Sumario

Pre�mbulo

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, mediante la que se moderniza y adecua el modelo deportivo de �mbito estatal, destina su T�tulo XI a la fijaci�n de �los criterios fundamentales del r�gimen disciplinario deportivo�, seg�n manifiesta en su propia exposici�n de motivos, remitiendo expresamente el art�culo 85 de la Ley para la concreci�n de dichos principios y criterios a sus disposiciones de desarrollo, de entre las que el presente Real Decreto constituye el primer eslab�n.

No cabe olvidar, a este respecto, que el sistema disciplinario deportivo de �mbito estatal se estructura normativamente en diversos niveles, con objeto de atender tanto a la diversidad social a la que se dirige como a las necesarias singularidades que impone la ordenaci�n de la pr�ctica de deportes muy distintos entre s�. En coherencia con lo anterior, en el presente Real Decreto de Disciplina Deportiva se contienen, junto a prescripciones directamente aplicables a las relaciones intersubjetivas que en �l se contemplan, otras dirigidas a fijar los �mbitos en los que puedan moverse las previsiones normativas emanadas de las Federaciones, Ligas, clubes u otros entes de la organizaci�n deportiva estatal, limit�ndose la norma reglamentaria, en este �ltimo supuesto, a trasladar y completar los criterios y principios establecidos en la Ley.

Esta disposici�n pretende, por tanto, compaginar la autonom�a de la organizaci�n privada deportiva con el ejercicio de las funciones de ordenaci�n y tutela que en materia deportiva corresponden a los poderes p�blicos, y que en el campo sancionador se traducen, especialmente, en el dise�o de la posici�n jur�dica de los sujetos sometidos a la disciplina deportiva, garantizando el pleno disfrute de los derechos de defensa constitucional y legalmente reconocidos.

Por otra parte, el sistema articulado por el Real Decreto 642/1984, de 28 de marzo, en desarrollo de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, ha gozado de notable aceptaci�n en el seno de la organizaci�n deportiva y ha cumplido con m�s que razonable eficacia los objetivos perseguidos con su aprobaci�n. En consecuencia no se ha pretendido alterar en profundidad el anterior modelo disciplinario deportivo, sino adaptarlo a las prescripciones de la Ley y mejorar algunos aspectos que se hayan acreditado como disfuncionales.

Con alg�n matiz diferencial, entre los aspectos que la Ley ha conservado, y que por tanto aqu� se desarrollan, se encuentra la distinci�n entre las infracciones seg�n se cometan, o no, �durante el curso del juego o competici�n�; y en estrecha relaci�n con lo anterior se mantiene la dualidad de procedimientos, conserv�ndose el ordinario y el extraordinario, si bien este �ltimo algo aligerado en cuanto a plazos y tr�mites.

Demostrada sobradamente la eficacia pacificadora y unificadora del anterior Comit� Superior de Disciplina Deportiva, tambi�n se mantiene la presencia de un �rgano de sus caracter�sticas en el v�rtice de la estructura org�nica disciplinaria, ahora bajo el r�tulo del Comit� Espa�ol de Disciplina Deportiva. En relaci�n a este �rgano, el presente Real Decreto introduce, entre otras, alguna modificaci�n respecto de la extracci�n de sus miembros, dando entrada a las propuestas de las Comunidades Aut�nomas; proclama la necesidad de actuar coordinadamente con otros �rganos auton�micos equivalentes y sienta el principio de publicidad de sus resoluciones. En aras de una mejor t�cnica legislativa, queda diferida a la oportuna normativa de desarrollo la minuciosa regulaci�n de su r�gimen interno.Las referencias al Comit� Espa�ol de Disciplina Deportiva se entender�n hechas al Tribunal Administrativo del Deporte, conforme establece el n�mero 2 de la disposici�n adicional cuarta de la L.O. 3/2013, de 20 de junio, de protecci�n de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (�B.O.E.� 21 junio).

Otras novedades que en este Real Decreto se aportan dejando al margen las derivadas de la aparici�n de nuevas figuras sociales en la organizaci�n deportiva y de la expresa extensi�n de su �mbito de aplicaci�n a las competiciones escolares y universitarias, siempre de �mbito estatal, vienen de la mano de la reestructuraci�n del listado de infracciones y sanciones y de la correspondencia que debe establecerse entre ellas.

El Real Decreto 2690/1980, de 17 de octubre, vigente hasta ahora en este punto, �nicamente contemplaba la clasificaci�n de las infracciones en funci�n de su gravedad, distinguiendo entre leves, graves y muy graves. La Ley del Deporte, y consecuentemente este Real Decreto, a�aden a dicha tipolog�a tripartita la existencia de infracciones muy graves comunes y de otras espec�ficas que, siendo tambi�n muy graves, se caracterizan por venir referidas a determinados sujetos -directivos o Federaciones -o al �mbito en que se producen- deporte profesional-. Teniendo presente la naturaleza de los intereses que se tutelan al establecer dichas infracciones, es llano entender que resulta ineludible unificar, desde este escal�n normativo, el r�gimen sancionador derivado. Por ello, en este punto no basta, como para las infracciones comunes, establecer el listado de sanciones que a las mismas pudieran corresponder, sino que es necesario prefijar casu�sticamente la sanci�n que comporta cada una de las infracciones tipificadas, teniendo en cuenta su entidad y circunstancias. Estos requerimientos a�aden, sin duda, complejidad a este Real Decreto, lo que se pretende paliar introduciendo la novedad formal de adicionar a la parte dispositiva unos cuadros de infracciones y sanciones -de correspondencia unos y enumerativos los otros- que faciliten su comprensi�n y manejo.

Finalmente, merece hacer siquiera sea mera alusi�n a la creaci�n de los Registros de sanciones, al nuevo y abierto sistema de suspensi�n de la ejecutividad de las mismas y a la distinci�n conceptual entre pruebas y encuentros, lo que tiene su trascendencia a la hora de determinar las posibilidades de reacci�n ante las sanciones impuestas durante su curso.

La disposici�n final primera de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci�n y Ciencia, con la aprobaci�n del Ministro para las Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 23 de diciembre de 1992, dispongo: