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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO PRIMERO.  Disposiciones Generales
  • Artículo 1  Objeto
  • Artículo 2  Centros o servicios de tratamiento
  • Artículo 3  Prescripción, elaboración, conservación, dispensación, administración y formulación
• CAPÍTULO II.  Comisiones de acreditación, evaluación y control de centros o servicios
  • Artículo 4  Constitución de las comisiones
  • Artículo 5  Facultades
• CAPÍTULO III.  Acreditación de los centros o servicios
  • Artículo 6  Criterios generales para la acreditación de centros o servicios de tratamiento
  • Artículo 7  Tiempo de vigencia de la acreditación
  • Artículo 8  Revocación de la acreditación
• CAPÍTULO IV.  Admisión a tratamiento
  • Artículo 9  Admisión a tratamiento
• CAPÍTULO V.  Notificación
  • Artículo 10  Notificación
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICION FINAL
• ANEXO . Lista de principios activos sometidos a lo dispuesto en el Real Decreto por el que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos

Artículo 1 Objeto

Constituye el objeto de la presente norma regular los tratamientos con los principios activos que se incluyen en la lista del Anexo al presente Real Decreto, cuando se prescriban para el tratamiento de la dependencia de opiáceos en aquellas pautas cuya duración exceda de veintiún días.

Artículo 2 Centros o servicios de tratamiento

1. Los tratamientos a que hace referencia la presente norma serán realizados únicamente por centros o servicios sanitarios públicos o privados sin ánimo de lucro, debidamente acreditados para ello por los órganos competentes de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, por los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo.

2. A los efectos que establece el presente Real Decreto, y siempre que se considere oportuno, las autoridades sanitarias de aquellas Comunidades Autónomas que tengan atribuciones en esta materia o, en su caso, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de sus órganos competentes, podrán acreditar servicios en centros penitenciarios o en otros establecimientos de carácter no estrictamente sanitario.

Artículo 3 Prescripción, elaboración, conservación, dispensación, administración y formulación

1. La prescripción de los tratamientos regulados en la presente norma será realizada por los facultativos de los centros o servicios acreditados.

2. La medicación utilizada para estos tratamientos será elaborada, cuando proceda, conservada y dispensada por los servicios farmacéuticos de los centros acreditados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2. En defecto de los mismos, así como también en el supuesto previsto en la disposición adicional segunda, dicha medicación será elaborada, cuando proceda, conservada y dispensada por los órganos de la Administración sanitaria competente o por las oficinas de farmacia acreditadas al efecto. El control de la administración de la indicada medicación será llevado a cabo por profesionales del equipo sanitario que reúnan los requisitos exigidos por las normas vigentes en cada Comunidad Autónoma.

3. En todo caso, la elaboración, conservación o dispensación de la medicación a que hace referencia el apartado anterior estará sujeta a la normativa vigente sobre estupefacientes, quedando sometida al control de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, o de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes en la materia.

4. Los medicamentos utilizados para estos tratamientos serán prescritos, formulados, dispensados y administrados en solución oral extemporánea, siempre que sea posible.

Artículo 4 Constitución de las comisiones

1. Para el ejercicio por las Comunidades Autónomas de lo establecido en el presente Real Decreto se tendrá en cuenta:

• a) En aquellas Comunidades Autónomas donde no se ha establecido todavía ninguna Comisión de acreditación, los órganos competentes fijarán su composición y régimen de funcionamiento, incorporando, en todo caso, algún miembro en representación tanto de los planes autonómicos sobre drogas como de la administración central.
• b) En las Comunidades Autónomas en las que ya se encuentran establecidas, al amparo de la Orden de 31 de Octubre de 1985, los órganos competentes podrán modificar la composición y normativa reguladora de las mismas, adaptándola a las directrices del presente RD.

2. Las comisiones deberán quedar constituidas en un plazo no superior a dos meses a partir de la publicación del presente Real Decreto.

Artículo 5 Facultades

Las Comunidades Autónomas fijarán las Facultades que tendrán las comisiones en su ámbito territorial. Entre éstas habrán de figurar las siguientes:

• 1. Emitir informe en relación con las solicitudes de acreditación presentadas por los centros o servicios ante el órgano competente de la administración sanitaria.
• 2. Coordinar y evaluar la información sobre la materia objeto de sus competencias.
• 3. Suministrar a los órganos competentes de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, a los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo la información que les sea solicitada, de tal forma que se garantice siempre la confidencialidad de la misma.
• 4. Establecer un registro de pacientes, con mecanismos que garanticen el derecho a la confidencialidad. La información mínima que debe contener se prevé en el artículo 10.

Artículo 6 Criterios generales para la acreditación de centros o servicios de tratamiento

1. El responsable del centro o servicio sanitario que desee obtener acreditación para realizar tratamientos con los principios activos a que hace referencia el artículo 1 de la presente norma remitirá a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, a los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, la solicitud con la información que les sea requerida.

2. Las comisiones de acreditación, evaluación y control de centros o servicios emitirán informe sobre la solicitud de acreditación realizada por los responsables de los centros o servicios. El informe emitido deberá ser favorable para que pueda otorgarse la acreditación.

3. Sin perjuicio del régimen de funcionamiento que fijen en cada caso las Comunidades Autónomas, y a efectos de la emisión del informe citado en el número anterior, las comisiones deberán tener en cuenta los criterios siguientes:

• a) La consecución de un equilibrio entre la demanda y la oferta de este tipo de servicio asistencial en el área territorial correspondiente.
• b) La prioridad para la acreditación de los centros o servicios sanitarios de titularidad pública.
• c) La experiencia en el tratamiento de toxicómanos por parte del equipo del centro o servicio.
• d) La existencia de adecuación entre los recursos disponibles y los objetivos propuestos.

Artículo 7 Tiempo de vigencia de la acreditación

Las autoridades de las Comunidades Autónomas o, en su caso, los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión, podrán acreditar centros de tratamiento y oficinas de farmacia por un periodo no superior a dos años. La renovación de la acreditación tendrá que ser solicitada antes de que expire dicho periodo.

Artículo 8 Revocación de la acreditación

Las autoridades de las Comunidades Autónomas o, según proceda, los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión, podrán revocar la acreditación cuando se evidencie ausencia de cumplimiento de la presente norma o de aquellas que la desarrollen y cuando razones de índole sanitario o social así lo aconsejen.

Artículo 9 Admisión a tratamiento

1. A efectos de la inclusión en los programas de tratamiento regulados por la presente norma se exigirá previamente diagnóstico confirmado de dependencia a opiáceos.

Podrán ser solicitados por las Comisiones documentos acreditativos del cumplimiento de dicho requisito.

Artículo 10 Notificación

El responsable facultativo del centro o servicio acreditado para realizar los tratamientos regulados en el presente Real Decreto informará trimestralmente a la Comisión o, en su caso, a los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo, del número de pacientes en tratamiento, señalando también los inicios, interrupciones y finalizaciones de los mismos que se hayan producido, así como las razones que los justifican y los opiáceos empleados. Esta información es considerada como mínima y cada Comisión autonómica de acreditación podrá solicitar información adicional.

Primera

Los centros o servicios que han sido acreditados, al amparo de la Orden de 31 de Octubre de 1985, reguladora de los tratamientos de deshabituación con metadona, se consideran, asimismo, acreditados para los tratamientos con los principios activos incluidos en la lista del Anexo de este Real Decreto, salvo en aquellas Comunidades Autónomas en las que las normativas que lo desarrollen dispongan lo contrario.

Segunda

No obstante lo dispuesto en los artículos 2.1 y 3.1 del presente Real Decreto, los órganos competentes de la Administración sanitaria de las Comunidades Autónomas correspondientes podrán otorgar, con carácter excepcional, autorización para la prescripción de los tratamientos regulados en esta norma a aquellos facultativos no integrados en centros o servicios acreditados que lo soliciten ante dichos órganos aportando, además de la correspondiente solicitud, la información adicional que les sea requerida.

La concesión de la autorización que se refiere el apartado anterior deberá contar previamente con el informe favorable de la Comisión de acreditación, evaluación y control de centros y servicios de la Comunidad Autónoma correspondiente, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 6.3 de este Real Decreto, siendo su régimen de vigencia y, en su caso, de renovación el establecido por el artículo 7.

Los facultativos que obtengan la correspondiente autorización quedarán sometidos a las mismas obligaciones que establece el presente Real Decreto respecto a los centros y servicios acreditados con el mismo fin, pudiendo las autoridades de las Comunidades Autónomas no renovar la autorización, cuando no resulte oportuna su continuación, o revocarla en los supuestos que establece el artículo 8.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas: La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 31 de Octubre de 1985 («Boletín Oficial del Estado» número 269, de 9 de Noviembre), por la que se regulan los tratamientos de deshabituación con metadona dirigidos a toxicómanos dependientes de opiáceos; la Resolución de 22 de Noviembre de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 27), de la Dirección General de Salud Pública sobre «dosificación y criterios de aplicación de los tratamientos de metadona a toxicómanos dependientes de opiáceos», y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».