Sumario

R.D. 699/1995, 28 abril, derogado por la disposición degoratoria única de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal («B.O.E.» 21 noviembre), el 11 de diciembre de 2002.

Preámbulo

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en el apartado 5 del artículo 40 la competencia de la Administración General del Estado para la reglamentación, autorización y registro u homologación de todos aquellos productos que por afectar al ser humano, pueden suponer un riesgo para la salud de las personas.

Los riesgos sanitarios que puedan derivarse de la utilización de los productos fitosanitarios y, en particular, los riesgos de efectos nocivos para la salud humana que puedan derivarse de su comercialización, sin haber sido examinados o autorizados oficialmente, hacen necesaria la existencia de un registro centralizado.

El Registro Oficial Central de Productos y Material Fitosanitario dependiente de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue creado por el Decreto de 19 de septiembre de 1942, sobre fabricación de productos fitosanitarios. Esta norma estableció ya la obligación de inscribir en el mencionado Registro todo producto fitosanitario como requisito imprescindible para su fabricación, venta o circulación, exigencia que extendía también a los productos fitosanitarios extranjeros para proceder a su importación.

La inscripción de material y productos fitosanitarios, en su origen tenía carácter gratuito, según puede deducirse de la ausencia de cualquier referencia al pago de algún tipo de tributo en la Orden de 16 de diciembre de 1942 dictada para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto de 19 de septiembre de 1942.

Sin embargo, esta situación varía con la publicación del Decreto 496/1960, de 17 de marzo que convalida las tasas por gestión técnico-facultativa de los servicios agronómicos, 21.09, cuya regulación y ordenación quedaba sometida exclusivamente a la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26 de diciembre de 1958, y cuya gestión se atribuía al Ministerio de Agricultura. Las bases y el tipo de gravamen se establecía en unas tarifas, anexas al Decreto, estableciéndose en el apartado 5 de las mismas la cuantía que debía abonarse para inscribir un producto en el Registro.

Esta cuantía tan sólo ha sido actualizada a través de las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para su adecuación al índice general de precios al consumo, lo cual ha generado un desfase que no permite cumplir con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, a cuyo tenor, las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya el hecho imponible.

Por otra parte, la necesidad de actualizar los servicios que presta el Registro, así como la cuantía de las tasas, es consecuencia de la mayor complejidad de los estudios y ensayos requeridos para la autorización de comercialización de los pesticidas a que obliga la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a la comercializacion de productos fitosanitarios. Esta Directiva comunitaria exige una valoración más completa y minuciosa de los riesgos, no sólo para la salud de las personas, sino también para la salud de los animales y el medio ambiente.

El Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios y la Orden de 4 de agosto de 1993, por la que se establecen los requisitos para las solicitudes de autorización de productos fitosanitarios, modificada por la Orden de 20 de septiembre de 1994, que transponen la Directiva 91/414/CEE, establecen que es el interesado quien ha de presentar toda la documentación sobre los posibles riesgos, pero corresponde a la Administración el estudio y evaluación de las solicitudes.

En consecuencia, el presente Real Decreto se dicta para adaptar las tasas correspondientes al Registro de productos y material fitosanitario y establecer las correspondientes a expedición de certificaciones y concesión de autorizaciones de conformidad con la normativa comunitaria antes citada, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril de 1995,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES