• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• Art�culo 1
• Art�culo 2
• Art�culo 3
• Art�culo 4
• Art�culo 5
• Art�culo 6
• Art�culo 7
• Art�culo 8
• Art�culo 9
• Art�culo 10
• Art�culo 11
• Art�culo 12
• Art�culo 13
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici�n�1
  • Disposici�n�2
  • Disposici�n�3
  • Disposici�n�4
  • Disposici�n�5
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici�n�1
  • Disposici�n�2

Art�culo 1

La calificaci�n de una finca r�stica como manifiestamente mejorable, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, implicar� el reconocimiento del incumplimiento de la funci�n social de la propiedad y producir� los efectos de la declaraci�n de inter�s social prevenidos en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario respecto a la expropiaci�n forzosa, sin perjuicio de las modificaciones introducidas en la presente Ley.

Art�culo 2

1. La calificaci�n a que se refiere el art�culo anterior podr� producirse en alguno de los siguientes supuestos:

• a) Fincas que lleven sin explotarse dos a�os, como m�nimo, siendo susceptibles de explotaci�n agraria.
• b) Fincas en las que de modo manifiesto no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros Entes p�blicos.
• c) Fincas cuya superficie sea superior a cincuenta hect�reas de regad�o o a quinientas hect�reas de secano o aprovechamiento forestal, en las que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en el art�culo setenta y uno de la Ley de Expropiaci�n Forzosa, deban realizarse las intensificaciones de cultivos o aprovechamientos que, atendiendo al inter�s nacional, sean necesarias para incrementar adecuadamente el empleo, en funci�n de las condiciones objetivas de la explotaci�n.

2. Los l�mites de superficie se�alados en este art�culo no regir�n cuando se trate de fincas pertenecientes a personas jur�dicas.

Art�culo 3

1. Para el c�mputo de las superficies determinadas en el apartado c) del art�culo segundo se tendr�n en cuenta todas las fincas o participaciones indivisas de ellas que pertenezcan a un mismo titular y formen parte de una sola unidad de explotaci�n.

Trat�ndose de fincas y secano y regad�o, se ponderar�n sus superficies sobre la equivalencia, al solo efecto de esta Ley, de una hect�rea de regad�o a diez de secano.

2. La divisi�n de una finca por actos �inter vivos�, si persigue un resultado contrario a esta Ley, o cualquier otro acto o negocio jur�dico en fraude de la misma, no ser� obst�culo para su aplicaci�n. El Real Decreto a que se refiere el art�culo sexto de la presente Ley deber� se�alar, en su caso, los actos que dan lugar a la aplicaci�n de este art�culo.

Art�culo 4

El Ministerio de Agricultura, o�das las C�maras Agrarias y las Organizaciones Agrarias de �mbito nacional, establecer� peri�dicamente los criterios objetivos que sirvan para la determinaci�n de las fincas manifiestamente mejorables a que se refiere el apartado c) del art�culo segundo, uno.

Art�culo 5

1. La Administraci�n, de oficio o a instancia de las Comunidades Aut�nomas, �rganos preauton�micos o dem�s entidades interesadas, iniciar� los expedientes para determinar las fincas r�sticas que pudieran estar comprendidas en el art�culo segundo de la presente Ley, requiriendo, cuando haya lugar, a los interesados para que presenten un plan de explotaci�n y mejora con sujeci�n a las l�neas generales que se les se�alen sobre las transformaciones precisas, coste aproximado de las inversiones requeridas, ritmo de ejecuci�n y plazo para la terminaci�n del plan, que no podr� ser superior a tres a�os, salvo que se integre en planes de conjunto de mayor plazo elaborados por la Administraci�n. Cuando se trate de intensificaci�n de cultivo, las l�neas directrices del plan indicar�n asimismo el n�mero aproximado de obreros fijos a quienes pueda darse ocupaci�n, fijando el ritmo de colocaci�n de la nueva mano de obra al que como m�nimo deber� ajustarse el plan.

2. En el plazo de dos meses, prorrogables por otros dos, las personas requeridas deber�n presentar el plan a que se refiere el apartado anterior, ateni�ndose a las directrices que se les hubieran se�alado o a otras de su propia iniciativa que permitan igualmente alcanzar las finalidades determinadas en la presente Ley. A tal efecto, los interesados tendr�n acceso a los datos que sirvieron de base a la Administraci�n para la elaboraci�n de sus directrices. La no presentaci�n del Plan por parte de los interesados o la no aceptaci�n del presentado dar� lugar a que sea la Administraci�n la que redacte el plan de mejora, lo que deber� hacer en el plazo de dos meses. La falta de avenencia, tras quince d�as m�s para el estudio de f�rmulas de compromiso, dar� lugar a que el expediente pase inmediatamente al Ministerio de Agricultura para su tramitaci�n y resoluci�n, seg�n prev� el art�culo sexto.

3. Cuando se trate de fincas arrendadas o disfrutadas en virtud de cualquier otro derecho real distinto del dominio, el propietario en los mismos plazos establecidos en el apartado anterior, podr� solicitar del Ministerio de Agricultura, aportando las pruebas pertinentes, la declaraci�n expresa de que las deficiencias que motiven las actuaciones son imputables a usuario y que siempre que, al mismo tiempo, el propietario se comprometa al cumplimiento de modo directo del plan que presente y le sea aceptado por la Administraci�n o del que �sta hubiere redactado.

No podr�n imputarse al arrendatario las deficiencias que sean consecuencia del contenido de las cl�usulas del contrato de arrendamiento.

4. El incumplimiento de los compromisos contra�dos con la Administraci�n como consecuencia de lo dispuesto en este art�culo dar� lugar a las actuaciones determinadas en el art�culo siguiente, con aplicaci�n, en cuanto al justiprecio, de lo dispuesto para este caso en el art�culo octavo, apartado tres.

5. En cualquier caso, las personas obligadas a la realizaci�n de un plan no tendr�n derecho a subvenci�n o bonificaci�n fiscal alguna con tal motivo.

Art�culo 6

1. La calificaci�n de finca manifiestamente mejorable se har� por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Agricultura, que la formular� en el plazo de tres meses desde la recepci�n del expediente previa audiencia de los interesados y o�do el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma o del Ente Preauton�mico en que est� enclavada la finca.

2. El Decreto del Gobierno implicar� el reconocimiento del inter�s social de la mejora del inmueble a efectos de su expropiaci�n y la necesidad de la ocupaci�n del mismo. Contra este Decreto, y no contra los actos preparatorios y de avenencia anteriores, cabr� recurso contencioso-administrativo. No obstante, no se suspender� en ning�n caso la ejecuci�n del Decreto impugnado. El inciso "No obstante, no se supender� en ning�n caso la ejecuci�n del Decreto impugnado" del p�rrafo 1� del n�mero 2 del art�culo 6 ha sido declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 238/1992, 17 diciembre (�B.O.E.� 20 enero 1993).

Si el recurso prosperase, el Ministerio de Agricultura podr� proponer al Consejo de Ministros la suspensi�n o inejecuci�n del fallo reca�do, quien podr� acordarla con sujeci�n a lo establecido en el art�culo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa y adem�s cuando la ejecuci�n de la sentencia pueda significar un grave problema social al tener que quedar sin efecto las adjudicaciones, arrendamientos o subarriendos realizados por la Administraci�n.

3. El Real Decreto del Gobierno declarar� la urgencia de la ocupaci�n de los bienes o derechos cuya expropiaci�n deber� verificarse con arreglo al procedimiento previsto en el art�culo 52 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa, con excepci�n de lo relativo al justiprecio, que se regir� por lo dispuesto en esta Ley.

4. Si recayese resoluci�n del Ministerio de Agricultura imputando las deficiencias al arrendatario, el arrendador podr� desahuciar a �ste si asume la realizaci�n de modo directo del plan de explotaci�n y mejora propuesto o convenido. En la fase de avenencia, los plazos se corregir�n teniendo en cuenta la duraci�n del procedimiento de desahucio. En este supuesto, el Decreto del Gobierno quedar� en suspenso y s�lo se aplicar� al arrendador en caso de incumplimiento de los compromisos contra�dos.

Art�culo 7

1. La expropiaci�n consistir� en la privaci�n singular del derecho de uso y disfrute mediante el arrendamiento forzoso al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) de la finca afectada, o, cuando se trate de fincas forestales, el convenio forzoso con el Instituto Nacional para la Conservaci�n de la Naturaleza (ICONA). En el caso de fincas mixtas, decidir� la Administraci�n qu� organismo u organismos han de arrendar o convenir.

2. No obstante, el Real Decreto a que se refiere el apartado dos del art�culo sexto acordar� que se expropie la propiedad si existen graves motivos de orden econ�mico o social que as� lo exijan. Cuando se trate de fincas cuya superficie sea inferior a cincuenta hect�reas de secano o cinco de regad�o, ser�n objeto de arrendamiento o convenio forzoso y s�lo se proceder� a la privaci�n de la propiedad a solicitud del propietario.

Art�culo 8

1. En los supuestos de arrendamiento forzoso, el dep�sito previo a la ocupaci�n ser� igual a la renta catastral de la finca. El justiprecio ser� igual al promedio de la renta que la finca haya producido en el �ltimo quinquenio, valorada por el Ministerio de Agricultura, sin que la cantidad resultante pueda ser inferior a la mitad de la renta catastral.

2. En los casos de privaci�n de la propiedad de la finca, el justiprecio no podr� exceder de la media aritm�tica entre el valor fiscal declarado conforme a las normas reguladoras del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas F�sicas o su valor catastral si se trata de personas jur�dicas, y el valor en venta de fincas an�logas en la comarca, sin que haya lugar en ning�n caso al pago del premio de afecci�n.

3. Si hubiera existido el incumplimiento del plan a que se refiere el art�culo quinto no se tendr� en cuenta el valor en venta de la finca al fijar su justiprecio en el supuesto de privaci�n de la propiedad o se fijar� como renta, en el caso de arrendamiento forzoso, el menor de los valores que resulten de la aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado uno.

4. En cuanto al ganado, maquinaria, aperos y productos existentes en la finca, ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo doscientos cuarenta y siete, apartado uno, de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

Art�culo 9

1. El arrendamiento forzoso tendr� una duraci�n de doce a�os, durante los cuales el IRYDA podr� acceder a la propiedad de la finca en cualquier momento, con arreglo a lo dispuesto en el art�culo s�ptimo, dos, salvo en el supuesto de las fincas de reducida extensi�n a que se refiere el mismo art�culo. El justiprecio se determinar� conforme a lo dispuesto en el apartado dos del art�culo octavo.

2. En los casos de convenio forzoso con el ICONA, se estar� a lo dispuesto en el art�culo 22 de la Ley 5/1977, de 4 de enero, sobre Fomento de la Producci�n Forestal.

Art�culo 10

1. Las fincas o derechos que se adquieran o expropien conforme a esta Ley podr�n ser adjudicados a trabajadores agr�colas por cuenta ajena o a cultivadores directos y personales, individuales o asociados, en propiedad, arrendamiento o subarriendo, de acuerdo con normas y preferencias que se determinar�n por Decreto del Gobierno y quedar�n sometidos en todo caso a planes de explotaci�n y mejora que supongan al menos un grado y un plazo de transformaci�n similares a lo propuesto inicialmente a la propiedad, salvo que la ejecuci�n de los mismos se integre en planes de conjunto elaborados por la Administraci�n que exijan plazos superiores.

2. En las adjudicaciones de los derechos a que se refiere el apartado anterior se dar� preferencia a las formas asociadas de explotaci�n y a los cultivadores directos y personales que necesiten ampliar la superficie cultivada para alcanzar una dimensi�n econ�micamente viable de su explotaci�n, teniendo en cuenta las condiciones socioecon�micas y agron�micas de la comarca.

En cualquier caso, las adjudicaciones se har�n en forma tal que las fincas no sean parceladas m�s all� de unidades econ�micamente viables de explotaci�n, que ser�n fijadas para cada caso por el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta las condiciones socioecon�micas y agron�micas de la comarca.

3. El incumplimiento de estos planes por los agricultores dar� lugar, seg�n los casos, a la expropiaci�n de la finca adjudicada en propiedad o a la resoluci�n autom�tica del arriendo o subarriendo.

4. La Administraci�n proveer� las medidas y los fondos necesarios para la adjudicaci�n de pr�stamos, subvenciones y ayuda t�cnica, con objeto de que los agricultores asentados puedan llevar a cabo los programas de mejora.

Art�culo 11

1. El IRYDA deber� subarrendar las fincas que haya tomado en arriendo forzoso al amparo de lo dispuesto en esta Ley, siempre que se presenten licitadores, fijando como renta al subarrendatario la usual en la comarca, que ser� revisable conforme a lo que disponga la Ley de Arrendamientos R�sticos.

2. El IRYDA podr� autorizar las mejoras que estime convenientes, a su propio cargo o al del subarrendatario, con derecho a ser indemnizado por el propietario al finalizar el arriendo, el cual podr� optar bien por pagar el valor que en tal momento tengan las obras, bien por abonar el aumento de valor que por ellas hayan experimentado las fincas. El mismo derecho tendr�, en su caso, el subarrendatario frente al IRYDA al terminar el subarriendo.

Art�culo 12

1. Todos los contratos, convenios o consorcios que se celebren entre la Administraci�n y los propietarios al amparo de lo dispuesto en la presente Ley constar�n necesariamente por escrito y las relaciones entre las partes quedar�n sujetas al Derecho administrativo, correspondiendo, por tanto, a la Administraci�n, y, cuando proceda, a la jurisdicci�n contencioso-administrativa, la interpretaci�n y ejecuci�n de dichos contratos y la resoluci�n de las dem�s cuestiones que se susciten como consecuencia de los mismos.

2. En los contratos de arrendamiento o subarriendo en que sea parte el IRYDA se observar� lo dispuesto en la presente Ley, rigiendo como Derecho supletorio la legislaci�n especial sobre arrendamientos r�sticos.

Art�culo 13

1. Quedar�n excluidos de la aplicaci�n de esta Ley, durante el plazo necesario para la amortizaci�n de las mejoras, los propietarios que, por su propia iniciativa y antes de iniciarse el expediente, presenten un plan de explotaci�n y mejora que merezca la aprobaci�n de la Administraci�n, suscriban el compromiso correspondiente y lo lleven a efecto en los t�rminos convenidos. Transcurridos seis meses desde la presentaci�n del plan sin que la Administraci�n se haya pronunciado sobre el mismo, se entender� aprobado, quedando obligado el propietario a llevarlo a efecto en los t�rminos por �l propuestos.

2. El incumplimiento de este plan dar� lugar a una multa del diez por ciento del importe total de la inversi�n no realizada, quedando sujeta la finca a lo dispuesto en el art�culo sexto de esta Ley.

1

Las atribuciones de la Administraci�n no especialmente conferidas en esta Ley al Ministro de Agricultura se entender�n referidas al IRYDA salvo cuando se trate de fincas o explotaciones forestales, en las que la competencia corresponder� al ICONA, sin perjuicio de la actuaci�n conjunta de ambos Organismos cuando resulte procedente.

2

El IRYDA dar� el destino previsto en el apartado primero del art�culo 10 de esta Ley a las fincas r�sticas que posea a t�tulo de propiedad, de arrendamiento o por cualquier otro t�tulo y que pudieran estar incluidas en el art�culo segundo de la presente Ley.

3

Los preceptos de esta Ley no ser�n de aplicaci�n a las zonas de suelo urbano y urbanizable ni afectar�n a las limitaciones establecidas por la Ley sobre R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana para el suelo no urbanizable.

4

En el plazo de tres meses desde la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado� de la presente Ley se iniciar� expediente de oficio, seg�n lo dispuesto en el art�culo quinto de esta Ley, a las fincas que hayan sido declaradas manifiestamente mejorables de acuerdo con lo previsto en la Ley de 1953 y que todav�a contin�en insuficientemente aprovechadas.

5

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley habr�n de quedar establecidos por primera vez los criterios objetivos a que se refiere el art�culo cuarto de la misma.

1

La presente Ley entrar� en vigor el uno de enero de mil novecientos ochenta.

En los Presupuestos para los ejercicios de mil novecientos ochenta y siguientes figurar�n las consignaciones correspondientes para dichas actuaciones.

2

Quedan derogados los art�culos 256, 257, 258, 259 y 260 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley. Subsistir�n en vigor las normas contenidas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario respecto a comarcas mejorables, sin que ello obste a la aplicaci�n preferente de la presente Ley en cuanto a las fincas comprendidas en los supuestos del art�culo segundo.