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Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Ficha:
  • 觬gano MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
  • Publicado en BOE n鷐. 226 de
  • Vigencia desde 18 de Octubre de 2009
Versiones/revisiones:

Sumario

Tras la promulgaci髇 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, que vino a establecer un nuevo r間imen jur韉ico en la gesti髇 del patrimonio p鷅lico despu閟 de casi cuarenta a駉s de vigencia de la anterior normativa, se hace necesario responder a la habilitaci髇 contenida en su disposici髇 final quinta, en cuya virtud corresponde al Consejo de Ministros dictar las normas reglamentarias y disposiciones de car醕ter general necesarias para el desarrollo y aplicaci髇 de dicha ley.

El presente reglamento tiene por objeto, por tanto, desarrollar la Ley 33/2003, atendiendo tanto a aquellos aspectos cuya regulaci髇 se defiere en la ley expresamente al desarrollo reglamentario, como a todas aquellas materias que, gozando de un contenido determinado, requieren una m醩 amplia regulaci髇 sustantiva y procedimental.

La extensi髇 de la citada norma ha determinado acudir a un desarrollo necesariamente heterog閚eo, en el que se evita reiterar aquello que est expresamente regulado, y se procura por el contrario ampliar lo que en la ley queda solo apuntado o definido.

En consecuencia, la regulaci髇 plena del r間imen jur韉ico del patrimonio p鷅lico habr de encontrarse necesariamente en la adecuada integraci髇 de ley y reglamento, primando en aquella los aspectos sustantivos y esenciales, y en 閟te, los de distribuci髇 competencial y de procedimiento, a cuyo efecto se ha atendido en esencia a la estructura de la ley, sin perjuicio de que determinados t韙ulos, suficientemente desarrollados en la misma, queden por tanto exentos de cualquier desarrollo reglamentario.

A su vez, debe se馻larse que se ha buscado desarrollar adecuadamente conceptos y procedimientos relativos a la gesti髇 de bienes y derechos dentro del 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, objetivo 閟te acorde con la naturaleza y fines de la norma, sin perjuicio de que en cada materia se haya de considerar su aplicaci髇 tanto a la propia Administraci髇 General del Estado como a sus organismos p鷅licos, y tanto a bienes inmuebles o muebles, como a derechos, dentro del concepto legal del patrimonio.

En este aspecto, se ha pretendido mantener una sistem醫ica similar en aquellas cuestiones que puedan resultar de regulaci髇 homog閚ea, aun a riesgo en ocasiones de reiterar conceptos, pero con el fin de evitar remisiones, salvo las consideradas necesarias.

Comienza el reglamento con unas breves disposiciones generales, y posteriormente aborda los modos de adquirir, y concretamente, el procedimiento de sucesi髇 leg韙ima de la Administraci髇 General del Estado, denominado de abintestatos, hasta ahora regulado en el Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre r間imen administrativo de la sucesi髇 abintestato a favor del Estado.

Se ha estimado oportuno incorporar dicha regulaci髇 al reglamento de la ley, pues ello evita la actual dispersi髇 normativa y permite un tratamiento m醩 sistem醫ico de los procedimientos.

En este 醡bito, sin perjuicio de peque駉s cambios impuestos por el transcurso del tiempo o derivados de la experiencia en la gesti髇, se ha sustituido el actual sistema de distribuci髇 de la herencia, a trav閟 de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias, por un procedimiento dirigido por la Delegaci髇 de Econom韆 y Hacienda, en el que la publicidad y la concurrencia ser醤 los elementos determinantes del modo de distribuci髇, con respeto en todo caso a las reglas del C骴igo Civil, todo ello en aras de una mayor agilidad y eficiencia en la gesti髇 de estos bienes.

De otro lado, en la enajenaci髇 de los bienes de la masa hereditaria no se ha introducido la figura del concurso, establecida en la ley para los procedimientos generales de enajenaci髇, por entender que el fin de la venta, en este caso, es obtener la mayor cantidad l韖uida que ha de repartirse de acuerdo con la normativa civil, y la mec醤ica del concurso interferir韆 en la consecuci髇 de dicho objetivo.

En materia de adjudicaciones de bienes y derechos a la Administraci髇 General del Estado, el reglamento concreta las reglas apuntadas por la ley y detalla el iter que deben seguir las distintas propuestas, con el fin de garantizar la directa participaci髇 de los 髍ganos estatales en la decisi髇 correspondiente, y la previa evaluaci髇 de las circunstancias concurrentes en cada caso, que determinan la necesidad u oportunidad de cada adjudicaci髇.

En este aspecto, adem醩, se recoge una actualizaci髇 normativa, al citarse la normativa tributaria y de recaudaci髇 promulgada con posterioridad a la publicaci髇 de la ley.

Respecto a los saldos y dep髎itos abandonados, que por ley corresponden a la Administraci髇 General del Estado, la nueva regulaci髇 por orden ministerial de las actuaciones que en este 醡bito ata馿n a las entidades financieras y depositarias, hace innecesaria una normativa adicional, por lo que tan solo se recoge en este aspecto una breve referencia a la materia.

Las adquisiciones de bienes y derechos, onerosas y gratuitas, las primeras reguladas en la ley entre los negocios jur韉ico patrimoniales, constituyen los siguientes t韙ulos. Se opta por regular las adquisiciones onerosas en este cap韙ulo por razones de sistem醫ica, al englobarse en el mismo todos los modos de adquirir posibles, y en este aspecto se amplia la regulaci髇 del procedimiento, que la ley brevemente apunta, incluyendo una breve referencia a la expropiaci髇 forzosa, sobre la que el reglamento se ci馿 a clarificar aspectos de gesti髇 interna; en lo relativo a las adquisiciones gratuitas, se recoge una regulaci髇 que completa las reglas generales de la ley y que pretende garantizar la seguridad jur韉ica y la oportunidad de este tipo de adquisiciones.

El acceso al Inventario General de Bienes y Derechos de la Administraci髇 General del Estado representa una de las materias cuya regulaci髇 exige la propia ley. A tal efecto, se han establecido unas normas generales que delimitan el objeto de dicho acceso y sus efectos, todo ello respondiendo al concepto legal de que dicho Inventario no constituye un registro p鷅lico; y se han previsto unas reglas concretas para el acceso por otras Administraciones P鷅licas y por los ciudadanos, respectivamente, que pretenden garantizar dicha facultad adecuadamente, delimitando no obstante su 醡bito en funci髇 del destinatario y del fin de la consulta.

Los cap韙ulos dedicados al r間imen registral y a las potestades de investigaci髇 y deslinde, se ajustan b醩icamente a la normativa hasta ahora vigente, y regulan detalladamente el modo de ejercicio de estas potestades de que goza la Administraci髇 P鷅lica para la protecci髇 y defensa de sus bienes, atendiendo a la actual legislaci髇 de procedimiento. Merece destacarse en el 醡bito del procedimiento de investigaci髇 la delimitaci髇 de la figura del denunciante, ya clarificada en la Ley, que establece que el inicio se hace necesariamente de oficio, de modo que el denunciante se configura como un colaborador de la Administraci髇 sin tener la condici髇 de interesado, sin perjuicio de la obtenci髇 de un eventual premio, que se le atribuye como consecuencia accesoria de la resoluci髇.

En el 醡bito de la administraci髇 de bienes y derechos p鷅licos, el reglamento clarifica los tr醡ites y documentos necesarios para las afectaciones y adscripciones, o desafectaciones y desadscripciones, y desarrolla materias novedosas introducidas por la ley, como las afectaciones t醕itas o presuntas, las afectaciones concurrentes y las mutaciones interadministrativas, estas 鷏timas de necesario desarrollo reglamentario y sobre las que se fijan los extremos necesarios para su tramitaci髇.

Respecto a la gesti髇 de los bienes patrimoniales, el reglamento distingue las competencias y facultades que han de corresponder a la Direcci髇 General del Patrimonio del Estado, a las Delegaciones de Econom韆 y Hacienda, y respecto de los bienes en el extranjero, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci髇, y posteriormente establece el procedimiento para la explotaci髇 de dichos bienes patrimoniales.

A continuaci髇 se regula la enajenaci髇 de bienes y derechos, lo que reviste singular importancia, tanto por su extensi髇 y necesario detalle, como por la precisi髇 legal sobre las formas de venta.

As se han concretado los supuestos en los que cabe enajenar bienes y derechos de la Administraci髇 General del Estado por subasta, y se han establecido de forma minuciosa los requisitos para la venta por concurso, novedad de la Ley 33/2003. En este aspecto, el objetivo ha sido garantizar una coordinaci髇 entre el departamento u organismo responsable de la enajenaci髇 y el departamento o administraci髇 p鷅lica responsable de la pol韙ica que se promueve a trav閟 de la venta, a cuyo efecto se ha previsto la intervenci髇 del Consejo de Ministros en la autorizaci髇 de los criterios determinantes de la venta.

De otro lado, en este cap韙ulo se han recogido las disposiciones comunes al procedimiento y se han regulado detalladamente los tr醡ites de cada modo de enajenaci髇, procurando mantener una sistem醫ica que facilite la aplicaci髇 de ley y reglamento.

Igualmente, se ha incluido una somera referencia a la participaci髇 de la Administraci髇 General del Estado en actuaciones de transformaci髇 urban韘tica, as como a la aportaci髇 de bienes a entes p鷅licos.

Para completar la regulaci髇 de los negocios patrimoniales, se dedica un cap韙ulo a las cesiones gratuitas, distinguiendo las de propiedad y de uso. Sobre las mismas el reglamento ampl韆 los conceptos citados en la ley y detalla su modo de tramitaci髇, haciendo hincapi en los elementos de seguridad jur韉ica y de posterior control sobre los bienes cedidos.

Finalmente, se concluye con una breve regulaci髇 sobre la coordinaci髇 y optimizaci髇 de la utilizaci髇 de edificios administrativos, que incluye la composici髇 y funciones de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.

Por lo que se refiere a la regulaci髇 del patrimonio empresarial de la Administraci髇 General del Estado se cumplimenta la previsi髇 del art韈ulo 170.2 de la ley, explicitando la vinculaci髇 de las entidades p鷅licas de car醕ter empresarial a los principios constitucionales de eficiencia y econom韆 en su gesti髇, y definiendo un marco transparente para el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la prestaci髇 de servicios de inter閟 general que no proyecte distorsiones sobre los mercados. La efectividad funcional del nuevo esquema de gesti髇 de estas entidades requiere introducir algunas precisiones en su modelo organizativo, de forma que, coherentemente con las previsiones esbozadas en la ley, adapten sus estructuras para satisfacer los principios de buenas pr醕ticas en el gobierno de empresas y en particular, las recomendaciones de la OCDE plasmadas en las 獶irectrices sobre Gobierno Corporativo de las empresas p鷅licas publicadas en el a駉 2005.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Econom韆 y Hacienda, previa aprobaci髇 de la Ministra de Administraciones P鷅licas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 28 de agosto de 2009,

DISPONGO:

Art韈ulo 鷑ico Aprobaci髇 del Reglamento general de la Ley del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas

Se aprueba el Reglamento general de la Ley del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, cuyo texto se incluye a continuaci髇.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente Real Decreto y, en especial, los siguientes:

  • a) El Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicaci髇 de la Ley del Patrimonio del Estado.
  • b) El Decreto 2926/1965, de 23 de septiembre, sobre r間imen especial de los bienes del Estado en el extranjero.
  • c) Decreto 2256/1970, de 24 de julio, por el que se regula la construcci髇, administraci髇 y conservaci髇 de edificios administrativos de servicio m鷏tiple.
  • d) El Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre r間imen administrativo de la sucesi髇 abintestato en favor del Estado.
  • e) Real Decreto 171/1988, de 12 de febrero, regulador de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.
  • f) Real Decreto 536/1988, de 27 de mayo, por el que se regulan las enajenaciones de material del Parque M髒il Ministerial no apto para el servicio, modificado por los Reales Decretos 1290/1991, de 2 de agosto y 1312/1997, de 1 de agosto.
  • g) Orden de 30 de diciembre de 1968, por la que se aprueba la instrucci髇 para la administraci髇 de los edificios propiedad del Estado sitos en la plaza de Espa馻 de Sevilla.
  • h) Orden de 17 de abril de 1975, sobre instrucciones para la administraci髇 de los edificios administrativos de servicio m鷏tiple.

Disposici髇 final 鷑ica Entrada en vigor

El presente real decreto entrar en vigor al mes de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.

Dado en Palma de Mallorca, el 28 de agosto de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Econom韆 y Hacienda,

ELENA SALGADO M蒒DEZ