Sumario

Preámbulo

El veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y uno tuvo entrada en las Cortes Generales el acuerdo de la excelentísima Diputación Provincial de Madrid por el que se iniciaba el proceso autonómico de su provincia. La Constitución en su artículo ciento cuarenta y cuatro, dispone que las Cortes Generales por motivos de interés nacional, pueden, según el inciso a), «autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado uno del artículo ciento cuarenta y tres».

Por su parte, el artículo ciento cuarenta y tres, en su apartado uno, preceptúa que las provincias sólo podrán acceder a su autogobierno de forma individual y constituirse en Comunidad Autónoma cuando puedan acreditar la entidad regional histórica propia, requisito éste que debe acreditarse por las Cortes Generales.

Madrid, provincia en la que se encuentra la capital da España y sede de las Instituciones democráticas del Estado y del Gobierno de la Nación, cuenta con una población cercana al doce por ciento del total de la nación española. Si a esto se añade la importancia de su desarrollo urbano, la circunstancia de contar con un núcleo importantísimo de servicios y actividades de todo tipo y el que por su situación resulta ser un centro de comunicaciones de primerísimo orden se justifica plenamente que esta provincia, utilizando los medios que la Constitución y disposiciones complementarlas ponen a su alcance, pueda constituirse en Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, convergen en la autonomía de la provincia de Madrid unas peculiaridades propias, derivadas del hecho ya reseñado de albergar en ella la capital de la Nación española y de sus Instituciones, circunstancia ésta que exigirá en el futuro el tratamiento legal adecuado para dar respuesta al especial estatus que concurre en la villa de Madrid.

Por todo ello, resulta manifiesta la existencia de los motivos de interés nacional que justifican la elaboración por las Cortes Generales de una Ley Orgánica a tenor de lo establecido en el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Constitución, toda vez que no se dan en la provincia de Madrid las condiciones necesarias para su individualización como entidad regional histórica para culminar el proceso autonómico iniciado por su Corporación Municipal.