta de confianza rec韕roca entre los Estados miembros.
• (4) A pesar de que los servicios son el motor del crecimiento econ髆ico y de que representan un 70% del PIB y de los puestos de trabajo en la mayor韆 de los Estados miembros, esta fragmentaci髇 repercute de forma negativa en el conjunto de la econom韆 europea y, especialmente, en la competitividad de las PYME y la circulaci髇 de los trabajadores, al tiempo que impide que los consumidores accedan a una mayor variedad de servicios a precios competitivos. Es importante se馻lar que el sector de los servicios es clave para el empleo, sobre todo de las mujeres, por lo que estas pueden aprovechar en gran medida las nuevas oportunidades ofrecidas por la plena realizaci髇 del mercado interior de los servicios. El Parlamento Europeo y el Consejo han puesto de relieve que la eliminaci髇 de los obst醕ulos jur韉icos que impiden el establecimiento de un aut閚tico mercado interior es prioritaria para conseguir el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, de mejorar el empleo y la cohesi髇 social y alcanzar un crecimiento econ髆ico sostenible con el fin de hacer de la Uni髇 Europea la econom韆 basada en el conocimiento m醩 competitiva y din醡ica del mundo de aqu� al a駉 2010, con m醩 y mejores empleos. La supresi髇 de estos obst醕ulos, al tiempo que se preserva un modelo social europeo avanzado, es una condici髇 esencial para superar los problemas ligados a la puesta en pr醕tica de la estrategia de Lisboa y dar un nuevo impulso a la econom韆 europea, especialmente en t閞minos de empleo e inversi髇. Es importante, por consiguiente, realizar el mercado interior de los servicios con el debido equilibrio entre la apertura de los mercados y la preservaci髇 de los servicios p鷅licos, los derechos sociales y los derechos de los consumidores.
• (5) Por tanto, procede eliminar los obst醕ulos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la libre circulaci髇 de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jur韉ica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. Dado que los obst醕ulos que entorpecen el mercado interior de los servicios afectan tanto a los operadores que desean establecerse en otros Estados miembros como a los que prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse en 閘, procede permitir que el prestador desarrolle sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya sea estableci閚dose en un Estado miembro, ya sea acogi閚dose a la libre circulaci髇 de servicios. Los prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre estas dos libertades en funci髇 de su estrategia de desarrollo en cada Estado miembro.
• (6) La supresi髇 de estos obst醕ulos no puede hacerse 鷑icamente mediante la aplicaci髇 directa de los art韈ulos 43 y 49 del Tratado, ya que, por un lado, resolver caso por caso mediante procedimientos de infracci髇 contra los correspondientes Estados miembros ser韆, especialmente a ra韟 de las ampliaciones, una forma de actuar extremadamente complicada para las instituciones nacionales y comunitarias y, por otro, la eliminaci髇 de numerosos obst醕ulos requiere una coordinaci髇 previa de las legislaciones nacionales, coordinaci髇 que tambi閚 es necesaria para instaurar un sistema de cooperaci髇 administrativa. Como han admitido el Parlamento Europeo y el Consejo, un instrumento legislativo comunitario permitir韆 crear un aut閚tico mercado interior de servicios.
• (7) La presente Directiva establece un marco jur韉ico general que beneficia a una amplia gama de servicios sin por ello descuidar las peculiaridades de cada tipo de actividad o de profesi髇 y de sus respectivos sistemas de regulaci髇. Este marco se basa en un enfoque din醡ico y selectivo, consistente en suprimir de forma prioritaria las barreras que se pueden eliminar r醦idamente y, respecto a las dem醩, iniciar un proceso de evaluaci髇, consulta y armonizaci髇 complementaria de cuestiones espec韋icas para permitir modernizar de forma progresiva y coordinada los sistemas nacionales de regulaci髇 de las actividades de servicios, operaci髇 que es indispensable para realizar un aut閚tico mercado interior de servicios de aqu� a 2010. Conviene prever una combinaci髇 equilibrada de medidas relativas a la armonizaci髇 selectiva, a la cooperaci髇 administrativa, a la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios y al est韒ulo para la elaboraci髇 de c骴igos de conducta sobre determinadas cuestiones. Esta coordinaci髇 de las legislaciones nacionales debe garantizar un elevado grado de integraci髇 jur韉ica comunitaria y un alto nivel de protecci髇 de los objetivos de inter閟 general y, especialmente, la protecci髇 de los consumidores, que es indispensable para establecer una confianza entre los Estados miembros. La presente Directiva tambi閚 tiene en cuenta otros objetivos de inter閟 general, incluida la protecci髇 del medio ambiente, la seguridad p鷅lica y la salud p鷅lica y la necesidad de ajustarse al Derecho del trabajo.
• (8) Conviene que lo dispuesto en la presente Directiva sobre la libertad de establecimiento y la libre circulaci髇 de servicios se aplique siempre que las actividades de que se trate est閚 abiertas a la competencia y, por tanto, no se obligue a los Estados miembros ni a liberalizar servicios de inter閟 econ髆ico general ni a privatizar entidades p鷅licas que presten este tipo de servicios, ni a abolir los actuales monopolios para otras actividades o determinados servicios de distribuci髇.
• (9) La presente Directiva s髄o se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. As�, no se aplica a requisitos tales como normas de tr醘ico rodado, normas relativas a la ordenaci髇 del territorio, urbanismo y ordenaci髇 rural, normas de construcci髇, ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan espec韋icamente o no afectan espec韋icamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad econ髆ica al igual que por los particulares en su capacidad privada.
• (10) La presente Directiva no afecta a los requisitos que rigen el acceso a los fondos p鷅licos para determinados prestadores. Estos requisitos comprenden, en particular, los que establecen condiciones con arreglo a las cuales los prestadores tienen derecho a recibir financiaci髇 p鷅lica, incluidas condiciones contractuales espec韋icas y, en particular, las normas de calidad que han de respetarse como condici髇 para percibir fondos p鷅licos, por ejemplo, en el caso de los servicios sociales.
• (11) La presente Directiva no interfiere con las medidas adoptadas por los Estados miembros con arreglo al Derecho comunitario, relativas a la protecci髇 o la promoci髇 de la diversidad cultural y lingstica y del pluralismo de los medios de comunicaci髇, incluida la financiaci髇 de dichas actividades. La presente Directiva no impide que los Estados miembros apliquen sus normas y principios fundamentales relativas a la libertad de prensa y libertad de expresi髇. La presente Directiva no afecta a las leyes de los Estados miembros que proh韇an la discriminaci髇 por motivos de nacionalidad o por motivos tales como los mencionados en el art韈ulo 13 del Tratado.
• (12) El objetivo de la presente Directiva es crear un marco jur韉ico que garantice la libertad de establecimiento y de circulaci髇 de servicios entre Estados miembros y no armonizar el Derecho penal ni menoscabarlo. No obstante, los Estados miembros no deben tener la posibilidad de restringir la libre prestaci髇 de servicios mediante la aplicaci髇 de disposiciones de Derecho penal que afecten concretamente al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio eludiendo las normas establecidas en la presente Directiva.
• (13) Es igualmente importante que la presente Directiva respete plenamente las iniciativas comunitarias basadas en el art韈ulo 137 del Tratado con miras a alcanzar los objetivos de su art韈ulo 136 relativos al fomento del empleo y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.
• (14) La presente Directiva no afecta a las condiciones de trabajo, incluidos los per韔dos m醲imos de trabajo y per韔dos m韓imos de descanso, la duraci髇 m韓ima de las vacaciones anuales retribuidas, las cuant韆s de salario m韓imo, la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo, que los Estados miembros apliquen de acuerdo con el Derecho comunitario, ni tampoco afecta a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho de negociar y celebrar convenios colectivos, el derecho de huelga y de emprender acciones sindicales, de acuerdo con la legislaci髇 y las pr醕ticas nacionales que respetan el Derecho comunitario, ni se aplica a los servicios prestados por empresas de trabajo temporal. La presente Directiva no afecta a la legislaci髇 de los Estados miembros sobre la seguridad social.
• (15) La presente Directiva respeta el ejercicio de los derechos fundamentales aplicables en los Estados miembros y reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea y las explicaciones concomitantes que los reconcilian con las libertades fundamentales establecidas en los art韈ulos 43 y 49 del Tratado. Estos derechos fundamentales incluyen el derecho a emprender una acci髇 sindical, de acuerdo con la legislaci髇 y las pr醕ticas nacionales que respetan el Derecho comunitario.
• (16) La presente Directiva s髄o afecta a los prestadores establecidos en un Estado miembro y no trata aspectos exteriores. No afecta a las negociaciones en organizaciones internacionales sobre comercio de servicios, en particular, en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
• (17) La presente Directiva incluye 鷑icamente aquellos servicios que se realizan por una contrapartida econ髆ica. Los servicios de inter閟 general no est醤 cubiertos por la definici髇 del art韈ulo 50 del Tratado, por lo que no est醤 incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. Los servicios de inter閟 econ髆ico general son servicios que se realizan por una contrapartida econ髆ica, por lo que entran dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. Sin embargo, determinados servicios de inter閟 econ髆ico general, como los que pueden existir en el sector del transporte, est醤 excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, y algunos otros servicios de inter閟 econ髆ico general, como, por ejemplo, los que puedan existir en el 醡bito de los servicios postales, est醤 exceptuados de la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios establecida en la presente Directiva. La presente Directiva no trata la financiaci髇 de servicios de inter閟 econ髆ico general ni es aplicable a los sistemas de ayuda concedidos por los Estados miembros, en particular en el 醡bito social, de conformidad con las normas comunitarias de competencia. La presente Directiva no trata las medidas de seguimiento del Libro Blanco de la Comisi髇 sobre servicios de inter閟 general.
• (18) Conviene excluir los servicios financieros del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva dado que estas actividades son objeto de una legislaci髇 comunitaria espec韋ica con el objetivo de realizar, como la presente Directiva, un aut閚tico mercado interior de servicios. Por consiguiente, esta exclusi髇 se refiere a todos los servicios financieros, como los bancarios, de cr閐ito, de seguros, incluidos los reaseguros, de pensiones de empleo o individuales, de valores, de fondos de inversi髇, de pagos, de asesor韆 sobre inversi髇 y, de forma general, los servicios enumerados en el anexo I de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de cr閐ito y a su ejercicio (4) .
• (19) Teniendo en cuenta que, en 2002, se adopt� una serie de instrumentos legislativos relativos a los servicios y redes de comunicaciones electr髇icos, as� como a los recursos y servicios asociados, mediante los cuales se estableci� un marco normativo para facilitar el acceso a estas actividades en el mercado interior, principalmente mediante la supresi髇 de la mayor韆 de los reg韒enes de autorizaci髇 individual, conviene que las cuestiones que se rigen por dichos instrumentos queden excluidas del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (20) Las excepciones al 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva relativas a los servicios de comunicaciones electr髇icas amparados por la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electr髇icas y recursos asociados, y a su interconexi髇 (Directiva acceso) (5) , la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorizaci髇 de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas (Directiva autorizaci髇) (6) , la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador com鷑 de las redes y los servicios de comunicaciones electr髇icas (Directiva marco) (7) , la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relaci髇 con las redes y los servicios de comunicaciones electr髇icas (Directiva servicio universal) (8) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protecci髇 de la intimidad en el sector de las comunicaciones electr髇icas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electr髇icas) (9) no s髄o se aplican a cuestiones tratadas concretamente en esas Directivas sino tambi閚 a asuntos respecto de los cuales las Directivas dan expl韈itamente a los Estados miembros la posibilidad de adoptar determinadas medidas a escala nacional.
• (21) Los servicios de transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y ambulancias, as� como los servicios portuarios, deben quedar excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (22) La exclusi髇 de los servicios sanitarios del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debe abarcar los servicios sanitarios y farmac閡ticos prestados por profesionales de la salud a sus pacientes con objeto de evaluar, mantener o restaurar su estado de salud cuando estas actividades est醤 reservadas a profesiones reguladas en el Estado miembro en que se presta el servicio.
• (23) La presente Directiva no afecta al reembolso de los gastos de servicios sanitarios proporcionados en un Estado miembro distinto de aquel en que resida el beneficiario de los servicios sanitarios. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado al respecto en numerosas ocasiones, y ha reconocido los derechos de los pacientes. Es importante tratar este asunto mediante otro instrumento comunitario para lograr una mayor seguridad y claridad jur韉icas en la medida en que esta cuesti髇 no est� ya tratada por el Reglamento (CEE) n� 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicaci髇 de los reg韒enes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (10) .
• (24) Debe asimismo excluirse del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva los servicios audiovisuales, independientemente de cual sea su modo de transmisi髇, incluidas las salas de cine. Asimismo, la presente Directiva no debe aplicarse a las ayudas concedidas por los Estados miembros en el sector audiovisual, que est醤 reguladas por las normas comunitarias de competencia.
• (25) Procede excluir las actividades de juego por dinero, incluidas las loter韆s y apuestas, del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, habida cuenta de la especificidad de dichas actividades, que entra馻n por parte de los Estados la aplicaci髇 de pol韙icas relacionadas con el orden p鷅lico y la protecci髇 de los consumidores.
• (26) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicaci髇 del art韈ulo 45 del Tratado.
• (27) La presente Directiva no debe afectar a los servicios sociales en los 醡bitos de la vivienda, la atenci髇 a los ni駉s y el apoyo a familias y personas necesitadas que prestan el Estado a escala nacional, regional o local, o prestadores encargados por el Estado o asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado, con el objetivo de garantizar el apoyo a quienes se hallan, temporal o permanentemente, en un estado particular de necesidad a causa de unos ingresos familiares insuficientes o de una ausencia total o parcial de independencia y a quienes corren el riesgo de quedar marginados. Estos servicios son esenciales para garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad, y son una manifestaci髇 de los principios de cohesi髇 social y de solidaridad, y no deben verse afectados por la presente Directiva.
• (28) La presente Directiva no se aplica a la financiaci髇 de los servicios sociales ni al sistema de ayudas correspondiente. Tampoco afecta a los criterios o condiciones establecidos por los Estados miembros para garantizar que los servicios sociales cumplan efectivamente una funci髇 en beneficio del inter閟 p鷅lico y de la cohesi髇 social. Asimismo, la presente Directiva no debe afectar al principio de servicio universal en los servicios sociales de los Estados miembros.
• (29) Dado que en el Tratado se prev閚 bases jur韉icas espec韋icas en materia fiscal y dados los instrumentos comunitarios ya adoptados en esta materia, procede excluir la fiscalidad del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (30) Ya existe un volumen considerable de legislaci髇 comunitaria sobre las actividades de servicios. La presente Directiva viene a a馻dirse a este acervo comunitario con el fin de complementarlo. La presente Directiva indica los puntos de conflicto entre ella y otros instrumentos comunitarios y los aborda, incluso mediante excepciones. No obstante, es necesario prever una regla para aquellos casos residuales o excepcionales en los que exista un conflicto entre una disposici髇 de la presente Directiva y una disposici髇 de otro instrumento comunitario. La existencia de dicho conflicto se determinar� con arreglo a las normas del Tratado por las que se rigen el derecho de establecimiento y la libre circulaci髇 de servicios.
• (31) La presente Directiva es coherente con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (11) , a la que no afecta. Trata cuestiones distintas a las relativas a las cualificaciones profesionales, como por ejemplo el seguro de responsabilidad profesional, las comunicaciones comerciales, las actividades multidisciplinares y la simplificaci髇 administrativa. Con respecto a la prestaci髇 de servicios temporales transfronterizos, una excepci髇 a la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios en la presente Directiva garantiza que no afecte al t韙ulo II (Libre prestaci髇 de servicios) de la Directiva 2005/36/CE. Por tanto, la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios no afecta a ninguna de las medidas aplicables con arreglo a la citada Directiva en el Estado miembro en el que se presta el servicio.
• (32) La presente Directiva es coherente con la legislaci髇 comunitaria sobre protecci髇 de los consumidores, como la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las pr醕ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las pr醕ticas comerciales desleales) (12) y el Reglamento (CE) n� 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperaci髇 entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicaci髇 de la legislaci髇 de protecci髇 de los consumidores (Reglamento sobre la cooperaci髇 en materia de protecci髇 de los consumidores) (13) .
• (33) En la presente Directiva, el concepto de 玸ervicio� incluye actividades enormemente variadas y en constante evoluci髇; entre ellas se cuentan las siguientes: servicios destinados a las empresas, como los servicios de asesoramiento sobre gesti髇, servicios de certificaci髇 y de ensayo, de mantenimiento, de mantenimiento de oficinas, servicios de publicidad o relacionados con la contrataci髇 de personal o los servicios de agentes comerciales. El concepto de servicio incluye tambi閚 los servicios destinados tanto a las empresas como a los consumidores, como los servicios de asesoramiento jur韉ico o fiscal, los servicios relacionados con los inmuebles, como las agencias inmobiliarias, o con la construcci髇, incluidos los servicios de arquitectos, la distribuci髇, la organizaci髇 de ferias o el alquiler de veh韈ulos y las agencias de viajes. Los servicios destinados a los consumidores quedan tambi閚 incluidos, como los relacionados con el turismo, incluidos los gu韆s tur韘ticos, los servicios recreativos, los centros deportivos y los parques de atracciones, y, en la medida en que no est閚 excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva, los servicios a domicilio, como la ayuda a las personas de edad. Estas actividades pueden constituir al mismo tiempo servicios que requieren una proximidad entre prestador y destinatario, servicios que implican un desplazamiento del destinatario o del prestador y servicios que se pueden prestar a distancia, incluso a trav閟 de internet.
• (34) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la evaluaci髇 de si determinadas actividades, en especial las que reciben financiaci髇 p鷅lica y las prestadas por entidades p鷅licas, constituyen un 玸ervicio� debe efectuarse caso por caso y a la vista de todas sus caracter韘ticas, en particular la forma en que se prestan, organizan y financian en el Estado miembro de que se trate. El Tribunal de Justicia ha reconocido as� que la caracter韘tica esencial de la remuneraci髇 reside en el hecho de que constituye una remuneraci髇 por los servicios de que se trate y ha reconocido que la caracter韘tica de la remuneraci髇 no se da en las actividades que realiza el Estado sin contrapartida econ髆ica, o en nombre del Estado en el marco de sus obligaciones en los 醡bitos social, cultural, educativo y judicial, tales como los cursos realizados en el marco del sistema educativo nacional o la gesti髇 de reg韒enes de seguridad social que no constituyen una actividad econ髆ica. El pago de cuotas por parte de los destinatarios, por ejemplo, las tasas acad閙icas o de matr韈ula pagados por los alumnos para hacer una contribuci髇 a los gastos de funcionamiento de un sistema no constituye por s� mismo remuneraci髇 porque el servicio se sigue financiando fundamentalmente con fondos p鷅licos. Estas actividades no responden, pues, a la definici髇 de 玸ervicio� del art韈ulo 50 del Tratado y, por tanto, no entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (35) Las actividades de deporte aficionado no lucrativas revisten una importancia social considerable. A menudo persiguen objetivos enteramente sociales o recreativos. Por consiguiente, no pueden constituir actividades econ髆icas en el sentido de la legislaci髇 comunitaria y deben quedar fuera del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (36) El concepto de 玴restador� debe abarcar toda persona f韘ica con la nacionalidad de un Estado miembro o toda persona jur韉ica que ejerza una actividad de servicios, ya sea acogi閚dose a la libertad de establecimiento o a la libre circulaci髇 de servicios. As� pues, el concepto de 玴restador� no se limita 鷑icamente a los casos en que el servicio se presta a trav閟 de las fronteras en el marco de la libre circulaci髇 de servicios, sino que tambi閚 incluye los casos en que un operador se establece en un Estado miembro para desarrollar en 閘 actividades de servicios. Por lo dem醩, el concepto de 玴restador� no abarca el caso de las sucursales de sociedades de terceros pa韘es en un Estado miembro, ya que, con arreglo al art韈ulo 48 del Tratado, s髄o disfrutan de las libertades de establecimiento y circulaci髇 de servicios las sociedades constituidas con arreglo a la legislaci髇 de un Estado miembro y cuyo domicilio social, administraci髇 central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad. La noci髇 de 玠estinatario� tambi閚 abarca a los nacionales de terceros pa韘es que ya se benefician de derechos reconocidos en actos comunitarios como el Reglamento (CEE) n� 1408/71 o la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros pa韘es residentes de larga duraci髇 (14) , el Reglamento (CE) n� 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se ampl韆n las disposiciones del Reglamento (CEE) n� 1408/71 y del Reglamento (CEE) n� 574/72 a los nacionales de terceros pa韘es que, debido 鷑icamente a su nacionalidad, no est閚 cubiertos por las mismas (15) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Uni髇 y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (16) . Adem醩, los Estados miembros pueden hacer extensivo el concepto de destinatario a otros nacionales de terceros pa韘es presentes en su territorio.
• (37) El lugar de establecimiento de un prestador debe determinarse con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, seg鷑 la cual el concepto de establecimiento implica el ejercicio efectivo de una actividad econ髆ica a trav閟 de un establecimiento fijo durante un per韔do indefinido. Este requisito se cumple tambi閚 cuando se constituye una empresa por un plazo determinado o cuando la empresa arrienda el edificio o las instalaciones desde donde ejerce su actividad. Tambi閚 puede cumplirse cuando el Estado miembro concede autorizaciones 鷑icamente durante un per韔do limitado en relaci髇 con un servicio en particular. No es necesario que el establecimiento adopte la forma de filial, sucursal o agencia, sino que puede consistir en una oficina dirigida por el propio personal del prestador o por una persona que sea independiente pero autorizada a actuar de manera permanente por la empresa, como ser韆 el caso con una agencia. Con arreglo a esta definici髇, que exige el ejercicio efectivo de una actividad econ髆ica en el lugar de establecimiento de un prestador, una simple direcci髇 postal no constituye un establecimiento. Si un prestador tiene varios lugares de establecimiento, es importante determinar desde qu� lugar de establecimiento se presta el servicio efectivo en cuesti髇. En aquellos casos en los que es dif韈il determinar desde cu醠 de los diferentes lugares de establecimiento se presta un determinado servicio, debe considerarse que este es el lugar en el que el prestador tiene el centro de sus actividades relacionadas con ese servicio en particular.
• (38) El concepto de 玴ersona jur韉ica� de acuerdo con las disposiciones del Tratado en materia de establecimiento deja libertad para que los operadores elijan la forma jur韉ica que consideran conveniente para realizar su actividad. Por tanto, las personas jur韉icas en el sentido del Tratado incluyen todas las entidades constituidas en virtud de la legislaci髇 del Estado miembro, o que se rigen por la misma, independientemente de su forma jur韉ica.
• (39) El concepto de 玶間imen de autorizaci髇� debe abarcar, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero tambi閚 la obligaci髇, para poder ejercer una actividad, de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener un carn� profesional. La concesi髇 de una autorizaci髇 puede ser resultado no s髄o de una decisi髇 formal, sino tambi閚 de una decisi髇 impl韈ita derivada, por ejemplo, del silencio administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaraci髇 para iniciar la actividad en cuesti髇 o para ejercerla legalmente.
• (40) El concepto de 玶azones imperiosas de inter閟 general� al que se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los art韈ulos 43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionando. La noci髇 reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los 醡bitos siguientes: orden p鷅lico, seguridad p鷅lica y salud p鷅lica, en el sentido de los art韈ulos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de pol韙ica social, protecci髇 de los destinatarios de los servicios, protecci髇 del consumidor, protecci髇 de los trabajadores, incluida su protecci髇 social, bienestar animal, preservaci髇 del equilibrio financiero de los reg韒enes de seguridad social, prevenci髇 de fraudes, prevenci髇 de la competencia desleal, protecci髇 del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificaci髇 urbana y rural, protecci髇 de los acreedores, garant韆 de una buena administraci髇 de justicia, seguridad vial, protecci髇 de la propiedad intelectual e industrial, objetivos de pol韙ica cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresi髇 de los diversos componentes (en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filos骹icos de la sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de educaci髇, mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservaci髇 del patrimonio nacional hist髍ico y art韘tico y pol韙ica veterinaria.
• (41) El concepto de 玱rden p鷅lico�, seg鷑 lo interpreta el Tribunal de Justicia, abarca la protecci髇 ante una amenaza aut閚tica y suficientemente importante que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad y podr� incluir, en particular, temas relacionados con la dignidad humana, la protecci髇 de los menores y adultos vulnerables y el bienestar animal. De igual manera, el concepto de seguridad p鷅lica incluye temas de protecci髇 civil.
• (42) Las normas relativas a los procedimientos administrativos no deben tener por objeto la armonizaci髇 de dichos procedimientos, sino suprimir los reg韒enes de autorizaci髇, procedimientos y formalidades excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creaci髇 de nuevas empresas de servicios que esta comporta.
• (43) Una de las principales dificultades a que se enfrentan en especial las PYME en el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio reside en la complejidad, la extensi髇 y la inseguridad jur韉ica de los procedimientos administrativos. Por este motivo, y a semejanza de otras iniciativas de modernizaci髇 y de buenas pr醕ticas administrativas a nivel comunitario o nacional, procede establecer principios de simplificaci髇 administrativa, en concreto limitando la autorizaci髇 previa obligatoria a aquellos casos en que sea indispensable e introduciendo el principio de autorizaci髇 t醕ita de las autoridades competentes una vez vencido un plazo determinado. El objetivo de este tipo de acci髇 de modernizaci髇 es, aparte de garantizar los requisitos de transparencia y actualizaci髇 de los datos relativos a los operadores, eliminar los retrasos, costes y efectos disuasorios que ocasionan, por ejemplo, tr醡ites innecesarios o excesivamente complejos y costosos, la duplicaci髇 de operaciones, las formalidades burocr醫icas en la presentaci髇 de documentos, el poder arbitrario de las autoridades competentes, plazos indeterminados o excesivamente largos, autorizaciones concedidas con un per韔do de vigencia limitado o gastos y sanciones desproporcionados. Este tipo de pr醕ticas tienen efectos disuasorios especialmente importantes para los prestadores que deseen desarrollar sus actividades en otros Estados miembros y requieren una modernizaci髇 coordinada en un mercado interior ampliado a veinticinco Estados miembros.
• (44) Los Estados miembros deben introducir, cuando proceda, formularios armonizados a escala comunitaria, establecidos por la Comisi髇, que puedan utilizarse como equivalentes a los certificados, justificantes o cualquier otra clase de documentos en relaci髇 con el establecimiento.
• (45) Para examinar la necesidad de simplificar procedimientos y tr醡ites, los Estados miembros han de poder, en particular, tener en cuenta su necesidad, n鷐ero, posible duplicaci髇, costes, claridad y accesibilidad, as� como las dificultades pr醕ticas y retrasos que podr韆n generarse en relaci髇 con el prestador de que se trate.
• (46) Con el fin de facilitar el acceso a las actividades de servicio y su ejercicio en el mercado interior, procede establecer un objetivo, com鷑 a todos los Estados miembros, de simplificaci髇 administrativa y establecer disposiciones relativas, en concreto, al derecho de informaci髇, los procedimientos por v韆 electr髇ica y la creaci髇 de un marco para los reg韒enes de autorizaci髇. A nivel nacional se pueden adoptar otras medidas para cumplir este objetivo, consistentes en reducir el n鷐ero de procedimientos y tr醡ites aplicables a las actividades de servicios y en asegurarse de que dichos procedimientos y tr醡ites son indispensables para conseguir un objetivo de inter閟 general y de que no existen solapamientos entre ellos, tanto en el contenido como en la finalidad.
• (47) En aras de la simplificaci髇 administrativa, no deben imponerse de forma generalizada requisitos formales, como la presentaci髇 de documentos originales, copias compulsadas o una traducci髇 compulsada, excepto en aquellos casos en que est� justificado objetivamente por una raz髇 imperiosa de inter閟 general, como, por ejemplo, la protecci髇 de los trabajadores, la salud p鷅lica, la protecci髇 del medio ambiente o la protecci髇 de los consumidores. Tambi閚 es necesario garantizar que la autorizaci髇 d� acceso como norma general a una actividad de servicios o a su ejercicio en todo el territorio nacional, a no ser que est� objetivamente justificado exigir una autorizaci髇 individual para cada establecimiento - por ejemplo, para cada implantaci髇 de grandes superficies comerciales -, o una limitaci髇 de la autorizaci髇 a un lugar espec韋ico del territorio nacional, por una raz髇 imperiosa de inter閟 general.
• (48) A efectos de una mayor simplificaci髇 de los procedimientos administrativos, conviene garantizar que todo prestador disponga de un interlocutor 鷑ico al que dirigirse para realizar todos los procedimientos y tr醡ites (denominados en lo sucesivo 玽entanillas 鷑icas�). El n鷐ero de ventanillas 鷑icas por Estado miembro puede variar seg鷑 las competencias regionales o locales o seg鷑 las actividades de que se trate. En efecto, la creaci髇 de ventanillas 鷑icas no debe interferir en el reparto de competencias entre autoridades competentes dentro de cada sistema nacional. Cuando varias autoridades tienen competencias a nivel regional o local, una de ellas puede hacerse cargo del papel de ventanilla 鷑ica y de coordinador con las dem醩. Las ventanillas 鷑icas pueden estar constituidas no s髄o por autoridades administrativas sino tambi閚 por c醡aras de comercio o de oficios, colegios profesionales u organismos privados a los que los Estados miembros encomienden esta funci髇. La finalidad de las ventanillas 鷑icas es desempe馻r un importante papel de ayuda al prestador, ya sea como autoridad directamente competente para expedir los documentos necesarios para acceder a una actividad de servicios, ya sea como intermediario entre el prestador y dichas autoridades directamente competentes.
• (49) La tarifa que puedan cobrar las ventanillas 鷑icas debe ser proporcional al coste de los procedimientos y tr醡ites de que se ocupen. Esto no debe impedir a los Estados miembros encargar a las ventanillas 鷑icas el cobro de otros derechos administrativos tales como los honorarios de los organismos de supervisi髇.
• (50) Es necesario que los prestadores y destinatarios de los servicios accedan f醕ilmente a determinados tipos de informaci髇. Debe corresponder a cada Estado miembro determinar, en el marco de la presente Directiva, la forma en que se facilita informaci髇 a los prestadores y destinatarios. En particular, la obligaci髇 de los Estados miembros de garantizar que los prestadores y destinatarios puedan acceder f醕ilmente a la informaci髇 pertinente y que el p鷅lico pueda acceder a ella sin obst醕ulos puede cumplirse ofreciendo dicha informaci髇 en internet. Toda informaci髇 suministrada debe comunicarse de manera clara e inequ韛oca.
• (51) La informaci髇 suministrada a los prestadores y destinatarios de servicios debe incluir, en particular, informaci髇 relativa a procedimientos y tr醡ites, datos de contacto de las autoridades competentes, condiciones de acceso a los registros y bases de datos p鷅licos e informaci髇 sobre las v韆s de recurso disponibles y datos de contacto de las asociaciones y organizaciones que pueden proporcionar asistencia t閏nica a los prestadores o destinatarios. La obligaci髇 de las autoridades competentes de asistir a los prestadores y destinatarios no debe incluir la prestaci髇 de asesoramiento jur韉ico en casos individuales. No obstante, debe ofrecerse informaci髇 general sobre la forma en que suelen interpretarse o aplicarse los requisitos. Los Estados miembros deben determinar cuestiones como la responsabilidad en caso de que la informaci髇 facilitada sea incorrecta o enga駉sa.
• (52) La creaci髇, en un plazo de tiempo razonablemente corto, de un sistema de procedimientos y tr醡ites efectuados por v韆 electr髇ica es fundamental para lograr la simplificaci髇 administrativa en materia de actividades de servicios, en beneficio de prestadores, destinatarios y autoridades competentes. La observancia de este tipo de obligaci髇 puede requerir la adaptaci髇 de las legislaciones nacionales y de otras normas aplicables a los servicios. Esta obligaci髇 no debe impedir a los Estados miembros prever otros medios de respetar dichos procedimientos y tr醡ites, adem醩 de los medios electr髇icos. El hecho de que deba ser posible efectuar a distancia esos mismos procedimientos y tr醡ites requiere, concretamente, que los Estados miembros se aseguren de que se pueden realizar a nivel transfronterizo. Esta obligaci髇 de resultado no afecta a los procedimientos o tr醡ites que, por su propia naturaleza, no se pueden realizar a distancia. Adem醩, ello no interfiere con la legislaci髇 de los Estados miembros sobre el uso de las lenguas.
• (53) La concesi髇 de licencias para determinadas actividades de servicios puede requerir una entrevista del solicitante con la autoridad competente con el fin de evaluar la integridad personal e idoneidad del solicitante para prestar el servicio en cuesti髇. En esos casos, no se considera apropiado cumplir las formalidades mediante medios electr髇icos.
• (54) La posibilidad de acceder a una actividad de servicios s髄o debe quedar supeditada a la obtenci髇 de una autorizaci髇 por parte de las autoridades competentes cuando dicho acto cumpla los criterios de no discriminaci髇, necesidad y proporcionalidad. En concreto, esto significa que la autorizaci髇 s髄o es admisible en aquellos casos en que no resultar韆 eficaz hacer un control a posteriori, habida cuenta de la imposibilidad de comprobar a posteriori los defectos de los servicios en cuesti髇 y habida cuenta de los riesgos y peligros que se derivar韆n de la inexistencia de un control a priori. Las disposiciones de la presente Directiva en ese sentido no pueden justificar los reg韒enes de autorizaci髇 prohibidos por otros instrumentos de Derecho comunitario, como la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electr髇ica (17) o la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur韉icos de los servicios de la sociedad de la informaci髇, en particular el comercio electr髇ico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr髇ico) (18) . Los resultados del proceso de evaluaci髇 rec韕roca permitir醤 determinar a nivel comunitario los tipos de actividades para las que deben suprimirse los reg韒enes de autorizaci髇.
• (55) La presente Directiva no debe afectar a la posibilidad de que los Estados miembros retiren las autorizaciones a posteriori si dejan de cumplirse las condiciones necesarias para la concesi髇 de la autorizaci髇.
• (56) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud p鷅lica, protecci髇 de los consumidores, sanidad animal y protecci髇 del entorno urbano constituyen razones imperiosas de inter閟 general que permiten justificar la aplicaci髇 de reg韒enes de autorizaci髇 y otras restricciones. No obstante, ning鷑 r間imen de autorizaci髇 o restricci髇 de estas caracter韘ticas debe discriminar en raz髇 de nacionalidad. Adem醩, deben respetarse siempre los principios de necesidad y proporcionalidad.
• (57) Las disposiciones de la presente Directiva relativas a los reg韒enes de autorizaci髇 se refieren a los casos en los que el acceso a una actividad de servicios o el ejercicio de la misma por parte de operadores requiere una decisi髇 de la autoridad competente. Esto no afecta a las decisiones de las autoridades competentes de crear una entidad p鷅lica o privada para la prestaci髇 de un servicio espec韋ico ni a la celebraci髇 de contratos por las autoridades competentes para la prestaci髇 de un servicio espec韋ico regido por normas relativas a los contratos p鷅licos, dado que la presente Directiva no versa sobre esas normas.
• (58) Para facilitar el acceso a actividades de servicios y su ejercicio, es importante evaluar e informar sobre los reg韒enes de autorizaci髇 y su justificaci髇. Esta obligaci髇 de informaci髇 se refiere solamente a la vigencia de reg韒enes de autorizaci髇 y no a los criterios y las condiciones para la concesi髇 de una autorizaci髇.
• (59) Como norma general, la autorizaci髇 debe dar al prestador la posibilidad de acceder a la actividad de servicios o de ejercerla en todo el territorio nacional, salvo que una raz髇 imperiosa de inter閟 general justifique una limitaci髇 territorial. Por ejemplo, la protecci髇 del medio ambiente justifica que se exija una autorizaci髇 individual para cada instalaci髇 f韘ica en el territorio nacional. Esta disposici髇 no afecta a las competencias regionales o locales sobre concesi髇 de autorizaciones en los Estados miembros.
• (60) La presente Directiva, y en particular las disposiciones referentes a los reg韒enes de autorizaci髇 y al 醡bito territorial de una autorizaci髇, no deben interferir en el reparto de competencias regionales o locales en los Estados miembros, incluidos los gobiernos aut髇omos regionales y locales y el uso de lenguas oficiales.
• (61) La disposici髇 relativa a la no duplicaci髇 de condiciones para la concesi髇 de una autorizaci髇 no debe impedir que los Estados miembros apliquen sus propias condiciones especificadas en el r間imen de autorizaci髇. Solamente debe exigir que las autoridades competentes, al considerar si el solicitante cumple estas condiciones, tengan en cuenta las condiciones equivalentes cumplidas ya por el candidato en otro Estado miembro. Esta disposici髇 no debe exigir la aplicaci髇 de las condiciones para la concesi髇 de una autorizaci髇 previstas en el r間imen de autorizaci髇 de otro Estado miembro.
• (62) En el caso de que el n鷐ero de autorizaciones disponibles para una actividad dada est� limitado debido a la escasez de recursos naturales o de capacidades t閏nicas, debe adoptarse un procedimiento de selecci髇 entre varios posibles candidatos, con el fin de que, mediante el juego de la libre competencia, se desarrollen la calidad y las condiciones de la oferta de servicios puestos a disposici髇 de los usuarios. Este tipo de procedimiento debe reunir garant韆s de transparencia e imparcialidad y la autorizaci髇 concedida en virtud del mismo no debe tener una duraci髇 excesiva, renovarse autom醫icamente o representar ventaja alguna para el prestador cesante. En especial, la duraci髇 de la autorizaci髇 concedida debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia m醩 all� de lo necesario para garantizar la amortizaci髇 de las inversiones y una remuneraci髇 equitativa de los capitales invertidos. Esta disposici髇 no debe impedir a los Estados miembros limitar el n鷐ero de autorizaciones por motivos distintos de la escasez de recursos naturales o de capacidades t閏nicas. Estas autorizaciones deben seguir estando sujetas en todo caso al cumplimiento de las dem醩 disposiciones sobre reg韒enes de autorizaci髇 previstas en la presente Directiva.
• (63) En ausencia de un r間imen distinto y a falta de respuesta dentro de plazo, debe considerarse que la autorizaci髇 ha sido concedida. No obstante, cabe la posibilidad de aplicar reg韒enes distintos con respecto a determinadas actividades cuando est閚 justificadas objetivamente por razones imperiosas de inter閟 general, entre ellas el inter閟 leg韙imo de terceros. Dicho r間imen distinto puede incluir normas de los Estados miembros conforme a las que, a falta de respuesta de la autoridad competente, se considerar� denegada la solicitud, denegaci髇 que podr� recurrirse ante los tribunales.
• (64) Con el fin de crear un aut閚tico mercado interior de servicios es necesario que se supriman las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre circulaci髇 de servicios que a鷑 persisten en las legislaciones de algunos Estados miembros y que son incompatibles con los art韈ulos 43 y 49, respectivamente, del Tratado. Las restricciones prohibidas en la presente Directiva afectan especialmente al mercado interior de servicios y deben desmantelarse de forma sistem醫ica lo antes posible.
• (65) La libertad de establecimiento implica, en concreto, el principio de igualdad de trato, que proh韇e no s髄o toda discriminaci髇 basada en la nacionalidad de un Estado miembro, sino tambi閚 toda discriminaci髇 indirecta basada en otros criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo resultado. As�, por ejemplo, el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio en un Estado miembro, tanto si se trata de una actividad principal como secundaria, no debe estar supeditado a criterios como el lugar de establecimiento, de residencia, de domicilio o de prestaci髇 principal de una actividad. No obstante, estos criterios no deben incluir requisitos seg鷑 los cuales el prestador, o uno de sus empleados o un representante, deba estar presente durante el ejercicio de la actividad cuando se justifique por una raz髇 imperiosa de inter閟 p鷅lico. Asimismo, los Estados miembros no deben restringir la capacidad jur韉ica o el derecho de las sociedades constituidas con arreglo a lo dispuesto en la legislaci髇 de otro Estado miembro, en cuyo territorio tengan su establecimiento principal, a interponer acciones judiciales. M醩 a鷑, los Estados miembros no deben tener la posibilidad de conceder ventaja alguna a los prestadores que tengan un especial v韓culo socioecon髆ico nacional o local, ni de restringir, invocando el lugar de establecimiento, la libertad del prestador de adquirir, explotar o enajenar derechos y bienes o de acceder a diversas formas de cr閐ito y de vivienda en la medida en que dichas facultades sean necesarias para acceder a su actividad o para su ejercicio efectivo.
• (66) El acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio en el territorio de un Estado miembro no debe supeditarse a una prueba econ髆ica. La prohibici髇 de pruebas econ髆icas como condici髇 previa para la concesi髇 de una autorizaci髇 debe aplicarse a las pruebas econ髆icas como tales, pero no a los dem醩 requisitos justificados objetivamente por razones imperiosas de inter閟 general, como la protecci髇 del entorno urbano, la pol韙ica social y la salud p鷅lica. Esta prohibici髇 no debe afectar al ejercicio de las competencias de las autoridades encargadas de la aplicaci髇 del Derecho de competencia.
• (67) En cuanto a las garant韆s financieras o al seguro, la prohibici髇 de requisitos solamente debe referirse a la obligaci髇 de que las garant韆s financieras o el seguro pedidos deben proceder de una instituci髇 financiera establecida en el Estado miembro de que se trate.
• (68) Por lo que respecta al registro previo, la prohibici髇 de requisitos solamente debe afectar a la obligaci髇 de que el prestador, antes de su establecimiento, deba constar durante un per韔do determinado en un registro del Estado miembro de que se trate.
• (69) Con el fin de coordinar de forma coherente la modernizaci髇 de las reglamentaciones nacionales con los requisitos del mercado interior, procede evaluar determinados requisitos nacionales no discriminatorios, que, por sus caracter韘ticas, pueden restringir sensiblemente o, incluso, impedir el acceso a una actividad o su ejercicio acogi閚dose a la libertad de establecimiento. Ese ejercicio de evaluaci髇 debe limitarse a la compatibilidad de aquellos requisitos con los criterios ya establecidos por el Tribunal de Justicia sobre la libertad de establecimiento. No debe afectar a la aplicaci髇 de la legislaci髇 comunitaria en materia de competencia. Cuando dichos requisitos sean discriminatorios o no se justifiquen objetivamente por razones imperiosas de inter閟 general, o cuando sean desproporcionados, deben suprimirse o modificarse. El resultado de esa evaluaci髇 diferir� conforme al car醕ter de la actividad y el inter閟 p鷅lico de que se trate. En especial, tales requisitos podr韆n justificarse plenamente cuando los motiven objetivos de pol韙ica social.
• (70) A los efectos de la presente Directiva, y sin perjuicio del art韈ulo 16 del Tratado, los servicios s髄o pueden considerarse servicios de inter閟 econ髆ico general si se prestan en ejecuci髇 de una tarea especial de inter閟 p鷅lico confiada al prestador por el Estado miembro en cuesti髇. Este encargo debe hacerse por medio de uno o varios actos, cuya forma ha de determinar el Estado miembro de que se trate, y debe precisar la naturaleza concreta de la tarea especial.
• (71) El ejercicio de evaluaci髇 rec韕roca que dispone la presente Directiva no debe afectar a la libertad de los Estados miembros de fijar en su legislaci髇 un elevado nivel de protecci髇 de los intereses p鷅licos, en particular con respecto a los objetivos de pol韙ica social. Adem醩, es preciso que el ejercicio de evaluaci髇 rec韕roca tenga plenamente en cuenta la especificidad de los servicios de inter閟 econ髆ico general y de los cometidos especiales que se les asignan. Esto puede justificar determinadas restricciones de la libertad de establecimiento, en especial cuando tengan por objeto la protecci髇 de la salud p鷅lica o persigan objetivos de pol韙ica social y cumplan las condiciones fijadas en el art韈ulo 15, apartado 3, letras a), b) y c). Por ejemplo, en lo referente a la obligaci髇 de adoptar una forma jur韉ica espec韋ica para ejercer determinados servicios en el 醡bito social, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que puede estar justificado someter al prestador al requisito de actuar sin 醤imo de lucro.
• (72) Los servicios de inter閟 econ髆ico general tienen confiadas importantes tareas relacionadas con la cohesi髇 social y territorial. La realizaci髇 de esas tareas no debe obstaculizarse como resultado del proceso de evaluaci髇 establecido en la presente Directiva. Los requisitos necesarios para cumplir con esas tareas no deben verse afectados por este proceso, al mismo tiempo que debe hacerse frente a restricciones injustificadas de la libertad de establecimiento.
• (73) Entre los requisitos que hay que examinar figuran los reg韒enes nacionales que, por motivos distintos de los relacionados con las cualificaciones profesionales, reservan a prestadores concretos el acceso a ciertas actividades. Estos requisitos incluyen tambi閚 la obligaci髇 para un prestador de adoptar una forma jur韉ica particular, concretamente de constituirse como persona jur韉ica, sociedad de personas, entidad sin 醤imo de lucro o sociedad perteneciente 鷑icamente a personas f韘icas, y requisitos relativos a la posesi髇 de capital de una sociedad, concretamente la obligaci髇 de disponer de un capital m韓imo para determinadas actividades o tener una cualificaci髇 espec韋ica para poseer el capital social o gestionar determinadas sociedades. La evaluaci髇 de la compatibilidad de las tarifas fijas m韓imas o m醲imas con la libertad de establecimiento se refiere s髄o a las tarifas impuestas por las autoridades competentes para la prestaci髇 espec韋ica de determinados servicios y no, por ejemplo, a las normas generales sobre fijaci髇 de precios como las aplicables al alquiler de alojamientos.
• (74) El ejercicio de evaluaci髇 rec韕roca significa que los Estados miembros, durante el plazo de adaptaci髇 del Derecho interno, tendr醤 que efectuar un cribado previo de su legislaci髇 para determinar si cualesquiera de los antedichos requisitos existen en su ordenamiento jur韉ico. A m醩 tardar antes de que finalice el per韔do de transici髇, los Estados miembros deben elaborar un informe sobre los resultados de dicho cribado. Cada informe se presentar� a los dem醩 Estados miembros y a todos los interesados. A continuaci髇 los Estados miembros dispondr醤 de seis meses para presentar sus observaciones sobre dichos informes. A m醩 tardar un a駉 despu閟 de la fecha de incorporaci髇 de la presente Directiva al Derecho interno, la Comisi髇 debe elaborar un informe de s韓tesis acompa馻do, en su caso, de las oportunas propuestas de nuevas iniciativas. De ser necesario, la Comisi髇, en cooperaci髇 con los Estados miembros, puede asistirles a fin de elaborar un m閠odo com鷑.
• (75) El hecho de que en la presente Directiva se fije una serie de requisitos que los Estados miembros deben suprimir o evaluar durante el per韔do de incorporaci髇 al Derecho interno no obsta para que se puedan iniciar recursos contra un Estado miembro por incumplimiento de los art韈ulos 43 o 49 del Tratado.
• (76) La presente Directiva no afecta a la aplicaci髇 de los art韈ulos 28 a 30 del Tratado, relativos a la libre circulaci髇 de mercanc韆s. Las restricciones prohibidas en virtud de la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios tienen por objeto los requisitos aplicables al acceso a las actividades de servicios o a su ejercicio y no los aplicables a los bienes como tales.
• (77) Cuando un operador se desplaza a otro Estado miembro para ejercer en 閘 una actividad de servicios, hay que distinguir entre las situaciones que entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la libertad de establecimiento y las que entran en el 醡bito de aplicaci髇 de la libre circulaci髇 de servicios, en funci髇 del car醕ter temporal de la actividad de que se trate. En lo referente a la distinci髇 entre la libertad de establecimiento y la libre circulaci髇 de servicios, el elemento clave, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es si el agente est� o no establecido en el Estado miembro en que presta el servicio de que se trate. Si est� establecido en el Estado miembro en que presta sus servicios, debe entrar en el 醡bito de aplicaci髇 de la libertad de establecimiento. Si, por el contrario, el agente no est� establecido en el Estado miembro en que presta sus servicios, sus actividades deben quedar cubiertas por la libre circulaci髇 de servicios. Con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el car醕ter temporal de las actividades de que se trate debe apreciarse no s髄o en funci髇 de la duraci髇 de la prestaci髇, sino tambi閚 en funci髇 de su frecuencia, periodicidad o continuidad. El car醕ter temporal de la libre prestaci髇 de servicios no debe excluir la posibilidad de que el prestador se dote de cierta infraestructura en el Estado miembro en el que presta el servicio (incluida una oficina, un gabinete o un estudio) en la medida en que sea necesaria para hacer efectiva la prestaci髇 de que se trate.
• (78) Con el fin de asegurar una aplicaci髇 eficaz de la libre circulaci髇 de servicios y de garantizar a los destinatarios y a los prestadores que puedan disfrutar de servicios y prestarlos en toda la Comunidad sin tener en cuenta las fronteras, procede clarificar en qu� medida pueden imponerse los requisitos del Estado miembro en el que se presta el servicio. Resulta imprescindible destacar que la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios no impide que el Estado miembro en el que se presta el servicio aplique, de conformidad con los principios establecidos en el art韈ulo 16, apartado 1, letras a) a c), sus requisitos espec韋icos por razones de orden p鷅lico o seguridad p鷅lica o para la protecci髇 de la salud p鷅lica o del medio ambiente.
• (79) El Tribunal de Justicia ha sostenido de manera reiterada que los Estado miembros conservan el derecho a tomar medidas para evitar que los prestadores abusen de las ventajas de los principios del mercado interior. El abuso por parte de un prestador debe establecerse de manera individual.
• (80) Es necesario garantizar que los prestadores de servicios puedan llevar consigo el equipo que sea inherente a la prestaci髇 de su servicio cuando se desplacen a ejercerla en otro Estado miembro. En particular, es importante evitar que se den casos en que no pueda prestarse el servicio por no tener el equipo o situaciones en que los prestadores deban realizar gastos adicionales, por ejemplo, alquilando o adquiriendo equipos distintos de los que utilizan habitualmente o por necesidad de apartarse significativamente del modo en el que desempe馻n habitualmente su actividad.
• (81) Este concepto de equipo no se refiere a los objetos f韘icos que, o bien son suministrados por el prestador al cliente, o bien pasan a formar parte de un objeto f韘ico como resultado de la actividad de servicio (por ejemplo, los materiales de construcci髇 o los repuestos) ni a los objetos consumidos o dejados in situ durante la prestaci髇 del servicio (por ejemplo, los combustibles, explosivos, fuegos artificiales, plaguicidas, venenos o medicamentos).
• (82) Las disposiciones de la presente Directiva no deben impedir la aplicaci髇 por un Estado miembro de normas sobre las condiciones de empleo. De acuerdo con el Tratado, las normas legales, reglamentarias o administrativas deben justificarse en aras de la protecci髇 de los trabajadores, ser no discriminatorias, necesarias y proporcionadas, conforme a la interpretaci髇 del Tribunal de Justicia, y ajustarse a las dem醩 disposiciones pertinentes del Derecho comunitario.
• (83) Es necesario garantizar que las disposiciones sobre la libre prestaci髇 de servicios s髄o pueden incumplirse en los 醡bitos para los que se establezca una excepci髇. Estas excepciones son necesarias para tomar en consideraci髇 el grado de integraci髇 del mercado interior o determinados instrumentos comunitarios relativos a los servicios en los que se prev� que un prestador est� sujeto a la aplicaci髇 de leyes distintas de las del Estado miembro de establecimiento. Adem醩, y con car醕ter excepcional, se deben adoptar medidas contra un prestador dado en determinados casos individuales y siguiendo determinadas condiciones estrictas de fondo y de procedimiento. Por otra parte, cualquier restricci髇 a la libre circulaci髇 de servicios s髄o debe poder acogerse a una excepci髇 si respeta los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del derecho inscritos en el ordenamiento jur韉ico comunitario.
• (84) La excepci髇 a la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios relativa a los servicios postales debe abarcar tanto las actividades reservadas al prestador de servicios universales como otros servicios postales.
• (85) La excepci髇 a la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios relativa al cobro de deudas por orden judicial y la referencia a un posible futuro instrumento de armonizaci髇 debe referirse 鷑icamente al acceso a actividades que consisten, en particular, en incoar procedimientos ante un tribunal en relaci髇 con el cobro de deudas, y a su ejercicio.
• (86) La presente Directiva no se aplica a las condiciones de trabajo y empleo que, en virtud de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestaci髇 de servicios (19) se aplican a trabajadores desplazados para prestar un servicio en el territorio de otro Estado miembro. En tales casos, la Directiva 96/71/CE establece que los prestadores deben cumplir con las condiciones de trabajo y empleo en una serie de 醡bitos, que enumera, en el Estado miembro en el que se presta el servicio. Son las siguientes: los per韔dos m醲imos de trabajo as� como los per韔dos m韓imos de descanso, la duraci髇 m韓ima de las vacaciones anuales retribuidas, las cuant韆s de salario m韓imo, incluidas las correspondientes a las horas extraordinarias, las condiciones de suministro de mano de obra, en particular por parte de empresas de trabajo temporal; la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo; las medidas de protecci髇 aplicables a las condiciones de trabajo y de empleo de las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, as� como de los ni駉s y de los j髒enes; la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras disposiciones en materia de no discriminaci髇. Ello afecta no s髄o a las condiciones de trabajo establecidas por disposiciones legislativas, sino tambi閚 a aquellas establecidas en convenios colectivos, siempre que estos est閚 oficialmente declarados o sean de aplicaci髇 general de facto con arreglo a la Directiva 96/71/CE. Adem醩, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros apliquen condiciones de trabajo y empleo relativas a materias distintas de las enumeradas en el art韈ulo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE por razones de orden p鷅lico.
• (87) La presente Directiva tampoco debe afectar a las condiciones de trabajo y empleo en los casos en que el trabajador empleado para prestar un servicio transfronterizo sea contratado en el Estado miembro en que se presta el servicio. Adem醩, la presente Directiva no debe afectar al derecho de los Estados miembros en los que se presta el servicio a determinar la existencia de una relaci髇 laboral y la distinci髇 entre trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena, incluidos los 玣alsos trabajadores por cuenta propia�. A este respecto, la caracter韘tica esencial de una relaci髇 laboral con arreglo al art韈ulo 39 del Tratado debe ser el hecho de que una persona realice, durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la direcci髇 de esta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneraci髇. Toda actividad realizada por una persona al margen de una relaci髇 de subordinaci髇 debe clasificarse como actividad aut髇oma a efectos de los art韈ulos 43 y 49 del Tratado.
• (88) La disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios no debe aplicarse a los casos en que los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, reservan una actividad a una profesi髇 en particular, por ejemplo, la obligaci髇 de reservar la prestaci髇 de asesor韆 jur韉ica a los abogados.
• (89) La exclusi髇 de la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios de cuestiones relacionadas con la matriculaci髇 de veh韈ulos objeto de un arrendamiento financiero en un Estado miembro distinto de aquel en que se utilizan es resultado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha reconocido que un Estado miembro puede imponer este tipo de obligaci髇 a los veh韈ulos utilizados en su territorio, en condiciones que sean proporcionadas. Este tipo de exclusi髇 no incluye el alquiler con car醕ter ocasional o temporal.
• (90) Las relaciones contractuales entre el prestador y el cliente, as� como entre el empleador y el empleado no deben estar sujetas a la presente Directiva. La legislaci髇 aplicable a las obligaciones contractuales o extracontractuales del prestador debe determinarse de conformidad con las normas del Derecho internacional privado.
• (91) Es necesario dejar a los Estados miembros la posibilidad de que, con car醕ter excepcional, adopten medidas de excepci髇 a la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios con relaci髇 a un prestador establecido en otro Estado miembro en casos particulares y por motivos de seguridad de los servicios. No obstante, tales medidas s髄o han de poder adoptarse cuando no haya armonizaci髇 comunitaria.
• (92) Las restricciones de la libre circulaci髇 de servicios contrarias a la presente Directiva pueden derivarse no s髄o de las medidas tomadas respecto de los prestadores, sino tambi閚 de m鷏tiples obst醕ulos que entorpecen la utilizaci髇 de los servicios por parte de los destinatarios y, especialmente, de los consumidores. En la presente Directiva se indican, como ejemplo, algunos tipos de restricci髇 respecto de un destinatario que desee utilizar un servicio prestado por un prestador establecido en otro Estado miembro. Aqu� se incluyen los casos en que los destinatarios de un servicio est醤 obligados a obtener autorizaci髇 de las autoridades competentes, o a realizar una declaraci髇 ante ellas, para recibir el servicio de un proveedor establecido en otro Estado miembro. Esto no se refiere a los reg韒enes de autorizaci髇 general que se aplican tambi閚 al uso de los servicios prestados por un prestador establecido en el mismo Estado miembro.
• (93) El concepto de ayudas econ髆icas facilitadas para utilizar un servicio espec韋ico no debe aplicarse a los sistemas de ayudas concedidas por los Estados miembros, en particular en los 醡bitos social o cultural, que est醤 reguladas por las normas comunitarias de competencia, ni se aplica a las ayudas econ髆icas generales no relacionadas con el uso de un servicio particular, por ejemplo, las becas o pr閟tamos para estudiantes.
• (94) Con arreglo a las normas del Tratado en materia de libre circulaci髇 de servicios, est醤 prohibidas las discriminaciones basadas en la nacionalidad del destinatario o en la residencia nacional o local. Tales discriminaciones pueden adoptar distintas formas, como por ejemplo una obligaci髇, impuesta 鷑icamente a los ciudadanos de otro Estado miembro, de presentar los documentos originales, copias compulsadas, un certificado de nacionalidad o traducciones oficiales de los documentos para poder disfrutar de un servicio o de determinadas ventajas en las tarifas. No obstante, la prohibici髇 de los requisitos discriminatorios no debe impedir que se pueda reservar una serie de ventajas, en concreto en las tarifas, para determinados destinatarios, si dichas ventajas est醤 basadas en criterios leg韙imos y objetivos.
• (95) El principio de no discriminaci髇 en el mercado interior implica que el acceso de un destinatario, especialmente un consumidor, a un servicio ofrecido al p鷅lico no puede denegarse o restringirse con la aplicaci髇 de un criterio contenido en las condiciones generales puestas a disposici髇 del p鷅lico y relacionado con la nacionalidad del destinatario o su lugar de residencia. Esto no obsta para que en dichas condiciones generales puedan preverse para la prestaci髇 de un servicio tarifas, precios y condiciones variables justificadas directamente por factores objetivos que pueden variar de un pa韘 a otro, como los costes adicionales ocasionados por la distancia, las caracter韘ticas t閏nicas de la prestaci髇, diferencias en las condiciones del mercado, como una demanda m醩 o menos elevada influenciada por temporalidad, distintos per韔dos de vacaciones en los Estados miembros o distintas pol韙icas de precios por parte de los competidores, o los riesgos adicionales derivados de normativas distintas de las del Estado miembro de establecimiento. Tampoco cabe afirmar que la no prestaci髇 de un servicio a un consumidor por falta de los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios en un territorio particular suponga una discriminaci髇 ilegal.
• (96) Entre los medios de los que se puede servir el prestador para hacer que el destinatario pueda acceder con facilidad a los datos que est� obligado a poner a su disposici髇, conviene prever la comunicaci髇 de su direcci髇 electr髇ica y de su sitio en internet. Por lo dem醩, la obligaci髇 de ofrecer determinados datos en los documentos informativos de los prestadores en los que se presentan sus servicios de forma detallada no debe afectar a las comunicaciones comerciales de car醕ter general, como la publicidad, sino m醩 bien a los folletos en los que se hace una descripci髇 detallada de los servicios propuestos, incluidos los documentos publicados en un sitio en internet.
• (97) Es necesario establecer en esta Directiva algunas normas sobre la alta calidad de los servicios, que garanticen en particular los requisitos de informaci髇 y transparencia. Estas normas deben aplicarse tanto en casos de prestaci髇 transfronteriza de servicios entre Estados miembros como en casos de servicios prestados en un Estado miembro por un prestador all� establecido, sin imponer cargas innecesarias a las peque馻s y medianas empresas. No deben impedir en ning鷑 caso a los Estados miembros aplicar, de acuerdo con la presente Directiva y otras disposiciones del Derecho comunitario, requisitos de calidad adicionales o diferentes.
• (98) Cualquier prestador que proporcione servicios que presenten un riesgo directo y concreto para la salud o la seguridad del destinatario o de un tercero o un riesgo financiero para cualquiera de ellos debe estar cubierto, en principio, por un seguro de responsabilidad profesional adecuado o por cualquier otra garant韆 equivalente o comparable, lo que supone, en concreto, que, como regla general, el prestador debe estar asegurado de manera adecuada para los servicios prestados en uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro de establecimiento.
• (99) El seguro o garant韆 debe adecuarse a la naturaleza y al alcance del riesgo. Por lo tanto, s髄o debe ser necesario que los prestadores tengan una cobertura transfronteriza si realmente prestan servicios en otros Estados miembros. Los Estados miembros no deben establecer normas m醩 detalladas sobre la cobertura del seguro y fijar, por ejemplo, umbrales m韓imos para las sumas aseguradas o l韒ites aplicables a las exclusiones de la cobertura. Los prestadores y las empresas de seguros deben mantener la flexibilidad necesaria para negociar p髄izas de seguros adaptadas a la naturaleza y al alcance del riesgo. Adem醩, no es necesario que la obligaci髇 de suscribir un seguro adecuado sea establecida por ley. Debe ser suficiente que la obligaci髇 de seguro forme parte de las normas deontol骻icas establecidas por los organismos profesionales. Por 鷏timo, no debe haber ninguna obligaci髇 para las empresas de seguros de proporcionar una cobertura de seguro.
• (100) Conviene suprimir las prohibiciones totales de comunicaciones comerciales en el caso de las profesiones reguladas. Dicha supresi髇 no afecta a las prohibiciones relativas al contenido de una comunicaci髇 comercial, sino a aquellas que, de manera general y en relaci髇 con una profesi髇 dada, proh韇en una o varias formas de comunicaci髇 comercial, por ejemplo, toda publicidad en uno o varios medios de difusi髇 dados. Por lo que se refiere al contenido y a las modalidades de las comunicaciones comerciales, procede animar a los profesionales a elaborar c骴igos de conducta a nivel comunitario que cumplan lo dispuesto en el Derecho comunitario.
• (101) Es necesario garantizar, en inter閟 de los destinatarios, en particular los consumidores, que los prestadores puedan ofrecer servicios multidisciplinares y que las restricciones a este respecto se limiten a lo estrictamente necesario para garantizar la imparcialidad, la independencia y la integridad de las profesiones reguladas. Esto no afecta a las restricciones o prohibiciones sobre el ejercicio de actividades concretas cuyo objetivo sea garantizar la independencia en casos en que un Estado miembro encomiende a un prestador una misi髇 espec韋ica, en particular en el 醡bito del desarrollo urban韘tico, ni tampoco a la aplicaci髇 de las normas de competencia.
• (102) Con el fin de mejorar la transparencia y de favorecer las apreciaciones basadas en criterios comparables en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos y prestados a los destinatarios, es importante obligar a que se pueda acceder f醕ilmente a la informaci髇 sobre el significado de las etiquetas y otras marcas distintivas relativas a dichos servicios. Esta obligaci髇 de transparencia reviste especial importancia en sectores como el turismo y, especialmente, la hosteler韆, en los que est� muy extendido el uso de sistemas de clasificaci髇. Asimismo, procede averiguar en qu� medida la normalizaci髇 europea puede ser 鷗il para facilitar la compatibilidad y la calidad de los servicios. Las normas europeas son elaboradas por los organismos europeos de normalizaci髇: el Comit� Europeo de Normalizaci髇 (CEN), el Comit� Europeo de Normalizaci髇 Electrot閏nica (CENELEC) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). Cuando sea necesario, la Comisi髇, con arreglo a los procedimientos previstos por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informaci髇 en materia de las normas y reglamentaciones t閏nicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la informaci髇 (20) , puede encargar la elaboraci髇 de normas espec韋icas europeas.
• (103) Con el fin de solventar posibles problemas de cumplimiento de las resoluciones judiciales, conviene establecer que los Estados miembros reconozcan garant韆s equivalentes constituidas por entidades u organismos tales como bancos, prestadores de seguros y otros prestadores de servicios financieros establecidos en otro Estado miembro.
• (104) El desarrollo de una red entre las autoridades de los Estados miembros con el fin de proteger a los consumidores, que constituye el objeto del Reglamento (CE) n� 2006/2004, es complementario de la cooperaci髇 prevista en la presente Directiva. En efecto, la aplicaci髇 de la legislaci髇 sobre protecci髇 de los consumidores en situaciones transfronterizas, especialmente en relaci髇 con el desarrollo de nuevas pr醕ticas de comercializaci髇 y distribuci髇, as� como las necesidades de suprimir determinados obst醕ulos particulares que entorpecen la cooperaci髇 en este 醡bito, requieren un grado m醩 elevado de cooperaci髇 entre Estados miembros. En particular, es necesario, en este 醡bito, asegurarse de que los Estados miembros exijan a los agentes que operen en su territorio que cesen las pr醕ticas il韈itas dirigidas a consumidores de otros Estados miembros.
• (105) La cooperaci髇 administrativa es esencial para el correcto funcionamiento del mercado interior de los servicios. La falta de cooperaci髇 entre Estados miembros genera una multiplicaci髇 de las normas aplicables a los prestadores o duplicaciones de los controles de las actividades transfronterizas, y puede tambi閚 ser aprovechada por comerciantes abusivos para eludir la supervisi髇 o las normas nacionales aplicables a los servicios. Es por consiguiente esencial establecer obligaciones claras y jur韉icamente vinculantes para que los Estados miembros puedan cooperar eficazmente.
• (106) A los efectos del cap韙ulo sobre cooperaci髇 administrativa, el t閞mino 玸upervisi髇� debe abarcar actividades tales como controles e indagaciones, resoluci髇 de problemas, ejecuci髇 e imposici髇 de sanciones y las consiguientes actividades de seguimiento.
• (107) En circunstancias normales, la asistencia rec韕roca debe tener lugar directamente entre autoridades competentes. S髄o debe pedirse a los puntos de contacto designados por los Estados miembros que faciliten este proceso en caso de dificultades, por ejemplo, si se requiere ayuda para determinar cu醠 es la autoridad competente pertinente.
• (108) Determinadas obligaciones de asistencia rec韕roca deben aplicarse a todas las materias cubiertas por la presente Directiva, incluidas las relacionadas con casos en que el prestador est� establecido en otro Estado miembro. Otras obligaciones de asistencia rec韕roca s髄o deben aplicarse a casos de prestaci髇 transfronteriza de servicios en los que rige la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios. Un 鷏timo grupo de obligaciones debe aplicarse a todos los casos de prestaci髇 transfronteriza de servicios, incluidos los 醡bitos a los que no se aplica la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios. La prestaci髇 transfronteriza de servicios debe incluir casos en que los servicios se prestan a distancia y en los que el destinatario viaja al Estado miembro de establecimiento del prestador con el fin de recibir los servicios.
• (109) En caso de que el prestador se desplace temporalmente a un Estado miembro distinto del Estado miembro de establecimiento, procede prever una asistencia rec韕roca entre ambos Estados miembros para que el Estado miembro en el que se presta el servicio pueda proceder a comprobaciones, inspecciones e investigaciones a petici髇 del Estado miembro de establecimiento o pueda hacer este tipo de comprobaciones por propia iniciativa, si se trata 鷑icamente de establecer los hechos.
• (110) No debe ser posible para los Estados miembros eludir las normas establecidas en la presente Directiva, incluida la disposici髇 sobre la libre prestaci髇 de servicios, mediante comprobaciones, inspecciones e investigaciones discriminatorias o desproporcionadas.
• (111) Lo dispuesto en la presente Directiva relativo al intercambio de informaci髇 sobre la honradez de los prestadores no debe impedir otras iniciativas en el 醨ea de la cooperaci髇 policial y judicial en materia penal, en particular en relaci髇 con el intercambio de informaci髇 entre autoridades policiales de los Estados miembros y los registros penales.
• (112) La cooperaci髇 entre Estados miembros requiere un sistema de informaci髇 que funcione correctamente para que las autoridades competentes puedan determinar f醕ilmente qui閚es son sus interlocutores en otros Estados miembros y comunicarse con ellos de manera eficaz.
• (113) Es necesario establecer que los Estados miembros, en colaboraci髇 con la Comisi髇, animen a las partes interesadas a elaborar c骴igos de conducta comunitarios, especialmente con objeto de fomentar la calidad de los servicios teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada profesi髇. Los c骴igos de conducta deben ser conformes al Derecho comunitario, especialmente, al Derecho de competencia. No deben ser contrarios a las disposiciones jur韉icas vinculantes en materia de deontolog韆 y conducta profesional que est閚 en vigor en los Estados miembros.
• (114) Los Estados miembros deben fomentar la elaboraci髇 de c骴igos de conducta, en particular por parte de los colegios, las asociaciones y los organismos profesionales a nivel comunitario. Estos c骴igos de conducta deben incluir, teniendo en cuenta la naturaleza espec韋ica de cada profesi髇, normas de comunicaci髇 comercial relativas a las profesiones reguladas, as� como normas de deontolog韆 y conducta profesional de dichas profesiones, con vistas a garantizar, en particular, la independencia, la imparcialidad y el secreto profesional. Adem醩, en estos c骴igos de conducta deben incluirse las condiciones para el ejercicio de la profesi髇 de agente inmobiliario. Los Estados miembros deben adoptar medidas complementarias para inducir a los colegios, las asociaciones y los organismos profesionales a aplicar a nivel nacional estos c骴igos de conducta adoptados a nivel comunitario.
• (115) Los c骴igos de conducta comunitarios pretenden fijar normas m韓imas de comportamiento y complementan los requisitos legales de los Estados miembros. No obstan para que los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, adopten medidas legislativas m醩 estrictas, ni para que los colegios profesionales dispongan una mayor protecci髇 en sus c骴igos de conducta nacionales.
• (116) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la supresi髇 de obst醕ulos para la libertad de establecimiento de prestadores en los Estados miembros y la libre prestaci髇 de servicios entre Estados miembros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones de la acci髇, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art韈ulo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (117) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecuci髇 de la presente Directiva con arreglo a la Decisi髇 1999/468/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecuci髇 atribuidas a la Comisi髇 (21) .
• (118) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional 獿egislar mejor� (22) , se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio inter閟 y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de incorporaci髇 al Derecho interno, y a hacerlos p鷅licos.

HAN ADOPTADO LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAP蚑ULO II
SIMPLIFICACI覰 ADMINISTRATIVA

Art韈ulo 8 Procedimientos por v韆 electr髇ica

1. Los Estados miembros har醤 lo necesario para que todos los procedimientos y tr醡ites relativos al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar f醕ilmente, a distancia y por v韆 electr髇ica, a trav閟 de la ventanilla 鷑ica de que se trate y ante las autoridades competentes.

2. El apartado 1 no se aplicar� a las inspecciones del lugar en que se presta el servicio o del equipo utilizado por el prestador ni al examen f韘ico de la capacidad o de la integridad personal del prestador o del personal responsable.

3. Con arreglo al procedimiento contemplado en el art韈ulo 40, apartado 2, la Comisi髇 adoptar� normas de desarrollo para la aplicaci髇 del apartado 1 del presente art韈ulo, con el fin de facilitar la interoperabilidad de los sistemas de informaci髇 y la utilizaci髇 de los procedimientos electr髇icos entre los Estados miembros, teniendo en cuenta las normas comunes desarrolladas a escala comunitaria.

V閍se Decisi髇 de la Comisi髇, de 16燿e octubre de 2009, por la que se adoptan medidas que facilitan el uso de procedimientos por v韆 electr髇ica a trav閟 de las 玽entanillas 鷑icas� con arreglo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior [notificada con el n鷐ero C(2009) 7806] (獶.O.U.E.L.� 20 octubre).LE0000398666_20140201

V閍se la Decisi髇 2011/130/UE de la Comisi髇, de 25 de febrero de 2011, por la que se establecen los requisitos m韓imos para el tratamiento transfronterizo de los documentos firmados electr髇icamente por las autoridades competentes en virtud de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (獶.O.U.E.L.� 26 febrero).LE0000445878_20141201

CAP蚑ULO III
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO DE LOS PRESTADORES

SECCI覰 1
Autorizaciones

SECCI覰 2
Requisitos prohibidos o supeditados a evaluaci髇

CAP蚑ULO IV
LIBRE CIRCULACI覰 DE SERVICIOS

SECCI覰 1
Libre prestaci髇 de servicios y excepciones

SECCI覰 2
Derechos de los destinatarios de servicios

Art韈ulo 20 Prohibici髇 de discriminaci髇

1. Los Estados miembros har醤 lo necesario para que el destinatario no se vea sujeto a requisitos discriminatorios basados en su nacionalidad o en su lugar de residencia.

2. Los Estados miembros har醤 lo necesario para que las condiciones generales de acceso a un servicio que el prestador ponga a disposici髇 del p鷅lico no contengan condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.

V閍se Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geogr醘ico injustificado y otras formas de discriminaci髇 por raz髇 de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.� 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (獶.O.U.E.L.� 2 marzo).LE0000616042_20180322

CAP蚑ULO V
CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Art韈ulo 24 Comunicaciones comerciales de las profesiones reguladas

1.Los Estados miembros suprimir醤 las prohibiciones totales de realizar comunicaciones comerciales en el caso de las profesiones reguladas.

V閍se Sentencia TJUE (Sala Gran Sala) de 5 abril 2011: 玃rocede interpretar el art韈ulo 24, apartado 1 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, (...), en el sentido de que se opone a una normativa nacional que proh韇e totalmente a los miembros de una profesi髇 regulada, como la de auditor de cuentas, efectuar actos de captaci髇 directa de clientes.�JU0004100990

V閍se Sentencia TJUE (Sala Gran Sala) de 5 abril 2011: 玃rocede interpretar el art韈ulo 24, apartado 1, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que proh韇e totalmente a los miembros de una profesi髇 regulada, como la de auditor de cuentas, efectuar actos de captaci髇 directa de clientes.�JU0004100990

2. Los Estados miembros har醤 lo necesario para que las comunicaciones comerciales de las profesiones reguladas se hagan cumpliendo las normas profesionales conformes al Derecho comunitario que tienen por objeto, concretamente, la independencia, dignidad e integridad de la profesi髇, as� como el secreto profesional, de manera coherente con el car醕ter espec韋ico de cada profesi髇. Las normas profesionales en materia de comunicaciones comerciales ser醤 no discriminatorias, estar醤 justificadas por una raz髇 imperiosa de inter閟 general y ser醤 proporcionadas.

CAP蚑ULO VI
COOPERACI覰 ADMINISTRATIVA

Art韈ulo 36 Medidas de aplicaci髇

La Comisi髇 adoptar�, con arreglo al procedimiento contemplado en el art韈ulo 40, apartado 3, las medidas de aplicaci髇 destinadas a modificar elementos no esenciales del presente cap韙ulo complet醤dolo mediante la fijaci髇 de los plazos a los que se refieren los art韈ulos 28 y 35. La Comisi髇 adoptar� asimismo, de conformidad con el procedimiento contemplado en el art韈ulo 40, apartado 2, las medidas pr醕ticas de los intercambios de informaci髇 por v韆 electr髇ica entre los Estados miembros, particularmente las disposiciones relativas a la interoperabilidad de los sistemas de informaci髇.

V閍se la Decisi髇 2009/739/CE de la Comisi髇, de 2 de octubre de 2009, por la que se establecen las medidas pr醕ticas del intercambio de informaci髇 entre Estados miembros por v韆 electr髇ica, de conformidad con lo dispuesto en el cap韙ulo VI de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (獶.O.U.E.L.� 7 octubre).LE0000397891_20091002

CAP蚑ULO VII
PROGRAMA DE CONVERGENCIA

Art韈ulo 42 Modificaci髇 de la Directiva 98/27/CE

En el anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesaci髇 en materia de protecci髇 de los intereses de los consumidores (41) se a馻de el punto siguiente:

• �13.Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).�

.

LE0000172755_20061228T閚gase en cuenta que la Directiva 98/27/CE, modificada por la presente Directiva, ha sido derogada por el art韈ulo 9 de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesaci髇 en materia de protecci髇 de los intereses de los consumidores (Versi髇 codificada) (獶.O.U.E.L.� 1 mayo), el 29 de diciembre de 2009.LE0000358565_20220101

CAP蚑ULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 44 Incorporaci髇 al Derecho interno

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a m醩 tardar antes del 28 de diciembre de 2009.

Comunicar醤 inmediatamente a la Comisi髇 el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se la Ley [PA蚐 VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior (獴.O.P.V.� 30 abril).LE0000480999_20120501Mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista (獴.O.E.� 2 marzo), se incorpora parcialmente al Derecho espa駉l la presente Directiva. LE0000410134_20100303Mediante el R.D. 36/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el R.D. 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenaci髇 del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedur韆s de tabaco y timbre (獴.O.E.� 1 febrero), se incorpora parcialmente al Derecho espa駉l la presente Directiva.LE0000407358_20100202Mediante la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (獴.O.E.� 23 diciembre), se incorpora parcialmente al Derecho espa駉l la presente Directiva. LE0000403469_20141224Mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (獴.O.E.� 24 noviembre), se incorpora parcialmente al Derecho espa駉l la presente Directiva.LE0000400884_20201113