Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 15 de abril de 1997, declaró la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración del Estado y, en consecuencia, impuso la obligación de pago de las indemnizaciones derivadas de los daños producidos por el derrumbamiento de la presa de Tous (Valencia), el día 20 de octubre de 1982, determinando que la cuantificación de las mismas se fijase en el trámite de ejecución de sentencia.

Dicha ejecución se ha efectuado mediante el auto, de 27 de febrero de 1998, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. En el auto se determinan los criterios indemnizatorios, excluyendo del derecho a indemnización a todos los perjudicados que hubiesen suscrito un convenio transaccional al amparo de los Reales Decretos-leyes 4/1993, de 26 de marzo, y 10/1995, de 28 de diciembre, y a aquéllos que únicamente hubiesen optado por efectuar su reclamación por la vía contencioso-administrativa. Con fecha 20 de mayo, se producen tres nuevos autos de la Audiencia Provincial revisando las cuantías establecidas en el anexo de la primera resolución que contenía el listado con los damnificados con derecho a cobrar y las cuantías individualizadas de las indemnizaciones.

Por su parte, la revisión efectuada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana para, en cumplimiento del auto de 27 de febrero, excluir a aquellos damnificados que hubiesen formalizado el convenio transaccional con la Administración, ha determinado el importe total de las obligaciones que corresponde satisfacer por el Estado.

Las distintas circunstancias por las que ha pasado la situación del proceso de Tous y la aplicación de criterios diversos en las intervenciones de la Administración del Estado para resarcir a través de convenios transaccionales los daños causados por el derrumbamiento de la presa, ha provocado agravios entre aquellos damnificados que se acogieron al Real Decreto-ley 4/1993 y obtuvieron una compensación por debajo del importe máximo resarcible, y aquellos otros que, al amparo del Real Decreto-ley 10/1995, fueron compensados de manera sistemática con la totalidad del citado importe máximo resarcible. Ante dicha desigualdad, se estima necesario compensar la diferencia existente entre lo percibido y el citado importe máximo resarcible, limitándose esta compensación sin embargo a aquellos afectados que tengan una capacidad escasa de generación de recursos y estén dentro de una banda de daños que incluya a la mayoría de los mismos, ya que no parece procedente actuar respecto a patrimonios de características económicas excepcionales y que, por lo mismo, han podido acceder a otro tipo de solución.

Dado que no existe crédito suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 para hacer frente al pago de dichas indemnizaciones, resulta necesario conceder un crédito extraordinario en la Sección 16 «Ministerio del Interior» para proceder al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, crédito que se concede con el carácter de ampliable a fin de atender al pago de los intereses y de futuras indemnizaciones que pudieran producirse.

El crédito extraordinario se tramita de acuerdo con el Consejo de Estado y previo informe de la Dirección General de Presupuestos.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.