Sumario

L.O. 9/1995, 20 noviembre, derogada por la letra c) del n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇 (獴.O.E.� 4 mayo), el 24 de mayo de 2006.

Exposici髇 de Motivos

El progreso equilibrado de una sociedad democr醫ica, su bienestar colectivo y la calidad de la vida individual de sus ciudadanos son fruto del desarrollo de la educaci髇: en sus distintos niveles. Conscientes de ello, las sociedades exigen de modo creciente bienes y servicios educativos, y su fomento y salvaguardia por parte de las Administraciones p鷅licas han venido a formar parte de las propias responsabilidades de 閟tas.

En Espa馻, el art韈ulo 27 de la Constituci髇 consagra la responsabilidad de los poderes p鷅licos como garant韆 fundamental del derecho a la educaci髇, en todos sus extremos.

Para desarrollar los principios constitucionales en esta materia, la Ley Org醤ica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci髇, vino a consolidar el ejercicio de tal derecho dentro de un sistema escolar concebido como escuela para todos. Al mismo tiempo, la Ley reconoci� y afianz� el r間imen mixto, p鷅lico y privado, de los centros docentes, sancion� la libertad de creaci髇 de centros, dentro de la inexcusable viabilidad, fij� las condiciones en que los centros as� creados gozan de financiaci髇 p鷅lica y, como elemento imprescindible de la estructura de los centros docentes financiados con fondos p鷅licos, estableci� los 髍ganos unipersonales y colegiados de gobierno y determin� sus funciones y modo de constituci髇.

Posteriormente la Ley Org醤ica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo, ha reestructurado, desde perspectivas renovadoras, el conjunto del sistema educativo. L韓eas fundamentales de esta reforma han sido la ampliaci髇 hasta los diecis閕s a駉s de la educaci髇 obligatoria y gratuita, el establecimiento de la educaci髇 infantil, primaria y secundaria obligatoria como nuevas etapas educativas y la definici髇 de un marco normativo moderno para, el bachillerato y la formaci髇 profesional.

La Ley Org醤ica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo, ha concretado los objetivos y 醨eas o materias de las distintas etapas y ha delimitado en ellas las caracter韘ticas generales de los nuevos curr韈ulos. Por otra parte, la Ley, que ha significado un avance decisivo para la mejora de la calidad de ense馻nza, a la que ha dedicado su T韙ulo IV, ha determinado que los poderes p鷅licos prestar醤 atenci髇 prioritaria al conjunto de factores que la favorecen. Destacan entre ellos la cualificaci髇 y formaci髇 del profesorado, la programaci髇 docente, la innovaci髇 y la investigaci髇 educativas, as� como la orientaci髇 educativa y profesional, junto a otros especialmente vinculados a la vida cotidiana de los centros, como la funci髇 directiva o la inspecci髇.

Las directrices de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo, comportan elementos muy innovadores en cuanto a la estructura del sistema educativo y sus etapas y ense馻nzas, las nuevas responsabilidades y autonom韆 de los centros y del profesorado en el desarrollo del curr韈ulo, y la exigencia de evaluaci髇 del conjunto del sistema.

Es preciso, por tanto, adecuar a la nueva realidad educativa el planteamiento participativo y los aspectos referentes a organizaci髇 y funcionamiento que se establecieron en la Ley 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci髇.

En la educaci髇 espa駉la, mediante la constituci髇 de los Consejos Escolares de los centros, comenz� a desarrollarse un sistema de participaci髇 en que est醤 presentes el profesorado, el alumnado, las familias, el personal de administraci髇 y servicios, los representantes municipales y los titulares de los centros privados, llevando as� los derechos constitucionalmente reconocidos a su aplicaci髇 pr醕tica en el trabajo de los centros.

Debe asegurarse que tal participaci髇, que ya es un componente sustantivo de la actividad escolar, se realice en los centros con 髉timas condiciones, y que en los centros en los que se imparta formaci髇 profesional espec韋ica se extienda al mundo empresarial, con el que se asocian los contenidos de las nuevas ense馻nzas.

Por otra, parte deben reforzarse las propias funciones encomendadas al Consejo Escolar, de modo que pueda afrontar con 閤ito las tareas complejas que se le encomiendan, entre las que destacan, por su trascendencia, la elecci髇 del Director, el ejercicio de una mayor autonom韆 de organizaci髇 y gesti髇 y la determinaci髇 de las directrices para elaboraci髇 del proyecto educativo del centro, desde la concreci髇 de los objetivos que pretenden las ense馻nzas impartidas hasta la oferta espec韋ica que el alumnado recibe.

La elecci髇 del Director debe ser resultado de un procedimiento que garantice al m醲imo el acierto de la comunidad, de modo que sean seleccionados para desempe馻r la direcci髇 los profesores m醩 adecuados y mejor preparados para realizar la tarea de direcci髇, al tiempo que se asegura un funcionamiento 髉timo de los equipos directivos y el ejercicio eficiente de las competencias que tienen encomendadas.

Debe concederse tambi閚 especial importancia al desarrollo profesional de los docentes y a los sistemas que permitan mejorar sus perspectivas profesionales, tanto en el puro ejercicio de la ense馻nza como en la posible promoci髇 a las responsabilidades de coordinaci髇, gesti髇 o direcci髇. La buena pr醕tica docente, recompensada con el adecuado reconocimiento social, debe ser base inequ韛oca de los incentivos profesionales.

Adem醩, la mejora de la calidad de la ense馻nza exige ampliar los l韒ites de la evaluaci髇, para que pueda ser aplicada de modo efectivo al conjunto del sistema educativo, en sus ense馻nzas, centros y profesores.

Para la m醩 eficaz consecuci髇 de tales fines, debe regularse la funci髇 inspectora, de manera que pueda acreditarse suficientemente que todos los factores descritos funcionan con correcci髇 y armon韆.

Las especiales exigencias de la funci髇 inspectora, b醩ica para detectar con acierto el estado real de los distintos elementos del sistema educativo y las causas determinantes de los resultados de las evaluaciones hacen imprescindible disponer del mejor procedimiento posible en la selecci髇 de los candidatos a desempe馻rla. Por otra parte, es forzoso ofrecer a los inspectores seleccionados una situaci髇 profesional que facilite al m醲imo el ejercicio de tarea tan decisiva como la suya.

Es necesario garantizar tambi閚 la escolarizaci髇 de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos p鷅licos. Para ello, los centros de una misma zona deber醤 escolarizar a estos alumnos en igual proporci髇, de acuerdo con los l韒ites y recursos que las Administraciones educativas determinen.

Asimismo, debe extenderse al conjunto de los centros sostenidos con fondos p鷅licos la adecuada participaci髇, autonom韆 y organizaci髇 de los centros que la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo, exige, de manera que no s髄o se garantice con efectividad la ausencia de discriminaci髇 en la elecci髇 del centro por parte de los alumnos, sino, que los centros, a su vez, puedan incorporar a su proyecto educativo y a las ense馻nzas que imparten todas las mejoras cualitativas que las sucesivas disposiciones legales vienen auspiciando.

Se justifica as� la presente Ley, que profundiza lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci髇, en su concepci髇 participativa, y que completa la organizaci髇 y funciones de los 髍ganos de gobierno de los centros financiados con fondos p鷅licos para ajustarlos a lo establecido en la Ley Org醤ica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo.

En coherencia con estas dos Leyes, que han constituido destacados hitos de una misma pol韙ica educativa, y con miras a cohesionarlas y complementarlas, la presente Ley obedece a la voluntad, ampliamente compartida por la sociedad espa駉la, de reafirmar con garant韆s plenas el derecho a la educaci髇 para todos, sin discriminaciones, y de consolidar la autonom韆 de los centros docentes y la participaci髇 responsable de quienes forman parte de la comunidad educativa, estableciendo un marco organizativo capaz de asegurar el logro de los fines de reforma y de mejora de la calidad de la ense馻nza que ha buscado la Ley Org醤ica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo, al reordenar el sistema educativo espa駉l.

Como las anteriores, la presente Ley est� animada por la firme voluntad de conseguir una educaci髇 a la que tengan acceso todos los ni駉s y j髒enes espa駉les, con calidad para formarlos s髄idamente, con vistas a una participaci髇 comprometida; responsable e ilustrada en las tareas sociales, c韛icas y laborales que puedan corresponderles en la vida adulta.

Desde tales principios, orientaciones y prop髎itos se formula el texto articulado de la Ley.

El T韙ulo preliminar define las acciones que deber醤 llevar a cabo los poderes p鷅licos para garantizar una ense馻nza de calidad en la actividad educativa, conforme a los fines establecidos en la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci髇 General del Sistema Educativo, que comprenden el fomento de la participaci髇, el apoyo al funcionamiento de los 髍ganos de gobierno de los centros, el establecimiento de procedimientos de evaluaci髇 y la organizaci髇 de la inspecci髇 educativa.

El T韙ulo I trata de la participaci髇 en el gobierno de los centros, de la participaci髇 en actividades complementarias y extraescolares y de los Consejos Escolares de 醡bito intermedio, y regula tambi閚 la autonom韆 de gesti髇 de los centros docentes p鷅licos, la elaboraci髇 y publicaci髇 de su proyecto educativo y la autonom韆 en la gesti髇 de los recursos.

El T韙ulo II regula los 髍ganos de gobierno de los centros docentes p鷅licos. Define y establece la composici髇 del Consejo Escolar de los centros, sus competencias y la participaci髇 de los alumnos y de la Comisi髇 Econ髆ica, as� como la participaci髇 de los profesores a trav閟 del Claustro, las competencias del mismo, la participaci髇 del Consejo Escolar y del Claustro en la evaluaci髇 del centro, y, por 鷏timo, la Direcci髇. Determina el procedimiento para la elecci髇 de Director, los requisitos para ser candidato y para ser acreditado para el ejercicio de la direcci髇, y todo lo referente a la elecci髇 de Director y su designaci髇 por la Administraci髇 educativa, con las competencias que le corresponde, su cese, nombramiento de los miembros del equipo directivo y duraci髇 del mandato de los 髍ganos de gobierno. ' Tambi閚 establece medidas de apoyo al ejercicio de la funci髇 directiva y prev� la adscripci髇 de un administrador en los centros que por su complejidad lo requieran.

Son objeto del T韙ulo III los distintos contenidos y modalidades de la evaluaci髇, as� como las competencias de las diferentes instituciones para realizar estudios de evaluaci髇, participar en ellos, valorarlos y hacer p鷅licos, en su caso, los correspondientes informes de resultados. Este T韙ulo aborda tambi閚 la participaci髇 de ' los centros docentes en las tareas evaluadoras.

El T韙ulo IV trata de la Inspecci髇 de Educaci髇 y regula el ejercicio de la supervisi髇 e inspecci髇 por las Administraciones educativas. Determina las funciones de la Inspecci髇 de Educaci髇, el desarrollo de su ejercicio por funcionarios docentes del Cuerpo de Inspectores de Educaci髇, los requisitos para acceder a la misma y los puntos referentes a la formaci髇 de inspectores, al ejercicio de sus funciones y a la organizaci髇 de la inspecci髇.

Determinados aspectos sobresalientes son incorporados en las disposiciones adicionales. La segunda establece que las Administraciones educativas deben garantizar la escolarizaci髇 de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos p鷅licos, y la s閜tima introduce una serie de modificaciones respecto al r間imen aplicable a los centros concertados lo establecido en la presente Ley para los centros p鷅licos, para que todos los centros sostenidos con fondos p鷅licos sean, de igual modo part韈ipes de las medidas que favorecen la calidad de la ense馻nza y queden sometidos a equivalentes mecanismos de control social.

As� pues, a lo largo de su cuerpo normativo, la ley delimita y afianza las competencias b醩icas e impulsa las de las Administraciones educativas de las Comunidades Aut髇omas con competencias en educaci髇. A ellas y al Ministerio de Educaci髇 y Ciencia reconoce y atribuye, en su caso, tanto competencias como responsabilidades, no s髄o en los factores cruciales para la mejora de la calidad de la ense馻nza, sino tambi閚 en la reglamentaci髇 estatutaria y en la organizaci髇 de la vida de la autonom韆 de los centros, de evaluaci髇 y de la inspecci髇.

En suma, la presente Ley da nuevo impulso a la participaci髇 y autonom韆 de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco legal capaz de estimular de modo fruct韋ero el conjunto de factores que propician y desarrollan la calidad de la ense馻nza y su mejora.