ANEXO

Circular 1/2010, de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotaci髇 de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas por las Administraciones P鷅licas

1)

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre de 2003, General de Telecomunicaciones, en su art韈ulo 48.3.e), establece como funci髇 de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones en el 醡bito de su objeto, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta de servicios, el acceso a las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas por los operadores, la interconexi髇 de las redes y la explotaci髇 de red en condiciones de red abierta, y la pol韙ica de precios y comercializaci髇 por los prestadores de los servicios. De igual forma, tiene atribuidas entre sus funciones el establecimiento y supervisi髇 de las obligaciones espec韋icas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones (art韈ulo 48.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones) y la imposici髇 a las Administraciones P鷅licas de condiciones especiales que garanticen la no distorsi髇 de la libre competencia (art韈ulo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones).

A estos efectos y sobre las materias indicadas, la Comisi髇 podr� dictar instrucciones dirigidas a los operadores que act鷈n en el sector de comunicaciones electr髇icas, que ser醤 vinculantes una vez notificadas o, en su caso, publicadas en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

2)

Esta Comisi髇, en el ejercicio de las competencias que la normativa vigente le ha atribuido en materia de salvaguarda de la competencia en los mercados e imposici髇 de condiciones a las Administraciones P鷅licas, con fecha 25 de junio de 2009, adopt� un acuerdo por el que se aprob� sacar a consulta p鷅lica el 獻nforme sobre determinadas propuestas regulatorias en relaci髇 con la explotaci髇 de redes p鷅licas inal醡bricas basadas en la utilizaci髇 de dominio p鷅lico radioel閏trico a trav閟 de frecuencias de uso com鷑 (wifi) y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas sobre las mismas por las Administraciones P鷅licas�.

El objetivo de esta Consulta fue plantear distintas soluciones que permitiesen clarificar los escenarios en que se desenvuelven las Administraciones P鷅licas de forma que, no s髄o no se desincentive la demanda, sino que constituyan una puerta de entrada a nuevos usuarios que impulse la actividad de los operadores privados.

En las respuestas recibidas a la consulta, se puso de manifiesto la necesidad de un marco regulatorio m醩 definido que permitiera conocer a los distintos agentes el 醡bito concreto en el que pudieran desarrollar sus actividades sin afectar a la competencia en el mercado. Mediante Resoluci髇 de 25 de marzo de 2010, la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones aprob� las conclusiones de dicha consulta (en adelante, las Conclusiones), proponi閚dose la elaboraci髇 de una Circular en donde se concretasen las distintas formas de participaci髇 de las Administraciones P鷅licas en el mercado y su r間imen regulatorio.

3)

El art韈ulo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, exige la notificaci髇 a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, por las personas f韘icas o jur韉icas que pretenden explotar redes p鷅licas o prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico, de su intenci髇 de llevar a cabo estas actividades y prev� una excepci髇 al r間imen general de notificaci髇 de los operadores; se trata de aquellas entidades que realicen sus actividades en r間imen de autoprestaci髇.

4)

Esta obligaci髇 tambi閚 se impone a las Administraciones P鷅licas y a las entidades por ellas controladas directa o indirectamente. As�, cuando una Administraci髇 P鷅lica tenga intenci髇 de prestar un servicio de comunicaciones electr髇icas al p鷅lico en general deber� notificar dicha circunstancia en cumplimiento del art韈ulo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, acompa馻da de la documentaci髇 prevista en el art韈ulo 5.5 del Reglamento sobre las condiciones para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, el servicio universal y la protecci髇 de usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Al igual que para el resto de los operadores, se excluyen de la obligaci髇 de notificaci髇, los servicios de comunicaciones electr髇icas que se realicen en r間imen de autoprestaci髇.

Entre la informaci髇 que deber� acompa馻r a la notificaci髇, el apartado 5.� del art韈ulo 5.5.d) del Reglamento sobre las condiciones para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, el servicio universal y la protecci髇 de usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, incluye la 玱ferta de servicios y su descripci髇 comercial�.

5)

El concepto de autoprestaci髇 no ha sido definido en ninguna norma siendo la pr醕tica decisoria de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones la que ha contribuido a perfilarlo.

En la presente Circular se recoge la definici髇 de lo que la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones entiende que es la explotaci髇 de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas en r間imen de autoprestaci髇. En estos casos, no ser� necesario notificar la actividad para su inscripci髇 en el Registro de Operadores, no estando sometidos a las previsiones del art韈ulo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

6)

No obstante tratarse de prestaci髇 a terceros, se considera aplicable el r間imen de la autoprestaci髇 y, por tanto, se excluye la obligatoriedad de notificaci髇 a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones y de inscripci髇 en el Registro de operadores del servicio general de acceso a Internet en bibliotecas. Y ello habida cuenta de i) la evidente vinculaci髇 del servicio de acceso a Internet prestado en las bibliotecas con los fines de promoci髇 de la cultura y el conocimiento que le son propios, teniendo las bibliotecas como obligaci髇 legal espec韋ica suministrar el servicio de acceso a la informaci髇 a trav閟 de Internet al disponer la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas en el art韈ulo 13, apartado 4 que �4. Se consideran servicios b醩icos de toda biblioteca p鷅lica los siguientes: (...) d) Acceso a la informaci髇 digital a trav閟 de Internet o las redes an醠ogas que se pueden desarrollar, as� como la formaci髇 para su mejor manejo�; ii) el servicio resulta indispensable para cumplir sus fines y siempre que los usuarios acrediten su vinculaci髇 con el servicio mediante alg鷑 documento que permita su identificaci髇; iii) la nula incidencia en el mercado que, por ello, tiene el servicio de acceso a Internet prestado desde las bibliotecas.

7)

Las Administraciones P鷅licas, cuando act鷈n como operadores de redes y/o prestadores de servicios de comunicaciones electr髇icas, est醤 sujetas a todas las obligaciones exigibles, con car醕ter general, a los operadores que explotan redes p鷅licas y prestan servicios disponibles para el p鷅lico y recogidas en distintas normas en aspectos tales como protecci髇 y conservaci髇 de datos, interceptaci髇 de llamadas y la seguridad de las comunicaciones, entre otras.

8)

A diferencia del resto de los operadores, el art韈ulo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones sujeta espec韋icamente la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas por las Administraciones P鷅licas, directamente o a trav閟 de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente, a lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo. Estas actividades se realizar醤 con la debida separaci髇 de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminaci髇. Asimismo, prev� que la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones podr� imponer condiciones especiales que garanticen la no distorsi髇 de la libre competencia.

9)

Desde el a駉 1998, las telecomunicaciones han dejado de ser servicios p鷅licos para pasar a ser calificados como servicios de inter閟 general y, por tanto, las Administraciones P鷅licas deber醤 llevar a cabo su actividad en esta materia en las mismas condiciones que el resto de los operadores, es decir, siguiendo el principio del inversor privado en una econom韆 de mercado.

Los elementos que conforman este principio han sido concretados por la pr醕tica comunitaria; sin embargo, no existe ninguna norma que defina lo que se entiende por tal. Teniendo en cuenta los criterios asentados por el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea ( (1) ), podr韆 definirse como inversor privado en una econom韆 de mercado a aqu閘 que realiza una actividad econ髆ica ( (2) ) de acuerdo con los par醡etros de cualquier operador con intereses comerciales, es decir, que financie su actividad a trav閟 de sus propios ingresos. Debe tener un plan de negocio en el que los ingresos permitan cubrir los costes obteniendo beneficio razonable de acuerdo a como lo har韆 una empresa media y bien gestionada.

Con el objeto de que las Administraciones P鷅licas puedan determinar con facilidad cu醤do su actuaci髇 no afecta a la libre competencia por respetar el principio del inversor privado en una econom韆 de mercado, esta Circular concreta los criterios que va a aplicar la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones para su comprobaci髇. A estos efectos, cobra especial relevancia el plan de negocio el cual debe incorporar todos los costes, recurrentes y no recurrentes, en que el operador incurrir� para la prestaci髇 de los servicios, con el dimensionamiento previsto, debiendo los ingresos responder a los propios de la prestaci髇 competitiva de los servicios de que se trate. La realizaci髇 de una actividad de telecomunicaciones ajust醤dose a estos criterios supondr� su sujeci髇 al principio de inversor privado. En caso contrario, deber醤 cumplirse los tr醡ites previstos para los supuestos de explotaci髇 de redes y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas sin sujeci髇 a dicho principio.

10)

Los ingresos a obtener han de ser compatibles con los habitualmente existentes en una econom韆 de mercado y, de manera prioritaria, derivar de la existencia de un precio a satisfacer por los usuarios. Ahora bien, ello puede coexistir con otras formas de financiaci髇, como la publicidad o el patrocinio, figuras respecto de las cuales esta Comisi髇 ha manifestado su conformidad bajo determinadas condiciones. Esta Circular recoge, con car醕ter no exhaustivo, las condiciones b醩icas para su realizaci髇 de forma que no se utilice esta v韆 para el desv韔 de fondos p鷅licos por medio de publicidad de entidades que disfrutan de financiaci髇 p鷅lica, o de publicidad institucional o patrocinio de la propia Administraci髇 que ejerce el control sobre el operador correspondiente. En todo caso, el precio de la publicidad o patrocinio deber� estar orientado al mercado de forma que resulte asimilable el precio que se paga por los mismos en otras plataformas equivalentes.

11)

Cuando las Administraciones P鷅licas presten servicios o exploten redes sin sujeci髇 al principio de inversor privado si dicha prestaci髇 lleva impl韈ita una Ayuda de Estado, el proyecto habr� de ser notificado a la Comisi髇 Europea. Teniendo en cuenta que, en estos casos, concurren competencias tanto de la Comisi髇 Europea como de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, debe articularse un procedimiento que garantice que esta Comisi髇 puede cumplir con su obligaci髇 de ejercer las competencias que tiene atribuidas, con car醕ter irrenunciable, ex art韈ulo 8 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y 4 del Reglamento sobre las condiciones para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, el servicio universal y la protecci髇 de usuarios, sin interferir en las que son exclusivas de la Comisi髇 Europea en materia de ayudas p鷅licas y, todo ello en beneficio de la seguridad jur韉ica de los operadores; con este fin, la presente Circular articula un procedimiento an醠ogo al establecido por la propia Comisi髇 Europea en sus 獶irectrices comunitarias para la aplicaci髇 de las normas sobre ayudas estatales al despliegue r醦ido de redes de banda ancha� de manera que cuando la notificaci髇 a la Comisi髇 Europea sea obligatoria, deber� notificarse preceptivamente con car醕ter previo a esta Comisi髇, a fin de que, por la misma, se determinen las condiciones que se considera necesario imponer para, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado art韈ulo 8 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, garantizar la no distorsi髇 de la libre competencia.

12)

La Comisi髇 Europea ha examinado si la prestaci髇 de un servicio de acceso a Internet limitado a p醙inas web de las Administraciones P鷅licas constitu韆 Ayuda de Estado. As�, en la Decisi髇 relativa al proyecto Wifi de la ciudad de Praga ( (3) ) la Comisi髇 Europea no apreci� la existencia de Ayuda de Estado puesto que, entre otros aspectos, consider� que el hecho de que s髄o iban a ser accesibles contenidos de servicios p鷅licos y del sector p鷅lico a trav閟 de la red exclu韆 su car醕ter de actividad comercial y, por tanto, esa Administraci髇 P鷅lica no fue considerada por la Comisi髇 Europea empresa en el sentido del art韈ulo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) ( (4) ) y la actividad no se calific� como Ayuda de Estado.

Siguiendo las directrices establecidas por la Comisi髇 Europea, la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones ha analizado la posible incidencia del servicio de acceso a Internet limitado a p醙inas web municipales y ha considerado que su prestaci髇 puede realizarse por tiempo ilimitado sin exigirse contraprestaci髇 econ髆ica por parte de los usuarios y sin sujetarlo a condiciones especiales.

13)

M醩 all� de la anterior excepci髇, para determinar los potenciales efectos en el mercado de los servicios que se pretenda prestar es necesario determinar, entre otras, la existencia, o no, en el mercado de ofertas competitivas de servicios sustitutivos en la actualidad o en un futuro pr髕imo. A estos efectos, esta Comisi髇 ha realizado un an醠isis sobre el grado de sustituibilidad de los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico que potencialmente se pueden prestar mediante una red inal醡brica que utiliza bandas de uso com鷑 con los servicios minoristas de banda ancha y telefon韆, tanto fijos como m髒iles prestados actualmente por los operadores privados, por ser aqu閘los los que, en relaci髇 con la intervenci髇 de las Administraciones P鷅licas en la actividad de telecomunicaciones, m醩 actuaciones han exigido a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones. En este an醠isis se establecen las limitaciones a las que debe sujetarse la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas sin sujeci髇 al principio del inversor privado para que no afecten a la libre competencia.

14)

En los supuestos se馻lados en el p醨rafo anterior, no parece adecuado establecer un plazo que limite la prestaci髇 de estas actividades en esas condiciones. No obstante, la incidencia de las mismas en el mercado debe ser controlada peri骴icamente, de forma tal que si se produjera un cambio en las condiciones de prestaci髇 y/o en la situaci髇 de mercado que modificase la sustituibilidad de estos servicios, esta Comisi髇 adopte las medidas oportunas.

15)

Fuera de los anteriores supuestos, la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas sin sujeci髇 al principio del inversor privado puede suponer para los operadores privados una reducci髇 dr醩tica de sus ingresos, desincentivando inversi髇 e innovaci髇 en redes y, consecuentemente, los consumidores ver韆n reducida la posibilidad de disfrutar a largo plazo de mejores servicios y precios. Por ello, si se pretendiera dar otro tipo de servicios, habr醤 de evaluarse caso por caso, realizando un espec韋ico an醠isis de sustituibilidad y, s髄o si del mismo resultara nula afectaci髇 a la competencia, podr� aceptarse la prestaci髇 del servicio sin sujeci髇 a ninguna condici髇. Para la realizaci髇 de este an醠isis resulta fundamental recabar la opini髇 de los operadores que prestan o podr韆n prestar servicios an醠ogos en la zona que pretende cubrir la Administraci髇 P鷅lica, por lo que las Administraciones habr醤 de realizar, con car醕ter previo a la comunicaci髇 a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones una consulta p鷅lica que permita que todos aqu閘los opinen sobre c髆o afectar� el proyecto al mercado.

16)

A trav閟 de la presente Circular, la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones concreta las condiciones para la prestaci髇 de servicios o la explotaci髇 de redes por las Administraciones P鷅licas, a las que hacen referencia, de forma gen閞ica, los art韈ulos 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y 4.1 del Reglamento sobre las condiciones para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, el servicio universal y la protecci髇 de usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Por tanto, su incumplimiento est� tipificado en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, cuyo r間imen sancionador le es de directa aplicaci髇.

17)

Las Administraciones P鷅licas pueden tambi閚 distorsionar la competencia, perjudicando as� en el medio plazo la pluralidad de ofertas, en los casos en que, no prestando servicios directamente, conceden ayudas p鷅licas a operadores para que lo hagan. En estos casos, es necesaria, en principio, la autorizaci髇 por parte de la Comisi髇 Europea. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones puede, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 48.3 e) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta del servicio, lo que podr韆 incluir la imposici髇 de obligaciones a los perceptores de las ayudas si se entiende que las mismas distorsionan la competencia perjudicando por tanto la pluralidad de oferta del servicio. A fin de evitar la inseguridad jur韉ica que podr韆 generar la hipot閠ica imposici髇 de dichas obligaciones a posteriori y para conseguir la mayor coordinaci髇 posible con la Comisi髇 Europea en los casos en que su actuaci髇 sea preceptiva, resulta m醩 proporcional exigir que previamente a la notificaci髇 en su caso a la Comisi髇 Europea y, en todo caso, a la concesi髇 de las ayudas, se notifique el proyecto a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones a fin de que 閟ta pueda emitir un informe sobre la distorsi髇 a la competencia que la ayuda podr韆 generar y las condiciones que, en su caso, evitar韆n la misma. Todo ello sin perjuicio de que, si posteriormente cambiaran las circunstancias, pueda siempre la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones adoptar las medidas que sean preceptivas en cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 48.3 e) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

18)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, con fecha 8 de abril de 2010, el Presidente del Consejo de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones dict� una Orden a fin de iniciar un procedimiento para la elaboraci髇 de una Circular cuyo objetivo es el establecimiento de las condiciones de explotaci髇 de redes publicas de comunicaciones electr髇icas y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas por las Administraciones P鷅licas.

19)

En virtud de todo lo anterior, o韉as la Comisi髇 Europea, la Secretar韆 de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci髇 y la Comisi髇 Nacional de la Competencia y de conformidad con la habilitaci髇 competencial prevista en los art韈ulos 8.4 y 48.3. e) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre de 2003, General de Telecomunicaciones, en el art韈ulo 20 del Reglamento de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, y en el art韈ulo 26 del Texto Consolidado del Reglamento de R間imen Interior de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Resoluci髇 de su Consejo de fecha 20 de diciembre de 2007 (BOE de 31 de enero de 2008), y modificado posteriormente por Resoluci髇 el 29 de abril de 2008 (BOE de 12 de junio de 2008),

Esta Comisi髇 ha dispuesto,

1

Objeto

1. La presente Circular tiene por objeto establecer las condiciones para la explotaci髇 de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas por las Administraciones P鷅licas y las entidades en las que los poderes p鷅licos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante o un control efectivo en raz髇 de la propiedad, de la participaci髇 financiera o de las normas que la rigen, de conformidad lo establecido en el art韈ulo 42.1 del C骴igo de Comercio y en el art韈ulo 2.b) de la Directiva 2006/111/CE, de la Comisi髇 Europea de 16 de noviembre de 2006, en desarrollo de lo establecido en los art韈ulos 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y 4.1 del Reglamento sobre las condiciones para la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas, el servicio universal y la protecci髇 de usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

2. A efectos de la presente Circular, se incluyen en la denominaci髇 Administraciones P鷅licas a las entidades en las que los poderes p鷅licos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en raz髇 de la propiedad, de la participaci髇 financiera o de las normas que la rigen.

3. Se excluyen del 醡bito de aplicaci髇 de esta Circular las estaciones terrestres de red de frecuencia 鷑ica para la difusi髇 a los ciudadanos del servicio de televisi髇 digital terrestre que cumplan las condiciones establecidas en la disposici髇 adicional duod閏ima del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan T閏nico Nacional de la Televisi髇 Digital Terrestre.

2

Obligaci髇 de inscripci髇 registral para la explotaci髇 de redes p鷅licas y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por las Administraciones P鷅licas

La explotaci髇 de redes p鷅licas o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por las Administraciones P鷅licas deber� notificarse a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en los t閞minos previstos en la presente Circular, con la 鷑ica excepci髇 de los supuestos de autoprestaci髇 contenidos en el art韈ulo tercero y el punto 2 del anexo.

3

Autoprestaci髇

1. Se considera autoprestaci髇 y, por lo tanto, no ser� necesario llevar a cabo la notificaci髇 prevista en el art韈ulo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, la explotaci髇 de redes y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas por una Administraci髇 P鷅lica para la satisfacci髇 de sus necesidades, esto es, las vinculadas al desempe駉 de las funciones propias del personal al servicio de la Administraci髇 P鷅lica de que se trate y que contribuyan al cumplimiento de los fines que le son propios.

2. En este supuesto se incluyen los centros de educaci髇 o formaci髇 de ense馻nza reglada del sistema educativo previstos en la Ley Org醤ica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci髇 y en la Ley Org醤ica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades como, entre otros, las escuelas, institutos, colegios y centros universitarios as� como el 醨ea de sus campus, entendiendo que tanto el personal docente como el alumnado forman parte del personal indispensable para el desempe駉 de las funciones tanto docentes como discentes. Se entiende que los servicios est醤 vinculados a la satisfacci髇 de sus propias necesidades cuando las redes y/o los servicios se utilicen para servir a las comunicaciones interpersonales entre el personal docente y discente y para contenidos (servidores) espec韋icos de dichas actividades.

3. En los supuestos en que aprovechando la misma infraestructura a trav閟 de la cual la Administraci髇 P鷅lica se presta los servicios en r間imen de autoprestaci髇, se proveen servicios, mayoristas o minoristas, a terceros, la Administraci髇 P鷅lica ser� considerada, en cuanto a estos 鷏timos, explotadora de redes o prestadora de servicios de comunicaciones electr髇icas a terceros, quedando por tanto sujeta a lo establecido en la presente Circular.

4

Principios generales de actuaci髇

1. Sin perjuicio de las excepciones que se se馻lar醤 en la presente Circular, una Administraci髇 P鷅lica que pretenda explotar redes p鷅licas o prestar servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico deber� actuar de conformidad con el principio del inversor privado en una econom韆 de mercado.

2. Las Administraciones P鷅licas deber醤 explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electr髇icas con la debida separaci髇 de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminaci髇.

3. Si las Administraciones p鷅licas reguladoras o titulares del dominio p鷅lico ostentan la propiedad o ejercen el control directo o indirecto de operadores que explotan redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas, deber醤 mantener una separaci髇 estructural entre dichos operadores y los 髍ganos encargados de la regulaci髇 y gesti髇 de estos derechos.

4. Sin perjuicio de lo se馻lado en los p醨rafos anteriores, las Administraciones P鷅licas, en el desarrollo de su actividad como operadores de comunicaciones electr髇icas, estar醤 sujetas al cumplimiento de las mismas obligaciones que los operadores privados de redes y servicios de comunicaciones electr髇icas para lo que, deber醤 garantizar, entre otras, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protecci髇 de los datos personales y de la intimidad de las personas, los derechos de los usuarios, la interoperabilidad de los servicios, las obligaciones de calidad de servicio, el secreto de las comunicaciones e interceptaci髇 de las comunicaciones electr髇icas en los supuestos legales establecidos, as� como las de conservaci髇 de datos previstas en la Ley 25/2007 de 18 de octubre, de conservaci髇 de datos relativos a las comunicaciones electr髇icas y a las redes p鷅licas de comunicaciones.

5

Concepto de inversor privado en una econom韆 de mercado

1. A los efectos de la presente Circular, se entiende por inversor privado en una econom韆 de mercado aqu閘 que realiza una actividad econ髆ica de acuerdo con los par醡etros de cualquier operador con intereses comerciales, financiando su actividad en condiciones de mercado de forma que los ingresos superen los costes en los que se incurre para su prestaci髇, incluyendo el beneficio por su actividad.

2. Una Administraci髇 P鷅lica cumple con el principio del inversor privado en una econom韆 de mercado cuando act鷄 de conformidad con los siguientes criterios:

• a) Estar la actividad orientada a la obtenci髇 de un rendimiento positivo que cubra, mediante los correspondientes ingresos, compatibles con los habitualmente existentes en el mercado, todos los costes de prestaci髇, recurrentes y no recurrentes, m醩 una adecuada remuneraci髇 del capital, teniendo en cuenta el riesgo asumido de la inversi髇. Para comprobar este aspecto debe existir un plan de negocio s髄ido, coherente y con hip髏esis plausibles.
• b) Generar el proyecto un flujo de caja positivo durante el periodo relevante. En la medida en que el horizonte de generaci髇 de flujos de caja positivos en t閞minos netos se retrase, este hecho deber� tener su reflejo en el riesgo del proyecto y en la rentabilidad exigida al mismo.

3. La presencia de inversores privados en un porcentaje significativo del capital de la empresa que realice la prestaci髇 del servicio, siempre que la participaci髇 p鷅lica asuma los mismos riesgos que la privada y que se haga sobre un plan de negocio fundado, supone un indicador de la rentabilidad positiva esperada de un proyecto y, por tanto, de su consistencia con el principio del inversor privado en una econom韆 de mercado.

4. Para la acreditaci髇 del cumplimiento del principio del inversor privado en una econom韆 de mercado, la Administraci髇 P鷅lica deber� remitir a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones un plan de negocio que contenga informaci髇 detallada, entre otros, del dimensionamiento de la red y/o servicio, los ingresos y costes previstos y fuentes de financiaci髇.

6

Financiaci髇 mediante publicidad o patrocinio

Se entender� tambi閚 que la Administraci髇 P鷅lica act鷄 conforme al principio del inversor privado en una econom韆 de mercado cuando financie su actividad de explotaci髇 de redes p鷅licas o prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico mediante recursos obtenidos a trav閟 de la publicidad o el patrocinio, siempre que el precio de 閟tos est� orientado al mercado de forma que sea asimilable al precio que se paga por ellos en otras plataformas equivalentes. A estos efectos:

• a) La Administraci髇 P鷅lica comunicar� a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones aquellos supuestos en que financie actividades de comunicaciones electr髇icas a trav閟 de recursos obtenidos por medio de publicidad o patrocinio y la identidad de las empresas que se publiciten o patrocinen la actividad. A estos efectos, en el primer semestre de cada a駉, remitir� a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones la relaci髇 de las empresas que han patrocinado o publicitado durante el a駉 anterior.
• b) No podr醤 actuar como patrocinadores o anunciantes aquellas entidades que reciban alg鷑 tipo de subvenci髇 de la Administraci髇 P鷅lica cuya actividad de telecomunicaciones vayan a financiar a trav閟 de la publicidad o el patrocinio. Del mismo modo, tampoco podr� financiarse la actividad del operador p鷅lico con publicidad o patrocinio institucional de las propias Administraciones P鷅licas que ejercen el control sobre el operador correspondiente.
• c) En el caso de que las sociedades mercantiles o fundaciones privadas anunciantes reciban fondos procedentes de otras Administraciones P鷅licas distintas de la titular de la red o prestadora del servicio de comunicaciones electr髇icas, deber� respetarse la vinculaci髇 entre los recursos y el fin para el que se otorgaron de manera que en ning鷑 caso sean aplicados a actividades que de alguna forma suponga su traslado hacia la financiaci髇 de la actividad de telecomunicaciones de la Administraciones P鷅licas.
• d) La Administraci髇 P鷅lica que realice actividades de comunicaciones electr髇icas deber� tener identificadas a todas las entidades que financien las mismas a trav閟 de sus anuncios o del patrocinio.
• e) Las sociedades mercantiles de titularidad p鷅lica y las fundaciones p鷅licas no pueden en ning鷑 caso actuar como patrocinadores de la red o de los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico de las Administraciones P鷅licas.
• f) Las Cajas de Ahorro en las que la Administraci髇 P鷅lica correspondiente ejerza un control efectivo sobre sus 髍ganos de gobierno, no podr醤 desarrollar la actividad de financiaci髇 mediante publicidad o patrocinio de la red p鷅lica o los servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico de la citada Administraci髇 P鷅lica. En consecuencia, se excluir� en estos casos su financiaci髇 siendo posible la de aqu閘las entidades en las que no disponga del citado control siempre que se den las debidas garant韆s de transparencia. Asimismo, se excluye la posibilidad de desarrollar actividades de publicidad o patrocinio por aquellas Cajas de Ahorro que perciban alg鷑 tipo de fondos, incluidas subvenciones, de la Administraci髇 P鷅lica de que se trate.

7

Separaci髇 de cuentas

A efectos de la comprobaci髇 del cumplimiento de la obligaci髇 de separaci髇 de cuentas, las Administraciones P鷅licas deber醤 remitir a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones en el primer trimestre de cada a駉 las cuentas separadas correspondientes a sus actividades de telecomunicaciones disponibles al p鷅lico realizadas en el a駉 anterior, salvo las relativas a las actividades recogidas en el Anexo de esta Circular que s髄o deber醤 ser presentadas a requerimiento de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones.

8

Condiciones aplicables a la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios con contraprestaci髇 econ髆ica por debajo del coste con car醕ter transitorio en proyectos elaborados conforme al principio del inversor privado

1. Cuando una Administraci髇 P鷅lica, aun pretendiendo explotar una red o prestar servicios de comunicaciones electr髇icas conforme al principio del inversor privado, desee realizar transitoriamente alguna de estas actividades de forma gratuita o a cambio de una contraprestaci髇 inferior al coste, deber� comunicarlo de forma motivada en raz髇 de objetivos de negocio, a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones a fin de que 閟ta establezca el plazo durante el cual se podr� llevar a cabo dicha explotaci髇 o prestaci髇 y las condiciones a las que deber� ajustar su actividad durante ese periodo.

2. Las Administraciones P鷅licas que realicen una actividad de comunicaciones electr髇icas en las condiciones descritas en este art韈ulo deber醤 informar a los usuarios de la duraci髇 del periodo en el que la contraprestaci髇 por el servicio ser� inferior al coste y el precio que se exigir� a los mismos al finalizar este periodo.

9

Comunicaci髇 a la Comisi髇 Europea cuando la Administraci髇 P鷅lica pretenda no actuar como un inversor privado

Cuando una Administraci髇 P鷅lica pretenda la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas a terceros sin sujeci髇 al principio del inversor privado, habr� de notificar su proyecto a la Comisi髇 Europea salvo que no exista Ayuda de Estado o que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 1998/2006 de la Comisi髇 de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicaci髇 de los art韈ulos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, est閚 exentas de ser notificadas.

10

Notificaci髇 y comunicaci髇 a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones de la explotaci髇 de redes p鷅licas y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles al p鷅lico por las Administraciones P鷅licas cuando no act鷈n como un inversor privado

1. Previamente a la notificaci髇 a la Comisi髇 Europea, o cuando tal notificaci髇 no fuera preceptiva, antes de comenzar la prestaci髇 de los servicios, la Administraci髇 P鷅lica que pretenda explotar redes o prestar servicios sin sujeci髇 al principio de inversor privado, salvo que se halle en alguno de los supuestos se馻lados en el art韈ulo siguiente, adem醩 de la necesaria inscripci髇 de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, deber� comunicarlo a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones, a los efectos de que la misma analice si procede la imposici髇 de condiciones de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 8.4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. En esta comunicaci髇 se indicar醤 o adjuntar醤:

• a) Las condiciones t閏nicas de la red o de la prestaci髇 del servicio. Si se tratase del servicio de acceso a Internet esto englobar�, entre otras, la tecnolog韆 de la red, la velocidad de subida y de bajada, la duraci髇 de la conexi髇 por usuario y d韆, el horario de prestaci髇, los contenidos accesibles.
• b) El 醡bito de cobertura del servicio o de la red, indicando si hay otros operadores que prestan servicios an醠ogos en las zonas afectadas, y aportando un mapa detallado de todo ello. Trat醤dose de la prestaci髇 del servicio de acceso a Internet habr醤 de se馻larse las ubicaciones en las que dicho servicio se presta y sus caracter韘ticas (si son exteriores o interiores y dentro de estas 鷏timas se describir� el tipo de actividades que se llevan a cabo en las mismas).
• c) Los requisitos que se establezcan por la Administraci髇 para ser beneficiario del servicio.
• d) Plan de negocio, en el que detallen, entre otros, los ingresos previstos y las fuentes de financiaci髇.
• e) Una memoria de competencia en la que se incluya un juicio de ponderaci髇 acerca de si la medida est� justificada y resulta proporcional al fin que se pretende conseguir teniendo en cuenta su posible incidencia sobre la competencia. Para ello, las Administraciones P鷅licas tienen a disposici髇 la 獹u韆 para la elaboraci髇 de memorias de competencia de los proyectos normativos� publicada por la Comisi髇 Nacional de la Competencia.
• f) Los resultados de la consulta p鷅lica que preceptivamente habr醤 de realizar, en los t閞minos previstos en el apartado siguiente, para recabar las opiniones del sector sobre dicho proyecto.

2. En la consulta p鷅lica, que en los casos en que proceda la notificaci髇 a la Comisi髇 Europea ser� siempre previa a la misma, las Administraciones P鷅licas pondr醤 a disposici髇 de los operadores toda la informaci髇 prevista en las letras a) a f) del apartado anterior y solicitar醤 informaci髇 a los operadores sobre qu� redes o servicios an醠ogos prestan o tienen pensado prestar en el 醡bito territorial afectado en la actualidad o en los pr髕imos tres a駉s y c髆o entienden que afectar� el proyecto a la competencia.

3. Sin perjuicio de la notificaci髇 de la consulta p鷅lica a los interesados en la forma establecida en la normativa vigente, la Administraci髇 P鷅lica deber� dar traslado a la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones de la misma con el objeto de que la publique en su p醙ina web.

4. Una vez recibida toda la informaci髇 anterior, la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones realizar� un an醠isis de sustituibilidad de los servicios que se pretendieren prestar a fin de estudiar c髆o podr韆 afectar el proyecto a la libre competencia. Si entendiere que podr韆 afectar negativamente, dictar� resoluci髇, en el plazo de tres meses desde que haya sido remitida toda la informaci髇 requerida, estableciendo las condiciones a las que habr� de sujetarse la Administraci髇 P鷅lica para garantizar que no haya distorsi髇 de la libre competencia.

5. Dictada la resoluci髇 o transcurrido el plazo de tres meses desde que la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones dispuso de toda la informaci髇 necesaria, la Administraci髇 P鷅lica, una vez adaptado su proyecto a lo dispuesto en la citada resoluci髇, podr� notificar su proyecto a la Comisi髇 Europea o, en caso de no ser esto preceptivo, comenzar a prestar los servicios notificados.

11

Explotaci髇 de redes y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico que no afecten a la libre competencia

1. Se entender� que la explotaci髇 de redes o la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas no afecta a la competencia, y que se puede por tanto realizar por tiempo indefinido, aun cuando sea sin sujeci髇 al principio del inversor privado, cuando se realice en cualquiera de las modalidades previstas en el anexo de la presente Circular.

2. En estos supuestos no ser� necesario realizar la comunicaci髇 detallada prevista en el art韈ulo anterior, siendo suficiente con que, al tiempo de la inscripci髇 en el Registro de operadores, o posteriormente para su inclusi髇 en el mismo, se manifieste que el servicio a prestar es uno de los previstos en el anexo de la Circular. Esta comunicaci髇 no ser� necesaria cuando, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo segundo de esta Circular, no sea preceptiva la inscripci髇 en el registro de operadores.

3. El Anexo de la Circular podr� modificarse por Resoluci髇 de la Comisi髇 del Mercado de las Telecomunicaciones previa realizaci髇 del correspondiente an醠isis de sustituibilidad y previa consulta p鷅lica. La Resoluci髇 que se apruebe ser� publicada en el Bolet韓 Oficial del Estado.

12

R間imen sancionador

El incumplimiento de las disposiciones de la presente Circular ser� sancionable de conformidad con lo previsto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y dem醩 normativa aplicable en materia sancionadora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ANEXO

DE LA CIRCULAR

Explotaci髇 de redes y prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas que no afectan a la competencia.

Se entiende que no afectan a la competencia los siguientes servicios:

• 1. El servicio de acceso a Internet limitado a las p醙inas web de las Administraciones que tengan competencias en el 醡bito territorial en que se preste este servicio.
• 2. Servicio general de acceso a Internet en bibliotecas en tanto que resulte indispensable para cumplir sus fines y siempre que los usuarios acrediten su vinculaci髇 con el servicio mediante alg鷑 documento que permita su identificaci髇.
• 3. Servicio general de acceso a Internet en centros de fomento de actividades docentes o educativo-culturales no incluidos en el art韈ulo tercero de esta Circular, en tanto que resulte indispensable para cumplir sus fines y siempre que los usuarios acrediten su vinculaci髇 con el servicio mediante alg鷑 documento que permita su identificaci髇.
• 4. La explotaci髇 de redes inal醡bricas que utilizan bandas de uso com鷑 y la prestaci髇 de servicios de comunicaciones electr髇icas disponibles para el p鷅lico a trav閟 de las mismas siempre que la cobertura de la red excluya los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto ( (5) ) y se limite la velocidad red-usuario a 256 Kbps.