Artículo 40

.....

Artículo derogado por Ley 30/1992, 26 noviembre («B.O.E.», 27 noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 41

.....

Artículo derogado por Ley 30/1992, 26 noviembre («B.O.E.», 27 noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 42

.....

Artículo derogado por Ley 30/1992, 26 noviembre («B.O.E.», 27 noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 43

.....

Artículo derogado por Ley 30/1992, 26 noviembre («B.O.E.», 27 noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 44

1. La responsabilidad de orden penal de las autoridades y funcionarios podrá exigirse ante los Tribunales de Justicia competentes.

2. En ningún caso será requisito indispensable para la apertura y validez del procedimiento judicial el consentimiento previo de la autoridad administrativa.

Artículo 45

1. La responsabilidad civil de los Ministros se exigirá ante el Tribunal Supremo en Pleno.

2. La de las autoridades y funcionarios con categoría igual o superior a Jefes Superiores de Administración, ante la Sala Primera de dicho Tribunal.

3. La de los Jueces, Magistrados y Fiscales, con arreglo a su legislación especial.

4. La de las demás autoridades y funcionarios, ante la Audiencia Territorial respectiva.

Artículo 46

1. Las acciones u omisiones de los Ministros, en el ejercicio de su cargo, que revistan carácter de delito, serán enjuiciadas por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, quien se pronunciará previamente sobre la procedencia de la apertura del sumario.

2. El enjuiciamiento de los Subsecretarios, Directores generales, Gobernadores civiles y autoridades o funcionarios con categoría de Jefes Superiores de Administración, por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, corresponde a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.

3. El enjuiciamiento de las demás autoridades y funcionarios civiles de la Administración del Estado compete a las Audiencias provinciales.

4. Cuando sea competente la jurisdicción militar se regirá por las leyes que la regulan.

Artículo 47

El procedimiento judicial penal contra las autoridades podrá iniciarse por el Ministerio Fiscal o a instancia del ofendido o perjudicado.

Artículo 48

La responsabilidad disciplinaria será exigida por la Administración a los funcionarios civiles, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Funcionarios y disposiciones especiales de cada Cuerpo.

Artículo 49

La responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los militares y funcionarios de las Carreras Judicial y Fiscal será exigida conforme a lo establecido en las disposiciones especiales por que se rigen.

Disp. Adic. 1

En el término de un año, a contar desde la promulgación de la presente Ley, los distintos Ministerios remitirán a la Presidencia del Gobierno una propuesta detallada sobre los asuntos que, debiendo hasta ahora resolverse por Decreto, puedan serlo en lo sucesivo por Orden acordada por una Comisión Delegada del Gobierno o mediante Orden ministerial y de aquellos otros que, siendo actualmente de la competencia de los Ministros, pueda ser transferida su resolución a los Subsecretarios, Directores generales, Jefes de Sección y órganos locales delegados de la Administración; y del mismo modo, los propios hasta ahora de la competencia de otros órganos superiores que puedan ser también objeto de desconcentración.

Disp. Adic. 2

Estas propuestas deberán redactarse con vista a acelerar los procedimientos, conceder a órganos inferiores centrales y delegados provinciales o locales la potestad de resolver definitivamente en vía administrativa, y con el fin de reducir la materia propia de la competencia de los órganos superiores de los Ministerios.

Disp. Adic. 3

En ningún caso estas propuestas podrán implicar el aumento del número de servicios u organismos delegados de la Administración en las provincias ni en los Departamentos ministeriales, antes bien, deberán procurar la integración en una sola Delegación de los servicios provinciales o locales dependientes de un mismo Ministerio.

Disp. Adic. 4

Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones oportunas en orden al traspaso de competencias preceptuado en las presentes disposiciones adicionales.

Disp. Adic. 5

El Gobierno dispondrá lo necesario para la mejor efectividad del precepto establecido en el artículo 27, elevando a las Cortes, en el plazo de seis meses, las propuestas de reforma o convalidación que estime convenientes.

Disp. Fin. 1

...

Disp. Fin. 2

Se declaran subsistentes las reformas orgánicas introducidas por los artículos 10, 11, 13, 14 y 15 del Decreto-ley citado en la disposición anterior.

Disp. Fin. 3

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.