Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por da駉s nucleares o producidos por materiales radiactivos

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

I

La regulaci髇 de la responsabilidad civil por da駉s nucleares se ha venido efectuando en los cap韙ulos VII, VIII y IX de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energ韆 nuclear, en los que se establecen las responsabilidades y obligaciones de los explotadores de las instalaciones nucleares, as� como en la normativa que lo desarrolla, el Decreto 2177/1967, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares.

Espa馻 es Parte contratante del Convenio de Par韘 de 29 de julio de 1960, sobre la responsabilidad civil en materia de energ韆 nuclear, y del Convenio de Bruselas de 31 de enero de 1963, complementario del anterior, de cuyas disposiciones se deriva, b醩icamente, la regulaci髇 nacional en esta materia. Estos convenios se han revisado de manera puntual en el pasado para precisar algunos de los criterios sobre los que se basa la aplicaci髇 de sus disposiciones. Adicionalmente, la Organizaci髇 para la Cooperaci髇 y el Desarrollo Econ髆ico (OCDE), depositaria del Convenio de Par韘, recomend� en 1990 actualizar los niveles de responsabilidad de los explotadores por da駉s nucleares para asegurar una cobertura m醩 amplia. Estos cambios se han venido reflejando en la regulaci髇 nacional mediante la revisi髇 de la citada Ley 25/1964, de 29 de abril, por la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenaci髇 del sistema el閏trico, y posteriormente por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El閏trico.

En el mes de febrero de 2004 se aprobaron dos nuevas enmiendas de los Convenios de Par韘 y Bruselas. Estas enmiendas conforman una revisi髇 en profundidad de algunos de los elementos b醩icos del r間imen de responsabilidad civil nuclear, y hacen necesaria una modificaci髇 sustancial de la legislaci髇 interna vigente para reflejar los cambios y concretar aquellas estipulaciones que, de conformidad con las disposiciones de los convenios, corresponde a los Estados contratantes determinar en sus legislaciones nacionales.

La importancia de las modificaciones que habr韆 que introducir en la Ley 25/1964, de 29 de abril, la especialidad de la materia, la intervenci髇 de diferentes 髍ganos de la Administraci髇 en raz髇 de sus competencias, y el hecho de que las actualizaciones de este r間imen responden a necesidades y circunstancias propias de un 醡bito que es independiente del resto de las materias que se regulan en dicha ley, han aconsejado su regulaci髇 mediante una norma espec韋ica.

El objeto principal de la presente ley es, por tanto, regular la responsabilidad civil nuclear de conformidad con los Convenios internacionales de Par韘 y Bruselas, lo que se complementa con el establecimiento de un r間imen espec韋ico de responsabilidad civil por los da駉s que puedan causar accidentes en los que se vean involucrados materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.

Los Protocolos de estas 鷏timas enmiendas de los Convenios de Par韘 y de Bruselas fueron ratificados por Espa馻 con fecha 18 de noviembre de 2005. No obstante, de conformidad con la �Decisi髇 2004/294/CE, del Consejo, de 8 de marzo de 2004, por la que se autoriza a los Estados miembros que son Partes contratantes en el Convenio de Par韘, de 29 de julio de 1960 acerca de la responsabilidad civil en materia de energ韆 nuclear, a ratificar, en inter閟 de la Comunidad Europea, el Protocolo por el que se modifica dicho Convenio o a adherirse a 閘�, la presentaci髇 del instrumento de ratificaci髇 del Convenio de Par韘 ante el Secretario General de la Organizaci髇 para la Cooperaci髇 y el Desarrollo Econ髆ico, as� como su entrada en vigor, deber� efectuarse conjuntamente y en la fecha en que todos los Estados miembros que son parte del mismo lo acuerden. La necesidad de la Decisi髇 del Consejo es consecuencia de la existencia de competencia comunitaria judicial en los 醡bitos civil y mercantil, concretamente a trav閟 del Reglamento (CE) n.� 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Dado que Espa馻, como se ha indicado, ya ha ratificado ambos Protocolos, se consider� conveniente introducir una reforma, de car醕ter transitorio, del vigente r間imen de responsabilidad civil hasta la entrada en vigor de la presente ley. Esta reforma, que fue aprobada por dos disposiciones adicionales insertas en la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector El閏trico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, actualiza los l韒ites de responsabilidad civil nuclear para los da駉s nucleares que ya se contemplaban en la Ley 25/1964, de 29 de abril, y, adem醩, introduce, de manera separada, obligaciones en materia de responsabilidad civil por da駉s medioambientales de origen nuclear. Este r間imen transitorio queda derogado por la presente ley, la cual, de conformidad con las disposiciones de los Convenios de Par韘 y Bruselas, integra en un mismo r間imen jur韉ico los da駉s nucleares que tradicionalmente se contemplaban en la Ley 25/1964, de 29 de abril, y los da駉s medioambientales de origen nuclear considerados por primera vez en los Protocolos de enmienda de los citados Convenios recientemente ratificados.

Los Convenios de Par韘 y Bruselas establecen como principio fundamental la responsabilidad objetiva del explotador por los da駉s nucleares producidos como consecuencia de un accidente en una instalaci髇 nuclear con independencia de la causa origen, dentro de las limitaciones y en las condiciones que se establecen en los mismos. El Convenio de Par韘 determina la responsabilidad m韓ima obligatoria a la que debe hacer frente el explotador, mientras que el de Bruselas establece compensaciones complementarias, hasta un l韒ite determinado, para indemnizar a las v韈timas o reparar da駉s en caso de que los da駉s superen la responsabilidad fijada para el primero.

Los Protocolos de enmiendas de estos Convenios, aprobados en febrero del 2004, mantienen esta misma estructura de compensaciones por da駉s nucleares. Sin embargo, las cantidades de las compensaciones por cada accidente e instalaci髇 se aumentan de manera significativa, pasando a ser:

• a) Un primer tramo de 700 millones de euros de responsabilidad m韓ima obligatoria del explotador, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Par韘.
• b) Un segundo tramo de compensaci髇 complementaria entre 700 millones de euros y 1.200 millones de euros, establecido en el Convenio de Bruselas, cuya responsabilidad corresponder韆 al explotador o al Estado seg鷑 lo que se establezca en la legislaci髇 nacional.
• c) Un tercer tramo de compensaci髇 complementaria entre 1.200 millones de euros y 1.500 millones de euros, establecido en el Convenio de Bruselas, que se sufragar韆, caso de ser necesario, con fondos p鷅licos aportados por todos los Estados Parte del Convenio de Bruselas de forma proporcional a su Producto Nacional Bruto y su potencia nuclear instalada.

Adem醩, la enmienda al Convenio de Par韘 mantiene la opci髇 de que las legislaciones nacionales reduzcan la responsabilidad m韓ima obligatoria del explotador en los casos de instalaciones nucleares cuyo riesgo no requiera una cobertura mayor y de transportes de sustancias nucleares, si bien las cantidades m韓imas de responsabilidad obligatoria de los explotadores en estos casos tambi閚 se incrementan, no pudiendo ser inferiores a 70 millones de euros y a 80 millones de euros, respectivamente.

Por otra parte, las enmiendas introducen otros cambios significativos en el r間imen de responsabilidad civil, entre los que destacan:

• 1. La extensi髇 del concepto de da駉 nuclear para incluir toda p閞dida econ髆ica que se derive de los da駉s a las personas o a los bienes, las medidas de restauraci髇 del medio ambiente degradado, el lucro cesante directamente relacionado con el uso o disfrute del medio ambiente degradado y el coste de las medidas preventivas y cualquier p閞dida o da駉 causado por tales medidas.
• 2. La extensi髇 del 醡bito geogr醘ico de aplicaci髇 del Convenio, para incluir como objeto de compensaci髇, en los casos en que sea procedente, los da駉s producidos en terceros pa韘es firmantes del Protocolo Com鷑 de los Convenios de responsabilidad civil nuclear de Par韘 y de Viena, as� como en terceros pa韘es que no tengan instalaciones nucleares o aquellas cuya legislaci髇 conceda beneficios rec韕rocos equivalentes.
• 3. La extensi髇 del periodo de reclamaci髇 por da駉s personales de 10 a 30 a駉s.

III

Los Convenios de Par韘 y Bruselas establecen un marco jur韉ico obligatorio para los Estados contratantes que viene a armonizar la aplicaci髇 de los conceptos de responsabilidad civil por da駉s nucleares. No obstante, algunas de sus disposiciones conceden un margen de discrecionalidad en su aplicaci髇 que los Estados contratantes deben concretar en sus legislaciones nacionales.

Como aspecto destacable, la presente ley establece que por encima del tramo de responsabilidad m韓ima obligatoria del explotador que fija el Convenio de Par韘, el segundo tramo de compensaci髇 complementaria que establece el Convenio de Bruselas entre 700 millones de euros y 1.200 millones de euros tambi閚 tiene que ser garantizado 韓tegramente por los explotadores de las instalaciones. A tal efecto, 閟tos est醤 obligados a establecer una cobertura de responsabilidad civil por da駉s nucleares, en las condiciones que se establecen en esta ley, por una cuant韆 de 1.200 millones de euros mediante alguno de los procedimientos autorizados que se contemplan en el cap韙ulo II del t韙ulo I de la ley.

Por otra parte, los convenios no determinan ninguna preferencia en el orden de pago de las indemnizaciones, dejando la fijaci髇 de prioridades a la decisi髇 de los Estados contratantes dentro de sus legislaciones nacionales. La ausencia de prelaci髇 puede dar lugar a dificultades de 韓dole pr醕tico a la hora de resolver los procedimientos, ya que ser韆 necesario esperar a que transcurriese el plazo de reclamaci髇 antes de liberar los fondos necesarios para hacer frente a las reclamaciones formuladas por las v韈timas. Estas dificultades, que ya se planteaban con la redacci髇 de los convenios hasta ahora vigentes, se han visto acrecentadas en las enmiendas como consecuencia de la ampliaci髇 del concepto de da駉 nuclear y de la extensi髇 del per韔do para la reclamaci髇 de los da駉s personales de 10 a 30 a駉s. Para superarlas, la presente ley establece una prelaci髇 de las reclamaciones, de manera que se da prioridad a las reclamaciones por da駉s personales que se formulen dentro de los tres primeros a駉s desde la fecha en la que se produjo el accidente, las cuales deben atenderse sin demora. En segundo lugar, tendr韆n preferencia las reclamaciones por los da駉s que sean consecuencia de la degradaci髇 del medio ambiente que se formulen dentro de los tres primeros a駉s y seguidamente las reclamaciones formuladas por los da駉s a los bienes, por las p閞didas econ髆icas derivadas de los da駉s a las personas y a los bienes, as� como por el lucro cesante directamente relacionado con el uso y disfrute del medio ambiente, tambi閚 dentro de los tres primeros a駉s. A partir del tercer a駉 queda extinguida la prelaci髇, debi閚dose atender las reclamaciones por su orden de presentaci髇, hasta el agotamiento de la cuant韆 m醲ima establecida en la ley para la compensaci髇 de los da駉s. En caso de que los fondos necesarios para hacer frente a las reclamaciones por da駉s personales superasen la cuant韆 m醲ima establecida, el Estado se obliga a arbitrar los medios legales para compensar a las v韈timas ocurridas dentro de Espa馻.

Con respecto a las instalaciones de bajo riesgo, tales como las f醔ricas de combustible de 髕ido de uranio, as� como en los transportes de sustancias nucleares, se mantiene la habilitaci髇 que ya constaba en la Ley 25/1964, de 29 de abril, por la que se autoriza al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, a reducir la responsabilidad del explotador hasta las cantidades m韓imas establecidas a tal efecto en el Convenio de Par韘. En caso de que dichas cantidades fuesen insuficientes para atender a las reclamaciones por da駉s causados por un accidente, el Estado quedar韆 obligado a arbitrar las medidas necesarias para hacer frente a las mismas hasta los l韒ites de responsabilidad previstos en los Convenios de Par韘 o de Bruselas, seg鷑 proceda.

Por 鷏timo, se mantienen en la presente ley algunos de los conceptos de la Ley 25/1964, de 29 de abril, entre ellos la salvedad de no exigir una cobertura de responsabilidad civil por da駉s nucleares a los organismos de titularidad p鷅lica, la habilitaci髇 al Ministerio de Econom韆 y Hacienda para fijar una franquicia a costa del asegurado, y la subsistencia de la responsabilidad del explotador por los da駉s nucleares que pudieran producirse con materiales que hayan sido abandonados, extraviados, robados o hurtados.

IV

Como se ha indicado, la presente ley obliga a que el explotador establezca una cobertura de responsabilidad civil por da駉s nucleares por una cantidad de 1200 millones de euros para las instalaciones nucleares. Sin embargo, durante la tramitaci髇 de la presente ley se ha constatado la dificultad de que el mercado de entidades de seguros que opera en el territorio nacional cubra la totalidad de la garant韆 requerida, as� como de ofrecer a los explotadores, en el momento presente, aseguramiento para algunos de los da駉s contemplados dentro de la definici髇 de da駉 nuclear, en particular de los medioambientales y de los personales que se reclamen despu閟 de transcurridos 10 a駉s de la fecha del accidente.

Las circunstancias que concurren en el mercado nacional de entidades aseguradoras se repiten en otros pa韘es, por lo que los Estados contratantes de los convenios han establecido o est醤 desarrollando diferentes mecanismos jur韉icos o financieros para ofrecer a los explotadores m閠odos de aseguramiento alternativos al mercado de las entidades de seguros. Estos m閠odos de aseguramiento alternativo suelen contar con la intervenci髇, directa o indirecta, del Estado, que presta la garant韆 necesaria como contraprestaci髇 del pago de una tasa o de una prima.

En la presente ley se contemplan como procedimientos v醠idos para el establecimiento de la cobertura de la responsabilidad civil nuclear: la contrataci髇 de una p髄iza de seguro, cualquier otra garant韆 financiera con una entidad autorizada por el Ministerio de Econom韆 y Hacienda o una mezcla de ambas. Entre las garant韆s financieras, la ley contempla expresamente que el sistema el閏trico pueda ofrecer dicha garant韆 para los da駉s no asegurables por las entidades de seguros con la contrapartida del pago de una prima determinada a tal efecto. De esta forma se viene a concretar un mecanismo flexible, que tiene car醕ter de 鷏timo recurso, al que los explotadores pueden recurrir cuando las condiciones del mercado de las entidades aseguradoras sean tales que no se ofrezca cobertura para algunos de los da駉s nucleares que se definen en el Convenio de Par韘.

V

Por otra parte, en la actualidad, no existe ning鷑 r間imen internacional que regule la responsabilidad civil por da駉s provocados por materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares. Esto es debido a que no se espera que dichos accidentes puedan producir da駉s importantes que tengan consecuencias transfronterizas. No obstante, se ha considerado oportuno incluir en la presente ley, en l韓ea con lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, la regulaci髇 de la responsabilidad de los explotadores de las instalaciones radiactivas por da駉s ocurridos dentro del territorio espa駉l que sean causados por accidentes en los que intervengan materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares, gradu醤dose las cantidades de cobertura obligatoria en funci髇 de la actividad de dichos materiales. El r間imen que se establece separa el tratamiento de los da駉s a las personas y a los bienes, as� como de las p閞didas econ髆icas derivadas de 閟tos, del tratamiento de los da駉s medioambientales. En el primer caso, 閟tos se regulan siguiendo un procedimiento an醠ogo al establecido para los da駉s producidos por sustancias nucleares, mientras que en el segundo, la presente ley se remite al r間imen de responsabilidad medioambiental que est� en vigor, habilitando al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que, previos informes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y del Consejo de Seguridad Nuclear, determine la cuant韆 de las garant韆s financieras que correspondan en funci髇 de la gravedad del da駉 medioambiental que pudiera provocar la actividad.

VI

La presente ley se estructura en un t韙ulo preliminar y dos t韙ulos con una disposici髇 derogatoria, seis disposiciones finales y un anexo. La norma se ha redactado de manera que, en lo que se refiere a los da駉s nucleares, al margen de las disposiciones de car醕ter general, s髄o se regulan de forma expresa aquellos aspectos que, de conformidad con los Convenios de Par韘 o de Bruselas, quedan a la iniciativa de los Estados contratantes en sus legislaciones nacionales, remitiendo al texto de los convenios para todo aquello que es de aplicaci髇 directa.

El t韙ulo preliminar contempla las disposiciones de car醕ter general de la ley, que son el objeto, el 醡bito de aplicaci髇 y las definiciones. Estas 鷏timas son las mismas que se contemplan en el Convenio de Par韘, si bien se han a馻dido algunas definiciones adicionales para facilitar la aplicaci髇 de la ley, tanto en relaci髇 con las sustancias nucleares como con los materiales radiactivos que no son sustancias nucleares.

El t韙ulo I establece el r間imen de la responsabilidad civil por da駉s nucleares y aparece estructurado en tres cap韙ulos. En su cap韙ulo I se determina la forma y cuant韆 de la responsabilidad civil de los explotadores de instalaciones nucleares por los da駉s nucleares que se produzcan tanto dentro como fuera del territorio nacional. En este 鷏timo caso la ley contempla la casu韘tica diversa que se puede plantear en funci髇 de la reciprocidad que se establezca en las legislaciones nacionales de los pa韘es terceros en los que se ha causado el da駉. Asimismo, se establece la obligaci髇 del Estado de contribuir mediante fondos p鷅licos al pago de las indemnizaciones complementarias que se establecen en el Convenio de Bruselas cuando las compensaciones por los da駉s sean superiores a 1.200 millones de euros y hasta un l韒ite de 1.500 millones de euros. Por ultimo, en caso de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, fije una cuant韆 de responsabilidad por debajo de la establecida para las instalaciones nucleares o los transportes de sustancias nucleares, se contempla la obligaci髇 del Estado de hacer frente a las indemnizaciones que superen dicha responsabilidad hasta un l韒ite de 700 o 1.200 millones de euros, seg鷑 corresponda.

Por otra parte se contemplan los da駉s excluidos, las condiciones bajo las que puede aplicarse el derecho de repetici髇 y la subsistencia de la responsabilidad del explotador por los da駉s nucleares causados por sustancias nucleares extraviadas o abandonadas, as� como cuando hayan sido objeto de robo o de hurto, la cual permanece vigente hasta que hayan transcurrido tres a駉s desde la fecha en la que el explotador notifique a las autoridades la p閞dida de control de las sustancias.

El cap韙ulo II del t韙ulo I regula la obligaci髇 de los explotadores de establecer una cobertura por la responsabilidad civil que le atribuye la ley y los procedimientos v醠idos para el establecimiento de la misma, entre los cuales se contempla de manera expresa que el sistema el閏trico puede suplir al mercado privado de las entidades de seguros con respecto a los riesgos no asegurables, bajo el cobro de una prima establecida a tal efecto.

Finalmente, el cap韙ulo III del t韙ulo I contempla el procedimiento para la reclamaci髇 de las indemnizaciones, remitiendo a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la aplicaci髇 de otros mecanismos de resoluci髇 de conflictos que puedan acelerar el pago de las indemnizaciones a las v韈timas. Por 鷏timo se enumeran los plazos de garant韆 y prescripci髇 de los da駉s nucleares.

El t韙ulo II regula la responsabilidad civil por los da駉s que pudieran producir las instalaciones radiactivas en el manejo, almacenamiento o transporte de los materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares, estableciendo procedimientos diferenciados seg鷑 que los da駉s se produzcan, por un lado a las personas, los bienes, o las p閞didas econ髆icas que dichos da駉s produzcan, y por otro lado al medioambiente. En el anexo figura la asignaci髇 de los l韒ites inferiores por los que se deber� establecer la garant韆 para responder de los da駉s producidos por los materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares en funci髇 de su actividad.

Por lo que se refiere a la parte final de la presente ley, se incluyen tres disposiciones adicionales; la primera mandata al Gobierno para adecuar con la Generalitat de Catalunya, el Plan B醩ico de Emergencia Nuclear, creando una estructura directiva coordinada para los Planes de Emergencia Nuclear y Exterior del Sector Qu韒ico de Tarragona. La segunda modifica, a su vez, la disposici髇 adicional cuarta de la Ley del Impuesto de Sociedades sobre el r間imen fiscal de las transmisiones de activos realizadas en cumplimiento de disposiciones con rango de ley y de la normativa de defensa de la competencia. La tercera modifica el art韈ulo 2 de la Ley 25/1964, de energ韆 nuclear, para redefinir la figura del 玹itular o explotador� de una autorizaci髇, e incorporar la definici髇 de 玸eguridad nuclear� acorde con la definici髇 establecida en la �Directiva 2009/71/Euratom de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares sobre seguridad nuclear, reflejando la necesidad de conseguir unas condiciones de explotaci髇 adecuadas en una instalaci髇 nuclear, y la prevenci髇 de accidentes, a cuyo fin resulta fundamental la revisi髇 continua de las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares, teniendo en cuenta los criterios que a estos efectos establezca la Uni髇 Europea. Asimismo, se modifica el art韈ulo 28 de la citada Ley, al objeto de incorporar nuevos criterios sobre el r間imen de titularidad de las centrales nucleares, de manera que las responsabilidades queden claramente definidas y se incremente la transparencia. Por su parte, la disposici髇 derogatoria 鷑ica ordena la derogaci髇 del cap韙ulo VII de la Ley 25/1964, de 29 de abril, a excepci髇 del art韈ulo 45, que se modifica mediante una disposici髇 final, as� como los cap韙ulos VIII, IX y X de la misma Ley, relativos a responsabilidad civil nuclear. Tambi閚 queda derogada la disposici髇 adicional segunda de la Ley 17/2007 de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector el閏trico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, en la que se establec韆 un r間imen transitorio de responsabilidad civil nuclear por da駉s medioambientales. Asimismo quedan derogadas aquellas disposiciones del Decreto 2177/1967, de 22 de julio, que aprueba el Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares, y las contenidas en el art韈ulo 9 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado mediante Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, en lo que se opongan a la ley.

La disposici髇 final primera revisa el art韈ulo 45 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energ韆 Nuclear, que en su nueva redacci髇 remite a la normativa espec韋ica de responsabilidad civil nuclear en relaci髇 con la obligaci髇 de establecer una cobertura de tal responsabilidad.

La disposici髇 final segunda modifica el art韈ulo 9 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensaci髇 de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, haciendo referencia a las modalidades bajo las cuales el Consorcio puede ofrecer cobertura de los riesgos asegurables cuando el conjunto de las entidades aseguradoras no alcance el l韒ite m韓imo de responsabilidad que fija la ley.

La disposici髇 final tercera determina el t韙ulo competencial en el que se ampara esta ley, y la disposici髇 final cuarta autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones precisas para su desarrollo y, en particular, para incorporar al derecho interno las decisiones que adopte el Comit� de Direcci髇 de la Agencia de Energ韆 Nuclear de la de la Organizaci髇 para la Cooperaci髇 y el Desarrollo Econ髆ico (OCDE) en virtud de lo establecido en el Convenio de Par韘. La disposici髇 final quinta habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para establecer, mediante orden, una franquicia a cargo del asegurado con relaci髇 a los riesgos por da駉 nuclear cubiertos por las entidades de seguro y en funci髇 de las circunstancias del mercado que en cada momento concurran.

La disposici髇 final sexta establece que la entrada en vigor de la ley se producir� cuando se produzca la entrada en vigor de los Protocolos de 12 de enero de 2004 por los que se modifican los Convenios de Par韘 y de Bruselas, una vez que todos los Estados Miembros de la Uni髇 Europea que son Partes contratantes del primero de ellos depositen conjuntamente sus instrumentos de ratificaci髇 ante el Secretario General de la OCDE, de conformidad con lo dispuesto en la Decisi髇 del Consejo de la Uni髇 Europea de 8 de marzo de 2004.