Sumario

El Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, adoptó un conjunto de actuaciones de carácter urgente para paliar las consecuencias de estos hechos, los cuales produjeron graves y cuantiosos daños de toda índole.

Asimismo, el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, establece que el Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados, la aplicación de las medidas previstas en el real decreto-ley citado a otros incendios de características similares que hayan acaecido entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre de 2007.

En dicho período temporal, hay que destacar la existencia de tres sucesos de naturaleza catastrófica de singular importancia, por lo que, teniendo en cuenta la gravedad, el alcance de los daños y el impacto social generado, se ha considerado extender el ámbito de aplicación a los incendios producidos en la provincia de Castellón, en la comarca de L'Alcalatén, durante los días 28 al 31 de agosto de 2007; a los de la provincia de Córdoba, en el término municipal de Obejo, día 27 de julio de 2007; provincia de Teruel, términos municipales de Obón, Montalbán y Torre de las Arcas, el 1 de agosto de 2007, y en la provincia de Tarragona, en Montroig del Camp, el pasado 4 de julio de 2007.

Por otra parte, y dado que el Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, fue aprobado en los momentos inmediatamente posteriores a los hechos causantes de la catástrofe, con el objeto de ejecutar cuanto antes aquellas medidas que necesitaban acometerse urgentemente, se difirió a un momento ulterior el desarrollo reglamentario de aquellos campos de actuación en los que era necesario conocer con mayor detalle el alcance de los daños producidos, porque en el momento de su aprobación resultaba imposible llevar a cabo una evaluación de los daños, al no haberse extinguido completamente los incendios forestales que los originaron. Con ello se pretendía que la Administración del Estado pudiera habilitar los créditos adecuados y en la cuantía necesaria para financiar estas actuaciones, así como establecer los procedimientos de cooperación con otras administraciones que resultaran más eficaces en orden a restituir la normalidad en las zonas afectadas, incluyendo entre las mismas las dañadas por otros incendios forestales.

A estos efectos, y en lo que atañe al pago de las subvenciones derivadas de daños en infraestructuras y equipamientos municipales y red viaria a que se refiere el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, cuya gestión está encomendada al Ministerio de Administraciones Públicas, el artículo 13 de esta norma disponía que el importe máximo del crédito habilitado a estos efectos sería establecido en las disposiciones de aplicación y desarrollo del citado real decreto-ley, tan pronto se efectuara la valoración de los daños.

Asimismo, el artículo 1.2 del citado Real Decreto-ley 7/2007 remitía, para la determinación del ámbito de aplicación de esta norma, a una orden dictada por el Ministro del Interior, en la que se concretarían los términos municipales y núcleos de población beneficiarios de las medidas contempladas en el real decreto-ley.

Aprobada la Orden INT/2529/2007, de 23 de agosto, por la que se ha determinado el ámbito territorial de aplicación del real decreto-ley, y una vez que las Administraciones Territoriales competentes, en colaboración con la Delegación del Gobierno en Canarias, han realizado una valoración de los daños producidos, corresponde a este real decreto la determinación de las cuantías de los créditos que han de financiar las medidas que han de ejecutarse por el Ministerio de Administraciones Públicas, incluyéndose a estos efectos los relativos a territorios a los que se amplía el ámbito de aplicación del real decreto-ley citado.

Por otra parte, en este real decreto se contemplan los créditos destinados a las actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a la financiación de los convenios que ha de suscribir con las administraciones de las comunidades autónomas afectadas dentro del ámbito competencial que les corresponde en esta materia.

Por último, para la financiación de las actuaciones a las que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, relativas al establecimiento, en la isla de Tenerife, de una unidad de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, ya se ha dotado al Ministerio de Defensa, a través de la aprobación de un crédito extraordinario, de 22.133.129,50 euros, con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, que han de añadirse a las cuantías aprobadas en este real decreto.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de los Ministros del Interior, de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de noviembre de 2007,

DISPONGO :