Sumario

En el marco de las medidas tendentes a articular una rápida reparación de daños a los afectados por la catástrofe del buque «Prestige», el Real Decreto Ley 4/2003, de 20 de junio, estableció un sistema de abono de indemnizaciones a través de un mecanismo de suscripción por los afectados de acuerdos transaccionales con el Ministerio de Hacienda, en el que los damnificados han de desistir y renunciar a todas sus acciones judiciales y a cualquier reclamación indemnizatoria extrajudicial derivada del siniestro, percibiendo como contrapartida una cantidad de dinero cuyo cálculo ha de efectuarse a partir de la valoración de los daños producidos.

En desarrollo de ese real decreto ley, se aprobó el Real Decreto 1053/2003, de 1 de agosto. Tal y como se expresaba en la parte expositiva del real decreto, en él se regula un sistema excepcional, ajeno a cualquier vía procedimental administrativa ordinaria, orientado a determinar las cantidades con las cuales el Ministerio de Hacienda podría llegar a firmar acuerdos transaccionales con los perjudicados por el siniestro del buque «Prestige» que voluntariamente lo acepten.

Dentro de este sistema se distinguen claramente dos clases de daños: los que por su naturaleza precisan una valoración pericial o directa (artículo 4 del mencionado real decreto) y aquellos en los que no se considera necesario acudir a actuaciones periciales, pudiendo realizarse una estimación objetiva. Dicha valoración objetiva la refiere el artículo 3 del Real Decreto 1053/2003, de 1 de agosto, a aquellos que hubieran percibido ayudas conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Ley 7/2002, de 22 de noviembre, y en el artículo 7 del Real Decreto Ley 8/2002, de 13 de diciembre.

No obstante, los trabajos desarrollados por la Oficina del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque «Prestige» han constatado la existencia de daños similares en determinados colectivos no contemplados en los mencionados artículos, como son los de los armadores no embarcados y los de las propias cofradías de pescadores que dejaron de recibir unos ingresos recurrentes de sus miembros durante los períodos de veda, los cuales parece conveniente que sean incluidos en el sistema de estimación objetiva.

En otro orden de cosas, también dicha Oficina ha constatado la dificultad de fijar unos criterios comunes de estimación objetiva a otros colectivos, como son los denominados comercializadores de primer nivel de pescados y mariscos, por lo que parece conveniente que aquéllos puedan optar entre el sistema de estimación objetiva o el de estimación directa.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia y del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2003,

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