Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci髇 del juego

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

I

Desde la despenalizaci髇 del juego en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, y debido fundamentalmente a la irrupci髇 de los nuevos servicios de comunicaciones electr髇icas y a la utilizaci髇 de los servicios de juego interactivos a trav閟 de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en Espa馻 como en otros pa韘es de su entorno, la concepci髇 tradicional del juego.

Durante muchos a駉s, el r間imen jur韉ico del juego ha sufrido pocos cambios. Sin embargo, recientemente, como consecuencia de la citada irrupci髇 de las apuestas y juegos a trav閟 de Internet y al verse superados los l韒ites territoriales de las relaciones comerciales tradicionales, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea ha se馻lado la necesidad de establecer una oferta dimensionada de juego.

En paralelo a este proceso de cambio, han aparecido nuevos operadores en el mercado del juego para los que la normativa vigente no ofrece una respuesta regulatoria adecuada.

La carencia de los instrumentos normativos adecuados para dar respuesta a los interrogantes creados ante la nueva situaci髇 del mercado, ha generado en el sector del juego la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulaci髇 que ofrezcan seguridad jur韉ica a operadores y participantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible protecci髇 de los menores de edad, de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participaci髇, as� como la protecci髇 del orden p鷅lico y la prevenci髇 de los fen髆enos de blanqueo de capitales y financiaci髇 del terrorismo.

II

El avance en los servicios de comunicaci髇 y, como consecuencia de su aplicaci髇 a las actividades de juego, la desvinculaci髇 de este tipo de actividades del territorio, ha tra韉o consigo la necesidad de iniciar un nuevo camino en la regulaci髇 del sector del juego asegurando mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protecci髇 social de los menores y de los participantes en los juegos, al tiempo que se pretenden alcanzar otras importantes finalidades como son la prevenci髇 de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, y todo ello a trav閟 de una oferta dimensionada del juego, de una regulaci髇 de la pr醕tica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, as� como del control p鷅lico del sector.

Las aludidas finalidades, as� como la necesidad de dotar al sector del juego de una regulaci髇 adecuada, ha tenido su reflejo en distintas iniciativas parlamentarias y en mandatos al Gobierno como el establecido, en el 醡bito nacional, en la Disposici髇 adicional vig閟ima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci髇 y, en el 醡bito comunitario, en la Resoluci髇 del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2009 sobre la integridad de los juegos de azar en l韓ea.

En definitiva, con el m醩 absoluto respeto al marco competencial definido por la Constituci髇 y los Estatutos de Autonom韆, resulta de todo punto insoslayable la necesidad de dotar de un nuevo marco jur韉ico a las actividades de explotaci髇 y gesti髇 de juegos de 醡bito estatal y, particularmente, a aquellos juegos que se practican a trav閟 de medios electr髇icos, inform醫icos, telem醫icos e interactivos y en los que los medios presenciales tienen un car醕ter accesorio.

El desarrollo de un marco normativo que responda a las necesidades del sector del juego ha de realizarse sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias en materia de juego que los Estatutos de Autonom韆 atribuyen a las respectivas Comunidades entre las que se incluye, en algunos casos, la capacidad de 閟tas para colaborar en el ejercicio de competencias estatales en relaci髇 con las actividades de juego. Esta circunstancia ha hecho preciso el dise駉 de procedimientos y mecanismos asim閠ricos que faciliten la necesaria colaboraci髇 y coordinaci髇 del Estado y las Comunidades Aut髇omas en el ejercicio de las competencias estatales en materia de juego.

III

En cumplimiento y desarrollo del mandato previsto en la ya citada Disposici髇 adicional vig閟ima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci髇 y a los efectos de controlar las actividades de juego de 醡bito estatal, especialmente si se realizan a trav閟 de medios electr髇icos, inform醫icos, telem醫icos e interactivos, ha sido necesario establecer un sistema de planificaci髇 y acceso al desarrollo de la actividad, determinar las competencias estatales en materia de regulaci髇 y control, y definir un r間imen de infracciones y sanciones que garantice la efectividad del marco regulatorio.

Estos objetivos constituyen, en consecuencia, una de las finalidades esenciales de esta Ley que ha de ser la norma sectorial de referencia en materia de explotaci髇 de juegos a trav閟 de medios electr髇icos, inform醫icos, telem醫icos e interactivos en el 醡bito estatal, procurando, al mismo tiempo, la coordinaci髇 o integraci髇 de la regulaci髇 que ahora se aprueba con el marco normativo general de la actividad de juego en nuestro pa韘 y con otras normas sectoriales sobre las que esta Ley pueda tener incidencia, tales como, a t韙ulo de ejemplo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y dem醩 normativa complementaria y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci髇 y de Comercio Electr髇ico.

Esta Ley, sobre la base de la existencia de una oferta dimensionada, pretende regular la forma de acceder a la explotaci髇 de las actividades de juego de 醡bito nacional, permitiendo asimismo la apertura del sector a una pluralidad de operadores de juego. Se trata, no obstante, de una apertura del sector que debe ser controlada al objeto de garantizar la tutela de todos los intereses involucrados y preservar el orden p鷅lico con pleno respeto a los principios inspiradores del Derecho Comunitario.

El gran volumen de juego asociado a las loter韆s, as� como la posibilidad de que el car醕ter de documentos de pago al portador de sus boletos y billetes pueda ser empleado como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta actividad a determinados operadores, p鷅licos o privados, que han de quedar sujetos a un estricto control p鷅lico, asegur醤dose de este modo la protecci髇 de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad, evitando asimismo los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.

En este sentido, se hace plenamente necesario mantener la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loter韆s de 醡bito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loter韆s y Apuestas del Estado y de la Organizaci髇 Nacional de Ciegos Espa駉les (ONCE), como operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha estas loter韆s.

La Sociedad Estatal Loter韆s y Apuestas del Estado continuar� sometida a un r間imen de control p鷅lico de su actividad dado el gran volumen de juego gestionado por esta y su extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad espa駉la desde hace m醩 de 250 a駉s. Por otra parte, la Organizaci髇 Nacional de Ciegos Espa駉les (ONCE), que desde 1938 se ha consolidado en Espa馻 como una instituci髇 social singular en el objetivo de atenci髇 a las personas con discapacidad, seguir� manteniendo su singularidad jur韉ica en materia de juego en las actividades sujetas a reserva, tal y como se establece en las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta Ley.

Con esta finalidad, se encomienda al Ministerio de Econom韆 y Hacienda y a la Comisi髇 Nacional del Juego, el establecimiento de los procedimientos de autorizaciones y la adopci髇 de aquellas medidas que permitan el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva en virtud de esta Ley y del control del cumplimiento, por parte de 閟tos, de las condiciones que se establezcan, en especial, en relaci髇 con la protecci髇 del orden p鷅lico y la prevenci髇 del blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo.

IV

Desde el m醲imo respeto a las competencias de las Comunidades Aut髇omas, esta Ley se fundamenta en los n鷐eros 6, 11, 13, 14 y 21 del apartado primero del art韈ulo 149 de la Constituci髇 Espa駉la y en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, manifestada en numerosas sentencias, entre las que cabe destacar, la n鷐ero 163/1994, de 26 de mayo, que declara la existencia de una competencia estatal en materia de juego que ha de ser ejercida por el Estado en nombre del inter閟 general, sin perjuicio de las competencias que en materia de juego tienen reconocidas las Comunidades Aut髇omas en sus respectivos Estatutos de Autonom韆.

La regulaci髇 de los juegos de 醡bito estatal se ha plasmado de conformidad con el mandato recogido en el apartado sexto de la Disposici髇 adicional vig閟ima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci髇. Las competencias estatales en materia de juego han de ser entendidas, no obstante, sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias que, en esta materia atribuyen los Estatutos de Autonom韆 a las respectivas Comunidades Aut髇omas, lo que ha hecho preciso el dise駉 de procedimientos y mecanismos de coordinaci髇 entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas. A estos efectos, se crea el Consejo de Pol韙icas del Juego, como 髍gano colegiado que asegurar� la participaci髇 de las Comunidades Aut髇omas en la fijaci髇 de los principios de la normativa de los juegos y de las medidas de protecci髇 a los menores y personas dependientes. En todo caso, a trav閟 del Consejo de Pol韙icas del Juego se coordinar� la actuaci髇 del Estado y Comunidades Aut髇omas en materia de otorgamiento de licencias.

Esta Ley establece la regulaci髇 de las actividades de juego que se realizan a trav閟 de canales electr髇icos, inform醫icos, telem醫icos e interactivos y en las que los medios presenciales deber醤 tener un car醕ter accesorio, salvo las actividades presenciales de juego sujetas a reserva desarrolladas por las entidades designadas por la ley que, por su naturaleza, son exclusivamente de competencia estatal.

Con la finalidad de respetar 韓tegramente las competencias de las Comunidades Aut髇omas sobre el juego presencial, esta Ley introduce la obligaci髇 de que las Comunidades Aut髇omas emitan preceptivamente un informe sobre las solicitudes de t韙ulos habilitantes que puedan afectar a su territorio. La concesi髇 de cualquier t韙ulo habilitante exigir�, para la instalaci髇 o apertura de locales presenciales abiertos al p鷅lico o de equipos que permitan la participaci髇 de los juegos, autorizaci髇 administrativa de la Comunidad Aut髇oma, que se otorgar� de acuerdo con las pol韙icas propias de dimensionamiento de juego de cada una de ellas.

V

La presente Ley se divide en siete t韙ulos, con cuarenta y nueve art韈ulos, seis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y once disposiciones finales.

En el T韙ulo I, 玂bjeto y 醡bito de aplicaci髇�, se regula el objeto y 醡bito de aplicaci髇 de la Ley, tanto desde una perspectiva objetiva (actividad regulada) como territorial (醡bito de la actividad). De esta forma, el alcance de esta norma se extiende a toda actividad de organizaci髇, explotaci髇 y desarrollo de actividades de juego de 醡bito estatal realizadas a trav閟 de medios electr髇icos, inform醫icos, telem醫icos e interactivos, en la que los medios presenciales tienen car醕ter accesorio, as� como a la actividad publicitaria conectada con la misma, siempre que tales actividades se dirijan a todo el territorio del Estado, adoptando el criterio de distribuci髇 competencial establecido en otras normas sectoriales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Informaci髇 y de comercio electr髇ico. Asimismo, se incorporan las diferentes definiciones de juegos, incluidos los de car醕ter espor醖ico, y se establece la reserva y el r間imen de control de la actividad de loter韆s.

En el T韙ulo II, 獶isposiciones Generales�, se recogen los requisitos de los juegos, as� como las prohibiciones objetivas y subjetivas a las actividades objeto de regulaci髇, previ閚dose la creaci髇 o adecuaci髇 de los instrumentos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas. Igualmente, se regula la publicidad del juego al amparo de las competencias del Estado previstas en el n鷐ero 6 del apartado primero del art韈ulo 149 de la Constituci髇 Espa駉la, singularmente en lo que se refiere a la protecci髇 de la juventud y de la infancia, garantizada en el apartado cuarto del art韈ulo 20 de la Constituci髇 Espa駉la. Adem醩, se recogen los principios y pr醕ticas a adoptar con objeto de proteger el orden p鷅lico, garantizando la integridad del juego, as� como previniendo y mitigando la adicci髇 al juego y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simult醤eamente los beneficios para la sociedad.

En el T韙ulo III, 玊韙ulos Habilitantes�, se establecen las caracter韘ticas de las diferentes clases de t韙ulos habilitantes, licencias y autorizaciones, y el r間imen de autorizaci髇 aplicable a los operadores como explotadores de juegos, previendo un procedimiento de otorgamiento respetuoso con los principios generales del Derecho Comunitario.

En el T韙ulo IV, 獵ontrol de la actividad�, se establecen los requisitos t閏nicos m韓imos, susceptibles de mayor concreci髇 mediante un posterior desarrollo reglamentario espec韋ico, que deber醤 cumplir los equipos y sistemas t閏nicos que sirvan como soporte de la actividad de juegos autorizados y que habr醤 de garantizar que se impida a los menores e incapacitados y a las personas que, bien por voluntad propia, bien por resoluci髇 judicial, lo tuvieran prohibido, el acceso a los juegos desarrollados a trav閟 de medios telem醫icos e interactivos.

En el T韙ulo V, 獿a Administraci髇 del Juego�, se establecen las competencias que corresponden al Ministerio de Econom韆 y Hacienda en materia de juego. Se crea un 髍gano regulador, la Comisi髇 Nacional del Juego, al que se le atribuyen todas las competencias necesarias para velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, as� como el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para su explotaci髇. Adem醩, este 髍gano regulador 鷑ico canalizar� la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotaci髇 de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fen髆enos de dependencia. Por 鷏timo, se establece el Consejo de Pol韙icas del Juego como el 髍gano de participaci髇 de las Comunidades Aut髇omas.

En el T韙ulo VI, 玆間imen Sancionador�, se establece el r間imen de infracciones y sanciones en relaci髇 con las actividades objeto de esta Ley, as� como el procedimiento sancionador, incluyendo previsiones para poder actuar contra el juego no autorizado por medio del bloqueo de la actividad que pueda realizarse a trav閟 de medios electr髇icos, inform醫icos, telem醫icos e interactivos.

Y finalmente, en el T韙ulo VII, 玆間imen Fiscal�, se determina, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Disposici髇 adicional vig閟ima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci髇, el r間imen impositivo aplicable al desarrollo de las actividades de juego reguladas en esta Ley, sin perjuicio del mantenimiento de lo establecido en los art韈ulos 36 y siguientes del Decreto 3059/1966, de 1 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales y en el Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, que continuar醤 en vigor en lo que se refiere al gravamen cedido en su 醡bito competencial.

Este nuevo impuesto, en el 醡bito estatal, grava las operaciones de juego, as� como a las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean estrictamente juego.

Adem醩 de lo anterior, se regula la participaci髇 de las Comunidades Aut髇omas en el nuevo impuesto del juego mediante la cesi髇 de la recaudaci髇 obtenida por el gravamen correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada Comunidad, reserv醤dose el Estado lo recaudado por cuenta de los jugadores no residentes en Espa馻 y por lo que corresponda a las apuestas mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas h韕icas estatales.

El nuevo impuesto, como se ha dicho, no afecta a las tasas vigentes sobre el juego, siendo compatible con las mismas, que siguen siendo grav醡enes cedidos a las Comunidades Aut髇omas en su totalidad.

Por 鷏timo, se establece una tasa fiscal sobre las actividades y servicios prestados a los operadores por la Comisi髇 Nacional del Juego.

VI

Esta Ley ha sido sometida al procedimiento de informaci髇 en materia de normas y reglamentaciones t閏nicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informaci髇, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998.