Sumario

Véase O.M. 23 septiembre 1999 («B.O.E.» 1 octubre), por la que se desarrolla el R.D. 2723/1998, 18 diciembre, por la que se regula la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios.

Preámbulo

La tendencia hacia una mayor autonomía de los centros docentes constituye un movimiento internacional que, desde hace dos décadas, afecta de un modo progresivo a todos los países desarrollados. Esta orientación no resulta independiente de la corriente descentralizadora que están protagonizando sus Administraciones públicas y que forma parte de un necesario proceso de modernización.

La principal finalidad que con ello se persigue no es otra que la de dotar a los sistemas escolares de la flexibilidad precisa para responder mejor a la diversidad de situaciones y a la evolución de las demandas educativas que se plantean en el seno de las sociedades modernas, altamente complejas y dinámicas. El aumento de la autonomía de los centros constituye, pues, un instrumento al servicio de la mejora de la calidad de la educación.

Tales principios se han ido consolidando en el ordenamiento jurídico del sistema educativo español a través, principalmente, de las Leyes Orgánicas de Ordenación General del Sistema Educativo y de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

En lo concerniente a la autonomía de gestión de los recursos económicos, la referida Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evolución y el Gobierno de los Centros Docentes, en su artículo 7, consagra dicha autonomía para los centros públicos y, además, prevé los mecanismos fundamentales a través de los cuales ha de hacerse efectiva.

El presente Real Decreto constituye un desarrollo de lo establecido en el artículo 7 de la referida Ley Orgánica y se integra en un conjunto de políticas orientadas a modernizar la gestión de los centros docentes y a reforzar el papel de ésta en la mejora continua de la calidad de los procesos y de los resultados de la institución escolar.

Entre sus objetivos fundamentales cabe destacar los siguientes:

• 1. Otorgar una mayor capacidad de decisión a los órganos colegiados de gobierno de los centros, con el consiguiente incremento en la asignación de la responsabilidad que ello lleva aparejado.
• 2. Potenciar el papel de los equipos docentes y, en particular, de la figura del Director del centro, de su liderazgo educativo y como gestor y responsable final de todos los procesos que desarrolla el centro para conseguir sus objetivos.
• 3. Establecer sistemas de regulación, organización y control de los recursos económicos de los centros en torno al procedimiento presupuestario que con esta nueva ordenación pasa a integrarse formalmente, como elemento motor, en el núcleo de los proyectos institucionales del centro.
• 4. Profundizar en el carácter instrumental del presupuesto en tanto que traslación financiera, cifrada y sistemática, de la planificación pedagógica y organizativa del propio centro docente.
• 5. Adaptar el marco de gestión económica de los centros docentes a la correspondiente legislación de la Administración pública en aquello que le sea de aplicación.
• 6. Y, en suma, sistematizar, por primera vez en una única norma, las previsiones contenidas en normas dispersas en torno a un concepto de autonomía que, a la luz de lo anterior, adquiere una nueva virtualidad.

Se compone el Real Decreto de tres Títulos. En el Título I se contienen las disposiciones generales donde se define lo que se entiende por gestión económica y por autonomía de gestión. El presupuesto y su ejecución se regulan en el Título II; en el mismo se establece qué es el presupuesto de un centro, de qué partes se compone, cómo se debe elaborar y cuál es su forma de ejecución y de control. Por último, el Título III se refiere a los órganos competentes para la gestión económica y fija cuál es el papel que le corresponde al Consejo Escolar, al Equipo Directivo y al Director.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, encomienda el desarrollo normativo de su artículo 7 a cada Administración educativa, razón que justifica el presente Real Decreto que ha sido informado por el Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 1998,

DISPONGO: